El presidente del PE defiende la renovación del acuerdo agrícola como apoyo a las reformas democráticas de Rabat

ESTRASBURGO.- El presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, ha defendido el sí a la ratificación del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, pese a que "no ha sido un voto fácil", porque es una prueba del apoyo de la Unión Europea a los avances democráticos al sur del Mediterráneo.

   "Nuestro apoyo a las reformas democráticas y a las transformaciones en la región del Mediterráneo tiene que ir acompañado con hechos tangibles. Reforzar las relaciones comerciales en la agricultura y la pesca es un componente clave de esta estrategia", ha declarado en un comunicado tras el voto en el pleno celebrado en Estrasburgo (Francia).

   El nuevo régimen comercial ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías agrícolas y pesqueras, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea: el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   El sector agrícola en España, en especial los productores de tomate en Andalucía, Canarias y Murcia, ha criticado el nuevo acuerdo porque lo consideran desequilibrado y se quejan de que la parte marroquí incumple los volúmenes y precios pactados bajo el convenio actual.

   Los eurodiputados españoles de los distintos grupos con presencia en la Eurocámara han votado en bloque en contra de la ratificación. Unos, los 'populares' y socialistas, porque consideran que perjudica a los productores españoles y el resto, como Raül Romeva (ICV) y Willy Meyer (IU), porque reclaman que los recursos del Sáhara occidental sean excluidos.

   En su comunicado, Schulz admite que el voto "no ha sido fácil", pero que muestra que el Parlamento Europeo "cumple sus promesas" en cuanto a su "serio compromiso de mejorar las relaciones con los vecinos del Sur"  y al apoyo a "las reformas democráticas y transformaciones" al otro lado del Mediterráneo.

   Con todo, el presidente de la Eurocámara ha confiado en que la Comisión Europea trabaje ahora para "disipar las preocupaciones de muchos de mis colegas respecto al acuerdo, en especial en lo que se refiere a los derechos de los agricultores, a (cómo combatir) el fraude y a (que se cumplan) los estándares medioambientales y de seguridad alimentaria".

   Schulz viajará a Marruecos el próximo mes de marzo para participar en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y, en ese marco, espera seguir avanzando en las relaciones entre la Unión Europea y el reino alauí.

Productores de aceite de oliva temen que el acuerdo con Marruecos agrave su crisis de precios

MADRID.- Las cooperativas de aceite de oliva consideran que el "mal acuerdo" entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola agravará la crisis de precios que atraviesa el sector oleícola español, informó Cooperativas Agroalimentarias.

   El sector del aceite de oliva de la organización ha manifestado su "indignación" con la negociación del Gobierno español en el acuerdo UE-Marruecos y ha criticado que en los últimos ocho años no ha habido "ni una sola" reunión del Ministerio con el sector oleícola para informar sobre las negociaciones comerciales.

   Por este motivo, considera necesario "exigir las responsabilidades políticas correspondientes" a quienes han participado en estas negociaciones, que "suponen otro duro golpe" para el sector del aceite de oliva.

   El acuerdo establece que la UE elimina los derechos de aduana aplicables al aceite de oliva procedentes de Marruecos, que actualmente se sitúan en unos 1,25 euros por kilo, mientras que la UE sólo podrá exportar a Marruecos, sin aranceles, 2.000 toneladas de aceite de oliva.

Arenas espera que la supresión de las ayudas a las energías renovables sea "temporal"

MÁLAGA.- El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz, Javier Arenas, ha apostado por la innovación y por las energías renovables. Precisamente, sobre éstas últimas ha dicho que "siguen siendo absolutamente prioritarias en el futuro de Andalucía".

   Así se ha pronunciado este jueves Arenas en Málaga en una convención del PP con empresarios andaluces del ámbito de las nuevas tecnologías, la industria y la innovación, pese a la decisión del Gobierno de España de suprimir temporalmente las ayudas al sector de las energías renovables.

   En este punto, espera que, efectivamente, se trate de "una decisión temporal" porque "creo en las renovables", que, según ha defendido, "tienen mucho que ver con crecimiento económico y empleo".

 "Seguiré apostando por ellas con todas las consecuencias como una prioridad para el futuro de Andalucía", ha señalado.

   El líder del PP andaluz ha confiado, asimismo, en que "cuanto antes" se produzca el 'mix' energético y un pacto nacional sobre la energía, que "dote al conjunto del sector de unas reglas estables para mucho tiempo".

El Gobierno cita a la Junta de Andalucía para abordar la convocatoria de oposiciones

MADRID.- El Gobierno central ha remitido a la Junta de Andalucía una carta en la que muestra su disposición al diálogo con respecto a la convocatoria que ha hecho la administración regional de oposiciones de Secundaria y en la que ofrece una reunión para abordar este asunto.

   Según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la misiva ha sido enviada por Jaime Parrondo Aymerich, director general de Coordinación de Competencias con las comunidades autónomas y las entidades locales, al gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia andaluza.

   Las mismas fuentes han detallado que la carta subraya esa voluntad del Gobierno central de mantener un "cauce de diálogo" y de propiciar un encuentro, para el que aún no hay fecha.

   Además, también han indicado que "oficialmente" el departamento que dirige Cristóbal Montoro no ha recibido respuesta de esa carta que recoja la petición formal de la Junta para esa reunión, que en caso de celebrarse estaría por decidir si la encabeza el propio ministro u otro responsable de este Ministerio.

