ALMERÍA.- El abogado del empresario hotelero Miguel Rifá, quien se enfrenta casi
30 años de prisión, ha asegurado este jueves que la situación de
insolvencia de las sociedades del grupo no deriva del alzamiento de
bienes por valor de 98,6 millones de euros ante las deudas con la AEAT,
tal y como sostienen las acusaciones, sino de la "crisis financiera".
En la primera sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial, que
se ha dedicado al trámite de cuestiones previas, la defensa del
principal acusado ha rechazado "ánimo defraudatorio" en las ventas de
bienes que se hicieron entre 2008 y 2011, y ha aludido a "pérdidas
extraordinarias".
Ha afirmado ante el tribunal de la Sección
Segunda que los hoteles del grupo empresarial que encabezaba Miguel Rifá
"han sido objeto de ejecución por sus acreedores" y los que aún no,
están "en proceso", según ha dicho. Ha añadido que la Agencia
Tributaria, personada en la causa con la Abogacía del Estado, "ha ido
cobrando del concurso de acreedores".
El primero de los seis
abogados que han intervenido ha pedido, asimismo, la nulidad de las
intervenciones telefónicas que obra en la causa al considerar
"claramente irregular" que fuera Vigilancia Aduanera la que "dispusiera"
del teléfono de I.M.M., acusado a quien Fiscalía señala como el
cooperador y colaborador de Rifá.
"Esto es de vital importancia porque
la imputación del empresario viene por estas intervenciones", ha
recalcado.
La defensa ha alegado, por otro lado, la presunta
prescripción de algunos de los delitos contra la Hacienda Pública ya
que, según ha trasladado, cuando declaró en sede judicial en 2012, "no
se le imputaban".
"Es una nueva declaración, en 2016, cuando ya se le
imputa todo sin que antes haya habido ninguna referencia a estos", ha
concluido.
La Fiscalía solicita penas que suman 29 años y 11
meses de cárcel para Miguel Rifá acusado de alzar bienes por valor de
98,6 millones de euros entre los años 2008 y 2011 con el fin de
"defraudar" a la Hacienda Pública.
En la causa también se enjuicia¡,
entre otros, al presunto cooperador del conocido empresario, I.M.M.,
para el que la fiscal interesa un total de 17 años de prisión como autor
de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de
insolvencia punible.
El juzgado instructor abrió juicio oral
en noviembre de 2019 contra siete personas y contra 13 sociedades
mercantiles. A Rifá se le atribuyen siete supuestos delitos tributarios
por IVA, impuesto de Sociedades e Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, uno de ellos en tentativa, y dos delitos de insolvencia
punible.
Según el escrito de calificación provisional, Miguel Rifá actuó con la "expresa
colaboración y asesoramiento" de I.M.M. y en ejecución de "un plan
preconcebido" con la intención de "beneficiarse económicamente en
detrimento de la Hacienda Pública".
El Ministerio Público le achaca un "evidente ánimo defraudatorio y
elusión de sus obligaciones tributarias legalmente exigibles" al crear
un "entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas" con
domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.
De este
modo, mediante la "utilización de diversas sociedades interpuestas",
habría "vaciado" patrimonialmente las mercantiles 'Hotel Almería SL' y
Predios del Sureste SL.
El escrito de acusación detalla que,
de forma "simultánea", realizó presuntamente diversos fraudes a la
Hacienda Pública mediante la "simulación de operaciones" para "ocultar
el real" propietario de las sociedades implicadas.
"Es el
acusado Miguel Rifá quien planifica, quien dirige y quien decide todas
las operaciones con independencia de su titularidad jurídica y formal y
quien, con ese modo de operar, consigue vaciar patrimonialmente sus
sociedades para eludir el pago de sus deudas y obtener devoluciones
tributarias por importe superior a diez millones de euros, siendo el
propietario real último y responsable por consiguiente de sus deudas",
concluye.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el importe de
la deuda de las sociedades en noviembre de 2008 "era de 83,4 millones
de euros" y al final de las operaciones en marzo de 2011 de "134,1
millones de euros" mientras que el "valor neto de los bienes alzados era
de 98,6 millones de euros".
Al hilo de esto, remarca que al
inicio de la "actividad fraudulenta" desplegada por Rifá y su socio "las
sociedades tenían numerosas deudas contraídas con la Hacienda Pública",
y precisa que todas as operaciones se hicieron para "dejar todas las
deudas en las sociedades del grupo Rifá" e "incluso incrementarlas
generando deudas por IVAs ficticios que no se ingresan" y también para
el traspaso de "todos los bienes a otras sociedades también del grupo
Rifá, en este caso sin deudas".
Por último, el Ministerio Público indica que el empresario habría
realizado "solicitudes de aplazamiento" a la Agencia Tributaria que se
habrían "incumplido sistemáticamente" y que interpreta como "maniobras
dilatorias para retrasar la fase de embargo y así evitar el cobro de las
deudas".
Entre las operaciones supuestamente fraudulentas, y
por la que también acusa la Abogacía del Estado, desgrana la transmisión
de 13 hoteles, 135 fincas rústicas en diferentes municipios, tres
fincas de la Compañía de María, oficinas, solares, acciones y
participaciones.
