lunes, 13 de febrero de 2012

Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía demandan una lámina estable de más del 40% en la cabecera del Tajo


GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños a los pantanos de Entrepeñas y Buendía ha puesto de manifiesto su intención de tratar de conseguir un mayor desarrollo económico y social de los pueblos que la componen y de toda la comarca que integran, para lo cual, según dicen, es necesario mantener una lámina mínima de agua en los embalses que no puede ser inferior al 40 por ciento de su capacidad, "y que a día de hoy, incluso debe ser superior".

   Así lo ha señalado la Asociación en un comunicado, firmado por su presidente, Antonio Luengo, en el que ha señalado que siguen trabajando por los objetivos contemplan los estatutos de la misma. Además, ha recordado que en la Asamblea General de la Asociación celebrada el pasado viernes se acordó la petición de integración de la Asociación en la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.
   Todo ello, añade, "con el fin de mantener la posición de los municipios ribereños y sus objetivos, contribuyendo a conseguir las mejoras que necesita nuestra comarca en algunos aspectos tributarios y otras formas de obtener nuevos recursos para los municipios".
   Asimismo, se pedirá la integración en el CEDER de la Alcarria Conquense y en FADETA, en la provincia de Guadalajara, con la finalidad de conseguir incorporar proyectos de desarrollo económico a la zona y a cada uno de los pueblos, basados en el agua como elemento clave.
    Por otra parte el presidente ha afirmado que se estudiaron las acciones frente al último trasvase aprobado por el Gobierno y por ello se insta a la presidenta de la región, María Dolores Cospedal, a que, como ya anunciaron en otra ocasión, "se interponga por parte de la Junta recurso contencioso administrativo contra dicho trasvase".
   Luengo asegura que, desde la Asociación no tienen autoridad para decidir los fundamentos jurídicos para interponer dicho recurso pero apunta una serie de razones que pueden avalar el recurrir dicho trasvase "como el hecho de que acabamos de saber que la zona de cabecera del Tajo ha entrado en estado de prealerta por la sequía que se viene produciendo en el último año hidrológico, y que se puede agravar todavía mucho más por las malas perspectivas hidrológicas que se esperan".
   Además, según el presidente, "en los embalses de cabecera del Tajo contamos con unas reservas que son el 40 por ciento de su capacidad, mientras que en la Cuenca del Segura las reservas suponen un 56 por ciento". Así, ha añadido que "nos parece que este trasvase es superfluo y no responde a ninguna necesidad, sino más bien a una imposición del Gobierno de Murcia y a un afán trasvasista, sin tener en cuenta que se esquilman los recursos hídricos de la región".
   Otro de los argumentos reseñados por Antonio Luengo es que "no se pueden aprobar trasvases cuando siguen sin utilizarse otras fórmulas de abastecimiento de agua en el sureste, como la desalinización o la depuración".
   También ha señalado que "el agua que se trasvasa sirve para un crecimiento incontrolado e, incluso, especulativo en la zona levantina mientras que se impide el desarrollo de nuestra comarca, donde, además, se pone en peligro el abastecimiento humano para este verano, ya que con el último trasvase aprobado se irá al Levante el 20 por ciento del agua embalsada, es decir, la quinta parte de las reservas a día de hoy".
   En el comunicado, también se pone de manifiesto que "la necesidad del agua para el abastecimiento y la imposibilidad de desarrollo sin esa lámina mínima estable del 40 por ciento, son razones más que suficientes para que la Junta trabaje en nuestra protección frente a la demanda inagotable e injustificada de otras regiones.
   "Con nuestra presidenta al frente esperamos y confiamos que se harán todos los esfuerzos para proteger a los ciudadanos castellano-manchegos que vivimos en la cabecera de los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha argumentado.
   Por otra parte, Antonio Luengo ha explicado que en la mencionada Asamblea General por parte de la Presidencia de la Asociación, se intentó reordenar la Junta Directiva de la misma, abriendo la posibilidad de que se sumase un vocal más del PP a los dos que ahora tiene, para llegar a los tres vocales que se habían solicitado por parte de los representantes 'populares' y que parece, añade, era la razón de su falta de asistencia.
   En el comunicado se asegura que "la Asociación, desde siempre, y así lo ha demostrado durante todos estos años, tiene como finalidad defender y trabajar por todos los municipios, indiferentemente de su signo político. Así, ha habido presidentes de uno y otro signo, y de una y otra provincia", ha aclarado.