   En las últimas semanas el Ejecutivo central y la Administración andaluza han mantenido un cruce de declaraciones por la convocatoria de la oferta pública de empleo que el consejero Francisco Álvarez de la Chica, firmó este mismo lunes, con un total de 2.389 plazas. 

Por su parte, el ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha puesto en duda la legalidad de las mismas, aunque no ha confirmado si el Ejecutivo central las recurrirá. Esta decisión, no obstante, compete al departamento de Hacienda.

Postura andaluza

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha insistido en que la oferta de empleo público docente convocada por la Junta de Andalucía para este año 2012 "cumple escrupulosamente con la legalidad" y, por tanto, ha exigido al Ejecutivo central que dé "luz verde" a la misma y "disipe cualquier duda" sobre este proceso selectivo.

   Estas declaraciones de Moreno se producen después de que este mismo martes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, haya advertido a Andalucía de que la "ley es para todos" y de que las plazas docentes ofertadas (2.389 para Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial) deben cumplir una tasa de reposición docente del diez por ciento, y no del 30. Cabe recordar al respecto que la Consejería de Educación calculó este número de plazas con un porcentaje de reposición cercano al 30 por ciento, pero antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy redujese esta tasa al diez por ciento el pasado mes de diciembre.  

   Por ello, a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha subrayado que la Junta de Andalucía "está administrando internamente sus recursos humanos para poder sacar una convocatoria de oposiciones como la que se ha sacado"; algo que, según ha recordado, ya hizo durante el ejercicio pasado, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también expresó sus dudas sobre si las plazas ofertadas en 2011 cumplían con el límite de reposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

   De esta forma, Moreno insiste en que la Junta utiliza hoy "las mismas razones jurídicas" con las que consiguió que el Gobierno socialista permitió el año pasado la convocatoria de las oposiciones de Infantil y Primaria. "Hay un estricto cumplimiento de la legalidad y esta incertidumbre solo de traduce en sufrimiento para los opositores", ha subrayado.

   Ante ello, la titular de la Presidencia ha exigido al Ejecutivo central que "zanje" y "ponga fin a esta controversia" dando "luz verde" a la convocatoria docente andaluza. "La mejor noticia que deberían recibir las miles de personas que están estudiando es el fin de esta controversia", ha apostillado.

   Finalmente, Moreno ha recordado que Andalucía "va a mantener" su convocatoria porque, "exactamente igual que el año pasado, cumple escrupulosamente con la legalidad".

La Ejecutiva Federal del PSOE da luz verde a las listas que aprobó el Comité Director de Andalucía

MADRID.- La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha dado este jueves su visto bueno definitivo a las candidaturas del PSOE-A aprobadas este miércoles por el Comité Director del PSOE regional de cara a las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo.

Las listas andaluzas, con el secretario del PSOE-A José Antonio Griñán como candidato a la reelección, cuentan entre sus cabezas con una mayoría 'masculina', cinco hombres frente a tres mujeres, y muchas caras nuevas, ya que solo la secretaria provincial del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, repite como cabeza de lista en una provincia, mientras que en el resto los socialistas han optado por renovar sus cabeceras de candidatura.

Habitualmente la aprobación de las listas corresponde a un Comité Federal del PSOE, el máximo órgano del partido entre Congresos. Sin embargo, en esta ocasión el Comité Federal no está constituido porque el PSOE acaba de celebrar su Congreso Federal y en los próximos meses celebrará sus congresos regionales, que también tienen que designar miembros al Comité Federal.

El PSOE tampoco tiene renovada aún su Comisión Federal de Listas, de manera que el examen final de las candidaturas para los comicios autonómicos ha recaído en la Ejecutiva Federal, que se ha reunido desde las 17,00 horas de esta tarde en la madrileña sede de la calle Ferraz.

Candidatos y candidaturas

La lista socialista por la provincia de Sevilla, la más polémica tras la dimisión del secretario provincial José Antonio Viera, está encabezada por el presidente de la Junta de Andalucía y secretario del PSOE-A, José Antonio Griñán, al que siguen la secretaria de organización de los socialistas andaluces, Susana Díaz, José Caballos y la consejera de Salud María Jesús Montero. El quinto puesto lo ocupa José Muñoz Sánchez y, detrás de él están la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Verónica Pérez Fernández, y Carmelo Gómez.

Completan la candidatura Juana Amalia Rodríguez, Antonio Maestre, María Antonia Sánchez, Fernando Manuel Martínez, Ángela López Vargas, Juan Antonio Jiménez Pinto, Ángeles García Macías, Álvaro Arias y María Luisa Sánchez. Los suplentes de la lista sevillana son Antonio Cano Luis, Blanca Molinero y Francisco José García.

Por su parte, encabeza la lista de Cádiz el exconsejero y exsecretario de Organización del PSOE-A Luis Pizarro, seguido de Rocío Arrabal, Francisco Menacho, María Colón, Manuel Jiménez, Raquel Arenal Catena, Rafael Márquez Berral, Isabel Armario Correa, Ismael Vaca, África Becerra Vila, José Luis Calvillo Espinosa, María José Valencia, Pascual Collado Saraiva, Juana Castillo Gómez y, por último, Antonio Cabrera. Completan la lista como suplentes Dolores Hillmer Villagran, DaNiel García Clavijo, Nereida Rodríguez y Antonio Martel.

