jueves, 9 de mayo de 2013

El juez cita a declarar a los imputados por el caso 'Facturas' en el Patronato de Turismo de Almería

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería ha resuelto citar a declarar en calidad de imputados al exvicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, el socialista Luis Pérez Montoya, y el exgerente bajo su mandato, Francisco Iglesias, en el marco de las diligencias penales incoadas para dirimir si incurrieron en presuntos delitos continuados de falsedad y malversación con la emisión de "facturas ficticias" por un importe superior a 60.000 euros.

   Fuentes judiciales han indicado que el auto dictado por el magistrado Luis Durbán cita para el próximo día 16, asimismo, a la exsecretaria delegada del patronato, María Teresa G.R., quien, según la Fiscalía, habría dado conformidad a las facturas supuestamente "fraudulentas", y al gerente de la agencia de viajes que las emitió. Ambos han sido imputados por los mismos delitos.
   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra los cuatro a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos trasladados por el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, tras detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   Según recoge la denuncia del Ministerio Público, el informe policial y la documentación incorporada "evidencian" que en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de 2010, que se aprobó por el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo el 11 de abril de 2011, se incluyen "diversas facturas" emitidas por una agencia de viajes de la capital que contienen "conceptos por servicios no realizados".
   En concreto, estas facturas "ficticias", que eran "conformadas por María Teresa G.R. y que "superan en total los 60.000 euros", detallan "personas, lugares, hoteles y vuelos para justificar los importes emitidos que corresponderían --remarca la denuncia-- a otros viajes y hospedajes distintos a los facturados".
   El fiscal jefe, Antonio Pérez Gallegos, considera que, sin perjuicio de una "ulterior y más depurada calificación", los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de malversación, por lo que resuelve que procede formular denuncia contra "los que parecen ser los responsables".
   Al hilo de esto, interesa la incoación de procedimiento penal y solicita que se reciba declaración en calidad de imputados, entre otros, al exvicepresidente del Patronato y de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, quien, según consta en el informe de la Policía Judicial, realizó "un viaje privado a Edimburgo (Escocia) en 2010 junto al gerente y otras personas que habría sido sufragado" por la institución.
   También pide que declare como imputado el exgerente Francisco Iglesias, ya que aparece en "todas las facturas ficticias como una de las personas que realizó los viajes a distintas ciudades europeas y que, realmente, no se realizaron", y de la entonces secretaria delegada del Patronato por "conformar y firmar" las citadas facturas.
   En el caso del gerente de la agencia de viajes, J.G.F.M., apunta que "confeccionó" las facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de 2010, y pide que se le requiera para que aporte la documentación "referida a los viajes realizados efectivamente y por lo que no realizó facturas según sus manifestaciones a los agentes de la Policía". La denuncia solicita también la declaración de otras cuatro personas en calidad de testigos.
   En el decreto, la Fiscalía Provincial acuerda, asimismo, remitir copia del informe de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a la Agencia Tributaria por si procede iniciar un procedimiento sancionador por las "irregularidades contables" que se indican en el citado informe policial.
   La denuncia del equipo de gobierno de la Diputación de Almería se formuló a principios de 2013 ante posibles irregularidades detectadas en facturas del Patronato de Turismo durante el mandato del PSOE. El PP remitió a la Fiscalía en enero un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.

La jueza desestima la personación de la exdelegada de Medio Ambiente en el caso de la cuenta de Junta

ALMERÍA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha desestimado la personación de la exdelegada provincial de Medio Ambiente en Almería Sonia Rodríguez en las diligencias por las que se investiga el presunto uso fraudulento de 300.000 euros de una cuenta no fiscalizada de la Junta de Andalucía, al entender que hasta el momento se encuentra "al margen" de la causa. 

