lunes, 9 de abril de 2018

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).
Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.
Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).
En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.
Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).
Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.
En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.
En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 
Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 
“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.
Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 
Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.
Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.
De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 
El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?
Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.
Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).
De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.
Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.
El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.
Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.
Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.
Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.
Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.
Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.
No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.
En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.
Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

Ana Julia Quezada confeccionó un muñeco de vudú con la cara de Gabriel

ALMERÍA.- Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato de Gabriel Cruz, había confeccionado en su ordenador un muñeco de vudú con la cara del niño. Además, buscó en Internet información sobre plantas venenosas, presuntamente con la intención de envenenar al pequeño de Níjar (Almería), según informa Antena 3.

Durante la búsqueda del niño, los investigadores le reclamaron el ordenador. Pero Ana Julia borró el historial de búsqueda, así como el material relacionado con vudú. Esto lleva a pensar que planeaba desde hacía tiempo el asesinato de Gabriel.
Los agentes también le solicitaron el móvil y ella les comentó que lo había perdido. De hecho, utilizaba el de su pareja, el padre de Gabriel.
Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería, el magistrado Rafael Soriano, ha librado oficio a la Guardia Civil para que informe del coste total del dispositivo de búsqueda que se activó y mantuvo durante 13 días en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) tras la desaparición de Gabriel Cruz con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil en la causa penal que se sigue contra la presunta autora de la muerte.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado hoy que el oficio se ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) y se enmarca dentro de las diligencias de prueba que está acordando el juez instructor para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el crimen.
El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar, tal y como ha adelantado en su edición de este lunes el diario 'La Voz de Almería'
En concreto, las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos "especiales" como balsas y pozos.
Las mismas fuentes han indicado que han solicitado personarse como acusación popular en las diligencias previas por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral el colectivo 'Clara Campoamor' y la Asociación Andaluza de Estudios Penales si bien el magistrado Rafael Soriano aún no las ha admitido y las está estudiando.

La cabecera del Tajo suma en una semana 19 hm3 más, hasta los 486

TOLEDO.- Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han sumado en la última semana 19,18 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, con lo que su reserva se sitúa en 486,152 -el 19,65 % de su capacidad-, 86 por encima del límite no trasvasable, según la Ley de Evaluación Ambiental.

Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía tiene esta semana 267,491 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 7,6 hectómetros más que la semana pasada, lo que supone el 16,32 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.
A su vez, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha subido 11,587 hectómetros cúbicos, de forma que almacena 218,661 hectómetros cúbicos, el 26,18 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos.
Hace un año por estas fechas los pantanos de cabecera del Tajo almacenaban 430,966 hectómetros cúbicos, es decir, un 17,41 % de su capacidad total de embalse.
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 7.244,155 hectómetros cúbicos de agua, 183,718 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, y suponen el 65,814 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

El juez quiere saber el gasto de la búsqueda de Gabriel para pedírselo a Ana Julia

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería ha reclamado a la Guardia Civil que cuantifique el coste de la búsqueda e investigación del niño Gabriel Cruz para poder calcular la responsabilidad civil que corresponda a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del menor.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado hoy de que el juez Rafael Soriano ha remitido un oficio al Instituto Armado en el que solicita el coste de dichas labores desarrolladas entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, cuando fue detenida Quezada, investigada desde entonces por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.
Más de 5.000 personas, entre ellas alrededor de 3.000 voluntarios y el resto profesionales, rastrearon más de 625 kilómetros cuadrados y buscaron en más de 500 puntos, como pozos y aljibes, durante doce días para localizar a Gabriel Cruz tras su desaparición.
Así lo apuntaron el teniente coronel Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, y el comandante de Unidad Central Operativa (UCO) Jesús Reina, en una rueda de prensa en la que ofrecieron los principales datos de la operación Nemo, desarrollada para encontrar al niño.
El teniente coronel aseguró que se trata de la «mayor búsqueda coordinada» de un desaparecido, en la que participaron más de 600 guardias civiles de diferentes especialidades junto a miembros de Protección Civil, policías locales, el Infoca, el GREA y Cruz Roja.
Por otro lado, las fuentes han indicado que mañana se producirá la declaración ante el juez de cuatro nuevos testigos y el jueves de otros seis. Se trata de familiares y algún policía local que participaron en la búsqueda.
Por último, desde el TSJA se ha informado de que la asociación Clara Campoamor y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado personarse en la causa como acusación popular.
No obstante, han precisado, dichas solicitudes no han sido admitidas por el momento y se está a la espera de que se pronuncie el juez Soriano.

Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre


MADRID.- Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en 'fila india' entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para 'Público'.

Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C's no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes... igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.

C's ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49

Tan espectacular es el crecimiento de C's que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12).
"Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones" cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
"Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños", detalla Miquel. "La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus  confluencias para empatar con el PSOE".
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: "Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños", afirma el analista electoral de Público.
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: "Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi".
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de tres puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C's hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial,  se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C's gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya... la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.

El ascenso meteórico de C's no tiene precedentes

Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
"Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno", opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

Andalucía y Baleares, dispuestas a prescindir de los préstamos de Montoro

MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.
Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 
Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 
A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 
Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.
Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

La bomba política que amenaza al Gobierno por caducar el peaje de la autopista AP-7

MADRID.- Primero será entre Burgos y Álava; después, entre Tarragona y Alicante y, por último, entre Sevilla y Cádiz. En apenas año y medio, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla, las 'cuatro Españas', van a vivir el vencimiento de concesiones estatales que pasan por sus territorios, obligando así al Gobierno, y a todo el Parlamento, a tomar una decisión sobre qué van a hacer con estos peajes, tal como recuerda www.elconfidencial.com.

Sobre la mesa está un debate que va más allá de estas tres carreteras, ya que está en juego definir qué modelo económico queremos para nuestras vías de alta capacidad, con el añadido de que, si no se adopta una solución uniforme en todo el país, se seguirá hurgando en la herida de las diferencias entre regiones, con el agravante que supone cuando afecta, directamente, a las dos regiones más nacionalistas.
Una patata demasiado caliente para el momento político actual, seriamente marcado por las tensiones independentistas y los problemas presupuestarios, y con un calendario electoral que invita a hacer electoralismo en un tema que debe abordarse como un asunto de Estado.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento, que por el momento se ha limitado a señalar que buscará un gran pacto con toda la oposición, buenas palabras todavía pendientes de cristalizar, difíciles de poner en práctica cuando la región más afectada, Cataluña, sigue sin Gobierno, y con el tiempo jugando en contra.
Dentro de apenas siete meses, caerá la primera carta de este castillo de naipes con el vencimiento de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), una vía marcada por su proximidad con la frontera francesa, lo que se traduce en mucho tráfico pesado (el que más estropea las carreteras y tiene mayores costes de siniestralidad), y turismos extranjeros.
Estos dos elementos están sobre la mesa de la propuesta que ha hecho Seopan, la patronal de las constructoras, a Fomento, en la que defiende seguir cobrando peaje una vez venza la concesión, pero bonificando al máximo el tránsito de los vecinos de la zona.
Según sus cálculos, si esta carretera pasa a ser gratis, el tráfico medio diario se incrementará un 36% y un tercio del mismo serán camiones, muchos procedentes de diferentes países europeos, donde mayoritariamente se les obliga a pagar por utilizar sus vías de alta capacidad.
En términos fiscales, las arcas públicas dejarán de recibir 23 millones al año, al tiempo que deberán asumir 6 millones por costes de mantenimiento cada ejercicio, según los cálculos de Seopan, cifras que la patronal eleva a 1.000 millones si se considera toda la red de pago.
"La decisión que adopte el Gobierno para esta concesión deberá mantenerla en el resto, porque no puede tener un modelo en Burgos y otro en Cataluña", señala un empresario del sector. Desde Seopan, descartan pronunciarse sobre si apoyarían una solución como la propuesta para la AP-1 en la AP-7, cuya concesión vencerá en noviembre de 2019 en el tramo que une Alicante y Tarragona.
Precisamente, una parte de este trazado, el que circula entre Vilafranca del Penedès Sur y la localidad de Ulldecona, casi en la frontera con Castellón, acaba de ver como Fomento, Generalitat y los alcaldes de los municipios afectados se han puesto de acuerdo para bonificar al 100% a los vecinos de la zona, mientras se mantiene el peaje para el resto del tráfico.
Félix Alonso, portavoz de Podemos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y alcalde de Altafulla, una de las localidades beneficiadas por esta media, defiende este tipo de soluciones, que corrigen la situación de inequidad existente, en la que unos españoles pagan por salir de su casa en coche, y otros no.
De cara al debate nacional, reconoce que Unidos Podemos todavía carece de una postura definida, ya que existen sensibilidades diferentes —en Comú Podem, por ejemplo, defiende implantar la viñeta—, pero, aunque sea como medida transitoria hasta que haya un gran acuerdo de Estado, sostiene que soluciones como la pactada para el citado tramo de la AP-7 van en la buena dirección.
En Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, reconoce carecer de una posición definitiva, e insta al ministro Íñigo de la Serna a tomar la iniciativa y hacer una propuesta. Donde sí se muestra tajante es a la hora de afirmar que "estamos en contra de seguir prorrogando las concesiones a cambio de más obras" y que "la solución que se adopte, debe ser para todos", lo que convierte a la AP-1 en la piedra de toque de todo el debate.
A este deberá añadirse también el hecho de que la Diputación de Guipúzcoa sí que ha implantado ya el sistema de cobro para camiones en dos de sus carreteras de alta capacidad que estaban libres de pago, la N-1 y la GI-632, mientras que Álava prevé seguir los pasos de su vecino y empezar a cobrar al transporte pesado.
Por el momento, Fomento ha dejado entrever que su postura pasa por no prorrogar la gestión a los actuales concesionarios, pero sin determinar si en un futuro estaría dispuesto a volver a licitar estas carreteras. Además, el debate de cobrar o no puede resolverse también manteniendo el control público y que sea el propio Estado el que cobre, ya sea solo a pesados, a turismos no residentes en la zona o a todos.
En el supuesto de que terminasen adoptándose fórmulas de bonificación máxima a los vecinos, y cobros en función del uso y/o la contaminación, fuentes del sector explican que, si la explotación de la carretera es pública, corresponde al Estado financiar los peajes de los turismos exentos; mientras que si vuelve a sacarse a concurso la concesión, con la exigencia de bonificaciones, estas corresponden a la empresa privada.
La más afectada de todas ellas por el inminente vencimiento de los peajes es Abertis, que acaba de protagonizar una controvertida guerra de opas, y que además se enfrenta al vencimiento, en 2021, del trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona; y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

