Andalucía declara plaga de trips del tabaco en Almería y Granada y que llevará a arrancar pepinos y pimientos

SEVILLA.- La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha declarado oficialmente la existencia de una plaga Thrips parvispinus (trips del tabaco como se le conoce en el sector) en las provincias de Almería y Granada y ha emitido una resolución con las medidas fitosanitarias "obligatorias y recomendadas para la prevención y lucha" contra la citada enfermedad vegetal.

 Las medidas han sido consensuadas con el sector en una mesa técnica de expertos promovida por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Almería.

Entre las medidas y con el fin de prevenir "altos niveles de presencia de la plaga", los titulares de explotaciones de pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón y sandía en invernadero tendrán que seguir un protocolo de arranque de dichos cultivos que son "reservorios" de Thrips parvispinus. 

La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) entra en vigor este sábado.

Antes de arrancar los cultivos, los agricultores tendrán que aplicar un tratamiento fitosanitario.

 "Adicionalmente, en aquellos casos en los que se constate una alta presencia de la plaga en la biodiversidad presente en el invernadero, también se deberá realizar un tratamiento fitosanitario sobre la misma". 

Para ello, es obligatorio "avisar con tiempo suficiente a los vecinos colindantes para que puedan tomar las medidas que consideren oportunas, de lo que se conservarán evidencias a efectos de acreditar esta cuestión ante la Administración en caso de ser necesario".

Igualmente, antes del trasplante o siembra del siguiente cultivo se debe realizar un tratamiento de desinfección y limpieza de la estructura del invernadero en aquellas zonas que pudieran ser reservorio de la plaga. 

En materia de plagas, recientemente, la Junta solicitaba al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se lleve a cabo una mesa de trabajo técnica extraordinaria sobre sanidad vegetal para analizar las diferentes medidas que se deberían poner en marcha, como poder autorizar de las herramientas fitosanitarias necesarias para lograr la rentabilidad de un sector productor, especialmente después de las borrascas.

Europa cuenta con el marco regulatorio más exigente para la autorización de productos fitosanitarios, lo cual aporta seguridad para los propios agricultores y para los consumidores; si bien por otro lado es necesario aportar más certidumbre a los productores para evitar esos vaivenes regulatorios que en ocasiones dejan huecos difíciles de cubrir para proteger las cosechas.

 "El mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos en agricultura es el de las enfermedades de sanidad vegetal. Un asunto que no es menor y que está poniendo en jaque el campo andaluz, una de las primeras potencias en producción agrícola a nivel europeo y despensa de alimentos hortofrutícolas para millones de europeos", subrayaba la Junta.

Desde la Junta de Andalucía se han destinado 22,5 millones de euros para compensar los gastos extraordinarios y paliar pérdidas en el sector derivadas, entre otros casos, de la incidencia del Thrips parvispinus, algodoncillo o mildiu. 

También se ha referido a la estrategia de lucha biológica integrada desplegada para afrontar las plagas y garantizar la sostenibilidad del modelo agrícola andaluz a través de innovación e investigación; pero también con transferencia de conocimiento a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

El PP pide convocar la Mesa de las Infraestructuras ante el "aislamiento ferroviario" de la provincia

 ALMERÍA.- El PP ha solicitado la convocatoria "urgente" de la Mesa de las Infraestructuras para analizar la situación de las comunicaciones en Almería y reclamar soluciones ante el "aislamiento ferroviario" que sufre la provincia.

Según ha advertido la formación 'popular' en un comunicado, los retrasos en las obras actuales del AVE y en la futura conexión con Granada obligan a analizar el futuro ferroviario a corto y medio plazo.

Los diputados nacionales del PP de Almería Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando, junto a los senadores Carmen Belén López y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, han reclamado esta convocatoria "inmediata" como un foro para que la sociedad almeriense analice su futuro, marque prioridades y exija soluciones.

Martínez Labella ha afirmado que "las comunicaciones siguen siendo nuestro principal talón de Aquiles y no podemos permanecer impasibles ante los próximos años". 

En su intervención, ha criticado "el nulo compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los almerienses en materia de comunicaciones y su escasa voluntad para sacar a la provincia del aislamiento ferroviario".

Aunque ha reconocido que "las obras del soterramiento avanzan a buen ritmo y suponen una transformación importante para la ciudad", ha advertido de que "no podemos quedarnos solo con lo visible, porque la realidad es que la Alta Velocidad no llegará a Almería hasta 2030".

Además, ha señalado que esa fecha está condicionada a que no se produzcan nuevos retrasos, algo que, según ha dicho, genera "muchas dudas" a la vista de lo ocurrido hasta ahora, con especial preocupación por tramos como el de Lorca-Pulpí.

La diputada del PP ha recordado también que "en 2018 el Gobierno del PP se comprometió a que el AVE llegaría en 2023, pero tras la llegada de Pedro Sánchez comenzaron los retrasos, los cambios de fechas y la falta de ejecución presupuestaria".

En esta línea, ha asegurado que "del 2023 pasamos al 2026, después al 2027 y ahora ya hablamos de 2030. Siete años de retraso que evidencian el abandono al que el Gobierno ha sometido a la provincia".

Martínez Labella ha lamentado igualmente que las obras del AVE a Almería fueran, según ha señalado, aquellas en las que el exministro José Luis Ábalos, "fijó su atención presuntamente para uno de los primeros cobros de mordidas por adjudicación de obra pública".

Respecto a la conexión ferroviaria con Granada, ha afeado la "falta de avances" y ha indicado que, "según los propios cronogramas de ADIF, las obras deberían comenzar en 2028, pero a día de hoy ni siquiera están concluidos los estudios previos".

Además, ha advertido de que el PP "teme que este proyecto acabe en un cajón", lo que ha considerado "gravísimo" para el desarrollo económico de Almería, al entender que la conexión con Granada y Antequera es "clave para la vertebración de Andalucía oriental". 

Por ello, el PP ha solicitado información por escrito para conocer la situación de esta infraestructura, que considera "vital para el desarrollo de la provincia".

La diputada 'popular' ha lamentado asimismo que, "mientras se habla de movilidad sostenible en toda Europa, Almería sigue contando con servicios ferroviarios precarios, con trenes que tardan más de siete horas en llegar a Madrid y conexiones con Sevilla que son una auténtica odisea".

A ello ha sumado "averías constantes, limitaciones de velocidad y una falta de frecuencias" que, en su opinión, sitúan a la provincia "en una clara desventaja respecto a otros territorios".

Martínez Labella ha recordado que el PP ha propuesto "medidas compensatorias como la declaración de Obligación de Servicio Público para la línea aérea Madrid-Almería", al tiempo que ha subrayado que "el Gobierno debe asumir su responsabilidad y compensar a los almerienses por los retrasos injustificados en la llegada de la Alta Velocidad". 

"Es el momento de actuar con responsabilidad y de exigir lo que nos corresponde. Almería no puede seguir esperando", ha apostillado.

El certificado de vulnerabilidad para regular migrantes crea dudas y largas colas en entidades y ayuntamientos

 ALMERÍA.- La tramitación de un certificado de vulnerabilidad para acceder al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado largas colas a las puertas de los servicios sociales de los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, entre otros, así como ante las entidades colaboradoras --ONG, sindicatos u organizaciones agrarias-- autorizadas para su emisión, desde las que han planteado dudas sobre la tramitación de dicho documento a lo largo del encuentro mantenido en la Subdelegación de Gobierno.

Fuentes del tercer sector han reconocido que la obtención de este certificado ha provocado una "avalancha" por parte de los interesados, que han acudido a los ayuntamientos, a las organizaciones sociales y otras entidades colaboradoras acreditadas como COAG para conseguir el documento con el que acceder al proceso que finaliza el próximo 30 de junio.

Aunque la regularización exime de certificado a los solicitantes de protección internacional, el resto de los demandantes deben aportar o bien un contrato o precontrato de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia; o bien un documento que acredite la permanencia de unidad familiar con menores o mayores con discapacidad a cargo; o como tercera opción, un certificado que acredite una situación de vulnerabilidad sellado por entidades en materia de asistencia social.

Es precisamente este último documento el que ha generado más controversia en cuanto a su expedición por algunos colaboradores. 

"Nosotros somos una organización agraria, pero no hacemos asistencia social para poder conseguir cuestiones de este tipo", ha explicado el secretario de Organización de COAG en Almería, Antonio Moreno, quien ha apuntado que están a expensas de que desde la Administración se clarifique mediante una instrucción cómo realizar este informe.

Esta circunstancia afecta a otras entidades colaboradoras carentes de servicios de asistencia social, las cuales esperan a que se produzca una novedad o modificación de la norma que allane el camino para dar respuesta a los interesados que se agolpan a las puertas de las sedes para completar su documentación.

