lunes, 14 de enero de 2019

'Cemex' inicia la negociación del ERE por el cierre de dos de sus fábricas, la de Gádor la primera

MADRID.- Cemex comienza este lunes el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para los alrededor de 200 trabajadores de las dos fábricas de cemento que cierra en España, la de Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares).

El inicio de la negociación tendrá lugar con la constitución de la mesa de negociación con los sindicatos, que se extenderá durante treinta días.
Cemex planteó a mediados del pasado mes de octubre el cierre de dos de sus siete plantas de cemento en España y la presentación de un ERE para sus trabajadores ante la "drástica y continuada caída de la demanda de cemento en el país".
El ajuste, que coincidió en el tiempo con los anunciados por Vestas y Alcoa, también se achacó al "incremento de los costes de operación, fundamentalmente de combustibles y la electricidad, al cambio de la normativa europea de CO2 y a la pérdida de competitividad en los mercado internacionales".
La multinacional mexicana ratificó su intención de acometer esta reestructuración en el país a pesar de aceptar participar en una mesa de trabajo con el Ministerio de Industria y los sindicatos para buscar alternativas industriales para sus plantas y recolocaciones para sus trabajadores.
La mesa concluyó a finales de diciembre con la localización de varios posibles proyectos para ambas instalaciones. En el caso de Gádor se bajaran seis proyectos, entre ellos la promoción de un parque de energías renovables o de una planta de tratamiento de residuos.
Para la fábrica balear se han identificado ocho proyectos, de los que sobresale el denominado 'Power to Green Hydrogen Mallorca', una iniciativa de Enagás, Acciona y la propia Cemex para levantar la planta de hidrógeno renovable más grande de Europa, mediante un parque fotovoltaico, para su uso como combustible de transporte.
Por el momento, y a la espera de eventuales recolocaciones en los proyectos que finalmente cristalicen, Cemex aborda desde este lunes el proceso de ERE para los trabajadores de las dos fábricas.
Se trata del segundo ajuste que acomete en el país, cinco años después del que abordó entre 2012 y 2013, en plena crisis, que supuso recortar 436 empleos y la venta de una fábrica de Barcelona.
De su lado, el Ministerio de Industria, además de buscar proyectos de reindustrialización, ha diseñado con el sector del cemento un plan de competitividad para esta industria. Entre sus medidas, el plan impulsará el empleo de hormigón en la construcción de carreteras.
Además, el Departamento de Reyes Maroto incluirá al sector cementero en otras dos iniciativas en que trabaja. Se trata de las ayudas para las industrias electrointensivas, esto es, las que tienen un gran consumo de energía eléctrica y están por tanto expuestas a las subidas de la factura de la luz, y las ayudas compensatorias por los costes que registra por sus emisiones indirectas de CO2.

Los PGE 2019 parecen los de la solución ferroviaria para Almería

ALMERÍA.- El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 contempla para la provincia de Almería una inversión de 348,4 millones de euros para desarrollar la línea de Alta Velocidad con Murcia únicamente en la provincia andaluza, a los que se unen los 177,4 millones que se prevé aportar para el resto del trazado en la región murciana.

Según el proyecto entregado este lunes en el Congreso de los Diputados, en materia ferroviaria se prevé invertir unos 380.000 euros en las obras de la Estación de Ferrocarril a través de Adif y 50.000 euros por parte de Fomento para los estudios de la línea Lorca-Baza-Guadix, mientras que no se han destinado partidas para los estudios y proyectos en relación a las comunicaciones ferroviarias entre Granada y Almería.

Una decena de ex cargos socialistas investigados por presunta malversación

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería investiga un presunto fraude millonario en la concesión de ayudas públicas del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), según publica hoy La Voz de Almería.

El magistrado Rafael Soriano cita a declarar a partir de este martes a una decena de cargos y ex cargos socialistas de la provincia de Almería implicados en la gestión de fondos públicos para el empleo entre los años 2010 y 2012.

