MADRID.- El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted
lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos
clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la
liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo.
Es
una jugada 'in extremis': saltarse al alto tribunal para seguir
imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo,
Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio
problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC
solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica,
podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi, a
juicio de El Confidencial.
Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España
desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el
grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso
tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis).
En
teoría, todas las licencias
solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de
transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio
legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de
liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.
Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En
2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en
lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos
de 1.000 por día, según datos de la comunidad.
Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000.
Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de
cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice
el real decreto del Gobierno.
"Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento.
Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la
sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias
quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más", explican fuentes del
sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva
ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del
Supremo sí.
Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. "Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias
en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos
judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la
aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que
podría darse dadas las circunstancias actuales", explica una fuente del
sector.
En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más.
Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en
España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales
supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está
al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías
judicial: Uber.
Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire.
Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000
licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar
casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus
competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger
su inversión.
Curiosamente, estos 'amos' de las licencias VTC en España (Moove Cars,
Gesstaxi, Vector...) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a
aprobar un real decreto 'in extremis' saltándose al Supremo (y la
separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva
ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.
Cabify es el otro 'bicho raro': ahora mismo prefiere que las cosas se
queden como están a optar por una liberalización completa. "Lo dijo su
propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos
quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no
el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren
rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de
participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero", explica una fuente del sector.
Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos.
Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000
millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify
hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.
Es
quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos
máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para
apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro
interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo,
que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha
producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el
Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho
más que empezar.