"Hasta que no se clarifiquen esos procesos y cómo lo vamos a hacer, nosotros no podemos dar el servicio de ese informe", ha reconocido Moreno ante las colas que han apreciado en algunas de sus sedes en la provincia, como en Roquetas de Mar. 

"Arreglar papeles sí los vamos a arreglar, pero ese informe no lo vamos a poder gestionar hasta que no tengamos claro cómo lo vamos a hacer", ha especificado.

En la misma línea, varios de los participantes en el encuentro han destacado la paradoja existente al no haberse incluido como entidad colaboradora a Cruz Roja; una organización con capacidad para emitir certificado de vulnerabilidad.

 "Tal vez tendrán que cambiar la norma e introducir a Cruz Roja y a otras entidades que se han quedado fuera", han opinado varios de los involucrados en el proceso.

Más allá de las labor de las entidades, los propios ayuntamientos han reconocido un aumento de la demanda en los últimos días, por lo que el Ayuntamiento de la capital ha decidido establecer un refuerzo con ocho funcionarios más que prestarán servicio en el registro general y en la Oficina del Padrón.

Fuentes del Ayuntamiento de Almería han detallado que el objetivo es poder poner en marcha este refuerzo a lo largo de la próxima semana y establecer un itinerario específico para quienes acudan a realizar trámites relativos al proceso de regularización, con un número determinado de citas diarias a las que se podrá acceder el mismo día de manera presencial.

En este sentido, se dejará una segunda vía para los usuarios que acudan a realizar otros trámites, si bien se contempla la posibilidad de establecer un tercer cauce de atención diferenciado para quienes necesiten efectuar trámites relativos a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Aunque desde el Ayuntamiento han negado que se haya producido el cierre de oficinas periféricas, desde el sindicato CSIF sin han asegurado que se ha producido en estos días atrás el "colapso" de algunas oficinas municipales "por la falta de previsión", lo que ha dejado plantillas "completamente desbordadas".

"Estas plantillas no sólo están para gestionar la documentación requerida para este proceso de regularización, sino que deben también deben atender las gestiones ordinarias del resto de ciudadanos", han recordado desde CSIF, desde donde consideran que se ha producido una "falta de planificación de las distintas administraciones" ante un proceso de calado en Almería dado su "alto índice de población extranjera pendiente de regularizar".

El proceso de regularización extraordinario contempla asimismo la posibilidad de atender de forma presencial bajo cita previa gratuita y a partir del próximo lunes, 20 de abril, a los usuarios a través de la Oficina de Extranjería, la sede del INSS y más de diez oficinas de Correos que se reparten en Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, sin que se haya articulado ningún recurso de este tipo en el Levante almeriense.

Conforme al acuerdo suscrito por el Gobierno para la gestión del proceso, tanto la Oficina de Extranjería como la sede de la Seguridad Social contemplan horarios adicionales de entre las 16,00 y 19,00 horas para atender las citas mientras que en las oficinas de Correos solo para capitales y municipios de más de 50.000 habitantes es de 8,30 a 17,30 horas.

El sindicato Sipcte ha alertado ante esta previsión de que Correos afrontará a partir del próximo lunes la atención al proceso de regularización "sin los medios necesarios" y en un contexto "especialmente crítico" ante el arranque de las elecciones andaluzas, por lo que avisan de posibles "colas masivas, retrasos y un grave deterioro del servicio público".

No obstante, desde la Administración central han asegurado que se ha dispuesto el personal "necesario" que se podrá ir "dimensionando" conforme las necesidades, toda vez confían en que el 90 por ciento de la tramitación de la documentación se realice a través de los medios telemáticos dispuestos para la realización de los trámites.

UGT reclama refuerzos urgentes en el Registro, Padrón y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería

 ALMERÍA.- El sindicato UGT se ha unido a las voces que reclaman más medios para poder atender servicios como el Registro, Padrón o Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Almería. El sindicato recuerda que se parte de una situación de "sobrecarga estructural" que ahora se agrava con nuevos trámites administrativos como son aquellos derivados de las elecciones andaluzas y la regularización de migrantes.

UGT Servicios Públicos de Almería ha reclamado al Ayuntamiento de Almería la adopción de medidas urgentes de refuerzo y reorganización para garantizar la correcta prestación de los servicios de Registro, Padrón y Servicios Sociales, que atraviesan una situación de sobrecarga estructural de trabajo agravada recientemente por el incremento de nuevos trámites administrativos.

El sindicato viene alertando desde hace tiempo, a través de escritos y solicitudes formales, de la falta sostenida de personal en estos servicios municipales, una carencia que dificulta ofrecer una atención adecuada y continuada a la ciudadanía y que, lejos de corregirse, se ha visto intensificada en el último periodo.

En estos momentos concurren diversos factores que incrementan de forma significativa la carga de trabajo en estos servicios.

 Entre ellos, la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía, que activa tareas administrativas esenciales; los plazos de matriculación escolar; y, más recientemente, la tramitación de procedimientos vinculados a procesos de regularización, que se suman a los trámites ordinarios y a una acumulación histórica de expedientes derivada de la falta de personal.

UGT recuerda que esta situación no es nueva. En los últimos años, el sindicato ha denunciado la reducción paulatina de personal en los puestos de atención ciudadana, especialmente en las oficinas de Registro, una política que ha derivado incluso en el cierre de dependencias municipales. 

En las oficinas periféricas de La Cañada, El Alquián, Retamar y Cabo de Gata, la plantilla ha pasado de cinco a dos funcionarias para atender a una población que supera los 20.000 habitantes, siendo claramente insuficientes los refuerzos puntuales que se destinan en determinados momentos. 

A esta reducción de efectivos se suma, además, un cambio en los procedimientos y flujos de trabajo municipales, que ha incrementado los tiempos de atención al público, ya que muchos trámites requieren ahora más actuaciones que en etapas anteriores.

Desde UGT se viene advirtiendo de que este déficit de personal, mantenido en el tiempo, exige la adopción de medidas inmediatas, mediante refuerzos temporales y ajustes organizativos, utilizando los instrumentos legalmente disponibles, como el llamamiento a bolsas de trabajo o las adscripciones temporales de personal.

Aplazar estas decisiones, advierte el sindicato, compromete seriamente la correcta prestación del servicio público y traslada a la ciudadanía y a la plantilla las consecuencias de una falta de planificación.Profesionalidad del personal municipal.

Desde UGT se quiere destacar igualmente la profesionalidad, el compromiso y la responsabilidad del personal municipal que presta servicio en estas unidades, intentando atender el mayor número posible de trámites en un contexto de sobrecarga sostenida en el tiempo.

UGT recuerda que el Ayuntamiento, como Administración Pública, tiene la obligación legal de organizar los servicios y dotarlos de los medios personales necesarios para garantizar una atención eficaz, conforme a los principios de eficacia y servicio a la ciudadanía, así como proteger la salud de las personas trabajadoras.

 El sindicato señala que entiende que, en determinados momentos y ante incrementos puntuales de la demanda, puedan producirse colas o tiempos de espera.

 Sin embargo, considera incomprensible y no asumible la falta de respuesta organizativa ante servicios que ya se encontraban expuestos a situaciones de sobrecarga estructural, conocidas y advertidas de forma reiterada.

La ausencia de medidas de refuerzo y reorganización, concluye UGT, está provocando la cronificación de la sobrecarga laboral, la limitación de la atención presencial por falta de personal y un deterioro tanto de la calidad del servicio público como de las condiciones de trabajo del personal municipal, circunstancias que pueden y deben evitarse con una adecuada gestión de los recursos humanos. 

Por todo ello, UGT solicita al Ayuntamiento de Almería que adopte soluciones organizativas y de personal con carácter urgente para normalizar el funcionamiento de estos servicios y garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.

Correos Almería afronta la regularización de migrantes en plena campaña electoral sin refuerzos, denuncia Sipcte

 ALMERÍA.- El sindicato SIPCTE ha alertado de que Correos afrontará a partir del próximo lunes la atención del proceso de regularización de personas migrantes en plena campaña electoral andaluza sin refuerzos, lo que puede provocar colas masivas y retrasos, advierte.

El sindicato SIPCTE ha alertado de que Correos afrontará a partir del próximo lunes la atención del proceso de regularización de personas migrantes sin los medios necesarios y en un contexto especialmente crítico, lo que puede provocar colas masivas, retrasos y un grave deterioro del servicio público.

Este nuevo servicio coincide, además, con la campaña de las elecciones andaluzas, lo que supone un incremento extraordinario de la actividad tanto en oficinas como en unidades de reparto, debido al voto por correo ya en marcha y a las notificaciones a miembros de mesas electorales.

Desde SIPCTE denuncian que esta situación se afronta con una falta estructural de personal y sin refuerzos, hasta el punto de que ya se están viendo puestos de atención al cliente sin cubrir en numerosas oficinas.