   Así lo han comunicado fuentes judiciales, quienes han señalado que la decisión de la juez mantiene apartada del proceso judicial a Rodríguez sin perjuicio de que pueda ser requerida por el Juzgado, según el avance de la investigación, para "testificar" en relación al presunto fraude durante su etapa en el Gobierno andaluz.
   Fue la propia exdelegada quien al considerarse "perjudicada" por el presunto fraude "en la misma proporción que el actual delegado" de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, y con la intención de "aportar cualquier aclaración y de defender su honorabilidad", solicitó "de forma voluntaria" el pasado 26 de abril su personación en la causa.
   El proceso arrancó a raíz de una denuncia formulada el pasado 1 de febrero por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, quien ha declarado en calidad de perjudicado denunciante.
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre la cuenta del Fondo de Mejoras Forestales de la Delegación Territorial de la Consejería en Almería abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador.
   Durante este periodo estuvieron al frente la propia Rodríguez, el actual delegado territorial y el exdelegado Clemente García, imputado en la causa por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras haber prestado declaración junto al funcionario autonómico F.J.T., también imputado por el mismo delito y quien, según se desprende de la denuncia, figuraba supuestamente como "autorizado" en la cuenta desde la que presuntamente se malversaron 300.000 euros.
   Rodríguez ha manifestado su "más absoluto rechazo" hacia estas prácticas, toda vez que ha defendido que estuvo "completamente al margen del funcionamiento de dicha cuenta y de las presuntas irregularidades" que sobre la misma se han cometido supuestamente entre los años 2009 a 2012.
   "Durante mi etapa al frente de la Delegación no tuve la oportunidad de denunciar el presunto delito porque no fui conocedora del mismo, en caso contrario, no habría dudado un segundo en poner el caso en conocimiento de la Justicia", expuso al tener conocimiento de las presuntas irregularidades.

El PSOE reclama a Diputación "un verdadero plan de carreteras" que mejore las infraestructuras y cree empleo

ALMERÍA.- El grupo del PSOE en la Diputación Provincial de Almería ha reclamado este jueves al equipo de gobierno la puesta en marcha de "un verdadero plan de carreteras" que "sí sirva" para mejorar las infraestructuras de la provincia "y que al mismo tiempo contribuya a la generación de puestos de trabajo".

   La portavoz del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices, ha presentado una relación de vías que necesitan una intervención "de manera urgente", pero que "incomprensiblemente no aparecen en el Plan de Carreteras que presentó recientemente el equipo de gobierno", por lo que ha pedido al equipo que dirige el presidente de la institución, Gabriel Amat (PP), que "las incluya".
   Pérez Felices considera que el Plan de Carreteras que ha redactado el equipo de gobierno es un documento "a todas luces insuficiente" para dar respuesta a las necesidades de la provincia en materia de carreteras y ha señalado que "una gran parte del presupuesto que contempla" se destina "a trabajos de mantenimiento" como la limpieza de cunetas o el saneo de malecones,
   Para la portavoz socialista, estas actuaciones son "normales" y la Diputación "tiene la obligación de realizar todos los años para garantizar la seguridad vial", por lo que "no pueden ser presentadas a los ciudadanos como parte de un plan de carreteras extraordinario, porque no lo son".
   La propuesta elaborada por el PSOE contempla casi una veintena de vías de la provincia en las que los socialistas advierten de que es "necesario" acometer mejoras del trazado, colocar elementos de protección o eliminar intersecciones peligrosas.
   Con la incorporación de estas propuestas, el plan "necesitaría una inversión de entre seis y siete millones de euros", según los cálculos del PSOE, que advierte de que "ese dinero no sólo serviría para mejorar las condiciones del tráfico en nuestras carreteras, sino que además permitiría crear un importante número de puestos de trabajo, de los que nuestra provincia está tan necesitada".
   "Le pedimos una vez más a Amat que tome cartas en el asunto, que sume en lugar de restar y que se implique con las personas que peor lo están pasando", ha señalado Pérez Felices, quien se ha dirigido al presidente para que "demuestre de una vez por todas que quiere hacer algo por arreglar el problema del paro en Almería".
   Del listado de carreteras propuestas por el PSOE para entrar a formar parte del plan de la Diputación, Pérez Felices ha destacado el caso de las carreteras que discurren de Lubrín a Albanchez, de Lubrín a El Chive y de Felix a Vícar, en las que "los trabajos de mejora ya se habían empezado, pero fueron paralizados, hace ya dos años, con la llegada del PP al Gobierno de la Diputación".
   La portavoz socialista también ha señalado la conveniencia de que se actúe "cuanto antes" en la carretera que une Chirivel y Albox por El Saliente y Los Cerrillos, sobre todo teniendo en cuenta que es una vía en la que confluyen distintas poblaciones no sólo de Almería, sino también de otras provincias, y que en 2016 se cumplirá el 300 aniversario del Santuario del Saliente, lo que "sin duda provocará una notable afluencia de visitantes a la zona".
   Pérez Felices también se ha referido al caso de la carretera AL-3300 entre Roquetas de Mar y El Solanillo, cuya mejora "ha sido solicitada por la oposición a través una moción presentada en el pleno provincial, aunque el presidente de la Diputación parezca haberlo olvidado".

