miércoles, 11 de enero de 2012

El Sindicato Médico entiende que se suspenda al médico acusado de pedofilia ante una posible "alarma social"

ALMERÍA.- El Sindicato Médico ha mostrado este miércoles su postura ante la decisión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "apartar cautelarmente de la actividad asistencial" a un médico identificado como J.H.A.P., de 54 años, quien ejerce en el centro sanitario de Ejido Norte, en El Ejido, y que fue detenido a finales del pasado año acusado de distribuir pornografía infantil; de manera que entiende que la acción de la Junta está destinada a evitar una posible "alarma social". 

   El delegado provincial de Atención Primaria del Sindicato Médico en Almería, Francisco Cobo, ha manifestado que, según los datos que maneja sobre este caso, la decisión de apartar temporalmente al facultativo responde al tipo de delito que se le imputa, ya que está acusado de corrupción de menores.
   De esta forma, desde el Sindicato Médico afirman que es una cuestión que deberá aclararse una vez que exista una resolución judicial, de forma que interpreta la decisión adoptada por la Administración andaluza como una medida para evitar "el alarmismo o repercusión social" entre los pacientes y usuarios del centro de atención primaria.
   El cirujano, que ejerce como doctor en el centro, fue retirado cautelarmente este martes de su actividad, según han explicado fuentes de la Delegación Provincial de Salud si bien se ha declinado precisar los motivos concretos por los que Salud ha tomado esta decisión. "Desde Salud se respeta el trabajo del juez y de la investigación", han añadido.
   Según han informado cercanas a la investigación, desde la incorporación de este hombre de nacionalidad francesa y colombiana a su puesto de trabajo ha habido cierto "malestar" entre el resto de personal médico y administrativo así como entre algunos de los pacientes, que habían identificado al acusado de supuesta pedofilia.
   Concretamente, en su arresto, enmarcado en una investigación internacional realizada por la Brigada de Investigación Tecnológica, la Online Child Exploitation Across New Zealand y el grupo de trabajo Innocent Images Task Force del FBI; se le intervino un ordenador portátil, cuatro discos duros, un DVD, una cámara de fotos y tres pen drives, en donde contenía miles de archivos de pornografía infantil "de extrema dureza", según especificaron fuentes policiales.
   La trama investigada averiguó que los operadores intercambiaban archivos de contenido pedófilo mediante mini redes privadas, un sistema "novedoso" similar a las redes P2P de intercambios de archivo basado en un software gratuito para compartir de forma rápida, gratuita y restringida archivos, en este caso, de carácter pedófilo entre contactos "de confianza".

También el Colegio de Médicos

El presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo, ha tildado de "correcta" la actuación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía al apartar temporalmente de su ejercicio a J.H.A.P., de 54 años, quien ejercía en el centro sanitario Ejido Norte, de El Ejido y que había sido detenido por distribución de pornografía infantil por lo que se haya imputado por un presunto delito de corrupción de menores.
    Martínez Amo ha valorado la acción del Gobierno andaluz al entender que ésta viene asesorada por su gabinete jurídico aunque se ha visto contrariado ya que, en un principio, el acusado se incorporó a su puesto de trabajo tras pasar ante el juez. "La Junta de Andalucía habrá consultado a sus asesores jurídicos para ver si es procedente o no" la retirada cautelar de la actividad asistencial.
   Pese a que ha advertido que aún los hechos "están por probar", ha manifestado que el Colegio de Médicos "tendrá algo que decir" al respecto, por lo aún esperan un dictamen encargado a su gabinete para determinar qué actuaciones debe emprender este órgano ante este caso, por lo que aún se analiza y contrastan las informaciones aparecidas al respecto.
   En esta línea, sí que ha confirmado que el comité deontológico del órgano colegiado tendrá que citar al doctor en cuestión para que preste declaración en relación a este asunto y cómo ha podido afectar a su ejercicio, de forma que ésta declaración podrá ser comparada con una posterior resolución judicial para tomar decisiones al respecto. 
   Martínez Amo ha manifestado además que, en caso de que finalmente se confirmen los hechos que se le imputan, se trataría de un caso "lamentable" y "penosísimo", máxime cuando, según se ha referido, ha perjudicado a otro facultativo de la zona cuyas iniciales coinciden con las del detenido, lo que ha calificado de un "malentendido horrible".

Los equipos del 061 tendrán acceso inmediato al historial del paciente a través de un 'tablet'

CÓRDOBA.- La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, han presentado este miércoles a nivel andaluz, en la sede de la Empresa de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 en Córdoba, la Historia de Salud Digital en Movimiento, que permitirá a los equipos de emergencias sanitarias del 061 tener acceso inmediato a la historia clínica del paciente a través de un 'tablet'.