El propio representante del sindicato en Almería, Francisco Sabio Rueda, ha comprobado esta misma situación de primera mano en una sucursal de la capital:

“Esta misma mañana me he personado en una oficina y he comprobado esperas prolongadas. De tres puestos de atención, solo había dos operativos, ya que uno de ellos permanece cerrado tras la jubilación de su titular. Correos sigue con su política de no cubrir puestos mientras la carga de trabajo no deja de aumentar”.

Desde el sindicato advierten de que esta falta de personal ya está teniendo consecuencias directas en el servicio:

“Los ciudadanos están pagando sus impuestos para recibir un servicio público digno, y lo que se encuentran son colas y esperas. Y mientras tanto, los trabajadores están completamente desbordados”.

SIPCTE subraya además que la presión sobre la plantilla es creciente, con situaciones en las que ni siquiera se pueden realizar con normalidad pausas básicas durante la jornada, debido al volumen de atención al público.

“Estamos en plena campaña electoral, con todo lo que eso implica, y ahora se suma un servicio masivo. Correos pretende hacerlo sin contratar, y el resultado será un colapso anunciado”, añade Sabio.

El sindicato recuerda que la Inspección de Trabajo ya ha detectado deficiencias en la organización del trabajo y en la carga laboral en centros de Correos, requiriendo medidas preventivas a la empresa.

Asimismo, SIPCTE informa de que ya ha trasladado formalmente esta situación a la empresa, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas efectivas.

“Hemos comunicado este problema a Correos, pero como suele suceder, no se actúa hasta que la situación se hace pública”, concluye Sabio.

Desde SIPCTE anuncian que estarán vigilantes desde el primer día y que denunciarán públicamente las colas, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, así como cualquier situación que afecte tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

La CSIF denuncia el colapso de las oficinas del Ayuntamiento de Almería por la falta de previsión en el proceso de regularización de migrantes

 ALMERÍA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia el colapso de las distintas oficinas dependientes del Ayuntamiento de Almería por la falta de previsión en el proceso de regularización Extraordinaria para Personas Migrantes.

Según critica el sindicato, las plantillas de trabajadores y trabajadoras municipales están completamente desbordadas en los Servicios de Registro Generales, así como en las oficinas periféricas repartidas en los distintos barrios de la capital y también en las oficinas de Recursos Demográficos, entre otras, donde cientos de personas están solicitando de manera presencial la documentación necesaria. 

En este último caso, además, con el volumen de trabajo que supone para la preparación del proceso electoral autonómico.

Asimismo, CSIF afea la falta de planificación de las distintas administraciones para abordar un proceso de este calibre en una ciudad como Almería que tiene un alto índice de población extranjera pendiente de regularizar su situación. 

La central sindical considera que debería haberse dimensionado adecuadamente las plantillas, en este caso municipales, para poder atender el aluvión de solicitudes de las próximas semanas. 

“Los funcionarios y funcionarias se encuentran completamente desbordados y no consiguen dar salida a la enorme cantidad de solicitudes que están recibiendo en estos primeros días del procedimiento puesto en marcha por el Gobierno central.

  “Y no debemos olvidar que estas plantillas no sólo están para gestionar la documentación requerida para este proceso de regularización, sino que deben también deben atender las gestiones ordinarias del resto de ciudadanos y ciudadanas de la capital”, ha explicado CSIF. 

Es por ello que el sindicato exige de manera urgente el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de todas las administraciones implicadas.

 “Entendemos que es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía. Además, se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por estos trabajadores y trabajadoras”, han apuntado desde CSIF. 

Almería se cita el domingo en la Rambla para romper el bloqueo patronal del convenio del manipulado hortofrutícola

 ALMERÍA.- UGT FICA Almería y CCOO Industria de Almería han llamado a las más de 30.000 personas del manipulado y envasado hortofrutícola a concentrarse el próximo domingo 19 de abril, a las 11:00, en el Anfiteatro de la Rambla, para responder con firmeza al bloqueo que mantiene secuestrado el convenio colectivo provincial desde finales de 2024. Año y medio de negociación, 14 reuniones y una propuesta patronal regresiva son el balance de la posición de Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal Almería.

Almería produce riqueza agroalimentaria y la exporta. El envasado hortofrutícola, ligado a la comercialización de frutas y hortalizas con destino europeo, constituye uno de los pilares de la economía provincial. 

Quienes seleccionan, calibran y envasan ese producto en los almacenes, sin embargo, operan con un convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y con condiciones laborales que ilustran la gran paradoja almeriense: una provincia que aporta cifras récord de exportación mientras su clase trabajadora registra algunos de los salarios y del poder adquisitivo más bajos del Estado.

La mesa negociadora se encuentra estancada después de catorce encuentros. La parte empresarial —Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal Almería— ha planteado un bloque que la parte social considera inasumible.

 Sobre la mesa figuran una vigencia del convenio hasta 2030, una primera subida del 2 % aplazada a 2027 y mecanismos de absorción que neutralizarían cualquier crecimiento del SMI por encima de esa cifra.

 A ello se suma la pretensión de elevar la jornada semanal hasta las 48 horas y de duplicar el margen de jornada irregular, pasándolo del 10 % legal al 20 %.

Frente a esa propuesta, CCOO Industria de Almería y FICA-UGT Almería reclaman encajar el convenio en el marco legal vigente. 

La plantilla del sector viene trabajando jornadas muy por encima del estándar legal de 40 horas, con retribución por horas y sin salario mensualizado, lo que deja a muchas trabajadoras pendientes de mensajes de última hora —a veces de madrugada— para conocer el turno del día siguiente. 

La reivindicación es elemental: salario mensual, jornada de 40 horas con irregularidad máxima del 10 % y un incremento del 4 % por encima del SMI, fijado en 1.221 euros al mes en 2026.

El sector del manipulado y envasado hortofrutícola de Almería emplea en torno a 30.000 personas, con un peso mayoritario de mujeres y una proporción significativa de trabajadoras y trabajadores migrantes. Los almacenes funcionan con jornadas largas, turnos variables y tareas repetitivas, y registran una siniestralidad por dolencias musculoesqueléticas —hombros, espalda, túnel carpiano— ampliamente documentada en la literatura sanitaria y en los diagnósticos de la inspección laboral.

La referencia inmediata para la parte social se encuentra en Granada. A finales de 2024, un preacuerdo en el sector vecino incluyó revisión salarial conforme al IPC, abono de atrasos y subidas de entre el 5,8 % y el 7,4 % según categoría, con un precio hora de 9,77 euros.

 Aquel acuerdo, firmado al borde de una huelga en plena campaña navideña, abrió la puerta a la modernización del marco laboral en la provincia vecina y opera ya como umbral mínimo exigible en el resto del territorio andaluz para quienes defienden condiciones homologables.

El encuentro del domingo se presenta como un punto de inflexión. Ambas organizaciones sectoriales buscan medir el ánimo movilizador de una plantilla históricamente dispersa y expuesta al miedo a la represalia. 

Si la patronal no modifica su posición, la vía de la movilización sostenida —con la feria sectorial prevista para el miércoles siguiente como primera parada— aparece como respuesta inmediata ante un bloqueo que ya se prolonga más de quince meses.

Las víctimas mortales por accidentes de tráfico aumentan cerca de un 9 por ciento en Almería durante el último año

 ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido la Comisión de Seguridad Vial donde se analizan los principales datos registrados por la Jefatura provincial de Tráfico en Almería. Junto al jefe de la DGT en Almería, José María Méndez, en este órgano se estudian las principales cifras de la accidentabilidad en la provincia entre las que destacan el aumento de víctimas mortales en un 8,8% durante 2025 con respecto al año anterior.

Si se analiza el conjunto de la siniestralidad, sumando carreteras y vías urbanas, el número total de fallecidos ha pasado de 34 en 2024 a 37 en 2025, lo que supone un incremento cercano al 9%. 

“Un dato que confirma que, aunque se ha reducido la mortalidad en entornos urbanos, el aumento registrado en carretera marca la tendencia global”, tal y como se ha detallado durante la reunión.

En el encuentro celebrado esta mañana han participado representantes de algunos ayuntamientos, de la Diputación provincial, de la Junta de Andalucía y de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico y de Policía Local.

 Martín ha querido dar las gracias “a todos los agentes, entidades y administraciones que velan por la seguridad vial en Almería y que trabajan porque nuestras carreteras sean seguras”. 

 Además, ha explicado que “en la Comisión se desarrollan planes y programas de seguridad vial, definiendo las prioridades y objetivos para los próximos meses”. 

En 2025 se han registrado 668 siniestros con víctimas, 16 menos que en 2024, año en el que se produjeron un total de 684 accidentes.  

En Almería hubo en carretera 25 accidentes mortales, y 29 fallecidos, lo que supone 6 más que en el registro anterior. En vías urbanas se han registrado 8 víctimas mortales el pasado año, frente a los 11 fallecidos del 2024.