Ferrer destaca que las políticas de la Junta para colectivos vulnerables supone una inversión de 25 millones en Almería

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha destacado este jueves que el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y los planes extraordinarios de la Junta, dirigidos a los colectivos más vulnerables, suponen una inversión en la provincia de más de 25 millones de euros.  

   En rueda de prensa, Ferrer ha valorado la actuación de la Junta de Andalucía en la defensa de los servicios y prestaciones públicas, la lucha contra el desempleo y la atención a los sectores de la población más vulnerables ante la crisis, como las prioridades de la Junta durante el primer año de la IX Legislatura.
   Así, se ha referido a la aprobación de más de 100 medidas, 18 de ellas de legislativas, puestas en marcha para combatir la crisis por el ejecutivo andaluz, un gobierno "activo y sensible", que "antepone las personas a las cifras y a los mercados", "con vocación de diálogo, de acuerdo y de movilización".
   Entre ellas, ha trasladado el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y los planes extraordinarios, dirigidos a los colectivos más vulnerables, que suponen una inversión en la provincia de más de 25 millones de euros.
   Se trata del Plan de Choque por el Empleo, dotado con 18,8 millones de euros, y el Decreto Ley de medidas urgentes contra la exclusión social, que destina a Almería más de seis millones de euros.
   Del balance del primer año de legislatura, "un año difícil y con menos recursos de los que corresponden a Andalucía", Ferrer ha reivindicado, frente a los recortes estatales impuestos por el Gobierno central, "otra forma de hacer política y de gobernar", que ha supuesto, según ha subrayado, el "mantenimiento" de los sistemas públicos de educación y de salud.
   La Junta destina el 32 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013 a la educación y a la financiación en solitario de prestaciones como las becas y las ayudas a las familias, que se han incrementado un 14 por ciento.
   En la provincia de Almería y en el curso actual, la Junta está invirtiendo 19,8 en la mejora y reforma de centros educativos y otros 42,2 en los diferentes servicios y programas de apoyo a la familia. Andalucía, según ha destacado también, es la comunidad española con mayor volumen de obra pública escolar licitada. Los proyectos que se llevan a cabo a través del Plan Ola generarán en Almería unos 730 puestos de trabajo en la ejecución de 61 actuaciones.
   Ferrer se ha referido, además, a la defensa del sistema sanitario público y de las prestaciones sociales como "otro eje de la acción del Gobierno andaluz"', con el objetivo de preservar los logros del estado de bienestar frente a los recortes y las privatizaciones impuestos por el Gobierno central en áreas como el copago farmecéutico, el transporte sanitario o la atención a personas extranjeras en situación irregular.
   En el ámbito de los servicios sociales, la Junta ha tratado de "mitigar los fuertes recortes estatales", especialmente, en la atención a la dependencia. En la provincia de Almería hay más de 13.600 personas dependientes que reciben algún tipo de prestación. En 2012, la administración autonómica destinó 48 millones de euros a las prestaciones económicas para el cuidado de las personas dependientes en el entorno familiar, 40 para el abono del servicio de ayuda a domicilio, otros 40 millones más para la financiación de las 2.700 plazas en residencias y unidades de estancias diurnas para mayores y personas con discapacidad, y más de 6 millones en concepto de salario social.
   Sobre la reactivación económica, Ferrer ha destacado el apoyo de la Junta a los sectores productivos de la provincia, los incentivos destinados a pymes y los programas de fomento de la innovación y el desarrollo empresarial.
   Así mismo, ha valorado la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible, el Plan Andaluz de la Bicicleta, el programa 'La Ciudad Amable', y la creación de la oficina de asesoramiento contra los desahucios como parte del balance del primer año de la IX Legislatura. Para la delegada del Gobierno, la creación de empleo es el objetivo prioritario de la Junta, cuyas políticas seguirán orientándose a combatir las causas de la crisis y sus consecuencias.

