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martes, 9 de junio de 2026

Hacienda traslada a los ayuntamientos su intención de reformar la financiación local después de la autonómica

 MADRID.- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha anunciado este martes que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a los ayuntamientos su intención de reformar el modelo de financiación local después de acometer la revisión del sistema de financiación autonómica.

Así lo ha adelantado la presidenta de la organización municipalista en la Junta de Gobierno de la FEMP, que se ha reunido este martes, donde ha insistido en la necesidad de abordar de forma "simultánea" los sistemas de financiación local y autonómico.

Según ha desvelado la presidenta de la FEMP, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local remitió una carta la pasada semana a la organización municipalista para trasladar su intención de acometer la financiación local después de la autonómica, algo que resulta "frustrante" para la federación.

Sin embargo, García-Pelayo sí que ha celebrado la aprobación del decreto del Gobierno sobre las entregas a cuenta, que también incorpora medidas para la financiación local como destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles.

jueves, 16 de abril de 2026

Más de 88.700 funcionarios andaluces de la Administración General del Estado se beneficiarán de la jornada de 35 horas

 SEVILLA.- Un total de 88.749 funcionarios andaluces de la Administración General del Estado (AGE) se pueden acoger a la jornada de 35 horas semanales una vez que el Gobierno ha dictado una resolución, publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que dicta las instrucciones pertinentes para implantar esta jornada al personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos.

Aunque esta resolución ha entrado en vigor este jueves, en la misma se establece el plazo de un mes para que la AGE y sus organismos dependientes realicen las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario para la implantación de las 35 horas frente a las 37,5 horas establecidas anteriormente.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía, la provincia con más beneficiarios es Cádiz, con 24.976. 

Le siguen Sevilla y Málaga con 19.921 y 12.107, respectivamente. 

En Almería son 7.431; Córdoba, 8.272; Granada, 8.099; Huelva, 4.066; y Jaén, 3.877. 

La llegada de la jornada laboral de 35 horas semanales a la AGE, que el Gobierno calcula que beneficiará a 220.000 empleados públicos, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Las 35 horas no serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que deberán negociar las 35 horas en su ámbito respectivo. 

En Andalucía, hay 338.126 empleados del sector público y en los ayuntamientos, 126.498.

El Gobierno asegura en la resolución que la implementación de esta medida se realizará "garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias".

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 37,5 horas semanales, frente a las 40 horas actuales, "sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio".

 Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características del servicio aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación.

Según la resolución publicada en el BOE, la distribución de la jornada semanal de 35 horas en jornada de mañana se realizará en horario fijo presencial de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

 El tiempo restante hasta completar las 35 horas semanales se realizará en horario flexible, entre las 7,00 y las 9,00 horas de lunes a viernes y entre las 14,00 y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.

En el caso de jornada de mañana y tarde, el horario fijo presencial en el puesto de trabajo será de 9,00 a 16,30 horas de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9,00 a 14,30 horas los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial.

El resto de la jornada, hasta completar las 35 horas o las 37,5 horas semanales en el caso de empleados con dedicación especial, se realizará en horario flexible entre las 7,00 y las 9,00 horas de lunes a viernes, y entre las 16,30 y las 18,00 horas de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes. 

Por último, en jornada de tarde, el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 15,00 a 20,00 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 13,00 y las 15,00 horas, así como entre las 20,00 y las 22,00 horas.

No obstante, los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la jornada en todas sus modalidades.

 Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal.

Durante la jornada de trabajo, los empleados de la AGE podrán disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará como trabajo efectivo. 

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y preferentemente podrá efectuarse entre las 10,00 y las 12,30 horas en el caso de las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial dedicación; y entre las 16,30 y las 19,00 horas en el caso de la jornada de tarde.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, la AGE y sus organismos y entidades dependientes podrán establecer una jornada intensiva, a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8,00 y las 15,00 horas de lunes a viernes. 

En el caso de los empleados y empleadas que realicen jornada solo de tarde deberán realizar seis horas y media continuadas de trabajo entre las 14,30 y las 21,30 horas de lunes a viernes.

Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, siempre que convivan con el solicitante y dependan de éste, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. 

Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.

Igualmente, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, los empleados públicos que tengan a su cargo personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que convivan con el solicitante y dependan de éste. 

En las oficinas que adopten la modalidad de jornada continuada de mañana y tarde, la jornada intensiva de verano podrá desarrollarse entre las 8,00 y las 15,00 horas de lunes a viernes. 

La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano se recuperará en la forma que establezca el correspondiente calendario laboral, respetando en todo caso la duración de la jornada en cómputo anual, precisa la resolución.

martes, 3 de marzo de 2026

Técnicos y responsables de Junta y Diputaciones apoyan municipios ante déficit de interventores, tesoreros y secretarios

 SEVILLA.- Técnicos y responsables políticos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y las ocho Diputaciones provinciales se han reunido este martes en unas jornadas para aunar esfuerzos y coordinar el apoyo a los consistorios "ante el déficit de plazas de interventores, tesoreros y secretarios municipales", puestos que solo pueden ocupar funcionarios habilitados nacionales y que convoca el Estado.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, es uno de los principales problemas para los municipios, con especial incidencia en los más pequeños, que intentan paliar los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de las Diputaciones y la Junta, que desde esta legislatura cuenta con una bolsa autonómica de interinos para agilizar la cobertura temporal de estos puestos.

En contexto, las jornadas, celebradas en la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y organizadas por la Secretaría general de Administración Local, responden al compromiso del Gobierno andaluz con el municipalismo "para garantizar que todos los ayuntamientos, con independencia de su tamaño o capacidad administrativa, puedan ejercer sus competencias con seguridad jurídica, solvencia técnica y estabilidad institucional".

Por su parte, el director del IAAP, José Loaiza, ha dado la bienvenida a los participantes junto a la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos, quien ha subrayado la importancia de la cooperación, la lealtad institucional y la búsqueda de soluciones compartidas para ayudar a los ayuntamientos.

Según la Administración regional, para ello, estas jornadas, que se celebran por primera vez, ofrecen un espacio de análisis, reflexión y trabajo conjunto a través de mesas redondas y talleres prácticos en los que participan profesionales de los Servicios de Asistencia a Municipios de las Diputaciones y de la Consejería, tanto de la Secretaría de Administración como de la de Función Pública.

Asimismo, Ceballos ha valorado el "papel fundamental" que cumplen los SAM de las Diputaciones pasa el asesoramiento jurídico y económico de los consistorios, especialmente en los municipios más pequeños, y ha abogado por la cooperación con estos desde la Junta para facilitar la cobertura de puestos reservados a funcionarios habilitados nacionales y mecanismos de coordinación con los municipios "que les permitan afrontar el resto estratégico que supone la escasez de plazas".

Bajo este contexto, en Andalucía hay 1.546 puestos reservados a estos funcionarios habilitados nacionales y más del 47 por ciento (736) no tienen titular y están cubiertos de manera provisional, debido al retraso en las convocatorias estatales. Incluso 216 pequeños municipios comparten a estos profesionales.

Para Ceballos, "resulta imprescindible que el Gobierno de España garantice una dotación suficiente de plazas de funcionarios habilitados de carácter nacional para Andalucía, asegurando una planificación equitativa que responda a las necesidades reales del territorio y evitando cualquier desequilibrio o desigualdad entre comunidades autónomas".

En esta línea, la secretaria general ha precisado que, para paliar esta situación, en la actual legislatura se ha creado como herramienta la bolsa andaluza de interinos que permite cubrir temporalmente plazas vacantes con aspirantes que han superado sin plaza uno o varios exámenes en las Ofertas de Empleo Público que convoca el Estado. 

El pasado 24 de febrero se publicó la bolsa con 390 aspirantes han aprobado alguno de los exámenes de la OEP 2023/24 y que han solicitado estar disponibles para cubrir vacantes de manera temporal en Andalucía.

En concreto, la bolsa de interinos para tesoreros está formada por 84 aspirantes, la de secretarios cuenta con 58 y la de interventores con 248. Los listados, ordenados por la puntuación obtenida en la OEP fijada por el Ministerio, están disponibles en 'https://lajunta.es/6cet4'.