   Esta iniciativa, según ha explicado Montero, pretende facilitar la labor de los sanitarios en la atención a los pacientes, tanto en sus domicilios como en la vía pública, así como en situaciones de accidentes con múltiples víctimas o emergencias colectivas. Se trata de agilizar la recogida de la información clínica del paciente y de los cuidados que se le aplican, mediante la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a las urgencias y emergencias extrahospitalarias del sistema sanitario público de Andalucía.
   Salud ha destinado un total de 1,5 millones de euros para el desarrollo e implantación de la Historia de Salud en Movilidad, una iniciativa innovadora que ya se encuentra a pleno rendimiento en Córdoba y que se está implantado en el resto de provincias andaluzas en la actualidad.  
   El sistema permite al profesional sanitario trabajar sobre un 'tablet PC' -una pantalla táctil a modo de pizarra- en el que se reciben los datos personales del paciente de forma automática, puesto que está conectado con la Base de Datos de Usuarios y con la Historia Única Digital del sistema sanitario público de Andalucía (Diraya). De esta forma, el programa permite la identificación inmediata de los pacientes, independientemente del lugar donde se encuentren, y conocer así sus antecedentes, alergias, problemas y tratamiento actual, mientras se acude al lugar de la asistencia.
   Esto mejora sustancialmente la labor de los profesionales extrahospitalarios, puesto que les permite tener en el momento de la actuación toda la información clínica del paciente recogida en su Historia de Salud Digital, de manera que facilita la identificación de problemas previos, crónicos o cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el diagnóstico.
   Junto a esto, este nuevo desarrollo captura los datos de los equipos electromédicos de la UVI móvil; esto es, las pruebas diagnósticas que se realizan durante la atención a las urgencias y emergencias y se envían al hospital en caso de derivación, de manera que los profesionales que atenderán al paciente en la puerta de urgencia cuentan con una información más precisa e inmediata. Además, se registra todo el episodio de urgencias en la Historia de Salud Digital, con lo que se nutre con información clínica que hasta ahora no aparecía.
   Asimismo, se quedan registrados los tiempos asociados a cada fase de la atención sanitaria. A través de esta tecnología se recoge la información sanitaria del paciente que es transmitida 'on line' al centro coordinador de urgencias y emergencias para su posterior evaluación y análisis de la calidad del servicio.
   Este sistema, que está financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), permite a los equipos de urgencias y emergencias sanitarias incrementar la seguridad en la transmisión de la información clínica sobre estos pacientes en situaciones de urgencias y emergencias, donde los tiempos y la rapidez pueden llevar a confusiones en la comunicación verbal.
   El sistema incorpora un módulo especial para la atención de múltiples víctimas en las situaciones de catástrofe, en las que lo fundamental para los equipos sanitarios que intervienen en la asistencia de los heridos no es su identificación personal inmediata, sino la clasificación de la gravedad de cada uno de ellos para realizar el traslado a un centro sanitario a la mayor brevedad posible. En su desarrollo final, la aplicación podrá transmitir de forma rápida y automática a las urgencias de los hospitales la información clínica y de cuidados aplicados a los pacientes durante la atención extrahospitalaria.
   EPES ha adquirido 69 'tablet PC', 69 impresoras y 69 'router' que se han instalado en todas las UVI móviles 061, un total de 66 distribuidas por toda Andalucía, así como en tres unidades móviles del Servicio Andaluz de Salud (SAS): DCCU de Bahía la Janda en Cádiz y los DCCU del Distrito Córdoba y Distrito Área Norte de Córdoba.
   Asimismo, se ha formado a los 260 médicos y 221 enfermeros en el uso de esta nueva aplicación, antes de iniciar su puesta en funcionamiento en las distintas provincias andaluzas. Está previsto que la implantación concluya en este primer trimestre del año.
   Los equipos asistenciales tanto del 061 como de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias dotados con el nuevo sistema han realizado en la fase de evaluación un total de 1.888 historias clínicas digitales en movilidad en Andalucía.
   La implantación de este nuevo sistema es posible también gracias a la renovación del 96% de la flota de UVI móviles llevada a cabo por la empresa en los últimos cuatro años en la que ha invertido 1,3 millones de euros.
   Las UVI móviles del 061 disponen de terminales inteligentes que permiten el almacenamiento de datos y la comunicación 'on line' con las salas de coordinación de urgencias y emergencias. A través de estas terminales inteligentes conectadas con el sistema de historia clínica digital en movilidad se reciben los datos personales del paciente, del lugar del suceso y del motivo de demanda que son enviadas desde las salas de coordinación, apareciendo éstas de forma automática en la pantalla del navegador de la UVI móvil y en el Tablet Pc mientras acuden al lugar del suceso.
   Durante la asistencia, el profesional registra a través de la pantalla táctil del 'tablet PC' la información clínica y de cuidados del paciente. Gracias al diseño amigable de la aplicación y a un sistema de comentarios predefinidos, los profesionales introducen de forma rápida y sencilla los códigos de resolución del caso, el hospital al que se traslada el paciente y toda la información clínica de diagnóstico y tratamiento de la asistencia, estando siempre disponible la opción de introducir manualmente cualquier comentario por escrito.
   Esta información se trasmite al centro coordinador de urgencias y emergencias de forma inmediata, donde quedan registrados junto a todos los datos del caso (llamada, transmisiones y tiempos) y desde donde se puede hacer un seguimiento continuo del mismo, facilitando también la comprensión y legibilidad de la información por los profesionales que la reciben.
   Los sanitarios pueden consultar en tiempo real las últimas recomendaciones clínicas desde el programa de ayuda al profesional. Un módulo instalado en la aplicación que aporta de forma automática información relevante para cada caso y que guía al usuario en la toma de decisión sobre el diagnóstico, medicación y posología indicada, adecuándose a los estándares de calidad del proceso asistencial, recordando y requiriendo datos básicos antes de permitir cerrar el caso.
   El programa incluye un módulo de generación de informes que recoge los datos de la asistencia con el fin de imprimir una copia para el paciente, en los casos en que se resuelve la asistencia en el domicilio, o para realizar la transferencia del paciente en los casos en que se traslada a un centro sanitario.