En Almería, la lista está compuesta por el secretario provincial José Luis Sánchez Teruel, Fuensanta Coves, Manuel Recio, Adela Segura, José Pérez, María José López Carmona, Juan José Godoy Giménez, Vanesa Lidueña Montoya, Francisco Martínez Guerrero, Sonia Gómez Lozano, Emilio Sánchez de Amo, Ainhoa Reina Pérez. Como suplentes, Isidro Fernández Cortés, Isabel de Haro, Joaquín Galindo y María del Mar Capel Crespo.

Por Córdoba, concurren Araceli Carrillo, Manuel Gracia, Soledad Pérez, Jesus María Ruiz, Josefina Vioque, Manuel Carmona Jiménez, Eulalia Quevedo Ariza, Alberto Mayoral, Desireé Benavides, Manuel Tomás Fernández Ropero, Amalia Moreno y Miguel Serrano. Son suplentes Mercedes Fernández Sanz, Miguel Ángel Sánchez Leiva, Antonia Lourdes Ruiz Díaz y Martín Torralbo.

La candidatura de Granada está encabezada por la secretaria provincial Teresa Jiménez, los consejeros Francisco de la Chica y Clara Aguilera, Miguel Castellano, Nieves Masegosa, Francisco Javier Aragón, María Flor Almón, José María Rueda, María José Mateos, Juan José Martín, Inmaculada Marruecos, Pedro Jiménez Serrano y Belén Rosales. Los suplentes son Jesús Raya, María Dolores López, Rubén Cebrián y Monserrat Bailón.

Encabeza la lista de Huelva el secretario provincial Mario Jiménez, seguido de Antonia Moro, el consejero de Medio Ambiente José Juan Díaz Trillo y Cinta Castillo. Detrás están Jesús Fernández Ferrera, Rocío Rodríguez, Francisco Romero, Lourdes Martín, José Antonio Carrasco, María Márquez y Ruben Rodríguez. Como suplentes aparecen María Bella Martín, Francisco Romero, Estefanía García y Salvador Gómez.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, es la cabeza de la lista de Jaén, seguida de los responsables de Economía y Presidencia Antonio Ávila y Mar Moreno. Por detrás, están el ex consejero Francisco Vallejo, Natividad Redondo, Rafael Valdivieso, Laura Berja, Pedro Bruno Cobo, Dolores Rubia, Jacinto Biedma y Lucía González. Emilio José Muñoz, Ester Ulloa, Blas Sabalete y María José Martínez Lafuente son los suplentes de esta provincia.

Por último, la lista de Málaga está encabezada por el consejero de Turismo, Luciano Alonso, y de la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres. Les siguen Enrique Benítez, Marisa Bustinduy, el responsable de Cultura Paulino Planta, Remedios Martel, José Bernal, Salomé Arroyo, José Carlos Durán, Alicia Murillo, Pedro Fernández Palomo, Soraya García Mesa, Manuel Huertas Cantero, María Peña Arroyo, José Antonio Díaz, Inmaculada Agüera y Alfredo Murillo. Los suplentes son Victoria Luque, José Antonio González Pérez, Purificación Parras y David Márquez.

La Defensora del Pueblo pide a la Policía medidas para "erradicar" identificaciones de inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Dirección General de Policía (DGP) para pedirle que adopte medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizan controles callejeros de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

   La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.

   En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".

   En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

   Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".

   La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.

   Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".

   Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.  

   "Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.

   En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".

El ministro Soria apoya una "reforma integral" de la Ley de Costas para impulsar el turismo

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado su apoyo hacia una "reforma integral" de la Ley de Costas para dar impulso al sector turístico, ya que aunque aboga por o realizar una "utilización no abusiva" de las costas españolas, esta regulación debe ser compatible con incorporar "el valor" de las mismas, señaló durante su intervención en el Foro de Nueva Economía.

   Soria señaló que el sector necesita "impulso" para fidelizar el nivel de turistas registrados en 2011 ya que el aumento de la afluencia de visitantes extranjeros el año pasado se produjo principalmente por factores "exógenos", como el tipo de cambio libra-euro, la bonanza económica de Alemania y el desvío de turistas procedente de Egipto y Túnez por la denominada 'Primavera Árabe'.

   Es por ello que clamó por realizar reformas en el sector por el lado de la oferta, señalando que el 75% es de 'sol y playa', segmento en el que existe una gran competencia con otros países emisores y en el que no se debe competir a través de los precios, ya que por este camino se pierde "competitividad". 

"Los ajustes de precios no son la solución", declaró.

   La respuesta a la fidelización de clientes por el lado de la oferta tiene que venir de la mano de la parte alojativa, por lo que es necesario dotar de flexibilidad a los operadores, administraciones y resto de agentes implicados para que puedan "modernizar sin trabas". Además, el ministro se comprometió a "apoyar financieramente" estas iniciativas.

   Por el lado de la demanda, Soria apuntó a la existencia de una posición dominante de mercado de los touroperadores y atacó las prácticas de subvenciones a las 'low cost' por parte de ciertas comunidades autónomas. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", resaltó, ya que se trata de prácticas "discriminatorias" que "detraen recursos públicos" y deterioran la imagen del destino.

Agricultores españoles recurrirán ante el TUE el acuerdo agrícola con Marruecos

MADRID.- Los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis. 

   En concreto, la organización agraria COAG presentará dicho recurso al considerar que la ratificación del acuerdo es un "duro mazazo" para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.

   "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", ha afirmado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

   El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, al tiempo que atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.