La limpieza de Palomares continúa "pendiente" de la respuesta de EEUU

MADRID.- La limpieza de los residuos de las cuatro bombas nucleares que cayeron accidentalmente en Palomares (Almería) y parte del material que se dispersó en el medioambiente en 1966 está "pendiente" de la respuesta de Estados Unidos a la posición planteada por España de que la "única solución definitiva posible" es la retirada del suelo contaminado por parte del país norteamericano.

   Así, según un documento técnico del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el asunto se encuentra actualmente en manos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de sus máximas autoridades, tras diversos contactos a nivel diplomático entre ambos países.
   En este documento, se recuerda que tras una primera limpieza efectuada en 1966, España y Estados Unidos "han venido colaborando" en el seguimiento de los habitantes de la zona y en la evolución de la contaminación residual en el ambiente.
   Sin embargo, ha habido que esperar hasta el 17 de diciembre de 2004, cuando el Gobierno del Reino de España por acuerdo de Consejo de Ministros, aprobó el 'Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica' (PIEM-VR) que debía realizar el CIEMAT en los terrenos afectados una vez que, tras su expropiación, requerían de "una detallada vigilancia radiológica ambiental".
   Tres años más tarde, en 2007, el CIEMAT y el Departamento de Energía de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para realizar un mapa detallado de la contaminación existente, "superficial y en profundidad".
   Dichos trabajos tuvieron un coste total de 13,8 millones de euros, de los que 1,8 millones fueron financiados por Estados Unidos y que concluyeron en un avance de los resultados del Mapa radiológico tridimensional que fue presentado por el CIEMAT en el Departamento de Energía norteamericano en Washington en diciembre 2008.
   Dos meses más tarde, en febrero de 2009 se acabó el Mapa 3D de Palomares, que se sometió a una revisión entre pares por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuya evaluación "muy positiva", de acuerdo a dicho documento, se recibió en diciembre de ese año.
   En este sentido, la OIEA dictaminaba que el CIEMAT había trabajado de acuerdo con las recomendaciones internacionales y que la información facilitada era "rigurosa" y apuntaba que la caracterización radiológica "debería ser la base de una futura estrategia de rehabilitación".
   En este largo proceso, que dura ya 46 años, y en base a dicho informe, el CIEMAT elaboró la 'Versión Preliminar' del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que tenía el objetivo de "alcanzar una limpieza completa y final" del área afectada y que posteriormente fue sometido a consideración del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo regulador informó favorablemente este informe el 5 de mayo de 2010.
   Una vez concluido este proceso, del 19 al 21 de abril de ese año, la Comisión Europea realizó una Misión de Verificación en base al cumplimiento del artículo 35 del Tratado de EURATOM en Palomares.
   Posteriomente, la CE emitió un informe final que España recibió en febrero de 2011 y en el que se resaltaba que, coincidía con la OIEA en la "corrección" de los trabajos realizados "hasta el momento" por el CIEMAT y en el que señalaba que debía llevarse a cabo el PRP.