Los intentos de llegada a España de inmigrantes clandestinos aumentaron un 65% en 2011


CÁDIZ.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado este miércoles un avance del informe anual 'Derechos Humanos en la Frontera Sur' que analiza los flujos migratorios hacia España, el cual refleja que en 2011 se ha producido un incremento del 65 por ciento respecto a 2010 en los intentos de llegada (8.867 personas) teniendo en cuenta las personas interceptadas en España, Argelia y Marruecos. Si se tiene en cuenta exclusivamente las interceptadas en España, el incremento es del 26,5 por ciento (6.842 personas). 

   Según ha detallado en rueda de prensa Rafael Lara, miembro del área de Inmigración de la APDH-A, el aumento más significativo de llegadas se ha producido en Ceuta y Melilla, superando en un 128 por ciento las cifras de 2010. A Andalucía han llegado 436 inmigrantes más que en 2010, siendo la provincia de Granada donde se produce la llegada más elevada (1.736), seguida de Almería (1.040) y a más distancia Cádiz, con 413, y Málaga con 122.
   En Canarias sube significativamente el número de llegadas (109, un 42 por ciento más) pero muy lejos de las cifras de 2006 y 2007. Lara ha destacado que la llegada de personas subsaharianas ha sido "prácticamente nula" (16 personas), siendo la mayoría de origen magrebí. Según dice, esto da "buena idea del cambio de rutas migratorias que se ha producido desde 2006 hasta hoy". En el Levante español se ha registrado una disminución, pasando de los 623 de 2010 a los 448 de 2011.  
   La ruta principal de emigración subsahariana hacia España se hace a través del Estrecho de Gibraltar en un sentido amplio. Así, la inmensa mayoría de inmigrantes ha intentado entrar por vía marítima: en embarcaciones más o menos sólidas (5.720), en frágiles neumáticas o balsas hinchables de juguete (859), o a nado en las fronteras de Ceuta y Melilla (1.542).
   En cuanto al origen de las personas que han intentado llegar a España --incluyendo todas las interceptadas en las dos orillas-- son mayoritariamente de origen subsahariano (5.394), marroquíes (1.568) y argelinos (1.464)
   El estudio también ha intentado hacer un seguimiento de la actividad interceptora de Marruecos y Argelia en relación al control migratorio. Así, cifra en 1.225 las personas detenidas por Marruecos y por Argelia en 800, aunque reconoce que son datos "falibles".
   Lara ha manifestado que ha vuelto a registrarse un incremento en el número de víctimas de la emigración clandestina. Así, frente a los 131 muertos o desaparecidos contrastados en 2010, la cifra en 2011 se ha elevado a 198 personas.
   La mayor parte de las muertes y desapariciones se ha producido en Andalucía, fundamentalmente en Granada (73), seguida de Almería (3), Málaga (2) y Cádiz (1). El número de víctimas se eleva a 69 en Argelia, a 34 en Ceuta y Melilla, a once en Marruecos y a cinco en el Levante español.
   APDH-A destaca las "enormes dificultades y precariedad con la que se intenta dar el salto", haciendo referencia a personas que no saben nadar y se tiran al agua, barcas neumáticas de juguete enfrentándose a las corrientes del Estrecho, saltos a la valla de espinos, etcétera. Pese a "estas penalidades y al resultado incierto de la aventura que inicia, la necesidad de buscar horizontes de dignidad sigue impulsando a miles de africanos del norte y de la zona subsahariana a arriesgar la vida para conseguirlo".
   Finalmente, ha cuestionado la utilidad del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en España y de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (Frontex), ya que, después de diez años e inversiones de "miles de millones de euros" en dichos despliegues, "sigue habiendo una situación similar, o incluso incrementos, respecto al periodo de 2003 a 2005".

El riesgo bancario inmobiliario a debate / Ángel Tomás Martín *

Un gran desacierto, no sólo en la política económica sino en cualquier otra actividad, sería calificar negativamente un producto, una gestión o una corporación en su lanzamiento.

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.

(*) Economista y empresario

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.
   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.
   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.
   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.
   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".
   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

Griñán convoca las elecciones autonómicas el 25 de marzo

MÁLAGA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado este miércoles en Málaga la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 25 de marzo.