   Por su parte, UPA ha considerado que la cámara europea asesta con esta decisión un "duro golpe" a los productores españoles de frutas y hortalizas, que "vuelven a ser usados como moneda de cambio y verán peligrar sus explotaciones por causa de un acuerdo injusto que perjudicará a muchos y beneficiará a unos pocos".

   Por ello, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo. "Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones", ha afirmado.

   Ramos ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones tras "años de trabajo y negociaciones" y ha considerado que el Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que "nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria".

   Por su parte, Asaja también exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles, así como el "máximo rigor y vigilancia extrema" para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.

   Según Asaja, se trata de un "inmerecido castigo" a las producciones españolas, que ven como anualmente este acuerdo supone pérdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación).

   Fepex ha señalado que el Parlamento Europeo no han tenido en cuenta las "graves consecuencias" que el actual acuerdo ya tiene en las zonas de producción españolas, ni los "reiterados incumplimientos" del protocolo en vigor por parte de Marruecos.

   "Hoy es un día triste para el sector hortofrutícola que afronta, ahora, un nuevo marco de competencia", ha afirmado Fepex.

   Una vez adoptado el acuerdo, Cooperativas Agroalimentarias ha indicado que "sólo queda minimizar sus consecuencias negativas" sobre el sector hortofrutícola. Para ello, ha apremiado a las autoridades comunitarias a reformar el régimen de precios de entrada "para impedir cuanto antes que los operadores eludan, como hasta ahora, pagar las tasas aduaneras".

   Asimismo, ha demandado a la Comisión que se implique "inmediatamente" en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre los productos procedentes de Marruecos "sean rigurosos y eficaces".

   El valor de la producción de frutas y hortalizas en España en 2011 ha caído un 11% con relación al año anterior, pasando de 15.269 millones de euros a 13.616 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura. Las frutas y hortalizas representan el 60% de la producción agraria española.

Rabat, satisfecho de la aprobación del acuerdo agrícola con la Unión Europea

RABAT.- El Gobierno marroquí se ha mostrado satisfecho de que  el pleno del Parlamento Europeo haya dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de productos del país norteafricano y ha considerado que permitirá relanzar las relaciones bilaterales.

   El ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Akhannouch, ha señalado en declaraciones a la agencia oficial MAP que tras la adopción de este acuerdo las "históricas" relaciones que mantiene Marruecos con la UE experimentarán una "dinámica nueva y positiva".

   "Todas las instancias europeas han comprendido que Marruecos y el lugar de los intercambios bilaterales deben ser objeto de un tratamiento muy positivo", ha subrayado el ministro. "Estamos satisfechos de los resultados logrados hoy", ha agregado, recordando que Marruecos se había movilizado a todos los niveles para lograr este  acuerdo.

   Por su parte, el presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Ouayach, ha calificado de "señal fuerte" la enviada hoy por la Eurocámara a Marruecos y ha considerado que el acuerdo "abre una nueva página" en las relaciones y consolida la confianza entre ambas partes.

   Asimismo, ha considerado que el acuerdo "va a insuflar una nueva dinámica" a la agricultura marroquí y al sector de frutas y hortalizas en particular, que seguirá modernizándose.

   El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.

   Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos. Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos.

   Su entrada en vigor no se producirá antes del 1 de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado hoy fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración "de unos diez años", si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.

   El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

AENA dejará de regular los derechos de vuelo o 'slots'

MADRID.- El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para separar de AENA a la autoridad responsable de adjudicar los derechos de vuelo ('slots'), regulador que quedará adscrito al Ministerio de Fomento, según anunció este jueves la ministra, Ana Pastor. 

   En rueda de prensa, tras reunirse en Fomento durante dos horas con las principales compañías y representantes del sector aéreo, Pastor calificó de "fundamental" esta medida, reclamada también desde el sector, y defendió que tiene "todo el sentido", ya que "supone separar la regulación del órgano proveedor". Además, explicó que se realiza siguiendo las recomendaciones de la UE.

   Asimismo, anunció la constitución de varios grupos de trabajo internos para avanzar en temas que preocupan al sector como la puntualidad, la seguridad o el cese de actividad, además de tratar con todos los implicados los derechos de los pasajeros.

   En este punto, como ya hiciera durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, tras el cese de Spanair, reiteró que se definirán los requerimientos tanto para el inicio de actividad como para la suspensión, siempre garantizando los derechos de los usuarios.

   "Queremos que nuestros aeropuertos sean seguros, es uno de nuestros objetivos más importante, y facilitarles a los ciudadanos las cosas", afirmó, para lo que se pondrán en marcha medidas que eviten que "tengan que perder el tiempo" por los retrasos, ya que "pagan impuestos y billetes" para ello.

    En cuanto a una posible revisión de las tasas aéreas, Pastor afirmó que "está en estudio en este momento" y recordó que el régimen de tasas y su modificación tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    Ante la pregunta de si desde Fomento se ha constatado un incremento de los precios por parte de las compañías especialmente en las islas tras el cierre de Spanair, Pastor apuntó que su Departamento no puede intervenir de forma directa, pero sí garantizar los servicios públicos.

    Pastor citó hoy en la sede del Ministerio a los principales representantes del sector aéreo --compañías aéreas, patronales y asociaciones-- para analizar la situación que atraviesa el sector, con temas fundamentales sobre la mesa como la puntualidad y la suspensión de actividad de Spanair, y la planificación de su departamento en esta materia para los próximos meses.

