ALMERÍA.- Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil 'Círculo Agroambiental' para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
El auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería acuerda, sin embargo, el sobreseimiento
de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la
provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente, Clemente García
al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su
participación en los hechos ya que, según subraya, "no dictaron
materialmente las resoluciones" por la que se paralización de la obra.
La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por
'Círculo Agroambiental', a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón
en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal
de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó
entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la
normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por
carecer de autorización ambiental unificada.
La jueza indica en el auto, fechado el día 25 y por el que
ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento
abreviado, que tanto la resolución dictada "materialmente" por Segura de
Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una
semana después confirmando la anterior en alzada presentan indicios de
ser "arbitrarias" ya que "impidieron la ejecución de actos
administrativos firmes" en alusión al fallo del Supremo.
En esta línea, señala que podrían haberse dictado
"prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos" que,
además, según remarca, conllevan una indemnización económica a favor de
la empresa promotora "previa declaración de lesividad o revisión de
oficio" al tratarse de un presunto delito de prevaricación
administrativa.
En concreto, la resolución objeto del procedimiento advertía
tanto a 'Círculo Agroambiental' como al Ayuntamiento de Níjar que no
podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar
directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la
adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración
andaluza tildaron de "altamente improbable". En concreto, la promotora
debía adaptar el proyecto de hotel en 'El Campillo de Gata' a lo
previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la
zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario
(LIC).
El auto, que adelanta este jueves el diario 'El País' y contra
el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación ante la
Audiencia Provincial, da traslado al Ministerio Fiscal y a las
acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan
la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
Con respecto a García y Corpas, la magistrada considera que no
procede seguir el proceso contra ellos al no quedar "debidamente
justificada" su participación ya que no dictaron materialmente las
resoluciones.
La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente
sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa
penal, contra 'Círculo Agroambiental' al estimar que la empresa vulneró
la normativa referente a los espacios protegidos cuando este dio inicio a
los trabajos previos para la construcción del hotel al carecer de
autorización ambiental unificada.
El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y
los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía
consideró que el inmueble era "incompatible ambientalmente" con el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la
zona de B2 o área natural de interés general.
La mercantil propiedad de los herederos del empresario Marcos
Eguizabal cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los
agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio
Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.
El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras
la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con
el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro
recurso de la Administración en el mismo sentido por "defectos formales"
en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de
obras concedida para la construcción del hotel.