Andalucía celebrará así sus primeras elecciones autonómicas en solitario desde el año 1990 merced a la decisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de agotar la legislatura tras el adelanto de los comicios generales decidido por el exjefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero.
   Las elecciones autonómicas han coincidido con las generales en las cuatro últimas citas, en los años 1996, 2000, 2004 y 2008, mientras que en 1994 los comicios autonómicos se produjeron al mismo tiempo que las elecciones al Parlamento Europeo.
   Hasta ahora, sólo dos elecciones autonómicas en Andalucía se han celebrado sin coincidir con otros comicios: en 1982, la primera cita con las urnas de ámbito regional tras el acceso a la autonomía plena; y en 1990, en las que Manuel Chaves alcanzó el primero de sus seis mandatos al frente de la Presidencia de la Junta.
   Se da la circunstancia de que, tras esa primera experiencia, Chaves siempre optó por la coincidencia de las elecciones autonómicas con otros comicios: con las elecciones al Parlamento Europeo en 1994 y con las generales en 1996, 2000, 2004 y 2008.
   El PSOE siempre ha logrado el triunfo en las elecciones autonómicas en Andalucía, por mayoría absoluta en cinco ocasiones --1982, 1986, 1990, 2004 y 2008-- y por mayoría simple en el resto. Entre 1994 y 1996 gobernó en minoría y Chaves optó por el adelanto electoral frente a la 'pinza' de PP e IU. Entre 1996 y 2004 los socialistas formaron gobierno de coalición con el PA.

Los alimentos multiplican por cinco su precio desde el campo a los hogares

MADRID.- El precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplicó por más de cinco desde su cotización en el campo hasta la venta al público en los establecimientos comerciales al cierre de 2011, según el Índice de Precios en Origen y Destibo (IPOD) que publica COAG junto a UCE y Ceaccu.

De esta forma, el diferencial entre origen y destino se acentuó el pasado año, al pasar de 3,93 en diciembre de 2010 a 5,13 en el mismo mes de 2011.
Entre las principales causas se encuentra el desplome de los precios hortofrutícolas, que ha agrandado la brecha entre el campo y la mesa. Productos como las patatas, cebollas, pimientos, calabacines, naranjas, limones o plátanos se pagan en origen hasta un 50% más baratos que hace un año.
De esta manera, los márgenes más desorbitados coinciden con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).
El índice se elevó hasta el 5,69 en el caso de los productos agrarios, mientras que el de los productos ganaderos se situó en diciembre en 2,96. En concreto, la carne de cerdo y ternera multiplicaron por 5,35 y 4,42 su precio de la granja al hogar.

La Junta prevé la demolición del 10% de viviendas ubicadas en suelo no urbanizable

SEVILLA.- La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha indicado que de cada diez viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, "una se podría legalizar directamente, ocho serán reconocidas y se les dará servicios básicos, pero no serán legalizadas, y una tendría que ser demolida", lo que supone que se demolerían un diez por ciento de las viviendas situadas en suelo no urbanizable.

   El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, que establece vías para la legalización o reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de circunstancias particulares.
   Sobre el número de viviendas ubicadas en suelo no urbanizable y afectadas por dicha norma, la consejera ha indicado que la Junta no tiene un censo "preciso" del número de viviendas afectadas, aunque sí ha estimado que hay unas 250.000 viviendas aisladas ubicadas en suelo no urbanizable y se estiman unas 1.000 urbanizaciones en dicho tipo de suelo. No obstante, ha destacado que en asentamientos "hay mucho trabajo hecho con los ayuntamientos y muchas están legalizadas".
   Sobre el número de viviendas, la consejera ha reconocido que la Junta "no tiene hecho un estudio, pero ahora corresponde a los ayuntamientos acelerar ese análisis del suelo no urbanizable, ver cuantos asentamientos y cuantas viviendas aisladas hay".
   No obstante, sí ha dejado claro que "de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar".
   Estima que "en las viviendas anteriores a 1975 puede haber una regularización generalizada, cumpliendo los requisitos".
   La consejera ha resaltado que la finalidad de este decreto de regularización es "clarificar y regular la situación de viviendas y edificaciones que se encuentran en suelo no urbanizable".
   Cruz Villalón ha reconocido que "por diversas circunstancias en Andalucía, como en otras comunidades, el suelo no urbanizable ha sido objeto de ocupación ilegal y al margen de planeamiento", que ha derivado en urbanizaciones "hecha con bajo coste económico y carente de servicios básicos y con una importante repercusión ambiental".
   Ha indicado que "estas urbanizaciones suponen un delito urbanístico, que en algunos casos ha prescrito, por lo que se trata de edificaciones que no son legales y no se pueden legalizar pero tampoco se pueden demoler, generando un limbo jurídico y social".
   Por ello, ha precisado que este decreto "pretende, cumpliendo la legislación y sin coste para las administraciones, sino para las personas que poseen o residen en esas viviendas, establecer un reconocimiento de la existencia de esas edificaciones, que no será una legalización, para esas viviendas., que siguen siendo lugar de residencia habitual de muchos andaluces".
   De esta forma, en algunos casos se podrán legalizar, en otros casos se reconocerá la existencia de esas viviendas y en otros se deberán demoler porque no se podrán regularizar en ningún caso al no haber prescrito el delito urbanístico "bien porque se encuentren en suelo protegido, o pueda sufrir riesgos naturales, como inundación o bien porque el procedimiento judicial no haya prescrito".
   La consejera ha dejado claro que este decreto "no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación, un reconocimiento de la existencia de las viviendas en situación de alegalidad" y ha apuntado que ello "requiere de un fuerte compromiso de los ayuntamientos y un gran esfuerzo en la gestión".
   La norma establece vías para el reconocimiento legal de las construcciones en función del análisis de sus circunstancias físicas y jurídicas. De esta forma, el decreto distingue tres supuestos, esto es, edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos --parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos-- y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado --edificaciones con usos vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos--.
   Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse "por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido los cuatro años exigidos para que la Administración actúe o porque se mantenga el proceso judicial abierto".
   En el caso de que se demuestre la prescripción del delito o infracción, se tolerará el uso residencial "pero se debe demostrar que las condiciones de seguridad o habitabilidad de la vivienda".
   De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de 'asimiladas a fuera de ordenación', que les permita mantener el estado actual y el acceso a servicios.
   La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento --tengan o no licencia urbanística-- y reúnan unas condiciones mínimas; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas las que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de suministradoras.
   Por su parte, la figura del 'reconocimiento asimilado a fuera de ordenación' está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción.
   Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.
   Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
   La consejera ha dejado claro que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas", de forma que dicho coste de adaptación deberá ser sufragada por particulares.
   En ese sentido, apunta que "se podrán establecer instrumentos legales o tasas para los propietarios o inquilinos de esas viviendas para que la dotación de servicios básicos y costes de urbanización no se haga a costa de todos los vecinos", tras lo que ha apuntado que "muchas de estas viviendas, aunque sean ilegales, están pagando IBI".
   "Se quiere evitar que este reconocimiento suponga un coste para el conjunto de ciudadanos y administraciones", ha aseverado la consejera.
   Asimismo, ha dejado claro que "simultáneamente se trabajará ayuntamientos y Junta para que siga habiendo mayor control de la legalidad urbanística y conseguir el mismo respeto para el suelo no urbanizable que para el suelo urbano".

