MADRID.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(Miteco) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) que requiera al Ayuntamiento de Carboneras para que, en
un plazo máximo de 72 horas, convoque un pleno y resuelva el
procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras del hotel
del Algarrobico, después de que el pleno municipal acordara aplazar la
votación del acuerdo destinado a ejecutar la sentencia que declara la
nulidad del permiso.
El Ministerio, personado en el procedimiento a través de la Abogacía del Estado, ha pedido a la Sala que reclame al Ayuntamiento que, en un plazo máximo de 48 horas, remita copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 17 de junio, si bien fuentes municipales aseguran que dicha documentación ya ha sido enviada al TSJA.
Asimismo, ha solicitado que, ante el contenido del acuerdo adoptado en dicha sesión, se fije ese plazo máximo de 72 horas para que el Consistorio celebre el pleno y dicte resolución sobre la revisión de oficio de la licencia otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, S.L.
El Ministerio también ha interesado que se advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
A estos efectos, ha solicitado que la Corporación municipal proceda a la identificación del responsable o responsables de la remisión de la documentación requerida, con la previsión de que, en caso contrario, se presumirá que lo serán el secretario y el alcalde del Ayuntamiento de Carboneras.
Para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, el Ministerio ha pedido que se acuerde la ejecución subsidiaria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1.a de la LJCA.
En concreto, el artículo 112 de la LJCA contempla la imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como la reiteración de dichas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de las demás responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder.
El mismo precepto prevé también la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que, en su caso, pudiera corresponder.
El Ministerio, personado en el procedimiento a través de la Abogacía del Estado, ha pedido a la Sala que reclame al Ayuntamiento que, en un plazo máximo de 48 horas, remita copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 17 de junio, si bien fuentes municipales aseguran que dicha documentación ya ha sido enviada al TSJA.
Asimismo, ha solicitado que, ante el contenido del acuerdo adoptado en dicha sesión, se fije ese plazo máximo de 72 horas para que el Consistorio celebre el pleno y dicte resolución sobre la revisión de oficio de la licencia otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, S.L.
El Ministerio también ha interesado que se advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
A estos efectos, ha solicitado que la Corporación municipal proceda a la identificación del responsable o responsables de la remisión de la documentación requerida, con la previsión de que, en caso contrario, se presumirá que lo serán el secretario y el alcalde del Ayuntamiento de Carboneras.
Para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, el Ministerio ha pedido que se acuerde la ejecución subsidiaria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1.a de la LJCA.
En concreto, el artículo 112 de la LJCA contempla la imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como la reiteración de dichas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de las demás responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder.
El mismo precepto prevé también la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que, en su caso, pudiera corresponder.