'Acuamed' encarga, tras seis años de parón, el anteproyecto para reparar la desaladora de Cuevas

ALMERÍA.- Casi seis años después de la riada de aquel fatídico 28 de septiembre de 2012, Acuamed ha dado el primer paso para devolver al uso la desaladora del Bajo Almanzora, una infraestructura que costó cerca de 80 millones de euros y que apenas proporcionó agua durante tan sólo un año, según Ideal

El Consejo de Administración de la sociedad estatal Acuamed ha aprobado la licitación de un contrato de consultoría que supone -tras seis años de absoluto parón- la primera muestra de que algo se mueve en torno a esta polémica infraestructura. 
Seis años en los que la desaladora está incluso siendo objeto de una investigación judicial por la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados destapada en la operación Frontino, desarrollada por la Guardia Civil y que acabó con 13 arrestos y 16 registros policiales.
Una consultora de ingeniería se encargará de evaluar los «daños» existentes en la infraestructura y redactar posteriormente el anteproyecto de reparación de la planta. «Partiendo del estado actual de la planta desaladora de Bajo Almanzora, este contrato es necesario para llevar a cabo la reparación y puesta en servicio de la citada instalación. Para ello ha de realizarse una evaluación detallada del estado y de los daños de la instalación, que permita definir el alcance y las prescripciones técnicas de los trabajos de reparación y puesta en marcha, que se completará con un período de mantenimiento y operación a modo de período de garantía», reza el pliego de condiciones técnicas de la licitación.
Además, también incluirá una novedad: el anteproyecto deberá incluir la ampliación de la capacidad de producción inicial con el suministro y montaje de un bastidor de ósmosis inversa adicional para una producción de 15.000 metros cúbicos al día. 
Esta ampliación estaba prevista con anterioridad. La infraestructura se construyó, en su momento, con una capacidad de 45.000 metros cúbicos diarios ampliables en un 25%, justamente lo que ahora encarga Acuamed -en un contexto de dura sequía para todo el Levante almeriense-.
El contrato de consultoría tiene un presupuesto base de licitación de 464.814 y un periodo máximo de redacción de 12 meses. Atendiendo a los plazos burocráticos que conlleva cualquier proyecto de esta magnitud, sería prácticamente imposible que lleguen obras este año pese a que el Gobierno ha incluido una partida de tres millones de euros en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este año -que irían encaminados a la ampliación- y otros dos millones para la reparación que, advierte, es «repercutible [a] terceros».
Una primera estimación de daños -los técnicos ya hicieron una evaluación inicial sin llegar a la profundidad necesaria- cifra en torno a 14,5 millones de euros la inversión necesaria para devolver la desaladora al uso. En principio, y según la proyección que arroja el proyecto de presupuestos, la obra podría estar de nuevo en servicio a lo largo del año 2019. 
El diputado popular Juan José Matarí ya mostraba su convencimiento de que la reparación de la infraestructura -paralizada desde hace casi seis años pese a haber contado con dotaciones presupuestarias anuales- era una cuestión inminente. Lo hacía alegando un «conocimiento directo» de que Acuamed había retomado las gestiones para que la principal fuente de agua, tanto para riego como para suministro doméstico, en el Levante volviera a prestar servicio cuanto antes.
Sin embargo insistía en la tesis de que la principal causa de la anegación de la misma en 2012 fue la decisión de situarla en la margen izquierda del río Almanzora en lugar de en la derecha, donde había sido planeada inicialmente. Este cambio de ubicación tuvo lugar bajo gobierno socialista. 
Esta tesis ha sido no obstante descartada por los propios técnicos de Acuamed. Un informe de la entidad remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional -el que investiga la Operación Frontino- reconoce el cambio de ubicación por el rechazo social. Sin embargo, las medidas protectoras que se le efectuaron eran suficientes «en base a los estudios hidrológicos e hidráulicos» para evitar la anegación. 
De hecho, Acuamed vincula los sucesos de 2012 a intensidades de lluvia «muy elevadas» y a que el agua «circuló fuera de los límites» de la rambla de Canalejas «aguas arriba de las parcelas que ocupa la desaladora».
«Prueba de ello», agrega Acuamed en dicho informe, «es que el agua arrastró las estructuras de dos pasos elevados de la A-7 y la AP-7», las dos autovías existentes en la zona, «aguas arriba de la ubicación de la desaladora del Bajo Almanzora». «El agua circulaba por fuera de la rambla desde antes de llegar al tramo encauzado», esgrime la sociedad estatal a la Audiencia Nacional.
Además de la obra de reparación, está previsto que se ejecute otra obra en dos fases: una primera sobre drenaje de la parcela en la que está ubicada la desaladora y algunos elementos de bombeo y una segunda con una ampliación del encauzamiento en la rambla de Canalejas -que fue el cauce desbordado que acabó inutilizando la infraestructura-. 
«La conclusión de estas obras garantizaría la protección de la planta desaladora», apunta Acuamed en sus conclusiones ante la Audiencia Nacional.