Arias Cañete exige que la reforma de la PAC no merme apoyos a agricultores españoles

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha pedido a Bruselas que se fije el presupuesto para la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014 antes de negociar la reforma de esta política, al tiempo que ha exigido al comisario del ramo, Dacian Ciolos, que los cambios no se traduzcan en una rebaja de los apoyos a los agricultores y ganaderos españoles.

   En su primera visita a Bruselas desde que asumió el cargo, el nuevo titular de Agricultura español ha querido dejar claro que la reforma de la PAC será una "cuestión política prioritaria" para el Gobierno, pero considera esencial aclarar antes cuál será el gasto agrícola de las arcas comunitarias en el próximo ejercicio, de 2014 a 2020.
   La marcha en paralelo de los debates de estas dos negociaciones "pueden conducir a situaciones no deseadas en un supuesto en que no hubiera recursos suficientes", ha argumentado en declaraciones a la prensa en Bruselas, tras una reunión con Ciolos. "No se puede reducir respecto a la propuesta de marco financiero de la Comisión Europea, hay líneas rojas que no se deben traspasar", ha añadido.
   Para el Gobierno sería "preferible" que "se cerrara primero el debate presupuestario y conociéramos los recursos disponibles y que luego cerráramos el debate sobre la política agraria común", ha insistido.
   La propuesta del Ejecutivo comunitario para los presupuestos del próximo ejercicio contempla una asignación del 39 por ciento del total a la agricultura en el primer año y reducir el porcentaje progresivamente hasta el 33 por ciento en 2020, pero la propuesta debe ser aún negociada con los Veintisiete y la Eurocámara.
   En cualquier caso, el ministro español ha advertido de que el Gobierno tiene una "enorme inquietud" por la reforma de la PAC que plantea el Ejecutivo comunitario, ya que ve en ella "enormes problemas".
   Arias Cañete ha destacado la necesidad de que el sector en España y en Europa reciba un "apoyo importante", para evitar que "vean reducidos los actuales niveles de ayudas" en un momento en el que "las cadenas agroalimentarias no funcionan satisfactoriamente" y "se están incrementando los costes de producción".
   La reforma de la PAC que propone Bruselas para un nuevo reparto de las ayudas entre regiones y sectores que ponga fin a los derechos históricos --que benefician a países como España y Francia-- y que prime los esfuerzos medioambientales plantea "muchas disfunciones" en su aplicación para modelos agrícolas como el español, según ha indicado el ministro, porque sus cultivos tienen "características muy diferentes".
   En este sentido, el ministro ha trasladado la disposición del Gobierno a trabajar en un modelo "que se aceptable para los agricultores españoles" y que asegure que la nueva PAC sea una política "que no fuerce a que las Comunidades Autónomas y los agricultores pierdan niveles de apoyo respecto a los niveles actuales".
   La delegación española, encabezada por el ministro, ha expresado a Ciolos las reservas del Gobierno respecto a algunas de las claves de la reforma que propone Bruselas, como son el llamado 'reverdecimiento' que condiciona un 30 por ciento de las ayudas directas a esfuerzos medioambientales concretos y la "definición de las regiones elegibles".
   Pero ha emplazado a próximos contactos las discusiones técnicas sobre este asunto, una vez que el Ministerio haya escuchado al sector y a las Comunidades Autónomas. Arias Cañete, además, ha pedido al comisario que visite España para conocer "de primera mano" los problemas de la agricultura y ganadería del país.
   "Le he invitado a visitar España, a que volemos en helicóptero sobre territorio español y vea la realidad de la agricultura española sobre el terreno", ha dicho el ministro, antes de adelantar que Ciolos tiene previsto viajar a Andalucía en abril y podría ir antes a Madrid para contactos con las organizaciones agrarias y el Gobierno. El objetivo, ha dicho Arias Cañete, es que el comisario conozca la "realidad" y comprenda las "especificidades" del campo español.
   Además, el ministro ha apuntado que las líneas de la posición del Gobierno que este martes ha expuesto en Bruselas mantiene "el mismo mensaje" defendido en los últimos meses por su predecesora, Rosa Aguilar. "Compartimos plenamente la estrategia anterior", pero "no se puede uno quedar callado" porque este enero los Veintisiete abordarán cuestiones clave de la reforma, ha añadido Arias Cañete.
   También ha aprovechado la reunión para evocar otros asuntos que preocupan a España como son las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva, el "mal funcionamiento" de los apoyos al sector hortofrutícola y los problemas en los controles de las exportaciones de frutas y hortalizas de terceros países al mercado comunitario.