Comienzan las adhesiones a la convocatoria de solidaridad con los periodistas almerienses

Bajo el lema "Almería: sin periodistas no hay periodismo ni democracia" la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) ha convocado una concentración en defensa del Periodismo el próximo jueves, 1 de marzo, a las 11:30 de la mañana, en la Puerta Purchena de la capital almeriense, junto a la escultura del expresidente de la República, Nicolás Salmerón, gran defensor de las libertades y en especial de la de Prensa. La AP-APAL ha invitado a periodistas y quienes trabajan en la comunicación, así como a la ciudadanía en general, instituciones y colectivos sociales, para que se adhieran y participen.

La comisión coordinadora de la concentración, que integran periodistas almerienses, tanto socios como no socios de la AP-APAL, está elaborando un manifiesto que se leerá en el transcurso de la concentración donde se resalta  que "el periodismo está inmerso en una doble crisis, coyuntural y de modelo económico, cuya salida es de difícil solución. Esta profunda crisis no solo amenaza la estabilidad de los profesionales del periodismo, sino también la calidad de la democracia de este país. Siendo uno de los sectores más afectados por el desempleo, los periodistas de Almería saldrán a la calle para defender, tanto los puestos de trabajo, como los valores del periodismo".

La invitación es clara: "Como pensamos que es una reivindicación de vital importancia para todos los estratos de la sociedad hemos buscado el apoyo y la implicación de la mayor parte de ellos". La AP-APAL se ha dirigido a la sociedad en general para que individual o colectivamente apoyen la movilización, porque "no solo está en juego el futuro del periodismo, sino la calidad de la democracia".

Quienes colectivamente deseen adherirse a la movilización pueden hacerlo remitiendo un correo a asociacion@periodistas2005.com

Adhesiones de colectivos recibidas hasta el momento:

  Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP)
Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
Asociación de la Prensa de La Rioja
Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela
Asociación de la Prensa de A Coruña
Asociación de la Prensa de Granada (APGR)
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG)

Asociación de la Prensa de Málaga

Asociación de la Prensa de Guadalajara
UGT Almería
Csif Almería
Instituto de Estudios Almerienses (IEA)
Colega Almería
Periodistas-es.org
Asociación Almería Acoge
Diario digital Noteáfrica.com

Almería Confidencial

Noticiasdealmeria.com
Asociación de Enfermos del Corazón de Almería y Provincia (AENCOAL)

Codenaf Almería

El PP-A propone "oxigenar" la normativa urbanística derogando el POTA andaluz

CÁDIZ.- El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, ha avanzado este jueves el compromiso de su partido para "oxigenar" la legislación urbanística tras el "tsunami legislativo" de los últimos años, proponiendo, entre otras medidas, la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

   Tras mantener un encuentro con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), en el que han participado representantes del sector de la construcción, el comercio o la agricultura, entre otros; Sanz ha explicado en rueda de prensa que la "obsesión" del Gobierno del PP es crear un clima de "confianza, seguridad y estabilidad" para los inversores en Andalucía, facilitando la creación de empresas y poniendo fin a la "terrible burocracia que termina aburriendo a muchos creadores de empleo".

   Por ello, ha asegurado tras escuchar a los empresarios, que incluirán en su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas del 25-M un proyecto de "licencia exprés" para la creación de empresas "en 24 horas", usando la gestión telemática y fomentando la coordinación de las áreas de gobierno.

   Asimismo, Sanz ha abogado por "oxigenar" la legislación urbanística ya que, en su opinión, está sufriendo las consecuencias del "tsunami legislativo" de los últimos años, al cambiar "constantemente" las leyes y los planes de ordenación. Por ello, el objetivo de su partido será unificar normativas, haciendo "menos y mejores leyes, en vez de las de ahora que son muchas y malas", lo que garantizará, además, la seguridad, según ha puntualizado.

   Ha apuntado, igualmente, la intención del PP de dar un "impulso" a las políticas fiscales para la creación de más empresas; además de la aprobación de la Ley de Autónomos y Emprendedores "para impulsar apoyos financieros, fiscales o administrativos para la generación de empleo y riqueza".

    El secretario del PP andaluz también ha avanzado que su partido presentará "próximamente" un plan de lucha contra la estacionalidad en el turismo, así como un plan "agro-turístico" en unión del mundo rural.

   Finalmente, ha mostrado su confianza para lograr que los programas de reindustrialización y de empleo sigan en Cádiz, "porque los empresarios no tienen nada que ver con las últimas noticias desagradables acerca de su gestión".

Arenas aplaude la nueva propuesta del Corredor Mediterráneo, que incluye el litoral

MÁLAGA.- El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha aplaudido la nueva propuesta de trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo presentada por el Ministerio de Fomento y que incluye el litoral andaluz, ya que se trata de una infraestructura "importantísima para el futuro, para la innovación y para la creación de empleo".

   De igual modo, Arenas, que ha presidido este jueves en Málaga una convención tecnológica del PP, ha incidido en que no hay que olvidar el tren litoral ni tampoco que "los puertos de Málaga y de Motril (Granada) no queden aislados de ese Corredor Mediterráneo de futuro".

   El Ministerio de Fomento ha ampliado la propuesta del anterior Gobierno y planteará a la Unión Europea un corredor de viajeros que iría por el litoral mediterráneo, desde Almería hasta Algeciras (Cádiz), pasando por Málaga y la Costa del Sol. Además, se incluiría una conexión entre el puerto de la capital malagueña y la futura área logística de Antequera.

