jueves, 4 de agosto de 2011

La cooperativa Frunet reclama a Hamburgo más de un millón por los daños de la crisis del pepino

MÁLAGA.- La cooperativa agraria Frunet, radicada en la localidad malagueña de Algarrobo y que fue una de las empresas a las que el Gobierno alemán señaló inicialmente como origen del brote de bacteria intestinal E.coli que causó decenas de muertes en ese país, reclama a la ciudad-estado de Hamburgo entre 800.000 y 1,2 millones de euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de dicha crisis.

   El gerente de Frunet, Antonio Lavao, ha recordado a los periodistas que la empresa retiró la primera demanda presentada contra las autoridades de Hamburgo tras restituir éstas "el buen nombre de Frunet en Alemania". No obstante, la cooperativa malagueña siguió adelante con la denuncia por daños y perjuicios, "un proceso que será más largo y complejo" sobre el que espera que se inicie un juicio "en torno a final de año".
   Lavao ha indicado que su empresa no se beneficiará directamente de las ayudas recién aprobadas por la Comisión Europea a los productores afectados por la crisis del pepino, ya que éstas se dirigen a agricultores y productores, pero no a comercializadores, como es el caso de Frunet. No obstante, ha dejado claro que la cooperativa seguirá litigando para que Alemania la indemnice por los daños y perjuicios causados.
   En concreto, ha asegurado que su empresa ha sufrido unas pérdidas directas de más de 800.000 euros a causa de esta crisis, a los que habría que añadir otra cantidad "importante y difícil de cuantificar" correspondiente a los daños ocasionados a la imagen de Frunet.
   Según ha detallado, estos daños han obligado a la empresa a despedir a la mayor parte de su personal eventual, quedándose con apenas una decena de su medio centenar de empleados en esta categoría, al tiempo que ha eliminado otros siete puestos fijos en las áreas comercial, de gestión y de administración.
   Además, ha precisado que la actividad de la cooperativa sigue "bastante floja" a causa de la producción perdida, "y apenas estamos al 10 o 20 por ciento respecto a otras temporadas".
   "Todo está aún muy reciente y la campaña estival está siendo nefasta a nivel de precios, no sólo para nosotros, sino para todo el sector, por falta de consumo en Centroeuropa, originada por la incertidumbre y el miedo de la publicidad alemana sobre los productos frescos en general", ha agregado.
   En cuanto a las previsiones de recuperación, el gerente de Frunet ha expresado su esperanza de que la empresa recupere "al menos en parte" su actividad normal "entre octubre y noviembre, cuando se inicie la temporada de invierno".

El presidente de APBA aboga por la conexión de mercancías por Madrid porque lo requieren las navieras

ALGECIRAS.- El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, ha manifestado que los operadores de la zona, como Maerks, Cosco o Hanjing, "requieren una conexión con Madrid a través del ferrocarril para llevar sus mercancías a Europa".

   En rueda de prensa, Morón, que ha presentado las actividad puerto-ciudad, ha valorado la visita del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, a la zona de la Bahía de Algeciras y la necesidad de contar con el eje ferroviario central.
   El dirigente portuario ha querido dejar claro que "de lo que hablamos es de una línea de mercancías, no de pasajeros", por lo que la conexión con la capital y posterior salida de mercancías a la península y el viejo continente es algo "que demandan todos los sectores el portuario y también las grandes industrias".
   Morón ha reiterado que la ciudad algecireña es un enclave fundamental para la entrada y salida de mercancías "tanto como origen y destino a Marruecos", del que dijo tiene "un conducto natural", como es la conexión ferroviaria entre Algeciras, Madrid y Francia.
   "Es el trayecto que defendemos" ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha agradecido la visita de Morlán y su compromiso expresado en el Consejo Económico y Social local, así como ante el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Ferrmed quiere que se incluya en toda su extensión el Corredor Mediterráneo en el Trans-Europeo

MADRID.- La asociación encargada de mejorar la conexión entre puertos y aeropuertos e impulsar las infraestructuras ferroviarias, Ferrmed pretende que el Gobierno incluya en la parte Sur del Corredor Mediterráneo dos líneas de doble vía cada una, según ha informado la asociación en un comunicado.