Cocido, albóndigas o leche condensada: la dieta de un «súper» soldado español



MADRID.- Los soldados del Ejército de Tierra se enfrentan a exigentes jornadas que incluyen sesiones de entrenamiento, formación militar o guardias en la base en la que están destinados. Un esfuerzo que debe verse compensado en su alimentación, especialmente en los casos de aquellos militares que se encuentren destinados en misiones o de maniobras. Una tarea que, desde hace años, recae en empresas externalizadas que deben acogerse a una extensa lista de requisitos y hacerse cargo de todo el proceso, según publica Abc

«Desde la contratación de su personal y su formación, a la adquisición de sus ingredientes o la elaboración de los menús, entre otras cosas», explica Blas Juan Vita, teniente coronel médico del Ejército de Tierra.
«Los menús los hacen estas empresas, que proponen al Ejército una lista mensual para su aprobación. Además de los requisitos nutricionales tienen que ajustarse a nuestra cultura o nuestras costumbres», señala Vita. 
En la comida de los soldados nada queda al azar. Ni siquiera la cantidad de kilocalorías ni nutrientes que debe incluir, que se recogen en los llamados Pliegos de prescripciones técnicas (PTT) y en el Manual técnico: Alimentación en el ET, que recoge todas las normas relativas a la alimentación del Ejército. «Para las bases y cuarteles, el PTT indica que se debe asegurar un mínimo de 2.900 kilocalorías diarias dispuestas de la siguiente forma: 12-15 % proteínas, 55-60 % hidratos y un 30-35 % grasas», especifica este militar.
«En condiciones normales, el aporte es de 3.000 calorías diarias. Si hay un trabajo físico intenso y bajas temperaturas, 3.500. Y en el caso de las operaciones especiales, por ejemplo tropas de montaña, 4.000 calorías», apunta Luis Arcarazo, médico militar en la Academia de Zaragoza.
Vita asegura que, pese a que el Ejército debe tener planificación para un uso permanente de la cocina, salvo en los casos de las guardias de 24 horas o las misiones, los soldados solo suelen hacer una comida en las bases.