   Meses antes, el 7 de julio de 2010, se celebró en el Departamento de Estado en Washington (EE.UU.) una reunión bilateral de carácter informativo entre delegaciones de sendos países para "conocer la situación de Palomares y la posición del Gobierno español en esta cuestión".
   Entonces, la delegación norteamericana estuvo presidida por la directora para la Oficina de Europa Occidental, Maureen Cormack, y participaron representantes de los Departamentos de Estado, de Energía y de Defensa. Mientras, por parte española la delegación estuvo encabezada por el director general del CIEMAT, Cayetano López, que acudió junto con representantes de los Ministerios de Ciencia e Innovación y del de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como por miembros de la Embajada de España en Washington y del CSN.
   Después de décadas de trabajo, según el documento, para el CIEMAT esta reunión "fue decisiva" porque "por primera vez trascendía del ámbito puramente técnico" del Departamento de Energía en el que "el problema de Palomares" donde había estado contenido hasta ese momento y porque pasaba a "involucrar" a los Departamentos de Defensa y Exteriores.
   Asimismo, en la reunión se fijó "por primera vez" la posición española de una forma "clara y articulada", que planteaba que "la única solución definitiva posible era la retirada del suelo contaminado por parte de los Estados Unidos".
   Después de esta cita, durante meses se intercambió una serie de notas que derivó en un encuentro del 22 al 25 de febrero de 2011 entre una delegación española y un equipo inter-agencias de Estados Unidos que tuvo lugar en Madrid, desde donde también se trasladaron a Palomares para continuar la discusión sobre el proceso de finalización del PRP.
   Entonces la delegación estadounidense estuvo encabezada por el director de la Oficina de Salud, Seguridad y Protección del DOE, Glenn Podonsky, y la española, por el director general del CIEMAT, Cayetano López.
   En la visita, los equipos visitaron los terrenos afectados y discutieron a nivel técnico el PRP. Según el informe del CIEMAT la delegación estadounidense ofreció "orientación, asesoramiento y compartieron conocimientos, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", todo ello basado en sus experiencias en operaciones de rehabilitación medioambiental y "buscando las vías de aplicación óptimas" para concluir el PRP.
   Con todo ello, el 22 de marzo de 2011, justo un mes después, el Departamento de Energía estadounidense remitió a España un documento con sus aportaciones técnicas al PRP "de acuerdo con el primer punto de la posición española".
   Finalmente, el CIEMAT señala en el informe que el 25 de octubre de 2011 --hace tres meses y medio-- incorporó y envió de vuelta al Departamento de Energía norteamericano las contestaciones a dichas aportaciones a la versión existente del Plan de Rehabilitación de Palomares. "Se está a la espera de contestación por las autoridades americanas", concluye.
   En este contexto, el pasado sábado la secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, mantuvo en Munich (Alemania) un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo en el que entre otras cuestiones se abordó el tema de Palomares. De este modo, Clinton se habría comprometido a que Estados Unidos retirará la tierra contaminada con plutonio que afecta a unas 40 hectáreas de terreno.
   En este sentido, la secretaria de Estado afirmó que la limpieza de Palomares era un "compromiso adoptado" por el senador republicano John McCain.