El turismo internacional creció un 6% en Andalucía en 2011

MADRID.- El turismo internacional creció un seis por ciento en Andalucía en 2011, según los datos adelantados este martes por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que sitúan a Canarias como la región en la que más se incrementó el turismo procedente del extranjero, un 18,4 por ciento.

   En términos generales, el sector turístico cierra 2011 con un aumento del 8,1 por ciento de las llegadas de turistas extranjeros, hasta 56,91 millones, y un incremento del 8,1 por ciento del gasto realizado, que alcanza los 52.906 millones de euros.
   En rueda de prensa para hacer balance de los datos del cierre de 2011, coincidiendo con la publicación del informe Coyuntur correspondiente al último trimestre del año, Soria ha destacado que el turismo --que con estos datos cierra el cuarto mejor año de su historia-- supone el 10,2 por ciento del PIB nacional e incidió en que es "un sector dinámico con capacidad y potencial de crecimiento".
   Concretamente, ha indicado que de los 56,9 millones de turistas extranjeros que visitaron España el año pasado, el mayor incremento se registró en Reino Unido (+9,1 por ciento), seguido de Italia (+8,5 por ciento), País Nórdicos (+8,4 por ciento), Francia (+4,6 por ciento) y Alemania (+3 por ciento).
   Por comunidades autónomas, este crecimiento fue desigual. Canarias lideró el número de turistas extranjeros recibidos con el mencionado repunte del 18,4 por ciento, seguida de Baleares, con un aumento del 10,4 por ciento, aunque también registraron aumentos importantes la Comunidad Valenciana (+7,5 por ciento), Andalucía (el mencionado incremento del 6 por ciento) y Cataluña (+4,6 por ciento), siendo la Comunidad de Madrid la única que registró un descenso del 1 por ciento.
   En lo que se refiere al gasto realizado, que rozó los 53.000 millones de euros hasta diciembre, el gasto medio por persona permaneció casi invariable (-0,3 por ciento), mientras que el gasto medio aumentó un 4,1 por ciento, hasta los 101,6 euros.
   Con los datos hasta noviembre, Andalucía registró un incremento de gasto del 2,8 por ciento mientras que el archipiélago canario concentró el mayor gasto realizado, con un aumento del 13,3 por ciento, seguido de la Comunidad Valenciana (+8,9 por ciento) y Cataluña (+7,8 por ciento).
   En lo que se refiere al turismo nacional, que supone el 50 por ciento de la actividad turística, los españoles realizaron en 2011 aproximadamente 160 millones de viajes, según los datos avanzados del Balance Coyuntur del tercer trimestre del año, lo que supone una ligera mejoría con respecto a 2010. A esta mejora han contribuido tanto los viajes internos como los viajes realizados al extranjero.
   En materia de empleo, en los once primeros meses de 2011 el valor medio de trabajadores vinculados al turismo aumentó un 0,9 por ciento, ligero ascenso debido a un mejor comportamiento de los asalariados (+1,1 por ciento), mientras que la tasa de los autónomos permaneció estable.
   La evolución positiva de la afiliación en las actividades asociadas al sector turístico fue superior tanto a la economía nacional (-1,4 por ciento), como al sector servicios (0,1 por ciento). La tasa de paro del sector en el tercer trimestre del año se situó en el 13,5 por ciento, frente a la media de la economía nacional (21,5 por ciento).
   De cara a 2012, Soria prevé un incremento de turistas pero inferior al registrado en 2011, comparable al retroceso de 2009 y 2010, con moderación en el gasto por el aterrizaje del crecimiento económico.