   A juicio del líder de los 'populares' andaluces, el compromiso trasladado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, "hay que analizarlo en clave de empleo" y ha dicho alegrarse de la "sensibilidad" del Gobierno de España.

   Así, ha puesto como ejemplos de esa sensibilidad el desbloqueo de la "inseguridad" de los chiringuitos en la costa, que son "una seña de identidad de nuestras playas, pero también empleo".

La Junta cesa a Adela Segura para que se pueda presentar a las elecciones autonómicas por Almería

SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, los ceses de 11 altos cargos que se presentan a las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo y que están afectados por los supuestos de ineligibilidad previstos en la Ley Electoral.

   En concreto, el artículo 4.3 de la Ley Electoral de Andalucía declara "inelegibles", entre otros cargos, a los viceconsejeros, secretarios generales y directores generales de las consejerías, los delegados del Gobierno de la Junta y los delegados provinciales de las consejerías.

   Según detalla la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado, los ceses afectan a dos delegados del Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez Barrios en Cádiz (número cinco en la lista del PSOE al Parlamento andaluz) y  Remedios Martel en Málaga (número seis en la lista del PSOE al Parlamento andaluz).

   En la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia cesa la directora gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Juana Amalia Rodríguez Hernández, número 10 en la candidatura socialista por Sevilla al Parlamento andaluz.

   En la Consejería de Obras Públicas y Vivienda abandonan sus responsabilidades cuatro altos cargos: el secretario general de Vivienda: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, número 7 del PSOE por Sevilla; y los delegados provinciales en Granada, María Nieves Masegosa, número 5 del PSOE por esta provincia; Jaén, Rafael Valdivielso, número 6 del PSOE por esta provincia; y Málaga, Enrique Benítez, número 3 del PSOE por esta provincia.

   En la Consejería de Igualdad y Bienestar Social cesan la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, número 3 en la candidtura socialista por Córdoba, y la delegada provincial en Almería, Adela Segura, número 4 del PSOE por esta provincia.

   Por último, en la Consejería de Cultura deja su cargo el director general de Museos y Promoción del Arte, Miguel Castellano, número 4 del PSOE al Parlamento andaluz por Granada, mientras que en la Consejería de Medio Ambiente lo hace el delegado provincial en Granada, Francisco Javier Aragón, número 6 socialista por esta provincia.

Organizaciones agrarias andaluzas ven un "mazazo" al sector tras la aprobación del acuerdo con Marruecos

SEVILLA.- Las organizaciones agrarias en Andalucía COAG, Asaja y UPA han considerado este jueves "un mazazo" para el sector el visto bueno del Parlamento Europeo al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos.

   El responsable de frutas y hortalizas de COAG en Andalucía, Andrés Góngora, ha señalado que este acuerdo pone "en peligro 450.000 trabajos en España" y es "un mazazo" a las 250.000 explotaciones agrarias a nivel nacional.

   Si bien, ha afirmado que van a seguir trabajando y COAG va a poner en marcha un informe para "esclarecer" la viabilidad legal "de lo que hoy aquí se ha aprobado" y ha anunciado que recurrirán el acuerdo al Tribunal Europeo de Justicia.

   Por su parte, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha pedido, que una vez aprobado, "por lo menos se cumpla" porque "el anterior no se cumplió". Asimismo, ha reclamado reciprocidad. "Si nosotros no podemos usar determinados productos, ellos tampoco, deben cumplir las reglas en fitosanitarios y medioambientales", ha subrayado.

   Además, ha señalado que la sociedad en general debe empezar a preocuparse sobre "de dónde viene lo que se está comiendo" porque "no es lo mismo un producto de esta zona, con controles de aquí y obligaciones de aquí que frutas que vienen de no sabemos dónde y que beneficia al rey y su corte". Además, por último, ha pedido controles en el fraude para que "si pone que la patata es española, que realmente lo sea".

   Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha valorado esta aprobación como "una mala noticia" y ha querido dejar claro que "no se trata de un acuerdo equilibrado que afecte por igual a todas las regiones europeas". 

"Los calendarios de producción de Marruecos se asemejan mucho a los de Andalucía", por lo que "este acuerdo nos da en la línea de flotación del sector andaluz".

   Además, ha señalado que cada acuerdo viene a ampliar al anterior con nuevas producciones y más contingentes que, además, "luego no se cumplen". Asimismo, ha mostrado su "preocupación" porque ocurra con otras producciones igual que con el tomate, es decir, que se produzca un efecto llamada de inversores hacia Marruecos para luego introducir los productos en el mercado europeo.

   "Es un acuerdo no equilibrado, que lo debe soportar casi todo el sector andaluz, por lo que es injusto y ataca nuestra producción", ha insistido, a lo que ha sumado que además "no cumplen con las mismas reglas que en Europa".

La mitad de la producción española de tomate proviene de la agricultura almeriense.

UPA insta a la "unidad" del sector para "afrontar las nuevas reglas de juego" con el acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- La organización agraria UPA en Almería ha instado a la "unidad" del sector hortofrutícola para "analizar lo ocurrido y plantear una estrategia conjunta y única" con la que afrontar su futuro tras la aprobación del acuerdo agrícola de asociación UE-Marruecos en el Parlamento europeo. "Esperamos que esta derrota sirva para abrir los ojos a todos aquellos que siguen empeñados en hacer únicamente las cuentas de sus pequeños intereses privados o que miden sus triunfos por el número de veces que aparece su foto en los periódicos", sostienen.