Durante la comisión también se han analizado los accidentes donde han estado implicados usuarios vulnerables. En 2025 han fallecido 14 personas pertenecientes a este colectivo, 7 peatones, 5 motoristas y 2 conductores de vehículos de movilidad personal o patinete. Con estos datos se muestra la aparición de nuevas realidades en la movilidad que se deben abordar desde las administraciones con responsabilidad, regulación y concienciación.

Por su parte, el jefe Provincial de tráfico, José María Méndez, ha detallado que “en esta Comisión además de compartir información sirve para coordinar actuaciones y construir estrategias que nos permitan avanzar hacia un objetivo que es reducir la siniestralidad”. Méndez ha explicado que “debemos reforzar medidas que aborden los accidentes en las vías convencionales, la protección de los usuarios vulnerables, la seguridad en horario nocturno y la prevención de los accidentes más graves”.

Méndez ha recordado que “es necesario seguir actuando con todos los medios a nuestro alcance contra las causas de los accidentes y contra los comportamientos de riesgo al volante”, al mismo tiempo que ha señalado “los tres principales motivos de la accidentabilidad que son la distracción, el consumo de alcohol y drogas y el exceso de velocidad”.

Durante la Comisión de Seguridad Vial se han aportado otras cifras como el número de matriculaciones registradas en el año 2025 que asciende a 13.316 vehículos. En la actualidad, el parque móvil en Almería cuenta con 612.408 vehículos y el censo es de 444.232 conductores en la provincia.

La Junta restringe la pesca en el embalse de Cuevas del Almanzora ante la presencia de mejillón cebra

 ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha restringido la actividad pesquera en el embalse de Cuevas de Almanzora, que queda limitada a un tramo a partir de la semana próxima debido a la detección de ejemplares de mejillón cebra, una especie exótica invasora de gran capacidad de dispersión.

En una resolución publicada en BOJA, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha modificado el período hábil de pesca en el citado pantano al tiempo que regula la utilización de medios auxiliares de pesca, incidiendo en medidas de limpieza y desinfección de los mismos.

Así, se cierra la actividad de pesca con carácter general y para todas las especies de forma permanente y hasta que desaparezcan las circunstancias actuales, incluyendo las zonas de canal de remo y laguna litoral, situadas aguas abajo del embalse.

No obstante, sí estará permitida la actividad en un tramo del embalse de unos 1.970 metros de longitud denominado zona Oeste, cerca del municipio de Huércal-Overa, aunque solamente se permitirá el ejercicio de la pesca continental desde la orilla, tanto la pesca libre como los entrenamientos y concursos oficiales de pesca deportiva.

Asimismo, la pesca desde embarcaciones u otros medios auxiliares quedará sujeta a la autorización por parte de las autoridades competentes en materia de navegación, y conllevará la eventual instalación de sistemas o estaciones de limpieza oficiales que garanticen la total desinfección tanto a la entrada como a la salida del embalse.

En cuanto a la pesca desde la orilla, exigirá que se respeten una serie de condiciones: la persona pescadora no podrá introducirse en el agua, ni la silla de pescador podrá tener contacto con el agua; sí se podrán sumergir el sedal, el anzuelo y su flotador o boya y la sacadera, material que deberá desinfectarse tras su uso.

El ejercicio de la pesca únicamente podrá efectuarse bajo estricto cumplimiento de una serie de pautas: tendrá lugar en horario entre la salida y la puesta del sol, salvo competiciones oficiales enmarcadas en el calendario de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva que requieran nocturnidad; será obligatoria la presencia en dichas competiciones de un responsable de velar por el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por esta resolución; y se prohibirá el uso de rejones salvo en determinadas competiciones y siempre observando las referidas medidas de limpieza y desinfección.

Entre las medidas preventivas, se establece la obligación de desinfectar las artes y medios de pesca tras su uso mediante lavado con agua caliente a presión a temperatura superior a 60 grados o mediante inmersión en una solución con lejía, conforme al protocolo recogido en la propia resolución. Estas condiciones deberán cumplirse igualmente antes de la utilización del material en otras zonas de pesca.

Con todas estas restricciones, la resolución se enmarca en las medidas de prevención y seguimiento previstas ante la presencia de especies exóticas invasoras en la comunidad, al tratarse de la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global, sólo por detrás de la alteración de los hábitats naturales.

Este fenómeno no solo tiene un impacto ecológico, sino que también puede generar repercusiones económicas derivadas de la mitigación de daños, el control y la erradicación, además de su incidencia en los recursos hídricos y sus posibles efectos sanitarios.

El caso del mejillón cebra --'Dreissena polymorpha'-- constituye un ejemplo paradigmático de especie invasora, hasta el punto de que ha colonizado de forma sistemática diversas cuencas hidrográficas de la península desde su detección en el río Ebro en 2001.

La capacidad de dispersión de este molusco bivalvo se puede ver favorecida por el transporte accidental de larvas en embarcaciones, equipos de pesca y otros utensilios como rejones, por lo que supone una amenaza y ha motivado la adopción de estas medidas preventivas en el embalse de Cuevas de Almanzora, ubicado en la provincia de Almería.

La UAL dispondrá de 98,05 millones de euros en el primer reparto del modelo de financiación para 2026

 ALMERÍA.- La Universidad de Almería (UAL) dispondrá de 98,05 millones de euros en un primer reparto del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz, según ha informado la Junta en una nota.

Para la Universidad de Almería, de los 98,05 millones de euros que se reparten, 92,85 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.

Asimismo, 2,07 millones de euros se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

Además, cabe recordar que esta institución académica recibió en 2025 un total de 1,83 millones en la partida de nivelación que tiene carácter consolidable.

A todas esas cifras se añaden 2,15 millones consolidables procedentes de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario.

Además, el modelo incluye para la UAL otros 967.168 euros para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En total ambos importes suman 3,12 millones de euros.

Durante la reunión se ha informado favorablemente la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible.

La propuesta planteada para la UAL y para el resto de instituciones ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores. Esta incluye los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal.

Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario.

Con esta medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado.

Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.

Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

Andalucía alcanza en la primera quincena de abril los 3,6 millones de ocupados

 SEVILLA.- Andalucía alcanzó los 3.600.252 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de abril, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el conjunto nacional, el número de ocupados ha superado los 22,1 millones de ocupados a mitad de este mes en sus registros diarios.

En concreto, el día 15 de abril esta serie se situó en los 22.103.509 afiliados, que suponen 242.954 más que a finales de marzo y 490.733 más que un año antes, según los datos recogidos por el Gobierno en una nota remitida a los medios.

Si se analizan los datos en términos desestacionalizados --una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario--, la afiliación registra un aumento de 50.989 en las dos últimas quincenas y alcanza los 22.023.984 afiliados.

 En comparación con un año antes, la afiliación ha crecido en 519.226 ocupados.

Según los últimos datos, el número total de afiliados ha aumentado en 1.183.580 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.736.088 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

La Escuela Andaluza de Salud Pública desarrolla el programa de competencias transversales para residentes del SAS

 GRANADA.- La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), desarrolla un programa de competencias transversales para los residentes de primer año del sistema sanitario público andaluz con el objetivo de reforzar aquellas capacidades que el sistema sanitario considera básicas para el ejercicio profesional de quienes inician su formación sanitaria especializada.

Dirigido a residentes de primer año de distintas especialidades en ciencias de la salud, el programa complementa la formación clínica que reciben durante su periodo de residencia con contenidos orientados a fortalecer competencias profesionales transversales.

Según detallan en un comunicado de prensa, se trata de habilidades que resultan fundamentales para el desarrollo de una práctica asistencial segura, responsable y orientada a la mejora continua de la atención sanitaria.

El itinerario formativo reúne en conjunto más de trescientas horas de formación organizadas en diferentes cursos que abordan en formato virtual, ámbitos clave del ejercicio sanitario. Entre ellos se encuentran contenidos dedicados a la bioética y el profesionalismo, así como al análisis de los principios legales aplicables al ejercicio de las especialidades en ciencias de la salud, cuestiones que ayudan a los profesionales en formación a comprender el marco ético y normativo en el que se desarrolla su actividad.

Los cursos se centran en el desarrollo de competencias digitales aplicadas al ámbito sanitario y en la adquisición de habilidades docentes, de manera que los especialistas en formación puedan participar también en procesos de enseñanza dentro de los equipos sanitarios.

El itinerario se completa con contenidos dedicados a la promoción de la salud y con un módulo centrado en el escenario clínico en urgencias, donde se trabajan competencias transversales necesarias para la toma de decisiones en situaciones de alta complejidad asistencial.

El programa incluye aspectos relacionados con la equidad y los determinantes sociales de la salud, promoviendo una visión amplia de los factores que influyen en el bienestar de la población y en las desigualdades en salud.