Almería y Granada, entre las ciudades más baratas para ir al cine

SEVILLA.- Las ciudades de Almería y Granada se sitúan entre las más baratas para ir al cine, con un precio medio de 5,5 euros, según un estudio realizado por Facua en 138 cines de todo el país.

   Por su parte, La Coruña, Albacete y Oviedo son las capitales más caras, ya que una entrada cuesta 7,50 euros de media en días laborables. Le siguen Alicante y Barcelona, donde hay que abonar 7,35 y 7,32 euros de media, y Madrid con 7,29 euros. Los precios medios más bajos son los de Melilla (5 euros).
   De los 138 cines encuestados por Facua, un cine de Barcelona, es el que alcanza el precio más alto, 8,10 euros, seguido varios de Barcelona y uno de Madrid, todos ellos con un precio de ocho euros en la entrada normal.
   Los más baratos de los analizados son: uno de Granada, donde la entrada un día laborable cuesta 4,50 euros, seguido de otro de Melilla con un importe de cinco euros junto con otro de Almería, Córdoba y Santander.
   A nivel nacional, el cine ha subido un 36 por ciento en los últimos siete años, casi 17 puntos por encima del IPC. La entrada cuesta ahora una media de 6,52 euros frente a los 4,8 del año 2004.
   El día del espectador varía según la ciudad, aunque se aplica el miércoles o el lunes en la gran mayoría de los cines encuestados. La entrada cuesta 5,28 euros de media en los cines que ofrecen esta tarifa reducida (131 cines de los 138 analizados).
   El precio medio más caro de los cines que tienen día del espectador se sitúa en Toledo, Pontevedra, Oviedo, Orense y Albacete con 6 euros. Le siguen Alicante 5,95 euros.
   La diferencia de precios en este caso alcanza el 117 por ciento, desde los tres euros que cobran un cine de Valladolid, hasta los 6,50 que hay que abonar en varios cines de Madrid. Los precios más económicos de media son Almería, Granada y Melilla con un coste de 4 euros.
   El precio medio de una película en 3D un día normal es a nivel nacional de 8,80 euros, un 35 por ciento por encima de los 6,52 euros de las películas en 2D.
   La media más cara de los cines que tienen 3D se sitúa Barcelona, 10,53 euros, seguido de La Coruña, 10,17 euros y Madrid con un precio de 10,08 euros. Los más baratos están en Zamora 6,50 euros seguido de Cáceres con 6,70 euros y Melilla, Granada, Jaén y Ciudad Real con un coste de 7,00 euros.
   En este sentido, Barcelona (10,6) y Madrid (10,5) son las ciudades donde se sitúa el cine más caro, con un precio por entrada en días laborables y el más económico es en Zamora con un coste de 6,50 euros, seguido de uno de Cáceres con un precio de 6,70 euros en días laborables.

Más de 50 abogados almerienses envían un escrito a Ruiz-Gallardón contra la habilitación procesal de agosto

ALMERÍA.- Más de medio centenar de abogados y procuradores de la provincia de Almería ha registrado este martes un escrito en la Subdelegación de Gobierno dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que expresan su disconformidad a las pretensiones del Gobierno de habilitar procesalmente el mes de agosto puesto que, según indican, esta medida "redundaría en una disminución de las garantías de los justiciables", entre otras cuestiones, al operar en un periodo vacacional. 

   Según señala el escrito, esta medida "se trata de una aproximación errada a la situación actual" ya que, según explica el colectivo, la inhabilitación del mes de agosto "no obedece, en contra de lo apuntado por el ministro de Justicia, a inercias históricas, sino a la voluntad del legislador, con la previsión, incluso de autorización al Consejo General del Poder Judicial para resolver mediante reglamento situaciones especiales".
   Recuerdan además que el parón a efectos procesales de agosto está determinado por el artículo 138 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes procesales. Además, añaden que la inhabilitación de agosto, permite a los abogados y procuradores "irse algunos días seguidos de vacaciones sin tener que estar pendientes de que les notifiquen algo con un plazo que fine en tres días" mientras que "los jueces y demás funcionarios de la Administración de Justicia no tienen ese problema, puesto que los tiempos los ponen ellos mismos".
   "Hay que estar mal informado para habilitar el mes de agosto, en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, ello significa que se podrían celebrar juicios y vistas en ese mes, y el problema sería que acudieran las partes, testigos o peritos", alegan también los firmantes del escrito, quienes advierten de que la medida en cuestión afecta a un periodo en el que se produce un "importante cambio en la actividad ordinaria de la ciudadanía" por lo que afectaría al sistema de notificaciones, especialmente si se pone en marcha el sistema de notificaciones informático.
   Según las consideraciones expresadas por uno de los impulsores de la medida, la habilitación de agosto conllevaría a la suspensión de vistas orales por falta de personal, peritos o incluso acusaciones, por lo que se piden medidas "más eficaces y menos populistas" que redunden, especialmente, en la falta de medios. "La habilitación de agosto no va a resolver la carga de los juzgados de lo Penal, que afrontan 5.000 diligencias al año" en el caso de Almería, según ha explicado a modo de ejemplo.
   Con esto, los abogados firmantes, que reconocen que "nada impide trabajar en agosto" ya que "de hecho, se trabaja" pese a que "no cuenta a efectos de cómputos de plazo"; consideran "improcedente e inadecuada" la puesta en marcha de esta medida, por lo que solicitan que no se modifique el régimen de inhabilitación del mes de agosto efectos procesales.
   El escrito también se ha trasladado a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Almería para que, asumiendo estos planteamientos, dé traslado de los mismos al Consejo Andaluz de la Abogacía y al Consejo General de la Abogacía Española, solicite de los mismos su pronunciamiento favorable a la opinión expresada y su manifestación pública al respecto, y adopte las iniciativas precisas a impedir la consumación de lo anunciado.