   Tras participar en un paro de cinco minutos con las grandes comercializadoras de la provincia, miembros de UPA han señalado que el acuerdo de libre comercio en productos agrícolas "va a suponer un agravamiento de la crisis económica que sufrimos, un aumento del paro y, en definitiva, una ruptura de la cohesión social", según han trasladado en una nota.

   "Estamos ante uno de esos hechos que cambian completamente la forma de vivir de una región o provincia, que modifica sus relaciones sociales y económicas para provocar una trasformación radical, que con seguridad será dolorosa y, si no ponemos soluciones encima de la mesa, trágica", según han manifestado desde la organización

   Así, esperan que pese a haber "perdido la batalla" su "esfuerzo" por combatir el acuerdo "no haya sido en vano" y que "sirva para que los controles en frontera sean una realidad y se puedan sacar a la luz todos los fraudes" que aseguran que existen así como "los peligros sanitarios" que una importación "masiva y descontrolada" pueden tener, a su juicio. "La aprobación del acuerdo es pasado. El futuro es trabajar unidos con las nuevas reglas de juego y hacer que todas estas reglas se cumplan, sin excepciones ni engaños", han apostillado.

   La aprobación del acuerdo es "un atentado contra la economía almeriense" ya que el Parlamento europeo "ha puesto en riesgo" a las familias "que viven de su trabajo en las explotaciones agrícolas" de la provincia así como a las personas "que se gana su sueldo en la industria auxiliar o en las empresas comercializadoras", han remarcado

Mazazo del Parlamento Europeo a la agricultura almeriense

ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo aprobó hoy jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la liberalización de los intercambios de productos agrícolas y pesqueros, que el sector hortofrutícola español teme que le perjudique de forma directa.

Este acuerdo, firmado en diciembre de 2010, prevé una liberalización del 55% de los derechos de aduana impuestos a los productos de la Unión Europea, frente al 33% actual, y del 70% de los derechos que afectan a los productos marroquíes, frente al 1% actual.

El acuerdo fue aprobado en Estrasburgo a pesar de la oposición de la comisión de Agricultura, que teme una competencia desleal para los productos del sur de Europa debido a los bajos costes de mano de obra en Marruecos.

El francés José Bové, del grupo de Los Verdes y ponente del dictamen del Parlamento, abogó él mismo por rechazar el acuerdo, por temer también un efecto devastador sobre las estructuras agrícolas de Marruecos, alegando el riesgo de que los pequeños agricultores marroquíes se vean despojados de sus terrenos por grandes grupos exportadores.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, respondió a Bové señalando que Marruecos no era "un socio como los demás".

"Es un socio importante en términos políticos y económicos, pero también en el plano humano". Subrayó que el país se había comprometido a "alinear su política agrícola con el acervo comunitario", sobre todo en materia medioambiental.

Recordó que algunos productos, como las fresas, tomates, calabacines, pepinos, el ajo y las clementinas, no estaban cubiertos por el acuerdo.

"En el contexto político de la primavera árabe, nuestra asociación tiene vocación de profundizarse aún más para fortalecer el impulso democrático, con un mayor apoyo político y económico", agregó.

Desde España, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) dijo que el acuerdo suponía perdidas para el sector de 2.240 millones de euros y que la Eurocámara no había tenido en cuenta aspectos como "las irregularidades aduaneras y la falta absoluta del más mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta".

"El Pleno del Parlamento Europeo ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bové, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico", dijo en un comunicado.

Hortyfruta exige compensaciones de la UE por el acuerdo con Marruecos, que supondrá la pérdida de 12.000 empleos

ALMERÍA.- La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha exigido al Gobierno centran que reclame a la UE compensaciones para el sector español para paliar el impacto económico "negativo" y la "pérdida de empleo" derivada de la entrada en vigor del nuevo acuerdo de asociación con Marruecos aprobado este jueves en el seno del Parlamento Europeo (PE). En concreto, ha advertido de la destrucción de 12.000 empleos y de pérdidas económicas por campaña de un millón de euros por comercializadora y unos 10.000 euros por agricultor.

   Hortyfruta ha demandado, asimismo, una mejora del código de aduanas para "controlar" que la entrada de producto se corresponde con los cupos y los precios de entrada estipulados por el acuerdo y que la UE haga "efectivas" las sanciones "pertinentes" al país en caso de que estos se incumplan.

   "Es el momento de que la Unión Europea ofrezca soluciones ante las continuas crisis de mercado y se defina una Política Agraria Común (PAC) en la que se establezca una gestión de crisis útil y efectiva para el sector hortofrutícola", ha trasladado la organización ante un acuerdo cuyas consecuencias económicas y sociales serán "devastadoras".

   Al hilo de esto, ha señalado que, en este nuevo escenario, es "muy importante" que se favorezca en este aspecto el papel de las interprofesionales otorgándoles una "mayor operatividad" a través de un marco legislativo en el que este tipo de organizaciones "puedan actuar efectivamente en momentos de crisis de mercados".

   Hortyfruta, que ha subrayado el papel "estratégico" de la producción de frutas y hortalizas que Andalucía destina a la exportación y su contribución a la producción final agraria, ha lamentado que el nuevo acuerdo "no garantiza" la igualdad de condiciones y de oportunidades con respecto a Marruecos al "no tener en cuenta todos los intereses y no exigir un sistema eficaz de control de precios y cantidades".