    Estas dos líneas discurrirán de forma paralela desde la frontera francesa hasta Lorca: una de ellas proseguirá hacia Baza o Granada pasando por el Eje Transversal Andaluz y la otra pasará por Almería y ciudades como Málaga o Algeciras.
    Asimismo, Ferrmed, que continúa intentando que tanto el Gobierno como la Comisión Europea hagan las "intervenciones pertinentes" de ambos enlaces antes de 2010, ha subrayado que Málaga debe ser "un nodo fundamental" en la Red Central Trans-Europea, que disponga de una conexión directa con el resto de nodos del Corredor Mediterráneo, como son Valencia, Algeciras o la conexión vía Antequera.
   Por último, ha destacado que "no se debe prescindir de inversiones altamente estratégicas y de gran impacto socio-económico" en este tipo de infraestructuras ferroviarias y que no "cejarán en su empeño hasta lograr su propósito" de incluir el Corredor Mediterráneo en la Red Ferroviaria Trans-Europea.

Jáuregui propone repartir los beneficios de directivos entre empleados

MADRID.- El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defiende la elaboración de una ley que obligue a los altos directivos y miembros de los Consejos de Administración de las empresas a repartir parte de sus beneficios entre los empleados, una medida que evitaría abanicos salariales "obscenos" y que contribuiría a salir de la crisis de una manera más solidaria. Además, no ha descartado que se produzcan más investigaciones penales sobre los gestores de algunas de las cajas de ahorros.

    Jáuregui ha reconocido que "no es fácil" regular el sueldo de directivos y consejeros, pero ha adelantado que sería partidario de establecer algún "mecanismo" para evitar que el margen salarial sea "tan disparado y tan disparatado".
"A mí me parece que los abanicos de uno a mil son obscenos", ha afirmado.
   Por eso, en concreto, ha propuesto la elaboración de una ley que establezca que cuando los ingresos de altos directivos y miembros de Consejos de Administración de las compañías son "tan enormes", se imponga "la obligación de un reparto de parte de esos beneficios al conjunto de los empleados".
   En su opinión, ésta es una idea que "no habría que descartar" y que se podría "barajar políticamente en los próximos meses".
"Aunque no ha especificado si sugerirá que se incluya en el programa electoral del PSOE para las próximas generales, ha insistido en que no es algo "descabellado".
   Además, Jáuregui ha recordado una de las primeras medidas propuestas por el candidato socialista a estos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba, en materia económica, que habla de instaurar una tasa a los bancos para la creación de empleo.
   El ministro ha rechazado que con esta medida se esté "atacando" a los bancos y ha defendido que se trata de reclamarles que "colaboren" en la salida de la crisis, dado que son entidades con "gran influencia" en este asunto. A su juicio, esta medida no alteraría la confianza de los mercados ni en los sistemas financieros.
   De hecho, ha defendido que esta propuesta ya ha tenido un "primer efecto", ya que "un gran banco español" ha propuesto medidas para ayudar a pagar sus deudas a las personas y familias con menos ingresos. Esta "respuesta", ha afirmado, "no es más que consecuencia de que hay políticos y partidos que reclaman al sistema financiero que contribuya a una salida más solidaria".
   Además, ha incidido en que Rubalcaba ha planteado una medida vigente en "cinco grandes países europeos", con el objetivo de que los bancos "puedan contribuir precisamente a este tipo de salidas solidarias a la crisis".
   Preguntado por si no teme que el electorado no entienda que Rubalcaba proponga ahora nuevas medidas para crear empleo después de tantos años en el Gobierno, Jáuregui ha subrayado que el candidato socialista tiene "todo el derecho del mundo a presentar sus propuestas para una salida de la crisis, para un tiempo nuevo y cuatro años de futuro".
   En su opinión, el ex vicepresidente primero del Gobierno "no puede estar condicionado por lo que ha sido su tarea gubernativa en los años de la crisis más dura". "Me parece absolutamente legítimo, imprescindible. Es más, sería una vulneración de las reglas democráticas que no se permitiese a un candidato exponer sus propuestas para cuatro años", ha insistido.
   Por otra parte, en relación con la situación en que se encuentran las cajas de ahorros, el ministro ha defendido que el "saneamiento" del sistema financiero español se está haciendo "con mucho rigor y con mucha seriedad", como se ha visto en que "allá donde ha hecho falta intervenir, se ha hecho". A su juicio, el "saneamiento general" va a ser "uno de los grandes logros de la política reformista de este gobierno".
   Por el momento, ha rechazado que, fruto de este saneamiento, se vaya sumar alguna entidad más a Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y Caja de Ahorros del Mediterráneo, intervenidas por el Banco de España.
   Además, también ha descartado la idea de que no se vayan a exigir responsabilidades penales o patrimoniales por las situaciones que han llevado a estas cajas a ser intervenidas y ha recordado que está habiendo "investigaciones penales en algunos casos". Incluso no ha descartado "que se produzcan en más".