El Banco del Tiempo municipal de Alicante cumple un año con 180 personas y 400 intercambios

ALMERÍA.- El Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almería cumple su primer aniversario con unos resultados "plenamente satisfactorios" según ha destacado el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien ha destacado la inscripción de 180 socios, de los cuales 150 --114 mujeres y 36 hombres--, permanecen en la actualidad en activo con mayor regularidad.

   "Supone una cifra muy satisfactoria teniendo en cuenta que, según los estudios de los bancos del tiempo pertenecientes a la red nacional de bancos del tiempo, en el que se incluye el de Almería, el número de socios dados de alta durante el primer año no suele superar los 100", ha indicado en rueda de prensa Rodríguez-Comendador.
   El número de intercambios realizados en este tiempo asciende a 400, lo que implica un total de horas intercambiadas de 763, y las edades de los participantes oscilan entre los 18 y los 73 años, aunque la media ronda entre los 30 y los 45, la gran mayoría residentes en el casco urbano de la capital, pero también hay socios de Retamar, Pechina, Los Molinos, La Cañada, Huércal de Almería y Aguadulce.
   Los servicios más utilizados son los relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud, que engloban actividades deportivas, masajes, atención psicológica, distintos talleres de crecimiento personal, autoestima y estética. Les siguen los servicios relacionados con la formación, idiomas, informática, costura y cocina, y en tercer y cuarto lugar se sitúan los asesoramientos y las actividades de ocio y tiempo libre. Así hasta una total de 350 servicios ofertados.
   El éxito del primer año del Banco del Tiempo de Almería ha hecho que se haya convertido en un "referente" y que otros ayuntamientos, como el de Cádiz, se hayan interesado por su organización y funcionamiento, "por lo que creo que es de justicia felicitar al área de políticas de igualdad por esta iniciativa y a todos los que forman la familia almeriense del Banco del Tiempo", ha destacado el regidor almeriense, quien ha estado acompañado por la concejala de Políticas de Igualdad, Carolina Lafita.
   Para celebrar este cumpleaños, este viernes, en la asociación socio cultural 'La Guajira', en la calle Cruces Bajas, 1, frente a la Alcazaba, tendrá lugar un encuentro de confraternización con todos los socios, donde se hará entrega de dos menciones especiales, habrá una actividad cultural multidisciplinar dirigida por Paco Cañizares y realizada por socios del Banco del Tiempo, se proyectará un vídeo con la actividad desarrollada este tiempo y concluirá con un encuentro gastronómico intercultural, con platos del mundo que aportarán los propios socios y una 'jam session '
   Este será el quinto encuentro de confianza en doce meses y tiene como objetivo fundamental estrechar las relaciones entre los socios. Además, se han editado también cinco boletines donde se recoge el listado de servicios y la tabla de datos de los usuarios, con lo que se pueden poner en contacto entre sí sin necesidad de pasar por la secretaría del banco del tiempo.
   Una vez consolidada su puesta en marcha, el siguiente objetivo, según ha destacado Rodríguez-Comendador, "es implicar a las asociaciones y colectivos de la ciudad". Desde el Área de Políticas de Igualdad se ha comenzado por las asociaciones de mujeres, con las que ya se mantienen conversaciones, y posteriormente se abrirá al resto. La idea es dar salida "a tanto capital humano existente con ganas de ayudar a los demás porque el Banco del Tiempo no es sino una comunidad de apoyo, donde valores como la cooperación, la solidaridad, el aprendizaje de dar y recibir, la integración o el intercambio intergeneracional adquieren pleno sentido", ha afirmado el alcalde.
   La concejala delegada destaca que los importante del Banco del Tiempo "es que esté vivo y se hagan intercambios, fomentando la solidaridad entre los almerienses".
   Además, el blog, al que se accede a través de la página web del Área de Mujer, www.mujeralmeria.es, ha resultado una valiosa herramienta de difusión de nuestras actividades y de los servicios de los socios, y ya cuenta con  cerca de 7.000 visitas desde que se creara en junio del pasado año.