Según la Junta, los ayuntamientos que lo deseen podrán solicitar a la Secretaría General de Administración Local un nombramiento interino con personas integrantes de estas listas autonómicas. 

Cuando se produzca una vacante, se anunciará en la web de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las personas integrantes de las listas tendrán cinco días hábiles para comunicar su voluntad de ocupar dicha vacante.

Así, la selección se realizará por el estricto orden de puntuación. 

Además, para facilitar el conocimiento y difusión, se dirigirá un correo electrónico a todas las personas integrantes de la bolsa de la subescala correspondiente a efectos puramente informativos.

viernes, 31 de octubre de 2025

Murcia acoge el primer encuentro de los órganos económico administrativos locales del sureste

 MURCIA.- La ciudad de Murcia ha acogido esta semana el encuentro de los órganos económico administrativos municipales del sureste, máximos revisores de la actividad municipal en materias tributaria, recaudatoria y sancionadora.

El Consejo Económico Administrativo de Murcia ha sido el anfitrión de una intensa jornada de trabajo en la que han participado los tribunales y consejos de Alicante, Cartagena, Granada, Albacete, Lorca, Elche y Almería.

En este encuentro, el Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado la importancia de estos organismos que constituyen "un instrumento de garantía y protección ciudadana".

De esta forma, la reclamación ante el Consejo constituye un recurso previo al procedimiento en vía judicial ante el Contencioso - Administrativo, permitiendo a los ciudadanos la revisión de las mismas de forma gratuita, sin necesidad de contar con abogado o procurador y dotándoles de una justicia administrativa cercana, imparcial y eficiente.

La jornada de trabajo ha permitido a los representantes de estos organismos poner en común las problemáticas y asuntos comunes a los que se enfrentan, así como su metodología de trabajo y los medios de los que disponen. Esta cumbre ha tratado también los retos a los que se enfrentan y la transformación digital.

Se busca con ello mejorar el funcionamiento de consejos y tribunales, así como conocer y poner en común las soluciones adoptadas en cada municipio ante las materias más comunes de estudio.

Entre los temas que se han abordado, se encuentra la respuesta ante la solicitud de exención en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocida popularmente como la plusvalía en aquellos casos en que se acredita la inexistencia de dicho incremento.

Asimismo, se ha tratado también la problemática en la determinación del sujeto pasivo del ICIO o los criterios de determinación del coste real y efectivo.

Los participantes han destacado que ha sido un encuentro muy provechoso y ha permitido aunar criterios y generar importantes sinergias, por lo que se ha acordado dotar de continuidad a esta primera jornada.

Reflejo de ese compromiso es la constitución de un comité con el objetivo de fomentar la celebración de estas jornadas de forma periódica. Los participantes han aprovechado su estancia en la ciudad para visitar la misma y disfrutar de enclaves patrimoniales como el Real Casino o Madina Mursiya.

La importancia del Consejo Económico Administrativo de Murcia se refleja en su doble función consultiva y resolutoria. 

En el marco de las primeras realiza dictámenes sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y elabora estudios y propuestas en materia tributaria, mientras que las segundas incluyen el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público emanados de los distintos órganos municipales.

Se constituye el Consejo como un instrumento de garantía y protección ciudadana, con un porcentaje de estimación total o parcial cercano al 25 por ciento. 

Las más de 20.000 resoluciones adoptadas en sus 17 años de historia han servido para configurar una doctrina propia que ha unificado criterios interpretativos, así como han contribuido a la evolución regulatoria municipal en los distintos reglamentos y ordenanzas que han sido objeto de estudio por parte del CEAM.

El Consejo está constituido por personas de reconocido prestigio personal y profesional, estando presidido por Eduardo Martínez-Oliva y contando con tres miembros decisorios asistidos por la secretaria del mismo.

A estos se suman los exalcaldes con al menos cuatro años en el cargo que acepten la designación como vocales consultivos, que participan en la emisión de dictámenes, informes y estudios.

jueves, 14 de agosto de 2025

Ayuntamiento, Diputación y Junta se unen para mejorar el sendero entre Costacabana y El Alquián

 ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía se han aliado para llevar a cabo una actuación en aproximadamente un kilómetro tanto del sendero GR-92, de titularidad estatal y que une todo el litoral de la provincia, como de su entorno para favorecer la movilidad sostenible.

El objetivo es "reducir el riesgo de incendios", ya que la zona se encontraba con un "peligroso exceso de vegetación y residuos", según han indicado las instituciones en una nota conjunta.

El Consistorio, a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, se ha encargado de gestionar y solicitar los permisos a la Junta que, a su vez, ha tramitado las correspondientes autorizaciones con la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Diputación, por su parte, se ha encargado de financiar la actuación y ejecutar la actuación con su maquinaria.

Se trata de una zona muy transitada por viandantes y ciclistas que en la actualidad se encuentra cerrada por el "exceso de la vegetación, repleta de residuos e inseguridad". Esto obliga a que las personas que usan dicho sendero tengan que circular por la carretera Al-313, que apenas dispone de arcén ni de biondas de protección frente a los turismos.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido la colaboración institucional "para llevar a cabo una actuación que era una reivindicación vecinal y que además responde a uno de los compromisos que tiene el Ayuntamiento con los almerienses, que es rehabilitar todos aquellos senderos urbanos que puedan conectar toda la ciudad para recorrerla andando, de una manera sostenible y fomentando una movilidad activa".

Vázquez ha destacado que estos trabajos "van a resolver los problemas de inseguridad, ayudarán a prevenir incendios y protegerán este entorno natural por el que cada día transitan muchos vecinos y visitantes", al tiempo que ha avanzado que "el objetivo municipal es seguir abriendo caminos y senderos naturales para conectar la capital con La Fabriquilla".

De hecho, la regidora almeriense ha avanzado que, tras esta primera actuación, "el Consistorio ya está trabajando en una segunda que incluirá señalética, pasarelas de madera y la renovación del vallado existente, entre otras acciones".

El diputado de Fomento en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que "desde la Diputación de Almería, y en concreto desde el Área de Fomento, estamos encantados de colaborar con el Ayuntamiento de Almería, tal y como lo hacemos con el resto de municipios de la provincia".

"Esta es precisamente la misión y la razón de ser de la Diputación: prestar apoyo a los ayuntamientos que lo solicitan, poniendo a su disposición nuestros recursos y nuestro parque móvil de maquinaria para llevar a cabo actuaciones que repercuten directamente en el bienestar de los vecinos", ha precisado.

De esta manera, Rodríguez ha agradecido "la colaboración del Ayuntamiento de Almería, estamos llevando a cabo una obra que no solo beneficia a la capital, sino también al conjunto de la provincia, recuperando un espacio para el disfrute de vecinos, turistas y senderistas. Se trata de una actuación que concluirá a primeros de septiembre, coincidiendo con una época ideal para pasear por estos senderos".

"Desde la Diputación de Almería seguimos trabajando por Almería y reafirmamos nuestra disposición a colaborar con los 103 ayuntamientos de la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses", ha añadido Rodríguez.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, ha dado la enhorabuena a todas las administraciones implicadas por "esta iniciativa" y por "el compromiso con el cuidado y el entorno natural". "Almería es una joya natural y un lugar propicio para fomentar los hábitos de vida saludables a través de estos senderos", ha manifestado.

martes, 28 de enero de 2025

La Junta y el Ayuntamiento de Almería sancionan con 1.850 euros al 'Dreambeach' por el polvo y los desbroces en el recinto

 ALMERÍA.- La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería han emitido sendas sanciones que suman 1.850 euros a la empresa organizadora del macrofestival de música electrónica Dreambeach, celebrado en el barrio residencial de El Toyo en agosto del pasado año, ante las infracciones detectadas en el mes de marzo durante las labores previas de adecuación del terreno.