Equo se moviliza por la «abusiva» reforma de la ley electoral

MADRID.- «Más democracia y menos burocracia». Podría ser uno de los lemas que llevan coreando, desde el pasado 15 de mayo, alguno de los integrantes del colectivo «indignado», pero no, el mensaje es uno de los cientos que está colgando en su perfil de Twitter el partido ecologista Equo, que encabeza el exdirector de Greenpeace España, Juan Ignacio López de Uralde, y que recoge 'Abc'.

Él y el resto de miembros de la formación se han indignado sobremanera al recalar, días después de anunciar que están listos para participar en las elecciones generales del 20-N como «alternativa» al bipartidismo, en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), aprobada el pasado mes de enero. En el tercer apartado de su artículo 169, la reforma legislativa dicta lo siguiente: «Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura».
¿Qué significa exactamente? Partidos como Equo, que no sientan todavía a ningún diputado en el Congreso de los leones, deberán salir a la calle entre los próximos días 27 de septiembre al 17 de octubre (un día después de la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el BOE, hasta 20 días después) para recabar las firmas del 0,1% del censo de cada circunscripción en la que quieran presentarse. Después, deben avalar ante notario estas firmas, en aras de que compruebe su veracidad, y posteriormente, registrarlas ante la Junta Electoral Central, que debe dar su «plácet» para que el partido «se estrene» en unos comicios generales.
Esta retahíla de requisitos ha provocado que la formación ecologista estalle, puesto que considera que se están poniendo «trabas a la participación» de más partidos, que abran el melón de la iniciativa política, «se está obstaculizando el pluralismo», y «se intenta mantener el "statu quo" político actual». López de Uralde, la exdirigente de Izquierda Unida, Inés Sabanés (que milita ahora en Equo) y el resto de integrantes del partido verde han comenzado su batalla particular, «preparando a la gente», porque «sacarán las mesas» a partir del 27 de septiembre a las calles, pero necesitan «que les ayuden». No obstante, aunque recaben las firmas, consideran un «escándalo» la reforma del mecanismo electoral porque los partidos que comienzan a organizarse y carecen de recursos económicos suficientes deben gastarse el dinero en el notario que valide las signaturas cuando, a su entender, la Administración goza de los recursos precisos para hacerlo. Por ello, piden a la Junta Electoral Central que sea «flexible», al menos, en la comprobación de las firmas.
«Si queremos presentarnos en todas las provincias, necesitamos recoger cerca de 40.000 firmas -calculan en Equo-, unas 4.500 en Madrid, o 1.776 en el País Vasco», dos de las circunscripciones donde Equo aspira a obtener mejores resultados en caso de concurrir el próximo 20 de noviembre. «Tenemos confianza en lograrlo», agregan.
Aun con todo, López de Uralde censura que «esta medida es un abuso», censura López de Uralde, e invita a una reflexión: «Es una reforma profundamente antidemocrática, que se ha aprobado casi sin publicidad y con el desconocimiento de buena parte de la población». Al menos, hasta ahora.