SEVILLA/ALMERÍA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado favorablemente
la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de
Carboneras (Almería) tramita para revisar de oficio la licencia de obras
concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de El
Algarrobico de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho
permiso municipal, que declara "nulo".
En su resolución
preceptiva y vinculante del pasado 22 de mayo, el órgano valida el texto que el Consistorio tiene intención de
elevar a Pleno próximamente para dar cumplimiento a la sentencia dictada
por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de
realizar este proceso ante las leyes que se vulneraron para otorgar la
licencia.
En esta línea, el Consultivo concluye que la
licencia resulta "nula de pleno derecho" principalmente por dos motivos:
por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido,
conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994;
y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia
mínima de 100 metros del deslinde del dominio público
marítimo-terrestre.
Así, señala que el Pleno del Ayuntamiento
de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el
procedimiento al tiempo que rechaza la caducidad del expediente puesto
que, pese al tiempo transcurrido --más de 20 años--, el procedimiento se
ha visto sujeto al cumplimiento y ejecución de las resoluciones
judiciales.
Con ello, avala el informe emitido el pasado 27 de
marzo por parte de la Secretaría del Ayuntamiento con la propuesta que
se someterá a debate en el plenario, la cual fue incorporada al
voluminoso expediente examinado por el Consejo Consultivo ante el que,
además, alegaron tanto colectivos ecologistas como la propia empresa
promotora.
Dicha propuesta instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de
facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un
procedimiento específico para determinar si la constructora tendría
derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.
El Ayuntamiento acordará así "determinar cualitativa y
cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en
su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este
momento carece de los medios materiales y personales necesarios para
estudiar este asunto en detalle.
En cuanto a las alegaciones y
recursos interpuestos por las partes al expediente, el Ayuntamiento
prevé remitirse al propio dictamen del Consultivo, el cual respalda sus
pretensiones tanto en el modo de tramitar el expediente, los plazos y su
intención de estudiar en un segundo expediente las posibles
indemnizaciones.
La
organización ecologista Greenpeace hace celebrado esta "victoria" tras
más de dos décadas de litigios y 12 años desde que la organización
iniciara la vía administrativa específica para la revisión de oficio.
Así, ha valorado que el Consultivo haya "dado la razón a quienes han
defendido la ilegalidad del hotel construido a pie de playa en
Carboneras"
Con ello, han manifestado que durante estos
últimos cuatro años desde que el TSJA obligara a la revisión de oficio
de la licencia, el Consistorio "ha agotado todos los cauces para evitar
este paso", una actitud que Greenpeace ha calificado de "insumisión
judicial intolerable".
"Hoy celebramos mucho más que la
anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en
nuestras costas. Sin embargo, esto debe ser un punto de inflexión: ante
la gravedad de los retos ambientales y climáticos que enfrentamos, no
nos podemos permitir este tipo de funcionamiento institucional agónico y
cómplice", ha dicho la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva
Saldaña.
Por su parte, el coordinador de Greenpeace Andalucía,
Luis Berraquero, ha considerado que "ya no quedan más excusas" para
acceder al derribo del hotel "tras años de trampas y desobediencia por
parte del Ayuntamiento de Carboneras".
"Cada día que el hotel
sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora
de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es
una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel", ha añadido.
Greenpeace ha recordado que el Tribunal Supremo sentenció en 2016 que
el paraje del Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994
mientras que en su sentencia de 2023, el alto tribunal ordenó en firme
al Ayuntamiento de Carboneras que iniciara el procedimiento de revisión
de oficio de la licencia de obras.
"El dictamen actual del Consultivo es el último paso para acabar con
la licencia, confirmando que el permiso concedido en 2003 fue ilegal
desde el primer minuto por contravenir los planes ambientales del Parque
Natural, tal y como denunció Greenpeace", han abundado.
Así,
han urgido a la aplicación del protocolo de derribo y restauración
firmado por Gobierno central y Junta de Andalucía en 2011, en el que
establece un reparto de tareas: el Estado se encarga de la demolición y
el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y
la gestión de los residuos.
Greenpeace exige que los
presupuestos públicos de 2026/2027 reflejen ya las partidas necesarias
para devolver la playa a su estado original. "No se trata solo de tirar
un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del
Mediterráneo andaluz". Según un informe encargado por Greenpeace, el
derribo y la restauración tienen un coste estimado que supera los siete
millones de euros.
Además, la nulidad de la licencia es la
"llave maestra" para culminar el proceso de expropiación parcial
iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica "sin
tener que hacer frente a una indemnización abusiva". Dicho proceso, que
afecta solo a la mitad del hotel que invade la zona de servidumbre, está
pendiente de concretar un justiprecio por parte de un tribunal de
expropiaciones
Para Greenpeace, la nulidad de la licencia
cierra la puerta a que la promotora exija indemnizaciones millonarias
basadas en una "licencia válida", ya que esta fue ilegal desde su
origen. "Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la
empresa, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día", han
interpretado.
"El Algarrobico pasa hoy de ser un símbolo de la
corrupción y el ladrillazo al ejemplo del fin de la impunidad. No
podemos normalizar procesos de dos décadas mientras destruyen el
planeta: la protección del patrimonio natural tiene que ser ineludible e
inmediata. Hoy, por fin, la ley pesa más que el hormigón", ha concluido
Saldaña.