En concreto, fuentes del Gobierno andaluz han confirmado que se ha interpuesto una sanción de 1.100 euros por una infracción "grave" a la empresa a la que se abrió un expediente por "incumplir" parcialmente la autorización ambiental concedida para la ejecución de los trabajos, al no atender las condiciones establecidas para el desbroce de los terrenos y las medidas preventivas para no levantar polvaredas.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad señaló en su acuerdo adoptado el pasado mes de octubre el incumplimiento de la autorización concedida respecto a los riegos durante los trabajos de desbroce y el enterramiento de los restos vegetales sin entregar a gestor autorizado, si bien tras los respectivos requerimientos, la empresa procedió a acometer las medidas solicitadas.

En este sentido, desde la Administración autonómica se acordó imponer una sanción prácticamente en su "cuantía mínima" ya que, aunque los desbroces enterrados fueron posteriormente entregados a un gestor autorizado, quedaron "ciertos restos de residuos varios cuya obligación de retirada se mantiene".

Los agentes de Medio Ambiente comprobaron ante el inicio del expediente el "entierro no autorizado" de los "restos vegetales" procedentes de las tareas de desbroce, toda vez que advirtieron que no se estaba "aportando riego a la zona desprovista de vegetación", lo que provocaba "emisiones de polvo debido al viento"; una cuestión que también motivó un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento.

Así, el 15 de marzo de 2024, los agentes de Medio Ambiente ya hablaron con el encargado de la empresa denunciada "para que llevara a la zona una cuba de agua para el riego de los terrenos" y, de este modo, "evitar que se levantara polvo como estaba ocurriendo" el día en el que se levantó el acta de denuncia.

Precisamente, la empresa alegó ante el Ayuntamiento de Almería que dicha contratación se llevó a cabo el día 18 de marzo, aunque no justificó el despliegue de medidas en días sucesivos en los que se comprobó, por parte de la Policía Local, que las emisiones de polvo continuaban.

En este sentido, el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética ha confirmado una sanción leve con un importe de 750 euros por el polvo generado durante las labores de acondicionamiento del terreno donde se celebraron los conciertos.

La junta de gobierno local acordó el pasado 30 de diciembre desestimar el recurso de reposición interpuesto por la organización frente a la resolución adoptada el pasado mes de octubre por una vulneración de la ordenanza municipal de limpieza y espacios públicos y recogida de residuos.

En concreto, según han avanzado además varios diarios locales, el Ayuntamiento estima que la empresa no adoptó las medidas preventivas necesarias para evitar suciedad en la zona de los trabajos, en este caso, la generación de grandes cantidades de polvo fruto de los movimientos de tierra realizados.

Si bien la empresa aseguró que había contratado una empresa especializada para hacer los trabajos de adecuación y riego del terreno desde el 18 de marzo del pasado año, el Ayuntamiento considera que no se demostró "de manera suficiente" que a 1 de abril del mismo año se hubieran desplegado dichas medidas en base a las imágenes de polvo en suspensión captadas en la zona.

"El análisis de los partes de trabajo y la documentación aportada no acredita que dichos trabajos se realizaran con la frecuencia o intensidad necesarias para evitar la generación de polvo en la vía pública", expone ante las fotografías aportadas al expediente correspondientes a los días 21 y 22 de marzo.

Según el informe de la Policía Local, el polvo en suspensión afectó en su mayor parte al núcleo de población de El Toyo, "especialmente la zona este, que incluye la Avenida de los Juegos Mediterráneos y calles adyacentes, siendo la más próxima al recinto del Dreambeach y extendiéndose por un área aproximada de 320.000 metros cuadrados", con el consiguiente "perjuicio ambiental y social".

El Ayuntamiento defiende así la "proporcionalidad" de la sanción al entender que "un solo día de polvo en suspensión puede ser suficiente para provocar efectos inmediatos en la salud de las personas cercanas, sobre todo para aquellas con afecciones respiratorias preexistentes".

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Unos 20 secretarios, interventores y tesoreros de la provincia con más de 30 años de servicio son homenajeados

 ALMERÍA.- El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Almería (Cosital) ha entregado este miércoles una medalla conmemorativa a una veintena de colegiados que cumplen 30 años de servicio en la administración más cercana a la ciudadanía.

El acto se ha celebrado en el salón de plenos del Palacio Provincia en el marco de la doble celebración que Cosital ha efectuado por los cien años de la creación del cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación nacional y, de forma paralela, por su asamblea anual. También se han entregado distinciones a los nuevos colegiados.

En una nota, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, acompañado por los diputados provinciales Eugenio Gonzálvez y Álvaro Izquierdo, ha valorado el trabajo de los colegiados que han recibido una medalla conmemorativa.

"Es un merecido homenaje a secretarios, interventores y tesoreros que han dedicado su vida laboral al municipalismo, a hacer posible que la administración más cercana a la ciudadanía, como son nuestros ayuntamientos, cumplan con eficacia sus funciones, y de forma especial en los municipios más pequeños donde hay que duplicar esfuerzos", ha estimado.

Además, el presidente ha anunciado que Cosital recibirá el Escudo de Oro de la Provincia en un "solemne y emotivo acto" que se celebrará en el Palacio Provincial a principios de 2025.

"Es un reconocimiento al compromiso de estos trabajadores con la administración local y toda la sociedad", ha apuntado García. El Escudo de Oro de la Provincia se otorga a aquellas personas, instituciones o entidades que por su entrega, dedicación y esfuerzo han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Almería.

Por su parte, la presidenta de Cosital, María José Pérez, ha dado las gracias de forma especial a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, entre otras instituciones y personas, por su implicación en hacer posible la realización de esta jornada.

Del mismo modo, ha destacado que "este colectivo de funcionarios está celebrando su 100 aniversario y por eso desde la Junta de Gobierno se consideró la entrega de esta medalla como reconocimiento por ese trabajo silencioso que es el mundo local con sus innumerables problemas, malos ratos y satisfacción cuando vemos que los problemas se resuelven y que los ciudadanos están satisfechos".

La jornada conmemorativa por el centenario de la Habilitación Nacional y la Asamblea Anual de Cosital se ha celebrado en la Diputación de Almería entre los días 10 y 11 de diciembre.

Además de los reconocimientos, los colegiados han tenido la oportunidad de establecer foros de debate y análisis en torno a temas como la inteligencia artificial como motor de la transformación digital en las entidades locales, con una mesa redonda titulada 'De la máquina de escribir a la IA: evolución y futuro de la gestión pública', entre otras actividades.

martes, 7 de mayo de 2024

‘La Administración cerca de ti’ recorre 4.100 kilómetros en Almería y gestiona 1.134 trámites en 68 municipios


ALMERÍA.- ‘La Administración cerca de ti’, el programa puesto en marcha por el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Asuntos Económicos, junto con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha recorrido un total de 4.138 kilómetros en la provincia desde septiembre del pasado año y realizado 1.134 trámites.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que “se trata de un programa del Gobierno de España dirigido a facilitar la gestión de trámites y prestaciones a personas que residen en pequeños municipios de hasta 8.000 habitantes y que en Almería ha atendido a 1.014 personas de 68 municipios de la provincia”. 

Martín Fernández ha explicado que “los equipos de la Unidad de Registro de Almería, encargados de la puesta en marcha de esta medida, han gestionado 277 certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y 857 cl@ves”.

En su intervención, el subdelegado ha asegurado que “La Administración cerca de ti ha venido a reforzar la cohesión social y territorial, a combatir la brecha digital y a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos”. 

En este sentido ha dado a conocer que “gracias al certificado digital o la cl@ve los ciudadanos pueden realizar trámites en el Punto de Acceso General, acceder al Registro Electrónico General, al Registro Electrónico de Apoderamientos, obtener el certificado de delitos de naturaleza sexual o el certificado de antecedentes penales”.

Tras recorrer buena parte la provincia, a partir de ahora los equipos se desplazarán a una localidad cuando se demande por parte de los municipios.

Para finalizar, Martín ha querido agradecer la labor desempeñada durante este tiempo por los funcionarios de la Unidad de Registro de la Subdelegación del Gobierno de Almería y de los conductores que también han formado parte de este programa.

viernes, 3 de mayo de 2024

Constituida la Comisión de Participación del Fondo de Transición Justa de la provincia de Almería

 ALMERÍA.- La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido la constitución de la Comisión de Participación del Fondo de Transición Justa (FTJ) de la provincia de Almería.

Posteriormente se ha celebrado la primera reunión de dicha comisión, en la que también han participado el secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet; el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García; el diputado provincial,  Antonio Jesús Rodríguez y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández.

Aránzazu Martín ha recordado que el Gobierno andaluz aprobó el pasado 29 de enero el Decreto de la Consejería de Industria, Energía y Minas de Transición Justa que articula un abanico de instrumentos de apoyo económico, administrativo y medidas facilitadoras para el impulso de nuevos o renovados ecosistemas industriales en la provincia de Almería.

Entre ellos se encuentra la concesión de 57,3 millones en incentivos para mantener actividades industriales y crear otras nuevas que compensen el tejido productivo perdido en la provincia de Almería, una de las más afectadas de España por, fundamentalmente, el desmantelamiento de la central térmica de Carboneras, junto con Cádiz y Córdoba. El montante total autonómico de los incentivos es de 169 millones de euros.

La comisión constituida hoy es un órgano colegiado de participación social que tiene la finalidad de identificar y dar transparencia a las actuaciones que se desprenden del decreto relativo a la Transición Justa a través del impulso de ecosistemas industriales sostenibles en la provincia de Almería.

La delegada ha explicado que las propuestas de las mesas de estrategias y los acuerdos que se tomen en ella se elevarán a la Comisión de Planificación y seguimiento de Sevilla.

El secretario general de Industria, Cristóbal Sánchez, ha señalado que “la industria en Andalucía, como la industria europea, está en un proceso de transición ecológica, transición digital” y estos fondos de Transición Justa “son una buena oportunidad  y así se está planteando en la comisión de hoy para impulsar la reindustrialización de sectores y el impulso de sectores en esta transición ecológica y de aprovechar otras oportunidades industriales y energéticas”.

“Por esto teníamos claro y así lo hemos podido ir constatando en el desarrollo del diseño de los proyectos tractores que hoy se traen a la Comisión, que el sector de la piedra natural y el mármol está en un momento clave de transformación también y de transición hacia ese modelo sostenible; que el hidrógeno verde, es también una oportunidad industrial de primera magnitud para la provincia de Almería y que sin duda, el ámbito Agrotec y la industria para la agricultura de alta productividad supone también una enorme oportunidad industrial que se quiere ayudar a aprovechar también con estos fondos de Transición Justa”, ha incidido Cristóbal Sánchez.

En Almería son tres los proyectos tractores que se han identificado con los agentes principales industriales de la provincia y que se han llevado a la comisión. Se trata de la “Reindustrialización y aumento de las capacidades industriales del sector de la piedra y el mármol”, a través de la digitalización, automatización y robotización del sector, introduciendo prácticas sostenibles, diversificando e impulsando el talento.

Otro proyecto tractor se refiere a la “Innovacion y Sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura almeriense a través de la tecnología, reciclaje y  capacitación”. 

 Y el tercero es el denominado “Hidrógeno verde y sus derivados como vector de la descarbonización y de competitvidad empresarial”.

“Para todos ellos tenemos marcada una hoja de ruta – ha manifestado Martín - que iremos cumpliendo poco a poco, con la ayuda de todos los agentes sociales y de las numerosas pequeñas y medianas empresas que han colaborado con nosotros en todas las mesas técnicas que hemos llevado a cabo para impulsar estas actuaciones”.

Por último, se ha referido la delegada a una parte “muy importante en estos Fondos de Transición Justa que es la parte formativa. El desarrollo industrial y los nuevos proyectos deben ir acompañados de una formación adaptada a las necesidades industriales" para conseguir el objetivo de “reducir los datos de desempleo en la provincia de Almería”.

sábado, 13 de enero de 2024

Los ayuntamientos de la provincia de Almería recibirán más de 54 millones de fondos de la 'Patrica'


ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha destacado este sábado que se vuelven a incrementar las partidas para los ayuntamientos de la provincia de Almería, que contarán en 2024 con más de 54 millones de euros de financiación incondicionada o Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma).

En un comunicado de la Junta, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Casquet, ha señalado que concretamente serán 54.172.197 euros, frente a los 52.903.428 de 2023, lo que supone un aumento de 1.268.768 euros.

Según ha apuntado, la administración andaluza mantiene de este modo la senda de crecimiento reflejado desde 2019, y ha añadido que este hecho, además de potenciar la capacidad de los ayuntamientos de la provincia, "demuestra que el Gobierno de Juanma Moreno actúa con hechos para que todos los municipios tengan los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad a sus vecinos".

"Se está desmostando un compromiso de la administración regional con el municipalismo ya que la dotación de la participación en la Patrica ha experimentado un aumento notable en los últimos seis años, superando los 180 millones de euros a nivel andaluz; incrementando las partidas destinadas a nuestros ayuntamientos, y cambiando la política socialista anterior de congelación de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma", ha incidido el delegado.

Asimismo, ha recordado que entre 2012 y 2018, "antes de la llegada del actual presidente de la Junta, la Patrica estuvo congelada, sin aumentar nada de nada".

 "En cambio, desde 2019 hasta ahora ha ido creciendo cada año, con la excepción de 2022, año en que PSOE e IU votaron en contra y lo impidieron, pero afortunadamente este año no podrán impedir que los ayuntamientos cuenten con más recursos", ha dicho.

También se ha referido al Plan de Cooperación Municipal (PCM) de 2024 de la Junta de Andalucía, que por sexto año también se ha aumentado, llegando a los 2.113 millones de euros. 

"El aumento de la dotación del plan ha sido de 970 millones desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta, casi mil millones, un 85,2% más que en 2018", ha apuntado.

sábado, 28 de marzo de 2020

CCOO pide a la Junta que pague los salarios en los contratos de prestación de servicios con la administración

SEVILLA.- CCOO de Andalucía ha remitido este sábado una carta a las consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de Educación y Deporte, así como al Gabinete de Crisis de la Junta por el coronavirus en la que solicitan a la administración autonómica que se comprometa a garantizar los costes salariales en aquellos contratos de prestación de servicios con la Junta que hayan quedado sin actividad debido al decreto de estado de alarma, incluso en aquellos casos en los que los servicios se prestan con copago por parte de las personas usuarias.

A la Consejería de Educación, el sindicato hace una petición expresa a que las subvenciones destinadas a las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. De esa manera, CCOO cree que se podrá mantener la red de centros que prestan el servicio para la atención del
alumnado, durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención de la Covid-19.
El sindicato cree que si la Junta de Andalucía no se compromete a garantizar los costes para que estas empresas contratistas a su vez puedan pagar los salarios a sus trabajadores y trabajadoras, será imposible que cumplan con las condiciones establecidas en el Decreto-Ley para la percepción de las subvenciones, en relación al anuncio realizado ayer por la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno
central, Yolanda Díaz, de supeditar las ayudas y subvenciones a empresas al mantenimiento del empleo.
CCOO de Andalucía cree que "si el Gobierno central está disponiendo medidas que pueden ayudar a paliar las dramáticas consecuencias" económicas, laborales y sociales que se van a derivar de esta crisis, el Gobierno andaluz "no puede dejar a los andaluces y andaluzas en la estacada". 
Por eso, creen que "debe empezar por lo tiene en su mano de forma más inmediata: garantizar el empleo de las empresas
concesionarias y contratistas que dependen en sus ingresos de la Junta de Andalucía".

sábado, 29 de febrero de 2020

El Gobierno empieza a pagar a los funcionarios la nueva subida del sueldo

MADRID.- Las nóminas de febrero del personal de la Administración General del Estado han incorporado ya el incremento salarial del 2%, con efectos desde el 1 de enero, correspondiente a la subida en las retribuciones de 2020 aprobada por el Consejo de Ministros a principios de año.

El resto de administraciones públicas también están incorporando esta actualización, según ha informado CSIF en una nota, que reclama iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo de mejoras salariales.
Tras la aprobación del techo de gasto para 2020 por el Congreso de los Diputados, CSIF cree que es el momento de iniciar estas conversaciones, así como la nueva oferta de empleo público que deberán incorporar los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en la Cámara Baja, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se mostró partidaria de alcanzar un nuevo acuerdo de mejora en las condiciones laborales de los empleados públicos.
CSIF mantiene la necesidad de recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5% y el 10% que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde entonces, que sitúa entre el 12,9% y el 17,9%.
Asimismo, reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de la economía, con el fin de blindar las nóminas de los empleados públicas y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo.
En España hay 2,57 millones empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, de acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019.
El resto se reparte entre la Administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042).

lunes, 24 de febrero de 2020

España dispara la cifra de funcionarios: 42.000 más en un año, 327.000 desde 2014

ZARAGOZA.- España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso del término -el de empleado público-, aunque bajo esa denominación genérica se incluye un abanico que va desde el funcionario de carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o temporal, pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas públicas y entes que dependen de las administraciones central, autonómica o local, según Abc. 

Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que poner a dieta para aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo que perdió lo ha vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena a la ralentización que sufre la economía.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos. Son 42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a finales de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza el número de asalariados en el sector público.
El grueso de ese aumento corresponde a las autonomías. Lo han hecho, además, con un masivo desembarco de interinos, no de funcionarios de carrera con plaza en propiedad tras la preceptiva oposición. Según la EPA, en el último quinquenio el sector público español ha incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados fijos.
El dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por las condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función pública como para la aprobación de las plantillas- los contratos interinos deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son la norma.
Ahora bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta injusto. Porque no todas las administraciones han incurrido en aumento de plantillas en estos años. Las responsables casi exclusivas han sido las autonomías.
La EPA calcula que, desde 2014, los gobiernos regionales han engordado sus plantillas, en su conjunto, con 261.900 empleados públicos más; 61.600 han sumado las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares-; las empresas y entes públicos han aumentado 14.400 efectivos; y, sin embargo, la Administración Central ha perdido 5.300 empleados, y la plantilla de la Seguridad Social ha prescindido de 5.100 funcionarios.

En una perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre cómo ha evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho el privado.
El análisis de los datos de la EPA deja un dato especialmente revelador al respecto: el sector privado tiene 532.000 asalariados menos que en 2007, justo antes de la crisis; el sector público, sin embargo, tiene 284.000 más que entonces.
Dicho de otra forma: mientras la empresa privada española está todavía muy lejos de recuperar las cifras de empleo que presentaba antes de la recesión, en la Administración el número de efectivos ha ido a más, y con holgura.
Esto tiene una consecuencia directa en términos económicos: el coste que lleva aparejada la expansión del número de asalariados en el sector público, unido al efecto de los incrementos de sueldo que se han ido produciendo en los últimos años. Y todo esto cuando el déficit sigue constituyendo un serio problema en las cuentas españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda pública que arrastra el país.

El profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos que tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público español.
De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos años un informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español junto al de otros países y que llamó la atención sobre el intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de una multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos dotado de gruesos cuerpos burocráticos.
«Ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera... Es un hecho preocupante».



La organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde- incide directamente en la mayor o menor facilidad con la que se encuentran los emprendedores para invertir, hacer negocios, crear empresas y empleo. Es algo que analiza periódicamente el Banco Mundial en su informe «Doing Business», con el que elabora un ranking de países, ordenados de mayor a menor según que lo pongan más o menos fácil para hacer negocios. 
En el último ranking, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la lista, mientras que España está relegada al puesto número 30, por detrás de países como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón, China, Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.
En definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el sueldo de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial para el emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una burocracia creciente suele ir acompañada de mayores escollos administrativos para el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un tercer factor: lo difícil que resulta adelgazar plantillas en el sector público .
España es un buen ejemplo de lo sencillo que resulta agrandar la lista de empleados públicos, pero lo resistente que es la administración a la hora de adelgazar su estructura. En 2008, cuando estalló la crisis, el sector privado se apresuró a recortar plantillas. En solo un año, en 2008, las empresas prescindieron de casi 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ese mismo año el sector público siguió engordando, igual que al año siguiente, y también en 2010.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a dieta los gastos de personal.
Pero esa austeridad no duró mucho: en cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes públicos.







lunes, 17 de febrero de 2020

El 57, 7% de empleados públicos trabaja para las administraciones autonómicas

MADRID.- El número de trabajadores adscritos al sector público ascendía a 2.595.575, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los que el 57,7 % trabajaba para la administración autonómica, el 19,8 % para la estatal y el 22,4 % para las entidades locales.

Hasta julio de 2019, en la administración pública estatal había 513.954 efectivos y casi tres veces más en la autonómica -1.499.304-, en tanto que la local ocupaba a 582.317 personas.
Andalucía es la que más personal emplea en total, 460.175, de los que más de la mitad, 269.807, son personal de la comunidad autónoma, 126.597 para la local y 83.771 para la estatal.
Le sigue Madrid, con 387.338, y es en este territorio donde la administración central tiene su plantilla más numerosa, 150.280, aunque es superada por la regional, 182.359.
La segunda administración regional con más empleados, tras Andalucía, es Cataluña, con 204.861, y, en proporción, el volumen de trabajadores de la administración central es pequeño, con 25.866.
Dentro de las comunidades uniprovinciales y al margen de Madrid, la administración autonómica con más trabajadores es la de Murcia, con 55.716, mayor que la de Asturias (41.440), Baleares (30.317), Extremadura (49.489), Cantabria (23.069), Navarra (26.511) y Aragón (52.707).
Pero la administración regional que tiene menos efectivos es La Rioja, donde hay 11.608 empleados, solo por delante de los que prestan servicio en Melilla (1.269) y Ceuta (1.512).

sábado, 21 de diciembre de 2019

Los sueldos en España: ¿cuánto gana de media un empleado público en España?

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica periódicamente una radiografía completa de cómo están, de media, los salarios en el mercado laboral español. El informe desvela un sinfín de datos curiosos. Por ejemplo, ¿cuál es el salario medio en España? ¿O cuánto cobra de media un empleado del sector público?, se pregunta elEconomista.

1.944,4 euros mensuales. Este es el salario medio mensual en España (en términos brutos) correspondiente a 2018 -el último dato disponible-. Fue, en concreto, un 2,9% superior al de 2017 (o 55,4 euros superior). 
Según cuenta el INE, el 30% de los asalariados españoles recibió el año pasado un salario bruto mensual superior a los 2.187,2 euros, mientras que otro 30% ganó menos de 1.260,9 euros. El 40% restante percibió un salario bruto mensual entre 1.260,9 y 2.187,2 euros. (Fuente tabla: INE)

Sector público vs. privado

Al comparar los sueldos del sector público y el sector privado hay toda una serie de datos destacados. El primero de ellos es que el salario medio en el sector público alcanzó en 2018 los 2.654 euros brutos, mientras que en el sector privado se situó en los 1.772 euros. 
Estadística también cuenta que el 61,8% de los asalariados del sector público tuvo un salario bruto mensual superior a los 2.187 euros en 2018. En este apartado el INE incluye todo tipo de Administraciones Públicas y empresas públicas y tanto los trabajadores adscritos a Mutualidades como los que cotizan a la Seguridad Social. El porcentaje correspondiente en el sector privado fue del 22,3%.
Según recoge el INE, el mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores en el sector público, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad son los factores que determinan la mayor concentración en salarios altos en dicho sector.

Sí, ganan más los hombres

Teniendo en cuenta el global y sin hacer distinciones entre el sector público y el privado, el salario medio de las mujeres en 2018 fue de 1.708 euros, mientras que el de los varones alcanzó los 2.161 euros. Si algo demuestran los datos de Estadística es que los hombres ganan más que las mujeres. Entre los varones se registra una mayor concentración de salarios altos. 
Pero todo tiene una explicación: una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan más a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mucha mayor proporción que los varones. 
Así, el 35,1% de los hombres ingresó más de 2.187 euros el año pasado, frente al 24,5% de las mujeres. En cambio en los salarios bajos ocurre al contrario. El 41% de las mujeres tuvo un salario inferior a los 1.260,9 euros, frente al 19,7% de los varones. 