Las raciones individuales de combate

La situación cambia cuando, desde el cobijo de un cuartel, el Ejército despliega a los soldados. En estos casos, la alimentación se enfrenta a un doble reto: el de dar de comer a personas cuya «actividad física es superior a la media de la población» pero, en muchas ocasiones, «en entornos adversos».
Para ello, las Fuerzas Armadas (los tres Ejércitos y la UME) cuentan con las raciones individuales de combate (RIC). Unas cajas verdes, de pequeño tamaño, que esconden tres paquetes para cubrir las comidas de un día. Su origen se remonta a las guerras napoleónicas, aunque con el paso del tiempo se han modernizado y estandarizado de forma que en ellas todo está regulado. 
Desde los ingredientes al color, pasando por el la tipografía de su envoltorio. En total, están sometidas a 77 leyes nacionales y de la OTAN. 
La comandante Olga Serrano es la encargada de redactar los pliegos de prescripción técnica en los que se recogen estas especificaciones. Ella es la jefe del Laboratorio de la Unidad de Estudios Proyectos y Laboratorio del PCAMI (el centro de abastecimiento del Ejército de Tierra), desde donde se elaboran los menús de estas raciones, así como su control de calidad y las investigaciones de nuevos productos, debido a que una de las preocupaciones de este laboratorio para adecuarse a las necesidades tácticas de los militares. Situado en Villaverde (Madrid) alberga una nave de almacenamiento de las RIC, con capacidad para 2.300 palets.
Su misión no es la de fabricarlas, de ello se encargan empresas externas que ganan un concurso abierto y firman un acuerdo marco (de 2+2 años). En la actualidad, y desde 2016, es una UTE española la encargada de hacer estas raciones (a las que se les exige que la materia prima sea nacional), aunque puede postularse cualquier compañía sin importar su origen, explica la comandante Serrano a Abc. El importe estipulado fue de 16.715.760 euros y, para 2017, se fabricaron hasta 180.000 raciones individuales de combate, además de otros tipos.
«Tenemos cinco tipos de menús, y dos para personal musulmán con el sello de garantía Halal de la Junta Islámica de España», explica la comandante. «Esta es una de las peticiones que nos hicieron desde Ceuta y Melilla porque, al no tener la certificación, no se comían las raciones», apunta. 
La comandante Serrano insiste en la importancia de que este tipo de alimentación se ajuste a lo que cualquier soldado come en su hogar. Para conocer el nivel de satisfacción utilizan encuestas y catas, y cuando un producto del menú no gusta, lo cambian. 
«Por ejemplo, los callos», recuerdan esta militar y la jefa del laboratorio de Bromatología. Otros, en cambio, se sustituyen si presentan algún tipo de complicación. «Con el pulpo nos pasó. Quizá era la calidad u otro factor...pero se deshacía, y se quitó», apuntan.

Otra parte fundamental del trabajo de este equipo, compuesto por militares y civiles, son los controles de calidad de los alimentos, en los que someten a múltiples pruebas los envases de estas raciones. Algunas para medir su aguante a temperaturas extremas; otras, para ver cómo reaccionan al peso y si, por ejemplo, cuando se apilan unas sobre otras se abollan. Y, por último, un estudio microbiológico.
En él, primero se incuban los alimentos durante 7 días a 55 grados; después, durante otros a 32 grados para así estudiar si existen alteraciones como un cambio en el PH de la comida, que esta se salga del envase o que se hayan desarrollado microorganismos en la lata.
Desde este laboratorio también se estipulan las fechas de caducidad de este tipo de raciones especiales. En el caso de las comidas, hasta 4 años. En los desayunos, 18 meses debido a la presencia de lácteos (la leche condensada) y azúcares que facilitan la aparición de organismos.
«Estamos intentando encontrar una alternativa para estos productos para aumentar estos tiempos», reconocen a Abc. Sin embargo, inciden en que desde el Ejército «se estima a la baja» la fabricación de estos productos. «Se tiende a ajustar las peticiones a las necesidades reales existentes. Por ello, si existieran excedentes, se redistribuye a otras Unidades que puedan necesitar esas raciones», explica la comandante Serrano. Lo que en ningún caso se puede hacer es distribuir un paquete caducado o a punto de perecer. Tampoco se puede comercializar con ellos. 
Además de las raciones individuales, existen las raciones colectivas, que se usan para abastecer a 10 personas y tienen una caducidad de 36 meses. Estas cuentan con 10 menús diferentes, que incluyen ensalada de pasta, cocido madrileño o fabada asturiana, entre otros platos. 
Desde este laboratorio también se controlan las raciones individuales de emergencia, que solo pueden usarse en situaciones desesperadas o bajo orden. A estas se suma la ración de refuerzo, que aporta más calorías en escenarios especiales (como pueden ser los rescates de montaña).
 Por último, las Fuerzas Armadas cuentan con el llamado batido equilibrado de valor energético, al que se recurre en escenarios nucleares, ataque biológico, químico o radiológico. Este producto de sabor fresa o chocolate, cuenta la comandante Serrano, se mezcla con agua y se ingiere a través de una cánula que va a la máscara que portan los militares.

“¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase frío?”

MADRID.- El jefe del Ejército de Tierra activa el protocolo de acoso ante la denuncia de la legionaria sancionada por no ir a la celebración de la Inmaculada, según publica El País.

—¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase frío?
—Por supuesto, mi capitán.
La soldado, destinada en el Tercio Juan de Austria de la Legión, fue sancionada con tres días de multa por faltar a la celebración de la Inmaculada, el pasado 8 de diciembre en la base de Viator (Almería). Pero su mayor castigo no ha sido que le descuenten tres días de sueldo, sino verse sometida a la persecución de algunos mandos, como refleja el parte elevado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 
El jefe del Ejército de Tierra, general Francisco Javier Varela, ha ordenado activar el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas tras tener conocimiento del parte elevado a Cospedal.
La dama legionaria, que disfruta de una reducción de jornada de una hora diaria (con la consiguiente merma retributiva) para cuidar a su hija de dos años, fue convocada para participar en los actos de la patrona de Infantería. 
Al ser un día festivo, y estar cerradas las guarderías, excusó su asistencia, aduciendo que no tenía con quién dejar a su hija, y reclamó un día de asuntos propios al que tienen derecho los militares.
El capitán se lo negó y le recriminó que no pidiera el día su marido, un cabo destinado en otra compañía de la misma bandera. Pero a su esposo también se lo negaron, por lo que la mujer volvió a reclamar el día, explicando sus circunstancias personales: no tenía ningún otro familiar en la ciudad y su madre, residente en Málaga, estaba convaleciente de un cáncer.

Obligación de desfilar
La cabo de la que dependía la soldado preguntó al capitán si ésta podía subir más tarde a la base con su hija, cuando no hiciese tanto frío, pues a primera hora de la mañana la temperatura rondaba los 5 grados. El capitán respondió que no era viable, pues tenía que desfilar.
El 7 de diciembre comunicó a su superior que, sintiéndolo mucho, no acudiría al desfile. Cuando al lunes siguiente llegó al cuartel, la estaba esperando el sargento. 
“Te van a arrestar y yo he pedido que te pongan la pena máxima, lo que más daño te haga”, le espetó. “Lo que has hecho no tiene nombre, es una deslealtad absoluta. Si pasas de venir a un desfile ¿qué harás cuando haya una guerra? 
Si fueras civil hoy mismo te echaría a la calle y tu hija se moriría de hambre. Los privilegios son para gente que cumple, así que olvídate de estudiar para el curso de cabo”, añadió.
Por su parte, el capitán le dijo que no podía consentir que se pasara por alto su autoridad, y que debía haber hecho como otro legionario, que acudió a la base con un bebé de ocho meses liado en una manta y lo dejó en las gradas con un desconocido mientras desfilaba.
Tras anunciarle que iba a sancionarla, el capitán añadió: “De ti depende cumplir y que todo quede aquí o alegar y seguir tensando la cuerda”.
A partir de ahí empezó el acoso. El sargento la obligaba a presentarse ante él cada mañana, “casi a diario le echaba alguna reprimenda delante de sus compañeros, fomentando que la aislasen”, le encargaba tareas para impedirle acudir al curso de cabo y le recriminaba que tuviera reducción de jornada, como si fuera un premio.
Cuando la soldado recurrió la sanción, el cabo mayor le hizo saber que al capitán le había sentado muy mal. “Si quiere normas va a tener normas, eso implica que la puedo arrestar por cualquier cosa”, le trasladó de parte del oficial. 
El capitán ordenó suprimir la media hora de vidilla (salida anticipada de la base) que disfrutaban los miembros de la bandera, poniéndolos en su contra. El marido de la legionaria se ha visto obligado a pedir la baja del Ejército.

Pensionistas, egoístas y demagogos / Julio Carabaña *

Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes. En estos mismos años, la pobreza de los pensionistas ha venido a menos mientras la pobreza del resto de la población iba a más, llegando esta a doblar la de los pensionistas.