Junto a ello, se incluyen contenidos sobre práctica clínica basada en la evidencia y sobre seguridad de pacientes y profesionales, dos pilares fundamentales para garantizar la calidad asistencial dentro del sistema sanitario.

Las competencias vinculadas a la comunicación asistencial y al trabajo en equipo ocupan igualmente un espacio relevante dentro de la formación. Estas habilidades resultan esenciales en un entorno sanitario cada vez más complejo, en el que la coordinación entre profesionales y la relación con pacientes y familias adquieren una importancia creciente.

El programa incorpora además formación en metodología de la investigación, con el fin de facilitar a los residentes herramientas básicas para el diseño, desarrollo y análisis de proyectos científicos.

Del mismo modo, se abordan contenidos relacionados con el uso racional de los recursos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados, fomentando una atención sanitaria eficiente y basada en criterios de valor.

Todos los programas formativos se desarrollan en modalidad virtual, lo que facilita la participación de residentes procedentes de centros sanitarios de toda Andalucía y permite compatibilizar la actividad formativa con la práctica clínica habitual.

Bellido urge al Gobierno un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta 2026 de los municipios andaluces

 SEVILLA.- El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha reclamado al Gobierno de España "la aprobación urgente de un decreto ley que permita actualizar las entregas a cuenta para 2026 que reciben las entidades locales", que están "actualmente completamente desfasadas debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado".

Así lo ha señalado el presidente de la FAMP en un comunicado en el que ha agregado que, según las cantidades que trasladan desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se trata de "un impago a los municipios de 4.280 millones de euros correspondientes a la liquidación de tributos y entregas a cuenta, derivado de la falta de Presupuestos Generales".

Bellido ha advertido que los ayuntamientos andaluces están "trabajando con cantidades basadas en previsiones irreales, lo que está generando serias dificultades en la tesorería para la prestación de servicios públicos esenciales, así como para una correcta planificación económica municipal".

"No es razonable que las entidades locales sigamos soportando un desfase en la financiación que no responde a la realidad actual. Esta situación requiere una respuesta urgente", ha aseverado el presidente de la FAMP, quien ha defendido que Andalucía "no puede seguir esperando la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para corregir esta situación".

De esta manera, y tras la reciente toma de posesión de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, desde la FAMP exigen al Gobierno "un decreto ley inmediato que actualice estas cantidades y garantice la suficiencia financiera de nuestros municipios".

Asimismo, ha remarcado que "ya es hora de que la financiación local reciba la atención que le corresponde", a la vez que ha secundado las palabras de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo (PP), "abogando por abordar cuestiones cruciales como la actualización de las entregas a cuenta 2026, el destino del superávit correspondiente a 2025 o la revisión del régimen de inversiones financieramente sostenibles para permitir su aplicación".

"Todo esto, desde un modelo de interlocución basado en un diálogo real, fluido y sincero, que permita superar la dinámica de aplazamientos y abordar con determinación y lealtad institucional los retos pendientes", han abundado desde la FAMP, desde donde, adem,ás, abogan por "un espacio de trabajo estable y ordinario".

Finalmente, la FAMP ha reivindicado la "necesidad" de "adoptar medidas concretas y hacerlo cuanto antes, para permitir a los ayuntamientos andaluces disponer de recursos suficientes, ajustados a la realidad económica actual".

Hacienda remite la solicitud de ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE para los daños de las borrascas en Andalucía

 SEVILLA.- El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la Península, principalmente a Andalucía.

Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota, el Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros. 

A inicios de febrero, pocos días después del paso de las borrascas, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo solicitaría dicho fondo.

El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe 'de naturaleza grave', que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). 

La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición. El fondo financia parte de ciertos gastos e intervenciones de emergencia ya realizadas, derivadas de catástrofes como la sucesión de borrascas que se registró.

Asimismo, los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a: Restablecimiento de las infraestructuras básicas ( la energía, el agua, la sanidad y la educación); alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural, operaciones de limpieza.

De este modo, una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. 

Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses.

Además, la solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros. El importe asignado a España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.

Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana), que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio, aunque el impacto fue mayor en zonas de Andalucía, toda vez que en el sur peninsular las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020).

Sin embargo, el episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577 mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico, que causó inundaciones "extraordinarias".

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), analizando la precipitación acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como "el segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y entre los más relevantes desde que existen registros (1961)".

Concretamente, en Andalucía el impacto ha sido "severo y transversal", con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente. De esta forma, el impacto humano y material de estas lluvias persistentes e intensas asociadas a las borrascas ha sido severo.

En población (más de 12.400 personas desalojadas y múltiples cortes de suministros básicos, viviendas destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos casos derrumbes totales o parciales). En Infraestructuras y servicios públicos (daños en la red de transportes, con 150 carreteras afectadas, suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave, daños graves en centros educativos, sanitarios, edificios públicos, instalaciones deportivas, municipales y puertos así como la necesidad de efectuar desembalses controlados para preservar la seguridad de las infraestructuras).

Además, en economía (afección masiva a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el aislamiento de polígonos industriales y negocios locales). En patrimonio cultural y natural (afección a bienes de alto valor histórico como castillos y conventos así como deterioros significativos en el entorno natural a causa de las lluvias extremas y los desbordamientos).

En conjunto, la población sufrió situaciones de aislamiento, pérdidas materiales significativas y desplazamientos forzosos, requiriéndose dispositivos de emergencia, albergues temporales y atención continuada.

 Y los daños económicos fueron generalizados y multidimensionales, afectando tanto a actividad pública como privada.

Ante esta situación, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en Andalucía. 

Esta norma ha permitido, entre otras medidas, activar un paquete de ayudas directas para paliar daños personales, en viviendas y enseres, la reactivación económica de autónomos y pymes, medidas de exención fiscal y apoyo financiero a corporaciones locales para obras de reconstrucción

El FSUE nació como respuesta a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002. Desde entonces, se ha mostrado como una herramienta capaz de actuar ante las grandes catástrofes naturales y de salud pública y reflejar la solidaridad europea. 

En España, la primera vez que se activó el Fondo de Solidaridad fue en noviembre de 2003 con motivo de la crisis del Prestige y, desde entonces, se han recibido fondos en ocho ocasiones.

Entre éstas, destaca el terremoto de Lorca en 2011, la Covid-19 en 2020, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en 2022, o la Dana en 2024.

Asimismo, recientemente España se ha beneficiado de este mecanismo, destacando la concesión el año pasado de 946 millones de euros para paliar los efectos de la Dana de 2024, lo que supuso la segunda mayor cuantía otorgada en la historia del Fondo. 

Con esta nueva solicitud, el Gobierno reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas europeas disponibles para acelerar la recuperación de los territorios afectados.

Por último, el Gobierno ha combinado la movilización de recursos nacionales con la activación de los mecanismos de solidaridad europea para la reconstrucción de grandes infraestructuras y servicios públicos.

Lorca solicita a ADIF las condiciones de uso y cotas del suelo que dejará libre el soterramiento para acelerar la construcción de la nueva Alameda Central

 LORCA.- El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presidido esta mañana la reunión urgente de la Mesa del Soterramiento para informar de las principales materias abordadas en la reunión de seguimiento de las obras de integración urbana del ferrocarril y soterramiento, así como de la evolución de la construcción de la línea Murcia-Lorca y Lorca-Almería. 

Dicho encuentro se celebró ayer en la sede de ADIF en Madrid, con la participación del director general de ADIF Alta Velocidad, Luis Llamas, y el subdirector de Construcciones, Pablo de la Fuente, además del concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca.

El alcalde ha manifestado que, a petición del Ayuntamiento de Lorca, ADIF nos va a remitir con agilidad las condiciones de uso de la superficie de suelo que va a quedar libre en el casco urbano una vez queden completadas las obras de soterramiento que están en marcha. 

Se trata de un asunto de capital importancia de cara a emprender el diseño de la nueva Alameda Central que vamos a desarrollar en nuestra ciudad. Estamos hablando de cambiar contaminación, suciedad y ruido por una Alameda llamada a convertirse en un pulmón verde, con espacios para el ocio, la cultura, el deporte, el recreo familiar y, como elemento protagonista, la vegetación: árboles, arbustos y zonas de sombra.

El perfil de esta nueva Alameda Central es el de un espacio liberado que suponía una barrera física que mantenía la ciudad dividida en dos y que mejorará la conectividad entre barrios y la ciudad. Será un pulmón natural que se unirá a las Alamedas y que estará interconectado con la red de carriles bici y vías verdes.