La mayoría de CCAA no convocarán oposiciones para Secundaria

MADRID.- La "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de Secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10 por ciento, según afirman los responsables de Enseñanza Pública de FETE-UGT y FE-CCOO. 

   Sólo Andalucía, País Vasco y Cantabria han anunciado la oferta de empleo público para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La primera lo hizo el pasado martes 27 de diciembre, antes de la aprobación del decreto de recortes del Consejo de Ministros para 2.389 plazas; la segunda lo hizo a principios de diciembre para 556 plazas; y la tercera, la semana pasada para entre 22 y 25 plazas.
   Sin embargo, cabe la duda entre los sindicatos que el Ejecutivo dé luz verde a las plazas anunciadas por Andalucía, pues se trata una convocatoria para cubrir casi el 30 por ciento de la tasa de reposición, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz antes del anuncio de la congelación de empleo público del Gobierno central, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial de esta comunidad.
   Aunque algunos responsables autonómicos han manifestado su "voluntad" de ofertar empleo público para el profesorado, como es el caso de Canarias, hasta ahora ningún consejo de Gobierno autonómico, excepto Andalucía, País Vasco y Cantabria, ha aprobado una medida de esta naturaleza.
   En Baleares, la Conselleria de Educación ya ha asegurado que no llevará a cabo oposiciones para profesores de Secundaria en el 2012 por "falta de tiempo y de presupuesto", si bien la voluntad es llevar a cabo oposiciones en 2013, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita.
   En Castilla-La Mancha se suspendió la oferta pública de empleo tras las elecciones autonómicas y en Castilla y León hay anunciada una congelación de la misma. Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha indicado que va a esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas para así evitar el 'efecto llamada'.
   "El Gobierno ha puesto a las comunidades autónomas el camino fácil para no convocar", afirma el responsable de Enseñanza Pública de FE-CCOO, Luis Castillejo, que añade que después de los "problemas" que hubo en 2011 por las plazas de maestros de Infantil y Primaria en "muchas" comunidades autónomas, donde la tasa de reposición era del 30 por ciento, 2012 se prevé "indudablemente peor", pues a la reducción de este límite se suman los recortes en varias autonomías en materia educativa.
   "La mayoría de las comunidades no van a querer convocar", asegura Castillejo. A su juicio, aunque se trate de "muy pocas plazas", hay miles de aspirantes y, por tanto, las comunidades autónomas van a tener que hacer frente al mismo esfuerzo logístico y económico que supone convocar miles de plazas más.
   No obstante, insiste en que su sindicato va a presionar a las comunidades para que convoquen el mayor número de plazas posibles para cumplir al menos con el diez por ciento de reposición.
   Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero, explica que todavía la comunidad educativa permanece a la espera de lo que va a pasar con la oferta de empleo público para el profesorado, pero al igual que Castillejo opina que va a ser "más complicada" que la de 2011.
   Sobre la situación de Andalucía, Rodero apunta que el decreto del Ejecutivo central no tiene carácter retroactivo y, por tanto, el anuncio de las plazas en esta comunidad estaría dentro de la legalidad. No obstante, aboga por que "cuanto antes" se reúnan los responsables de empleo andaluces con el Ministerio de Hacienda para aclarar este asunto que afecta a miles de opositores.
   En las oposiciones de 2011, tras varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado, la Junta andaluza logró sacar adelante las 3.796 plazas previstas para el concurso-oposición de Infantil y Primaria ofertando 2.200 de ellas como "consolidación de empleo" y las 1.596 restantes como verdadera oferta de empleo público docente.
   Sin embargo, para este año, según advierte el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, "el decreto Ley minimiza lo de la consolidación de empleo", por lo que este sindicato tendrá buscar fórmulas para mantener la legalidad de la oferta andaluza.
   Como se trata de un tema "muy interpretable", CCOO, ANPE y CSI-F han pedido a la Consejería de Educación andaluza que diga "cuanto antes" qué va a pasar con las oposiciones para dar certidumbre, sobre todo, a los aspirantes a una plaza.
   "No va a ser fácil que el Gobierno (central) acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las plazas con el Estatuto Básico que permitía consolidar el empleo interino. Así que la negociación de este año va a ser mucho más dura y complicada, pero somos partidarios de que se libre esta batalla, que es totalmente necesaria", defiende el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla.