MADRID.- El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo.
Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, cuya aprobación está prevista para mañana,
después de pasar por el Consejo de Ministros.
Una
de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas
que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena
Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos,
puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede
que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.
Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la
cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de
producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.
No
obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la
venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores
anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de
precios.
Para calcular ese coste de producción -que a partir
de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se
tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de
las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes,
combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de
obra, entre otros.
El borrador igualmente restringe las actividades promocionales
-habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que
exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no
se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no
perjudicarlos.
“Los operadores deberán identificar su precio claramente en la
información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra,
para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor
tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que
se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector,
banalizando la actividad”, reza el documento.
El
Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la
“reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para
transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.
El paquete de medidas también recoge una bonificación para
aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores
eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad
de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor
estabilidad al personal empleado en el campo.
Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que
se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco
Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que
pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.
El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado
para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a
la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen
total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no
“grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas
las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.
Este
mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir
de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener
acceso al subsidio agrario
o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo
para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de
los temporeros.
El
documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro
semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que
protestan por la grave crisis que atraviesa el sector
debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para
exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y
el aumento de sus costes de producción, entre otros.