Entre los investigados se encuentran Francisca Pérez Laborda, ex delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía (cesó el 31 de julio de 2012) y los directores de los consorcios de las diez UTEDLT existentes en la provincia de Almería, la mayoría con vinculación directa al PSOE.

Los directores son Esperanza García (Consorcio de Adra), María de los Ángeles Guzmán (Consorcio del Andarax y líder del PSOE de Canjáyar), Juan José Ramírez (Consorcio de Berja y alcalde socialista de Huécija desde 1999), Antonio Gutiérrez (Consorcio de Carboneras y alcalde socialista de Padules), Juan José Rubio (Consorcio del Mármol), Juana María Muñoz (Consorcio de Los Vélez y candidata socialista en Cuevas del Almanzora), Juan José Cano (Consorcio de Huércal-Overa y ex alcalde de Purchena), Elena del Arco (Consorcio de Purchena y ex portavoz socialista en Olula del Río), José Francisco García (Consorcio de Tabernas) y Joaquín Balazote (Consorcio de Vícar y ex alcalde socialista de Cantoria).

Fondos públicos
Las unidades territoriales fueron creadas como medio de cooperación entre el SAE y los ayuntamientos para fomentar la creación de empleo en el ámbito local. En la práctica suponían un apoyo a las políticas activas de búsqueda de trabajo en áreas de la provincia con menos recursos municipales.

Sin embargo, la selección del personal, el criterio de concesión de las ayudas públicas y la fiscalización de la actividades financiadas levantaron sospechas de supuestas irregulares.

En el año 2012, con José Antonio Griñán todavía como presidente de la Junta de Andalucía, las UTEDLT cesaron sus actividades y en el año 2015 se abrieron diligencias penales por presunto fraude y malversación de fondos públicos.

El magistrado Rafael Soriano inició la instrucción del procedimiento en Almería, conocido como Caso Alpes. Las ayudas de empleo se gestionaban a través de los consorcios y, en segunda instancia, de los agentes locales de promoción y empleo (Alpes).

Según documentos a los que ha tenido acceso La Voz de Almería, especialistas en delitos financieros de la Policía Nacional siguieron el rastro de la concesión de 5,6 millones de euros en ayudas públicas entre los años 2010  y 2012.

El magistrado cita a declarar a partir del martes (en varias sesiones) a la entonces responsable de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, a los directores de las UTEDLT y a decenas de Alpes empleados en estos ejercicios en proyectos desarrollados en la provincia.

Esta investigación se extendió a la gestión de la Consejería de Empleo (etapa de Manuel Recio y Antonio Ávila) y a otras provincias andaluzas. En la mayoría de los casos, los juzgados de instrucción terminaron por archivar el procedimiento por la falta de indicios de malversación.

5,6 millones en ayudas, 638.000 euros en despidos
La instrucción judicial del Caso Alpes en Almería estudia el destino de 5,6 millones de euros en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). La investigación halla indicios de descontrol en el destino de las fondos públicos y estudia una presunta malversación de caudales.

La Junta de Andalucía decidió clausurar la UTEDLT en plena crisis económica y la Administración tuvo que asumir los costes salariales de la red de trabajadores compuesta, en el conjunto de Andalucía, por 95 directores y 697 técnicos.

En Almería, había aproximadamente medio centenar de Alpes (agentes locales de promoción y empleo), que iniciaron un contencioso con la Junta para conseguir su integración en el Servicio Andaluz de Empleo.

Las indemnizaciones por despido ascendieron en Almería a 638.600 euros, según datos de la investigación desarrollada por la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.

Las diligencias se concentran esencialmente en el destino de los fondos públicos y  en la posible existencia de lucro personal gracias a un sistema de subvenciones para el empleo que, según un informe del Tribunal de Cuentas, carecía de una adecuada fiscalización de las actividades desarrolladas en la unidades territoriales para el empleo.

En la provincia de Almería había diez UTEDLT activas para la gestión en coordinación con las corporaciones locales.