Las pensiones de jubilación pueden verse como transferencias de los que están en situación de trabajar (potencialmente activos) a los que no lo están, la mayor parte por su edad. Los que piden una subida general de las pensiones están diciendo que los pensionistas tienen derecho a más y los potencialmente activos, a menos. ¿Es esto así? Consideremos primero la cuestión de derecho (¿cuánto debe transferirse?) y luego la cuestión de hecho (¿cuánto se está transfiriendo?).

¿Cuánto deberían recibir los retirados de los potencialmente activos? Como punto de partida, parece razonable estipular que los dos grupos tienen derecho al mismo nivel de vida, y que, por tanto, las pensiones deberían igualar la renta media de unos y otros. No solo es este un criterio razonable, sino que se aproxima mucho a lo que ocurre en Europa, nuestro modelo habitual.

Eurostat nos pone fácil comprobarlo. La oficina europea de estadística ofrece estimaciones de la renta disponible equivalente desde mediados de los años noventa para diversos grupos de edad. La renta disponible equivalente, o por unidad de consumo, se considera un indicador preferible a la renta per capita porque tiene en cuenta el tamaño de los hogares; Eurostat cuenta el primer miembro del hogar como 1, el segundo como 0,7 y el resto como 0,5 (escala OECD). Al tomar grupos de edad, asumimos un error ignorando a la gente entre 16 y 64 años que no puede trabajar, pero aun así es una aproximación razonable.

Y bien, ¿qué encontramos? A mediados de los años noventa, en la Europa de los Quince las personas mayores de 64 años tenían una renta media igual al 87% de la renta de las personas entre 16 y 64 años; en Reino Unido esa cifra era del 73%; en Finlandia, del 82%; en Alemania, del 90%. 

Hace unos diez años, justo antes de la crisis, en el conjunto de la zona euro la renta media de los mayores también equivalía al 87% de la renta de los de 16 a 64 años; en Reino Unido la razón era del 75%; en Finlandia, del 74%; en Alemania, del 87%. En 2015 (último año para el que hay datos), las cifras han cambiado a 96% en la zona euro, a 86% en Reino Unido, al 86% en Finlandia y al 85% en Alemania. 

Es decir, durante los últimos veinte años parece haber dominado en Europa el criterio de que los maduros cumplen con transferir a los mayores una renta algo menor que la suya.

¿Se aparta más España del criterio de igualdad que Europa? Las mismas tablas de Eurostat nos lo dicen. En 1996 la renta de los mayores de 65 años era el 92% de la renta de maduros, por encima de la media europea. Desde entonces, ¿ha habido cambios perjudiciales para los pensionistas? 

En los años siguientes hasta 2007, es decir, en el período de mayor crecimiento económico, la renta media de los maduros aumentó más que la renta media de los mayores, reduciendo la ratio entre ambas al 85%, más o menos en la media de la zona euro. Durante los años de crisis la renta media de los mayores se ha mantenido constante, mientras la renta de los maduros ha descendido, quedando incluso un poco por debajo; para 2015, las cifras exactas que da Eurostat son 16.086 euros por cada mayor de 64 y 15.842 por cada persona entre 16 y 64 años. Es decir, aproximadamente una razón de uno a uno.

Para completar el panorama, podemos tener en cuenta a los menores de 16 años; durante todo el período que va de 1996 a 2015, la renta disponible de los estos jóvenes se ha mantenido en torno al 90% de renta de los maduros y en 2015 era un 10% inferior a la renta de los mayores.

Puede objetarse que los pensionistas no protestan por el nivel medio, sino por la desigualdad, y en particular por las pensiones más bajas. Pues bien, es sabido que la desigualdad entre los pensionistas es menor que entre la población potencialmente activa. Ello se debe a que hay menos pensionistas ricos, pero también a que hay menos pensionistas pobres.

Veamos otra vez los datos de Eurostat, que muestran las siguientes tasas de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) por edades. Entre 16 y 64 años: 18% a mediados de los años noventa, 17% a mediados de la década pasada, 23% en los años posteriores a la crisis. Para la población mayor de 65 años: 16% a mediados de los años noventa, 29% en los años anteriores a la crisis, 12% en los años tras la crisis. El 23% es la tasa de pobreza más alta de los últimos veinte años para los potencialmente activos y el 12% la más baja para los retirados. 

Exactamente al contrario ocurrió antes de la crisis, cuando las tasas de pobreza de los jubilados llegaron al 29%. En cuanto a los menores de 16 años, su riesgo de pobreza estuvo en torno al 25% desde los años noventa a la crisis, pero con esta subió al 29%, tan alta como la de los mayores de 64 en sus peores momentos.