Fulgencio Gil ha explicado que vamos a aprovechar la oportunidad histórica que se nos presenta para redibujar esta zona del casco urbano tras el soterramiento de la trama urbana del ferrocarril. Se eliminará una barrera que partía a Lorca en dos. Incorporaremos espacios verdes, movilidad y equipamientos. Ya no habrá una cicatriz interna que separe la ciudad y los barrios. Esa alameda central se convertirá en un 'cinturón verde' que eliminará la contaminación acústica y ambiental. Una situación que vivieron ciudades españolas como Hospitalet de Llobregat, Logroño o Alicante, y a nivel internacional, Zúrich, Boston o Tokio. En algunos de estos últimos casos no sólo por el soterramiento de las vías del ferrocarril, sino también por el desvío de carreteras. El espacio que dejaron vacantes fue ocupado por vías verdes como la Rose Kennedy, tras el desvío de la interestatal 93 que atravesaba Boston.

El primer edil ha anticipado que desde el Ayuntamiento vamos a emprender una campaña de recogida de propuestas a todos niveles, abierta a la participación de cualquier ciudadano, así como colectivos sociales y empresariales, cuyos detalles daremos a conocer en breve. Se trata de que todos los ciudadanos que deseen aportar sus sugerencias, tengas la ocasión de hacerlas llegar al Consistorio para que puedan ser valoradas y contempladas en esta Alameda Central, construyendo Lorca entre todos. El concurso de ideas es fundamental para este desarrollo.

Cabe señalar que la remisión de estas condiciones de uso y de los datos técnicos sobre cotas y otros aspectos nos va a posibilitar también iniciar los trámites urbanísticos para elaborar el necesario Plan Especial por parte de nuestros servicios de urbanismo, un reto que afrontamos con ilusión, conscientes de las posibilidades de mejora que se nos presentan como ciudad.

Tras plantear desde el Ayuntamiento los problemas que estamos sufriendo los lorquinos en materia de tráfico con motivo de las obras de soterramiento, ADIF nos ha informado que prevén reabrir a la circulación avenida de Santa Clara y el resto de vías urbanas cruzadas por los trabajos de integración urbana antes de que concluya este mismo año.

 Se trata de una medida que contribuirá a descongestionar las arterias del casco urbano, que celebramos y esperamos que se pueda cumplir, puesto que nos ayudaría mucho a mejorar la circulación en la ciudad y la fluidez del paso de vehículos.

A petición de nuestro Ayuntamiento, ADIF va a trasladar al futuro operador de la línea ferroviaria, RENFE, nuestra petición de que la recuperación del servicio de cercanías en la estación de San Diego también incluya la llegada de los trenes de Alta Velocidad. 

Estamos hablando de una reivindicación institucional, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y que cuenta con el respaldo de la sociedad lorquina, puesto que supondría adelantar varios años la llegada del AVE tanto a la comarca del Guadalentín como a las de Almanzora, Vélez y Águilas, beneficiando a más de 300.000 ciudadanos. 

Apelamos a la sensibilidad de RENFE para que esta petición, que responde al sentido común, sea atendida.

En cuanto a la finalización de las obras de soterramiento e integración urbana, se nos comunicó que está previsto que los trabajos estén concluidos a lo largo de 2027, mientras que la recuperación del servicio de cercanías en la estación de San Diego tendrá que esperar hasta otoño de 2027. 

Hemos de recordar que hasta el momento la previsión de ADIF era que los trenes de cercanías regresaran en primavera de este año, tal y como se nos indicó en la reunión mantenida al efecto en febrero de 2024. Lorca carece de este servicio desde el 1 de octubre de 2021. Esperamos que este sea el último retraso, se cumpla la fecha ahora señalada y los trenes vuelvan cuanto antes.

 La reapertura de la conexión ferroviaria con Almería no cuenta con fecha concreta.

Fulgencio Gil ha indicado que ADIF nos informó, además, la previsión del proyecto de obras establecida para la zona de Torrecilla no varía de lo planificado: prevén instalar 3 marcos para el paso de pluviales como estaba previsto en origen y no va a haber viaducto.

 Nos comunicaron que sus estudios técnicos señalan que el drenaje estaría resuelto. Nosotros les trasladamos que vamos a estar junto a los vecinos porque siempre hemos respaldado las reivindicaciones de nuestros ciudadanos en este asunto, las asumimos como propias y cuentan con el apoyo expreso del Pleno del Ayuntamiento.

 Quiero ratificar nuestro compromiso invariable con los vecinos, de donde no nos vamos a mover.

En este encuentro también se abordaron otros temas relacionados con la evolución de estas obras, entre los que destaca la elaboración de un informe por parte del Ayuntamiento en el que se recogerán las afecciones en caminos, carreteras y calles ocasionadas por el intenso paso de camiones de gran tonelaje, que están dañando el pavimento, las aceras y otros espacios urbanos como la zona de las alamedas. Se trata de un documento que permitirá identificar los daños para que sean subsanados, un objetivo compartido por ADIF y el Ayuntamiento.

Agua para Portugal, sequía para el sureste español: el castigo político al trasvase Tajo-Segura

 
https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20260417/agua-portugal-sequia-sureste-espanol-castigo-politico-trasvase-tajosegura_406763.html

Quién es el ceutí Dris Mohamed Amar, el candidato islámico del Partido Andalusí

 
https://www.eldebate.com/espana/andalucia/20260417/quien-ceuti-dris-mohamed-amar-candidato-islamico-partido-andalusi_407679.html

José María Martín sitúa el deterioro de la sanidad y la corrupción del PP como ejes clave de las elecciones andaluzas

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha mantenido una reunión de trabajo con parte de la candidatura socialista a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, en la que ha coordinado las acciones a desarrollar durante la campaña para trasladar a toda la provincia el proyecto del Partido Socialista y de su candidata, María Jesús Montero.

Martín ha asegurado que el PSOE afronta la campaña “preparado y con energía” para presentar a la ciudadanía un proyecto alternativo que permita revertir destrozo de los servicios públicos. 

En este sentido, ha señalado que “la principal preocupación que nos trasladan los almerienses y las almerienses es la sanidad pública, que presenta una situación de deterioro paulatino y progresivo que no podemos asumir como algo normal”.

En este punto, ha hecho referencia a los últimos datos conocidos, que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, con una media de 173 días, lo que supone 52 días más que la media nacional. 

Además, ha subrayado que estos datos reflejan un empeoramiento de los tiempos de espera en los últimos meses, al incrementarse en 13 días respecto a los registrados medio año antes.

Según ha indicado el dirigente socialista, la situación que sufre el sistema sanitario se traduce en dificultades para acceder a una cita en atención primaria, tanto con médicos de familia como con pediatras, así como en largas esperas para consultas con especialistas en toda la provincia.

En este contexto, ha destacado especialmente la situación del Hospital de Huércal-Overa, así como la de otras áreas como el Poniente, donde, a su juicio, los ciudadanos están viviendo “un auténtico drama”, además de recordar que la provincia de Almería presenta un déficit de aproximadamente 1.600 profesionales sanitarios, “lo que agrava aún más la situación”.

De otro lado, ha criticado la actuación del Gobierno andaluz durante este periodo preelectoral, al considerar que se están produciendo visitas institucionales y anuncios que “se asemejan más a inauguraciones”, en contraste con la campaña limpia que pedía Moreno Bonilla, y que, a su juicio, no responden a lo que establece la normativa electoral. 

En este sentido, ha citado como ejemplo la visita anunciada como “técnica” del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, al centro de salud de Benahadux, que además cuenta con una inversión financiada al 100% por el Ministerio de Sanidad.

Martín también ha puesto el foco en el caso de corrupción que afecta al Partido Popular en la Diputación de Almería, del que ha dicho que “no se ha olvidado la ciudadanía”. 

En este sentido, ha recordado que recientemente se ha conocido la apertura de una pieza separada relacionada con la presunta malversación de fondos públicos por parte del expresidente de la institución provincial, vinculada a gastos personales que habrían sido cargados a la Diputación.

El dirigente socialista ha criticado que, ante estas informaciones, el Partido Popular “haya optado por intentar ocultar lo ocurrido”, y ha advertido de que “no se sabe qué más tiene que pasar” para que se asuman responsabilidades y se esclarezca lo sucedido en la institución provincial durante estos años.

Asimismo, ha denunciado la existencia de un “pacto de silencio” desde el primer momento, al reprochar a Moreno Bonilla que se haya negado a impulsar comisiones de investigación tanto en la Diputación como en el Parlamento andaluz. Del mismo modo, ha cuestionado que el PP no haya dado explicaciones ni haya pedido perdón por estos hechos.

El secretario general del PSOE de Almería ha extendido sus críticas a la actuación de otras formaciones, al señalar que “todavía no se ha aclarado” el motivo por el que Vox se retiró de la acusación particular en este caso. 

“No sabemos cuál fue el acuerdo entre Vox y el Partido Popular para que el partido de ultraderecha se retirara de la acusación particular, y ha recordado que la única acusación que se mantiene en este momento es la del Partido Socialista”, ha añadido.

