MADRID.- Catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas extranjeras han presentado este jueves una demanda que da inicio a un procedimiento de arbitraje internacional contra España por los recortes retroactivos de primas aprobados por el Gobierno en diciembre del año pasado.
En el arbitraje, los fondos reclamarán indemnizaciones de cientos de millones de euros como consecuencia de los recortes retroactivos aplicados, consistentes en una limitación de las horas anuales con derecho a prima a las plantas ya operativas.
La demanda presentada se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo, según informa en una nota el despacho que coordina el recurso, Allen & Overy.
Esta es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se había dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.
Entre los demandantes abundan fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el mundo. Estos fondos y compañías invirtieron en España con la confianza de lograr unos ingresos estables gracias a la retribución establecida por el Gobierno.
El recorte de las primas del real decreto ley 14/2010 afecta a estos inversores, que han dedicado cerca de 2.000 millones de euros a los proyectos. En total, las plantas fotovoltaicas de las que son titulares estos inversores suman una potencia de 270 megavatios (MW).
El socio director de la práctica de arbitraje internacional de Allen & Overy, Stephen Jagusch, aseguró que, "a medida que los países buscan depender más de las energías renovables, es fundamental que los estados aseguren la certidumbre y la estabilidad a largo plazo de sus sistemas de incentivos a la inversión".
"Sin dicha estabilidad, los estados no serían capaces de atraer los cientos de miles de millones de euros necesarios de inversión" y "el tratado sobre la Carta de la Energía se aprobó para proteger a los inversores de cambios ilegales de los marcos jurídicos aplicables a las inversiones", afirmó.
Jagusch aseguró que el régimen tarifario aprobado en 2007 en España sirvió para "atraer las inversiones en el sector solar fotovoltaico".
"Gracias a ese régimen tarifario y a inversores como nuestros clientes, España posee a día de hoy uno de los parques de generación fotovoltaica más modernos del mundo", afirmó.
"Sin embargo, ahora que España se ha beneficiado de las inversiones de nuestros clientes, ha decidido desactivar el sistema de tarifa regulada. En resumen, España indujo a nuestros clientes a invertir miles de millones de euros en el sector fotovoltaico, y una vez que obtuvo el beneficio de tales inversiones, incumplió su parte del trato", añadió.
Antes del lanzamiento de la demanda de arbitraje, los fondos se ofrecieron en marzo a negociar de forma amistosa con el Gobierno el asunto. En junio, el actual Gobierno rechazó la solicitud de los inversores de llegar a una solución pactada a la controversia.
La decisión de los inversores de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional se suma a la condena a los cambios retroactivos que ha expresado la Comisión Europea a través de sus comisarios de Energía y de Cambio Climático.
El grupo de inversores internacionales que participan en esta acción de arbitraje está formado entre otros por AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital y MEIF Luxembourg Renewables.
Estos inversores gestionan conjuntamente más de 30.000 millones de dólares (22.000 millones de euros) por cuenta de más de 70 fondos de pensiones y otros ahorradores institucionales o particulares.