Resurección Galera pide la ejecución del fallo judicial para ser readmitida como docente de Religión

ALMERÍA.- La representación letrada de la profesora de Religión Resurrección Galera ha solicitado al Juzgado de lo Social nº 3 de Almería la ejecución del fallo que ordena su readmisión como docente después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase su despido por parte del Obispado al considerar que su cese en 2002 por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue discriminatorio.
 
   El escrito, presentado la pasada semana, señala que el Ministerio de Educación (MEC) no ha dado cumplimiento a la sentencia, firme y contra la que no cabe recurso alguno, y pide que se proceda a instar a la administración a que se le dé cumplimiento, según han informado fuentes judiciales.
    En concreto, se informa al titular del juzgado, el magistrado Juan Carlos Aparicio, de que, desde que en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el recurso del Obispado de Almería contra la sentencia que declaraba nulo el despido, no se ha dado de alta a Resurección Galera en la Seguridad Social ni se le ha dado "ocupación efectiva".
   El escrito indica, asimismo, que, desde la administración central, tampoco se ha procedido al abono de la totalidad de salarios de tramitación pendientes de pago. Cabe recordar que el juez dictó un auto el pasado noviembre en el que reprochaba al Ministerio la tardanza en aplicar las disposiciones contenidas en su fallo y le advertía de que podría estar incurriendo en un delito de desacato que llevaría aparejada una multa de 3.000 euros.
   Las mismas fuentes han precisado que, si bien se ha pagado una "pequenísima parte". Tras esta resolución, el MEC remitió un correo electrónico a la representación letrada de la exdocente en el que le comunicaba que daría cumplimiento al auto de ejecución parcial dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 en la nómina del mes de diciembre, en la que se incluiría los salarios que se adeudan desde el pasado mes de mayo.
   Tras la presentación del escrito solicitando la ejecución, el juzgado citará a las partes a una comparecencia para esclarecer porqué no se le ha dado cumplimiento a la sentencia que ordena la readmisión de Galera y establecer es qué condiciones se ha de producir esta ya el fallo fijaba que la readmisión debía ser inmediata en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían en 2002.
   Por su parte, fuentes del Obispado han indicado que el expediente judicial ha sido remitido a los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española para que estudien todo el procedimiento de cara a conocer si existe la posibilidad de actuar ante el fallo del TSJA, sobre el que no cabe recurso alguno. Dicho procedimiento se envió hace unas tres semanas bajo la consideración de que el caso reviste "un carácter general", han apuntillado las mismas fuentes.
   La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el último de los pronunciamientos que se han dado en este caso, dilatado en el tiempo, desestimó el recurso del Obispado de Almería y confirmó la sentencia que obligaba, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), al Ministerio de Educación a readmitirle y a abonarle los salarios que había dejado de percibir durante los once años transcurridos desde que fue despedida.
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el TC concedió a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' de la capital almeriense, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   La sentencia del TSJA señaló, a su vez, que la "falta de coherencia con la doctrina católica sobre el matrimonio" que atribuye el Obispado a la exprofesora lo es en relación con una decisión tomada "en el legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio".  Además, advertía de que "en ningún momento" se afirmó que en su actividad docente hubiese cuestionado la doctrina de la Iglesia católica o realizado apología del matrimonio civil.
   El Alto Tribunal andaluz también hizo referencia a lo que calificó de "problemática surrealista" ya que el Ministerio de Educación se ve condenado por una conducta que se veía "compedido a realizar" ya que este departamento contrataba anualmente a los profesores de religión que le pide el Obispado.

Cajamar provisionará 530,4 millones por el Real Decreto, que cumplirá en el segundo trimestre de 2012

ALMERÍA.- Cajamar Caja Rural ha anunciado que va a provisionar 530,4 millones de euros los créditos a promotores e inmuebles adjudicados y  con 211,7 millones a capital para cubrir en mayor medida la exposición al suelo y las promociones en curso.

   La entidad financiera ha informado en una nota que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que absorberá el impacto de los saneamientos y del capital adicional que establece la norma de la reforma financiera durante el segundo trimestre de 2012 mediante la generación de resultados, la provisión genérica disponible y el excedente de recursos propios.
   Así, ha precisado que a fecha 30 de junio habrá atendido todos los requerimientos fijados en la norma. El capital principal de Cajamar se eleva a 2.488 millones de euros, con un excedente de 982 millones --un 65 por ciento-- sobre los requerimientos mínimos. Su ratio de capital principal está en el 13,22 por ciento, por encima del ocho por ciento exigido.
   La comunicación a la CNMV informa de que la estimación de los importes necesarios en Cajamar Caja Rural para la adaptación a los nuevos requerimientos derivados del Real Decreto-Ley 2/2012 de saneamiento de los activos inmobiliarios del sector financiero español, sobre los datos a cierre del ejercicio 2011, es de 530,4 millones de euros de provisiones y 211,7 millones de euros de capital.
   Señala que la entidad cuenta con "recursos propios suficientes" para absorber estos saneamientos en 2012 y "seguir manteniendo un buen" ratio de capital principal, que al cierre del pasado año, era del 13,22 por ciento, con un exceso sobre el mínimo necesario de 982 millones de euros.