'Adelante Andalucía' pide la paralización de una "macrogranja" de pollos en Pechina al ver un posible "fraude de ley"

 ALMERÍA.- Adelante Andalucía ha solicitado la paralización de la construcción de una "macrogranja" de pollo en Pechina al advertir de un posible "fraude de ley" tanto en el censo como en las condiciones de bienestar animal que se proyectan sobre la instalación "para 39.999 aves".

"Que no se llegue a 40.000 pollos indica que no hay que hacer una evaluación de impacto ambiental por parte de la Junta de Andalucía y que la instalación tenga que cumplir muchos menos requisitos legales", ha explicado en una nota el candidato de Adelante Andalucía por Almería, Diego Crespo.

La formación andalucista de izquierdas ha advertido de la "inviabilidad" del proyecto "por incumplimientos urbanísticos" así como "por su impacto ambiental y en los vecinos de la zona", conforme las conversaciones mantenidas con algunos de ellos.

De este modo, la formación ha presentado un escrito al Ayuntamiento de Pechina en el que da cuenta del supuesto "fraude documental" y de "los graves riesgos ambientales de instalar una explotación avícola industrial en la zona" ante los "problemas de residuos y de agua" junto con "fuertes olores" que se pueden generar en la zona, "próxima" a una residencia de mayores.

"El interés público que alega el Ayuntamiento de Pechina es inconcebible porque ese tipo de industrias, esas macrogranjas, no tienen apenas puestos de trabajo, están altamente mecanizadas, y no va a ser un impacto en materia laboral en la zona", ha añadido Crespo.

Además de la paralización, la formación afirma que también ha pedido un informe de impacto medioambiental por parte de la Junta de Andalucía, que pueda "valorar de forma realista la situación".

 "Desde Adelante Andalucía continuaremos en lucha con los vecinos y seguiremos haciendo cualquier otra cuestión necesaria para que esta macrogranja que puede impactar en la vida de muchos vecinos no se lleve a cabo", ha anunciado el candidato.

La Oficina de Extranjería de Almería abrirá por las tardes con cita previa para presentar solicitudes de regularización

 ALMERÍA.- La Oficina de Extranjería de Almería será la única de Andalucía de entre las habilitadas en España para la recepción de solicitudes de cara a la obtención de autorizaciones de residencia recogidas en el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, de modo que el centro abrirá por las tardes para ofrecer atención presencial bajo cita previa a partir del próximo lunes.

El acuerdo para la gestión del proceso publicado este jueves en el BOE autoriza a la Oficina de Extranjería a ampliar su horario habitual de apertura entre las 16,00 y 19,00 horas, de lunes a viernes, para la recepción de solicitudes por parte de los interesados y o sus representantes a fin de grabar los datos en la aplicación destinada a este proceso. Junto con Almería, se han habilitado oficinas en Madrid, Alicante, Valencia y Murcia.

Los interesados que opten por presentar su documentación por vía presencial podrán ser atendidos a partir del 20 de abril siempre bajo cita previa, la cual se puede solicitar desde este mismo jueves. 

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han incidido en que estas citas son "gratuitas", de modo que no se puede cobrar "por reservar o disponer de una cita presencial".

El personal de las Oficinas de Extranjería procederá a la recepción y grabación de las solicitudes, de modo que asistirán a los usuarios en el uso de medios electrónicos para presentar su solicitud, llevar a cabo la captura de los datos y digitalizar y adjuntar la documentación. 

Este refuerzo en el marco del proceso se mantendrá hasta el 30 de junio, de acuerdo con el periodo abierto para la regularización.

Además, y conforme a la planificación del Gobierno, las solicitudes también se podrán presentar en, al menos, una oficina de la Seguridad Social de cada provincia, en horario de 16,00 a 19,00 horas, así como en al menos una oficina de Correos habilitada en la capital y en municipios de más de 50.000 habitantes en horario de 8,30 a 17,30 horas. 

Dichas sedes aún están por definir.

Para solicitar dichas citas previas, es preciso acceder al portal de la regularización (https://www.inclusion.gob.es/regularizacion) a través de Cl@ve, lo que permitirá seleccionar oficina, fecha y hora; mediante un formulario web. También se ha habilitado el teléfono 060, con atención en español.

La presentación de solicitudes también puede realizarse por vía telemática, de forma que ha quedado habilitada este mismo jueves. 

Este acceso, a través de la misma web, puede efectuarse de forma individual con certificado electrónico, a través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, mediante profesionales habilitados --abogados, graduados sociales o gestores administrativos-- o a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

Maíllo asegura que Moreno "tendría que estar escondido" tras los datos "devastadores" de las listas de espera

 SEVILLA.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha calificado de "devastadores" los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, la demora media se sitúa en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada. En el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es el más alto de España, mientras que las consultas con los especialistas, Andalucía se sitúa en el cuarto lugar.

"Moreno tendría que estar escondido de vergüenza por estos datos", ha afirmado Maíllo en una atención a los medios durante una protestas de la la plantilla de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) ante la Consejería de Hacienda en Sevilla.

El candidato a la Junta ha criticado "la política de propaganda" del Gobierno Andaluz, a la que ha comparado con parecerse "al estilo Trump", para "intentar hacer una narrativa paralela" con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

"Ellos confían en lanzar esa propuesta, hay gente que se la compra y quien quiere creérselo que se la crea. Pero la realidad de la gente del día a día sabe que estamos en una media de hasta 20 días en el médico de cabecera. Y esa realidad, por mucha propaganda que tenga Moreno, no se puede soslayar", ha concluido.

Andalucía registra 173 días de espera media para una operación y 136 para cita con el especialista, según el Ministerio

 SEVILLA.- El Ministerio de Sanidad ha hecho público este miércoles los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía, que sitúan la demora media en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada.

En el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es el más alto de España, por delante de los 142 días de Cataluña; 137 Cantabrias y 135 de Extremadura. Respecto a las consultas con los especialistas, Andalucía se sitúa en el cuarto lugar por detrás de Canarias con 162, Navarra con 152 y Aragón con 138.

En total, en Andalucía, son 199.950 pacientes los que esperan una operación, lo que equivale a que un 23,42% del total de pacientes que están en la misma situación en España (853.509) son andaluces. 

En el caso de las consultas con el especialista, los datos del Ministerio apuntan a que la media de espera es de 127 días frente a los 96 días de la media estatal. El 52,7% de las citas en espera con el especialista superan los 60 días.

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 23,51 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cantabria con 24,92 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cataluña (24,84), La Rioja (23,80), Andalucía (23,51), Asturias (22,12), Valencia (21,96) y Murcia (21,52).

Las listas de espera a 30 de junio de 2025, tanto para una operación como para una consulta con el especialista, reflejaban una situación de demora en Andalucía. 

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza era de 160 días, la cifra más alta de España, por delante de Cataluña (148 días), Extremadura (134), Aragón (131) y Cantabria (128).

En total, en esa fecha, 191.034 pacientes aguardaban una operación en Andalucía, lo que suponía el 22,58% del total nacional (832.728 personas en lista de espera quirúrgica), siendo la comunidad con mayor peso en el conjunto del país. 

En cuanto a las consultas con el especialista, los datos del Ministerio indicaban una media de espera de 127 días en Andalucía, frente a los 96 días de media estatal. Además, el 52,7% de las citas pendientes superaban los 60 días de demora.

Por tasa de población, Andalucía registraba 22,58 pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes. En este indicador, la comunidad con mayor tasa era Cataluña (25,39 por cada 1.000 habitantes), seguida de Cantabria (25,39), La Rioja (22,64), Andalucía (22,58), Murcia (21,74), Extremadura (20,83), Asturias (20,80), Aragón (19,04), Galicia (18,75) y Castilla-La Mancha (17,98).

Más de 88.700 funcionarios andaluces de la Administración General del Estado se beneficiarán de la jornada de 35 horas

 SEVILLA.- Un total de 88.749 funcionarios andaluces de la Administración General del Estado (AGE) se pueden acoger a la jornada de 35 horas semanales una vez que el Gobierno ha dictado una resolución, publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que dicta las instrucciones pertinentes para implantar esta jornada al personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos.

Aunque esta resolución ha entrado en vigor este jueves, en la misma se establece el plazo de un mes para que la AGE y sus organismos dependientes realicen las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario para la implantación de las 35 horas frente a las 37,5 horas establecidas anteriormente.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía, la provincia con más beneficiarios es Cádiz, con 24.976. 

Le siguen Sevilla y Málaga con 19.921 y 12.107, respectivamente. 

En Almería son 7.431; Córdoba, 8.272; Granada, 8.099; Huelva, 4.066; y Jaén, 3.877. 

La llegada de la jornada laboral de 35 horas semanales a la AGE, que el Gobierno calcula que beneficiará a 220.000 empleados públicos, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Las 35 horas no serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que deberán negociar las 35 horas en su ámbito respectivo. 