Pesa la experiencia

Sin duda, la mayor proporción de contratos indefinidos, la antigüedad y la experiencia laboral determinan el mayor nivel salarial entre los trabajadores de mayor edad. Igualmente, la mayor proporción de trabajo a tiempo parcial y de contratos temporales y la menor antigüedad explican el menor nivel salarial entre los grupos más jóvenes. 
El salario medio bruto se incrementa con la edad, pasando de los 1.091 euros que, en promedio, percibieron los jóvenes de 16 a 24 años, hasta los 2.205 euros de los asalariados de 55 y más años. 

¿A qué se dedica?

Los salarios más bajos se concentran en el grupo de Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (86%) y en el extremo contrario de la tabla figura el de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

¿Cuánto gana un temporal / indefinido?

Los contratos temporales tienen salarios más bajos que los indefinidos. El 48,5% de los asalariados con contrato temporal percibió un salario inferior a los 1.260,9 euros en 2018, mientras que el porcentaje correspondiente de los asalariados indefinidos fue del 23,4%.
El porcentaje de asalariados con contrato indefinido que recibió salarios superiores a 2.187 euros fue del 36,3% frente al 12,4% de los asalariados con contrato temporal. 

Distribución por comunidades

La estructura productiva existente en las comunidades autónomas tiene una gran influencia sobre su nivel salarial. De esta forma, las que tuvieron una mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco (43,7% de asalariados con salarios por encima de 2.187,2 euros mensuales), Comunidad Foral de Navarra (39,9%) y Comunidad de Madrid (39,1%).
En el lado opuesto, las comunidades con mayor porcentaje de asalariados concentrados en deciles bajos (sueldos por debajo de 1.260,9 euros) fueron Extremadura (40,5%), Andalucía (38,0%) y Canarias (36,1%).

martes, 22 de octubre de 2019

Sale adelante el decreto que reparte 5.000 millones a autonomías y ayuntamientos

MADRID.- El real decreto ley que permitirá a las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) y a los ayuntamientos disponer de más de 5.500 millones de euros, por las entregas a cuenta, ha sido aprobado este martes casi por unanimidad de la Diputación Permanente. Todos los grupos han votado a favor de la convalidación, menos Bildu, que se ha abstenido.

La aprobación del decreto ley en el último trimestre del año y en precampaña ha conllevado duras críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de "tirar la casa por la ventana" ante el nerviosismo electoral, si bien han explicado el voto a favor en la necesidad de acabar con el "secuestro de recursos" a comunidades (4.682 millones, les tocan en este reparto) y ayuntamientos (821).
Ante estos reproches, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ante "la parálisis", el Gobierno ha dado respuestas "en el momento en que ha sido posible" y lo ha hecho de manera "responsable" y ante una situación "inédita" como es "la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un gobierno en funciones".
Montero ha dejado claro que en ningún momento la prestación de servicios públicos en comunidades autónomas ha estado comprometida ni la actualización de las entregas a cuenta está vinculada "a ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar".
En el debate, el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha considerado que el real decreto ley es el "colofón de una tragedia" en varios actos y ha acusado al Gobierno de recurrir en este asunto a "la manipulación y las medias verdades".
Garcés ha señalado que el "primer acto" va desde el 1 de enero hasta las elecciones del 28A, período en el que, según el PP, ya se podía haber aprobado y el "segundo acto", con un Gobierno constituido hasta la convocatoria del 10N cuando el Ejecutivo se escudó en un informe de la Abogacía del Estado "que no aparecía, y no tenemos".
Por su parte, el portavoz económico de Cs, Marcos de Quinto, ha asegurado que el decreto "no es una solución si no un mero parche" y ha reprochado al Gobierno la "bochornosa gestión" que ha puesto de relieve su "hipocresía" con cambios de criterio "según les convenía" y el "ventajismo político" exigiendo una investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos.
Desde Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez Reino ha acusado al Gobierno de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo", si bien ha justificado el voto a favor de su grupo en la necesidad de acabar con el "secuestro" de recursos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

lunes, 14 de octubre de 2019

El Gobierno no subirá el sueldo a los empleados públicos mientras esté en funciones

MADRID.- La subida anual de los empleados públicos deberá esperar a que exista un Gobierno "con funciones plenas". Así lo han comunicado desde Presidencia del Gobierno a los sindicatos en una carta, que ha podido consultar eldiario.es, en la que en nombre del presidente Pedro Sánchez se reitera el compromiso con la subida salarial pactada con los sindicatos para 2020, pero se especifica que se "deberá contar con funciones plenas". 

Según la carta remitida desde Presidencia del Gobierno, fechada el pasado 8 de octubre, el Ejecutivo socialista dice estar "firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con plenas funciones".
Desde el sindicato CSIF, que ha comunicado a los medios la carta del Gobierno, valoran "el gesto" del Ejecutivo, que ha respondido a la misiva que le enviaron de forma conjunta CCOO, CSIF y UGT con esta cuestión, aunque lo consideran "insuficiente". 
El sindicato de funcionarios exige a Sánchez que se garantice "la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos". En este sentido, desde CSIF pide que el presidente se comprometa con los empleados públicos "al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones". 
Pedro Sánchez anunció en un acto de cara a las elecciones del 10 de noviembre su promesa de subir las pensiones según el IPC en diciembre. Aunque el presidente en funciones se ha referido a su confianza en que para finales de diciembre se haya formado un Gobierno con plenas funciones, es posible que no sea así y el compromiso de diciembre está sobre la mesa. 
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, también ha insistido en que para finales de año confía en que se haya formado Gobierno y, si no es el caso, recordó que existe la posibilidad de aprobar la medida por real decreto-ley si se justifica la urgente necesidad y el interés general. 
Los acuerdos alcanzados sobre el salario de los empleados públicos (bajo mandato del Gobierno del PP) contemplan una subida del 2% para 2020, a la que se sumaría una adicional del 0,3% proveniente de fondos adicionales y otro 0,55% en función del cumplimiento del déficit.
A estas se sumaría un alza adicional que dependerá del crecimiento económico de 2019 y que oscila del 0,2% (si la economía crece el 2,1%) al 1% (si avanza el 2,5% o más).

El año pasado se subió por decreto-ley

Hay que recordar que el Gobierno socialista aprobó la subida salarial de los funcionarios para este 2019 vía real decreto-ley en diciembre de 2018, una medida anunciada para un simbólico Consejo de Ministros celebrado en Barcelona a finales de año, en el que también se aprobó el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales
En esta ocasión, con el Gobierno en plenas funciones, Pedro Sánchez recurrió a esta vía de urgencia y necesidad tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que no contemplaban por tanto el incremento pactado para 2019. 
El decreto-ley en cuestión recogía el su introducción la justificación de urgencia y necesidad, dado que sin su aprobación "a partir del 1 de enero de 2019 se congelarían las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación".

Respuesta a CCOO, CSIF y UGT

El Gobierno rechaza así en su carta garantizar la subida salarial para evitar "un nuevo atraso" en los compromisos alcanzados con los representantes de los empleados públicos debido a las elecciones, como le habían solicitado los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en otra misiva remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 18 de septiembre.
En la carta, los sindicatos sostenían ser "conscientes de las limitaciones jurídicas que provoca esta situación de interinidad", si bien exigen que "se busquen las soluciones normativas necesarias para garantizar los incrementos salariales pactados para 2020". Además, reclaman "el correcto desarrollo de los acuerdos alcanzados, especialmente en materia de empleo".
Por su parte, CCOO ha convocado una concentración el próximo jueves ante la Secretaría de Estado de Función Pública para reclamar al Gobierno que cumpla con el incremento salarial pactado, así como que desarrolle las ofertas públicas de empleo (OPE) y los planes de igualdad en la Administración Pública, entre otros pactos.
Para UGT, de no llevarse a cabo estas mejoras, puede haber "graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos, ahondando en su deterioro y marginando nuevamente a los trabajadores de las diferentes Administraciones". Por ello, reclaman que, "en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos", se les aplique "la subida salarial acordada para 2020".
En la misiva, el Gobierno asegura compartir el diagnóstico de que "una Administración fuerte, con medios suficientes y un empleo público con derechos es fundamental para asegurar y prosperidad de España".
Asimismo, el Ejecutivo dice que es consciente "del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de restricciones presupuestarias y de personal".

viernes, 4 de octubre de 2019

La batalla de los 30.000 interinos andaluces contra los opositores, que exigen exámenes


SEVILLA.- Si sale adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), admitida a trámite por el Parlamento de Andalucía, con los votos a favor del PSOE, sobre la estabilización del empleo público temporal en la Junta de funcionarios interinos en la Administración General, de Justicia, Educativa y Sanitaria, muchos interinos ganarían la batalla a quienes quieren oposiciones . 

¿Qué significa esto? Se trata de una iniciativa promovida por un grupo de diez interinos —para la que han conseguido 50.000 firmas de apoyo—, que trabajan en la Administración andaluza desde hace 30 años, y en la que piden que su colectivo obtenga su plaza como funcionario sin tener que hacer un examen de oposición, sino mediante un sistema de concurso que se base en la valoración de méritos, es decir, en su experiencia en años trabajados. Si saliese adelante, puesto que solo se ha dado el primer paso, aproximadamente 30.000 interinos de la administración autonómica podrían conseguir su plaza
Esta iniciativa ha desatado prácticamente una guerra de los funcionarios y opositores contra los interinos, no solo por los perjuicios que les causaría, sino porque la consideran "anticonstitucional", pues esa proposición rompe con el principio de igualdad a la función pública que dicta la Constitución. "Nos partimos los cuernos durante años para ser funcionarios y ahora ellos pretenden serlo sin coger un libro y habiendo tenido numerosas oportunidades para conseguir su plaza", crítica Sandra S., funcionaria andaluza, en conversación con El Español.  
Solo en la Administración General, donde trabaja Sandra, esta iniciativa perjudicaría a casi 20.000 funcionarios de carrera. Básicamente, pondría del revés todo. Los funcionarios quedarían relegados cuando quisiesen pedir un traslado de puesto o ascender verticalmente, frente a los méritos "que puede tener un interino que ha trabajado durante 30 años por una serie de negligencias, que deberían ser únicamente algo extraordinario", denuncia esta sevillana.  
Con la palabra "negligencia", Sandra hace mención a respaldo político. Según explica, esta situación ha sido generada por el anterior Gobierno socialista en Andalucía, que contaba "con una cantidad de interinos inasumible". "Fueron lo más mediocre cuando entraron, era muy fácil acceder a la función pública, y los han estado renovando continuamente. Los interinos no están actualizados jurídicamente, ni preparados en general; saben que es muy difícil competir ahora contra lo mejor de lo mejor en las oposiciones". 
Pero si hay un gran perjudicado es el colectivo de opositores, como Carlos P. Pues de aprobarse esta iniciativa, serían muchas menos las plazas que la Junta de Andalucía podría ofertar para ser funcionario de carrera. Este sevillano no hace otra cosa que no sea estudiar. "Empiezo a las 08.00 hasta las 14, descanso, empiezo a las 16.00 hasta que me voy a dormir", relata a este diario. "Pero, ¿para qué? Si luego se le otorga el derecho de ser funcionario a un interino sin haber cogido un libro", crítica. 
Esta proposición, además, ha sido un jarro de agua fría para miles de opositores que se encuentran actualmente en medio de un proceso selectivo para la Adminsitración sanitaria andaluza. En su caso, ya han superado la fase de oposición (el examen) y ahora se encuentran en la fase de méritos, pero aún así se podrían ver igualmente afectados por una disposición de la ILP. Una jugarreta que podría quitarles la plaza, obtenida de manera legal

Fraude de ley 

"A mitad de nuestro proceso nos hemos visto sorprendidos por la admisión a trámite de dicha iniciativa legislativa, donde nos hemos encontrado una disposición que señala que si los procesos selectivos en los que estamos inmersos no finalizan antes de la aprobación de la ILP -cosa que sabemos que es posible que ocurra, ya que ha habido procesos selectivos que han durado hasta 3 años-, las plazas que hemos ganado de forma legal, a través de un examen y posterior concurso, con el acuerdo de la administración, sindicatos y todos los que pagamos nuestras tasas de examen, serán automáticamente para los interinos, simplemente porque sí, con cero sustento jurídico", explican en la petición de apoyo popular que han publicado en Change.org
Estos interinos, según denuncia esta pareja sevillana, han tenido un gran numero de ocasiones para presentarse a las oposiciones, pero ni siquiera se molestaban en ello "porque sabían que les iban a seguir manteniendo". "Ahora dicen que trabajan por la mañana y tienen menos tiempo para estudiar, menos tiempo tiene un camarero que se mata por las noches a estudiar para tener un futuro mejor. ¡Igualdad de mérito y capacidad!", sentencian ambos. 
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), su secretario de Comunicación, Alfonso Calabuig, considera que esta medida es "totalmente injusta e inmoral", aunque tiene la "convicción de que no va a prosperar". 
Más allá de que afecte a funcionarios y opositores, este funcionario insiste en que la ILP perjudica al propio servicio público, porque así nunca contará con los mejores profesionales, sino con los más antiguos y menos preparados. "Esto es fraude de ley. Son interinos, que no vengan con que han aprobado un examen, eso solo es una minúscula parte de todo lo que supone hacer una oposición", critica. 

Sus defensores 

Por otro lado, los defensores de esta iniciativa, que ha salido adelante en el Parlamento andaluz con 50 votos del PSOE, y 57 abstenciones de PP, C's y VOX, justifican su tramitación —en el documento de la ILP que han presentado— por el gran número de interinos inexistentes como consecuencia de no haber "afrontado con acierto" las limitaciones presupuestarias a nivel estatal. 
También alegan el "abuso en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de Administraciones Públicas de España", tal y como indican, exponen en el texto, numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
De este modo, con esta iniciativa se persigue, por una parte, "elevar los estándares de calidad" y, por otro, evitar una posible avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnizaciones por despido. 

miércoles, 2 de octubre de 2019

La CSIF lamenta la destrucción de 28.888 empleos públicos en septiembre

MADRID.- El sindicato de los empleados públicos, CSIF, ha lamentado la destrucción de 28.888 empleos públicos en septiembre, así como la alta tasa de temporalidad, que supera ya en casi dos puntos a la del sector privado.

En un comunicado y tras conocerse que el número total de desempleados se situó en septiembre en 3.079.711, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Central Sindical Independiente de Funcionarios ha avisado de que se han perdido 14.812 empleos en la Administración Pública y 14.076 en la Sanidad.
Incide en que en el sector de la Educación, "tan solo" se han recuperado en septiembre 45.521 empleos de los 221.669 perdidos a lo largo de los meses de junio, julio y agosto, y ha afirmado en que estos datos muestran el "envejecimiento de las plantillas y la estacionalidad del empleo" que afecta a los servicios que recibe la ciudadanía.
CSIF ha considerado que los partidos tendrán que abordar este problema en sus propuestas de cara a las próximas elecciones generales, y ha criticado la actual parálisis política que "ha impedido impulsar una nueva agenda de mejoras en las administraciones".

domingo, 2 de junio de 2019

Autonomías y ayuntamientos copan la mitad del gasto público, un 23% más que hace dos décadas

MADRID.- En 1995, autonomías y ayuntamientos eran las responsables de un tercio de todo el gasto público español, en torno a un 35%. En 1998 ya alcanzaban el 40%, y el año pasado sumaron el 50%. En un par de decenios, las administraciones territoriales han arrebatado al Gobierno central el control del gasto público del país, revela hoy Abc

Las autonomías han engordado a costa de la Administración General del Estado que, además -y por lo mismo-, ha perdido fuerza a la hora de dirigir las cuentas públicas en su conjunto, por ese poder reforzado que tienen los gobiernos regionales.
Sin contar el abono de los vencimientos de la deuda, las autonomías se gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, y 69.419 millones las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares-.
Las administraciones territoriales han agrandado un 23% su porción en la tarta del gasto público español, que es la que le han arrebatado al Gobierno central. En realidad, las entidades locales tienen prácticamente la misma porción que a mediados de los 90, pero el gasto público que está en manos de las autonomías es casi un 60% mayor. 
Y ese poder presupuestario que han acumulado las autonomías ha ido en detrimento del Gobierno central. En 1995, Moncloa tenía en su mano el 65% de todo el dinero que consumía el sector público; ahora alcanza a duras penas el 50% y, además, ha tenido que financiar la deuda autonómica cuando esta ha puesto en jaque a las administraciones regionales.
El Estado es quien responde en último término de las cuentas autonómicas, pero lo tiene complicado para meterlas en cintura. «Eso es consecuencia directa de cómo está montado el sistema constitucional del Estado de las Autonomías», del margen de maniobra que les otorga y del poder que han acabado asumiendo, explica Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. 
A raíz de la crisis, el Gobierno llamó al orden a las administraciones territoriales. Como demuestran las cifras de saneamiento y gasto, la disciplina sí surtió efecto en los ayuntamientos, pero quedó desdibujada en el paisaje autonómico. En el último decenio, han sido notorios los casos de gobiernos regionales que han incumplido -algunos de forma gruesa y sistemática- los objetivos económicos fijados por el mismo Estado que les socorre.

El galope de la deuda

En los diez últimos años -de 2009 a 2018-, los gobiernos regionales han tenido que pedir prestados 388.440 millones de euros para poder hacer frente a todo lo que han gastado. De todo ese dinero que han recibido al debe, algo menos de la mitad -178.324 millones- lo han dedicado a pagar los vencimientos de la deuda atrasada.
El resto, más de 210.000 millones, han sido para enjugar los números rojos en los que se instalaron hace año las administraciones autonómicas, por gastar sistemáticamente más de lo que ingresan.
Cuando azotó la crisis, ésta puso en evidencia a las autonomías que más habían incurrido en los excesos -con Cataluña en el pelotón de cabeza-. Incapaces de financiarse por sí mismas, el Estado les evitó la quiebra acudiendo en su rescate. Así llegaron los mecanismos extraordinarios de financiación -FLA, Plan de Pago a Proveedores, Facilidad Financiera...-, que también acabaron ayudando a los ayuntamientos. 
Esos mecanismos consiguieron lo más urgente -esquivar la debacle y poner a salvo a las autonomías que se tambaleaban-, pero algunos expertos critican que no sirvieron para reconducir estructuralmente los excesos de las administraciones regionales. «Aquel primer ‘‘rescate’’ se repitió luego varias veces y, desde entonces, parece que hay de nuevo vía libre», indica Pampillón. 
A su juicio, tras el auxilio financiero inicial que se dio a las administraciones territoriales, el Estado debería haber sido más estricto y haber dejado que fueran esas administraciones las que asumieran sus responsabilidades. 
«Cada palo debe aguantar su vela, y las autonomías que quieran gastar más allá de lo convenido por el conjunto del Estado deberían saber que no lo harán sin asumir un coste político», afirma. 
Pampillón plantea que las administraciones incumplidoras tengan que solucionar su exceso de gasto con un aumento de los impuestos. Así, «los ciudadanos sabrían realmente lo que les cuesta la gestión política de su respectivo gobierno territorial». 
Gastar da votos; subir los impuestos, no. El problema, afirma Pampillón, es que hasta ahora el exceso de gasto de las autonomías no se nota lo suficiente en los impuestos, porque las autonomías optan por cubrirlo con endeudamiento.

Exceso de estructuras

En lo peor de la crisis, cuando habían saltado todas las alarmas, se puso sobre la mesa la necesidad de adelgazar los entramados públicos para reducir el gasto. Pero, pasado aquel momento crítico, el asunto ha quedado en un segundo plano y hace años que las autonomías volvieron a aumentar su gasto. Sin contar vencimientos de deuda (amortizaciones), los gobiernos regionales gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, 16.000 millones más que en 2013.
Es un nuevo aumento del gasto estructural, en el que destaca el apartado de personal -las autonomías han engordado sustancialmente sus plantillas en los últimos años-. 
«Parte de esos gastos son muy necesarios, porque tienen que ver con la educación y la sanidad públicas -que son competencias que gestionan las comunidades autónomas-, pero también hay cantidad de empresas públicas y organismos de lo más diverso que han ido creando los gobiernos autonómicos y que en muchos casos son totalmente prescindibles», indica este catedrático de Economía. 
Son entes que han tejido una extensa «administración paralela» controlada por los gobiernos autonómicos, un entramado más difícil de fiscalizar, más manejable y generosamente nutrida en personal y presupuestos.
«Hay muchas entidades que en absoluto están justificadas, hay duplicidades entre administraciones y hay un exceso de entramados mientras se sigue produciendo déficit y continúa creciendo una deuda que es fundamental contener», indica Rafael Pampillón, quien advierte del riesgo que supone el endeudamiento público que acumula España. 
En primer lugar, porque el multimillonario coste que tiene en concepto de intereses y, en segundo, por el impacto que tendría si se desencadenara un nuevo escenario como el que se produjo tras estallar la crisis de 2008. En estos momentos el endeudamiento es mucho mayor que entonces, lo que complicaría el margen de maniobra para responder ante un cuadro económico de esas características.

Gasto al alza

En las últimas décadas se completó el traspaso de competencias a las autonomías. Eso no solo ha reordenado la distribución del gasto entre administraciones, sino que también ha encarecido la cifra de conjunto, lo que cuesta el sector público en su totalidad.
A mediados de los años 90, a España le bastaban unos 200.000 millones de euros para cubrir todo su gasto público no financiero -que abarca todos los costes, excepto los pagos de vencimientos de deuda-. 
Ahora necesita medio billón de euros. El incremento ha sido enorme en comparación con cómo ha aumentado la población, y ha sido también mucho mayor que la inflación. Los resultados son elocuentes: desde 1995, el gasto público español se ha disparado un 145%, mientras que la población del país ha aumentado un 18% y la inflación lo ha hecho en torno a un 65%.

Pese al despegue económico de los últimos años y a los crecientes ingresos que le ha reportado a las administraciones públicas, las autonomías han quedado ancladas en un endeudamiento recurrente. El año pasado tuvieron que pedir prestados 39.000 millones de euros para poder cuadrar sus gastos, entre los que se incluyó el abono de casi 33.000 millones por amortizaciones obligatorias de deuda.

En sanidad y educación

El grueso del gasto público de las autonomías se concentra en la sanidad y la educación públicas, los dos grandes servicios públicos que están en manos de los gobiernos regionales. Según la última liquidación oficial disponible, la del ejercicio 2016, las autonomías se gastaron en la sanidad pública 61.632 millones de euros, y algo más de 37.000 millones en educación. Entre esos dos grandes servicios concentran en torno al 60% de todo el gasto no financiero de las Administraciones regionales.

Los sueldos

El año pasado, los gobiernos autonómicos se gastaron en sueldos un total de 77.395 millones de euros. Incluye tanto las nóminas de los empleados que tienen contratados como las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese coste de personal representa el 43% de todo el gasto no financiero de las comunidades autónomas; es decir, el 43% de todo lo que gastaron durante el último año, sin contar las amortizaciones de deuda -que se pagan con cargo a nuevo endeudamiento-. 
En el conjunto del Estado, los costes de personal suponen en torno al 25% de todo el gasto público no financiero. El hecho de que en las autonomías el peso sea mucho mayor responde, en buena parte, a que los dos servicios públicos con más mano de obra -la sanidad y la educación públicas- dependen de las administraciones regionales. 
Durante los últimos, tras el pasajero ajuste que impuso la crisis, las autonomías han vuelto a engordar sus plantillas. En el último quinquenio, los gobiernos regionales han sumado otros 230.000 efectivos.