   Ha detallado que, de los productos de cobertura de la interprofesional, los que se enfrentan a "mayor y más dura" competencia son tomate, calabacín y judía. Estos tres productos representan el 66,3 por ciento de la producción anual española de cultivos bajo abrigo. A esto hay que añadir, según remarcan, que las producciones de frutas y hortalizas afectadas por el acuerdo se localizan "principalmente" en regiones con una "alta tasa de paro".

   Al hilo de esto, ha recordado que Marruecos "ha incumplido sistemáticamente" los términos de los acuerdos comerciales con la UE "sin que la Comisión Europea actúe". Así, en el periodo del continente preferencial, de octubre a mayo, España realiza el 90 por ciento de sus envíos de tomate a la UE y Marruecos el 95 por ciento, lo que, según ha apuntillado, "evidencia el solapamiento de campañas".

   Entre los efectos que, según ha augurado, tendrá el acuerdo sobre un sector "sumergido en una profunda crisis que está lastrando la rentabilidad de los agricultores" ha estimado que el efecto sustitución provocará pérdidas por comercializadora de más de un millón de euros y por cada agricultor de entre 8.000 y 10.000 euros por campaña.

   En cuenta al empleo, ha cuantificado una pérdida a medio plazo de 12.000 empleos, más de 2.000 agricultores, 4.000 hectáreas y un 15 por ciento del volumen de comercialización de frutas y hortalizas. "Es imposible competir con un país cuyos costes medios de producción son la mitad que los andaluces y los costes totales que incluye la puesta en el mercado --confección, transporte y otros gastos-- son un 23 por ciento inferiores", ha concluido.

El PSOE dice a los agricultores que el Gobierno "no está defendiendo sus intereses en Bruselas"

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha acudido este jueves junto con otros miembros de la Ejecutiva provincial y del grupo municipal del PSOE de Almería hasta la cooperativa agrícola CASI donde han desarrollado una campaña de rechazo al acuerdo agrícola UE-Marruecos ante los agricultores almerienses, a quienes han señalado que el Gobierno "no está defendiendo sus intereses en Bruselas". 

   En una nota, Sánchez Teruel ha defendido su intención con este acto de "poner de manifiesto la doble moral del PP, que en el año 2000 defendía el Acuerdo con Marruecos con el mismo ministro de Agricultura que está ahora, Miguel Arias Cañete, y que entonces decía que el aumento de las importaciones agrícolas de Marruecos no ponen en peligro al sector, es decir, que estaba a favor del acuerdo y, lógicamente, quien estaba a favor a ahora no va a defender con entusiasmo el rechazo al nuevo Acuerdo con Marruecos".

   Para dirigente socialista, en Almería es "importante" que los agricultores "sepan que tienen un Gobierno que no está defendiendo sus intereses en Bruselas" a la vez que ha indicado que la aprobación del acuerdo supone "que pueda entrar más producto de Marruecos de empresarios que puede producir más barato de lo que lo hacen nuestros agricultores; esto propicia una competencia desleal en el mercado europeo que redunda en un bajo precio para nuestros productos y, por tanto, menores ingresos para nuestras explotaciones".

   Además, Sánchez Teruel ha lamentado que "no se ha puesto toda la carne en el asador" porque "ya en el año 2000 el Gobierno del PP permitió el acuerdo con Marruecos que actualmente está vigente y el Gobierno del PP de ahora no ha mostrado en estos nos días mucho entusiasmo a la hora de oponerse al acuerdo actual".

   En relación a la posición del PP sobre este acuerdo, el secretario general del PSOE de Almería ha apuntado que "el domingo escuchaba a Javier Arenas diciendo que iba a ser el embajador de la agricultura almeriense en Bruselas, pues el embajador ha estado ausente estos días y no ha ido Bruselas en ningún momento a pedir a los europarlamentarios de la derecha europea, que tienen la mayoría en el Parlamento, que voten que no".

   "Este tipo de embajadores --en referencia al presidente del PP-A-- que están de vacaciones siempre no son los que necesitan los agricultores almerienses, lo que necesitan son políticos como la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, que sí se ha ido a Bruselas en estos días a pelear y convencer a los europarlamentarios de que se voten no a un Acuerdo que perjudica gravemente nuestros intereses", según ha recalcado.

   Acompañado por el secretario de organización del PSOE de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, la secretaria de Movilización y Acción Electoral del PSOE de Almería, Adela Segura, y otros cargos de la Agrupación Municipal del PSOE de la capital y concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Sánchez Teruel ha realizado una "campaña informativa" que también se ha trasladado a municipios agrícolas..

   Durante la jornada, se han repartido octivillas con el mensaje 'En el año 2000... Aznar y el PP defendieron el actual Acuerdo Agricola con Marruecos. ¿Nos volverá a traicionar el PP de Rajoy y Arenas? ¡¡¡El PP en Europa tiene mayoría, de ellos depende el acuerdo!!! Los socialistas españoles votarán no. El PSOE a favor de Almería' que en el dorso muestra recortes de prensa relativos a este asunto.

Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores / Adoración Guamán *

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.

Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.

Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto. 

En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.  

 Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”,  para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses. 

El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.

Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.

En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:

1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo

- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.

- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.

- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.

- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.

- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.

2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.

3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:

- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.

- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.

- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.

Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto. 

Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.

*Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de València