A nadie se le ocurrió pedir más para los pensionistas en los momentos en que su situación relativa empeoraba (los de la burbuja); quizás fuera porque al compararse consigo mismos sentían que iban mejor, sin importarles que a los jóvenes les fuera mejor todavía. Pero justo cuando su poder adquisitivo medio es más o menos igual que el de los activos y hay entre estos muchos más pobres, los pensionistas llenan las grandes avenidas reclamándoles más. Parecen bastante egoístas, pero también debe de haber ingenuos que se dejan manipular por demagogos. 

A estos, a los demagogos, les corresponde una mayor responsabilidad por el desatino, pues saben, o deberían saber, que si la renta relativa de los pensionistas empeora cuando las cosas van bien y mejora cuando van mal es porque los gobiernos protegen las pensiones del ciclo económico. Y saben también que eso mismo es lo que harían ellos si gobernaran.

Los pensionistas han quedado al margen de la crisis; deberían esperar un tiempo hasta beneficiarse del crecimiento. Podrían esperar, por ejemplo, hasta que los niños los igualen en rentas medias y en tasas de pobreza.


(*) Catedrático de Sociología (emérito) en la Universidad Complutense de Madrid.



El master de Cifuentes hunde la convención del PP / José Hervás *

Decenas de dipu­tados po­pu­lares que han asis­tido el fin de se­mana a la con­ven­ción del Partido Popular en Sevilla están in­dig­nados con la to­davía pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Critican en pri­vado con du­reza que no haya adop­tado la de­ci­sión de di­mitir ante el gra­ví­simo pro­blema de imagen que ha pro­vo­cado en el par­tido. 

Les parece un intento suicida tratar de buscar pistas en las redes del que los colaboradores más próximos de Cristina Cifuentes califican de ‘montaje’ contra la presidenta de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com, este intento solo serviría para alargar el proceso, mientras Ciudadanos sigue cosechando votos populares. Cuanto más se hunda Cifuentes más crecen ellos.

El problema no está en saber quien ha difundido todo lo que se sabe sobre las irregularidades del master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuando la Universidad admite que se ha falseado el título, que las firmas que lo acreditan son falsas, que el tribunal no existió, que dos asignaturas suspendidas figuran después con notable, que el director del curso dice en una entrevista a la SER que se vio obligado por el Rector a buscar una salida digna para la presidenta, que Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de que se iniciara el curso, que no asistió a las clases cuya presencia era obligatoria, que no hubo exámenes, que el tribunal que firma el título denuncia que no existió tal tribunal, y cuando no ha aparecido el trabajo fin de máster, trabajo que lleva acreditado la parte fundamental de los créditos del mismo, de poco vale quien haya ‘mecido la cuna’ para que se conozcan todas estas irregularidades.

La conclusión para un destacado grupo de líderes populares es que un servidor público no puede mantenerse por más tiempo en estas condiciones en su cargo. Añaden el temor adicional ahora, de que cuando aparezca el trabajo, si es que aparece, evidencie que está lleno de plagios.

No lo descartan porque, añaden, que para una persona con el nivel de ocupación como el de una delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacer un trabajo de 60-80 páginas no resulta sencillo.

El daño se está haciendo no solo a las expectativas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sino a todo el partido que estaba empeñando todo su esfuerzo y compromiso en transmitir una nueva imagen de regeneración y lucha contra la corrupción.

Este desmoronamiento de la imagen llega en un momento de agudización de la crisis catalana en la que hace falta el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas cuyo enfrentamiento en Madrid hace imposible ningún acuerdo de ámbito nacional.

El tuit que emitía, Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a mediodía del domingo amenazando tanto al equipo de Gabilondo como al de Pedro Sánchez asegurando que “tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía”, no pasa de una amenaza a la desesperada.

Su conclusión en el mencionado mensaje de que “la moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama” no pasa de ser otro intento más por no afrontar la equivocación mayúscula de la presidenta desde una posición de humildad y de asumir que cuando se comete un error existe la palabra dimisión.

Permitir que durante semanas, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, sigan hurgando en la herida de esta equivocación del ‘máster fantasma’ supondría añadir más equivocaciones a las muy graves ya cometidas. Como ha resumido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ‘si no tiene el máster, nos ha mentido’, y la conclusión sería más que evidente. A buen entendedor con pocas palabras basta. Alguien tendría que decirle ‘basta ya’.



(*) Periodista