En Andalucía, hay 338.126 empleados del sector público y en los ayuntamientos, 126.498.

El Gobierno asegura en la resolución que la implementación de esta medida se realizará "garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias".

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 37,5 horas semanales, frente a las 40 horas actuales, "sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio".

 Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características del servicio aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación.

Según la resolución publicada en el BOE, la distribución de la jornada semanal de 35 horas en jornada de mañana se realizará en horario fijo presencial de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

 El tiempo restante hasta completar las 35 horas semanales se realizará en horario flexible, entre las 7,00 y las 9,00 horas de lunes a viernes y entre las 14,00 y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.

En el caso de jornada de mañana y tarde, el horario fijo presencial en el puesto de trabajo será de 9,00 a 16,30 horas de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9,00 a 14,30 horas los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial.

El resto de la jornada, hasta completar las 35 horas o las 37,5 horas semanales en el caso de empleados con dedicación especial, se realizará en horario flexible entre las 7,00 y las 9,00 horas de lunes a viernes, y entre las 16,30 y las 18,00 horas de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes. 

Por último, en jornada de tarde, el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 15,00 a 20,00 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 13,00 y las 15,00 horas, así como entre las 20,00 y las 22,00 horas.

No obstante, los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la jornada en todas sus modalidades.

 Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal.

Durante la jornada de trabajo, los empleados de la AGE podrán disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará como trabajo efectivo. 

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y preferentemente podrá efectuarse entre las 10,00 y las 12,30 horas en el caso de las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial dedicación; y entre las 16,30 y las 19,00 horas en el caso de la jornada de tarde.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, la AGE y sus organismos y entidades dependientes podrán establecer una jornada intensiva, a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8,00 y las 15,00 horas de lunes a viernes. 

En el caso de los empleados y empleadas que realicen jornada solo de tarde deberán realizar seis horas y media continuadas de trabajo entre las 14,30 y las 21,30 horas de lunes a viernes.

Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, siempre que convivan con el solicitante y dependan de éste, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. 

Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.

Igualmente, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, los empleados públicos que tengan a su cargo personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que convivan con el solicitante y dependan de éste. 

En las oficinas que adopten la modalidad de jornada continuada de mañana y tarde, la jornada intensiva de verano podrá desarrollarse entre las 8,00 y las 15,00 horas de lunes a viernes. 

La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano se recuperará en la forma que establezca el correspondiente calendario laboral, respetando en todo caso la duración de la jornada en cómputo anual, precisa la resolución.

La Fiscalía andaluza dice que la nueva norma contra el petaqueo "cumple las expectativas" al castigar esa conducta concreta

 CÁDIZ.- La fiscal delegada Antidroga en la provincia de Cádiz y Andalucía, Ana Villagómez, ha señalado que la nueva norma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar la actividad del transporte de gasolina, conocida en el argot del narcotráfico como petaqueo, "cumple las expectativas porque permite castigar esa conducta de manera aislada independientemente de que esté conectada o no con un delito concreto".

En una entrevista concedida a Canal Sur,  Villagómez ha añadido que además cumple las expectativas porque había ya bastantes procedimientos abiertos, en Cádiz hay unos 80 o 90, por ese delito del artículo 568, que es donde la Fiscalía lo estaba incluyendo, por tanto "el legislador ha dado la razón y da la posibilidad de seguir aplicando ese delito".

En este sentido, cabe recordar que la norma incorpora un apartado 2 al artículo 568 del Código Penal para prever que cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido la pena sea de tres a cinco años de prisión.

A este respecto, Villagómez ha explicado que los fiscales ya estaban incluyendo estas conductas en este tipo penal, aunque la interpretación de los jueces y tribunales "era diversa hasta que llegó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que les ha dado la razón".

Así, ha indicado que ese transporte, tenencia y suministro "no tiene como un elemento que la finalidad sea suministrar a narcolanchas, porque esa es la complicación, no se puede demostrar eso", pero sí que "castiga a quien lleve esa gasolina en condiciones que pueda producir una grave inseguridad ciudadana y peligro para las personas, ahí es donde está esa figura metida".

En la nueva norma al tipificar las penas de tres a cinco años hace que se disminuyan con respecto a lo que venían aplicando hasta ahora. 

En este sentido, Villagómez ha explicado que hasta ahora aplicaban el artículo 568 que castiga la tenencia y transporte de explosivos o sustancias corrosivas, cuyas penas van de cuatro a ocho años, ahora, la nueva norma especifica para este delito la tenencia, transporte y suministro de combustible líquido y lo castiga con penas de tres a cinco años.

No obstante, la fiscal ha subrayado que esa norma les ha "dado la razón porque considera que la gasolina es una sustancia inflamable incluida en este tipo", por lo que "cumple las expectativas porque permite castigar esa conducta de manera aislada" con penas "comparable con la pena para el que lleva hachís en cantidad de notoria importancia".

La importancia del reconocimiento del transporte de gasolina como delito y la posibilidad de castigarlo radica en que se puede penalizar "de manera aislada independientemente de que esté conectada o no con un delito concreto", ya que no es fácil demostrar la intención de que termine ese combustible en las narcolanchas, porque la mayoría de las veces "lo que se descubre son personas que van por una carretera en una furgoneta con gasolina o en una embarcación, y aunque es notorio que van para unas narcolanchas, si no se tiene la narcolancha ni la droga es complicado".

"Si fuese fácil, los acusaríamos de cooperar con un delito contra la salud pública o de un delito de contrabando, porque esas narcolanchas desde el año 2018 se catalogan como género prohibido y es un delito de contrabando el tenerlas, fabricarlas, transportarlas e ir en ellas, pero --en relación al petaqueo--, muchas veces, la mayoría, lo que se descubre son personas que van por una carretera o en una embarcación", ha explicado.

Kallas ve progresos "alentadores" en el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental

 RABAT.- La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha insistido este jueves desde la capital de Marruecos, Rabat, en el apoyo de los Veintisiete al plan de autonomía presentado por las autoridades marroquíes para el Sáhara Occidental, respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y rechazada por el Frente Polisario.

"La UE anunció su cambio de posición a principios de este año. Este cambio refleja los avances importantes logrados en la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llama a negociaciones sobre la base del plan de autonomía presentado por Marruecos", ha declarado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

La dirigente estonia, que ha recordado el apoyo "continuo" de la UE al proceso liderado por la ONU, ha considerado que "los progresos recientes, en particular las conversaciones facilitadas por Estados Unidos junto con las Naciones Unidas, son alentadores", ha declarado acerca del futuro de la antigua colonia española.

Kallas ha hecho estas declaraciones durante su primera visita al país norteafricano en tanto que jefa de la diplomacia europea, si bien ya se vio con Bourita en Bruselas el pasado 29 de enero en el marco del 30 aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y el Reino de Marruecos.

CCOO valora como "una gran oportunidad" la regularización de inmigrantes y destaca su relevancia para el olivar

 JAÉN.- CCOO en Jaén ha valorado como "una gran oportunidad" la regularización extraordinaria de personas inmigrantes y ha destacado la importancia que tiene para sectores como el olivar, fundamental en la provincia.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la secretaria de Políticas Sociales del sindicato, Nuria Navas, una vez que ya está en marcha el citado proceso aprobado por el Gobierno de España.

"En Jaén, sectores como el del olivar o el de los cuidados se sustentan sobre el trabajo de personas que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a trabajar en condiciones de abuso y precariedad", ha dicho, no sin defender que es "una cuestión de dignidad frente a explotación".

Además, ha considerado que regularizar su situación "es un ejercicio de realismo": estas personas ya viven y trabajan aquí y su plena incorporación legal "generará derechos y cotizaciones para toda la sociedad jiennense".

Por otra parte, ha informado de que, "ante el previsible aluvión de solicitudes", el sindicato "actuará como colaborador oficinal en toda la red territorial". De este modo, pone a disposición de la población migrante sus sedes "para informar y tramitar las solicitudes de forma especializada y gratuita".

Navas también ha mostrado "preocupación ante la imposibilidad de tramitar con agilidad" los miles de expedientes previstos hasta el 30 de junio, por lo que exigir los medios necesarios para evitar "un colapso administrativo". 

"Estamos ante un reto de magnitud extraordinaria que requiere una respuesta administrativa a la altura para que nadie se quede fuera de este proceso", ha señalado.

Al hilo, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO-Jaén ha hecho un llamamiento a las personas migrantes para que acudan a puntos oficiales y autorizados, como el sindicato, y para que "no se dejen engañar por redes de fraude".

"Nos preocupa la precariedad y los abusos que hunden los salarios de todos. Con este proceso, buscamos que todas las personas trabajadoras de nuestra provincia compitan en igualdad de derechos y dignidad, sacando de la sombra a quienes ya forman parte de nuestros pueblos y ciudades", ha concluido.