Bruselas pide explicaciones por el decreto andaluz de la vivienda

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha remitido una comunicación al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la que le pide explicaciones por el decreto aprobado por la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca, según han explicado fuentes próximas al Gobierno.

   Bruselas ha remitido esta comunicación, que aún no ha sido respondida por el Ministerio, al considerar que la norma andaluza que, entre otras medidas, propone la expropiación temporal de los pisos afectados por desahucios, podría tener repercusiones en los bancos y entrar en confrontación con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a la banca española.
   Así las cosas, la Comisión Europea quiere que el Gobierno central informe sobre la medida andaluza para analizar si incurriría en alguna incompatibilidad con el memorando que aceptó España.
   Las mismas fuentes han subrayado que el propio De Guindos ya apuntó hacia determinadas consecuencias de la normativa andaluza cuando a mediados del pasado mes de abril, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, previó que "lo único" que conseguiría el decreto andaluz es "que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí"

El Congreso aprueba la Ley de Costas, que asegura construcciones junto al mar

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

   El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
   En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.
   Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.
   Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.
   Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
   Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
   Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
   En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
    Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
   Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
   Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justifica.
   En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.  
   Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.
   Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
   Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
   La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
   Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.
   Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.
   Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.
   Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de "duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección".
   Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.

Las grandes constructoras descartan un rescate de las autopistas en problemas

MADRID.- La patronal de grandes constructoras Seopan descarta que el Estado tenga que rescatar a la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según indicó el presidente de la asociación, Julián Núñez.

   Núñez indicó que el sector "dialoga" actualmente con el Gobierno sobre las "alternativas" que el Ejecutivo ha planteado para solventar la situación que atraviesan estas vías.
   "No hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas", detalló Núñez en declaraciones a TVE.
   Según distintas fuentes del sector, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública que se encargará de la decena de vías en problemas. Las actuales concesionarias de estas infraestructuras de pago tomarían un 20% del capital de la sociedad, que el Departamento que dirige Ana Pastor valora en 608 millones de euros.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   El presidente de Seopan achaca su situación fundamentalmente al sobrecoste por expropiaciones que afrontaron durante su construcción. Según detalló, las radiales de Madrid contaban con un presupuesto de 400 millones para hacerse con estos terrenos, que posteriormente se multiplicó por seis, hasta sumar 1.800 millones, por resoluciones judiciales que otorgaban un mayor valor a los suelos.
   Por otro lado, Julián Núñez achacó al actual sistema de contratación de obras públicas, que fomenta que las empresas compitan presentando ofertas económicas a la baja, los sobrecostes que posteriormente registra la construcción de determinadas infraestructuras, como ha sido el caso del AVE a Barcelona.
   Según sus datos, las ofertas que se presentan a concursos de obras presentan una baja media del 26% sobre el presupuesto de licitación. "Cuando se contrata una obra por debajo del presupuesto estimado por la Administración se da lugar a que, posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se tenga que modificar", explicó. "Nadie hace una obra a la mitad del precio que estima la Administración", añadió.
   Asimismo, el presidente de Seopan rechazó que en España se hayan construido muchas infraestructuras "accesorias". Núñez estima en unos 1.500 millones la inversión empleada en este tipo de dotaciones, "el dos por mil de los 600.000 millones de euros invertidos en infraestructuras en el país durante los veinte últimos años".
   "Decir lo contrario es anteponer una anécdota sobre la relevancia de un sector de trayectoria ejemplar", aseveró el presidente de Seopan.