miércoles, 13 de octubre de 2010

Campesinos del mundo protestan en Roma contra el acaparamiento de tierras

ROMA.- Representantes de agricultores de África y Asia y América Latina se congregaron en Roma para pedir a la comunidad internacional que cese el acaparamiento de tierras por parte de inversionistas privados y países que buscan aprovisionarse de materias primas y alimentos. 

Los representantes participan en el seno del Foro de la Sociedad Civil, una novedad introducida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuya sede central se encuentra en Roma, para dar voz en la toma de decisiones a colectivos sociales de todo el mundo.
"Durante décadas vivimos gracias a la agricultura familiar y ahora estamos furiosos de que gente se apropie de nuestras tierras y destruya tradiciones seculares", explicó Hortensia Kinkodila, quien llegó de Congo para denunciar el grave fenómeno del acaparamiento de tierras.
"La especulación con las tierras ha suscitado revueltas porque los campesinos no logran producir más alimentos para ellos y sus comunidades", comentó por su parte Renaldo Chingore, de Mozambique.
Según un informe del Banco Mundial (BM), la compra de tierras por parte de multinacionales privadas y empresas gubernamentales ha aumentado en los últimos años de manera impresionante. Sólo en el año 2009, se compraron 45 millones de hectáreas de tierras cultivables de países pobres con el fin de satisfacer las necesidades crecientes de los países desarrollados en el campo de los cereales, biocarburantes y minería.
Los compradores provienen sobre todo de China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Reino Unido e India. La mayoría de las tierras adquiridas se encuentran en África (Sudán, Gana y Madagascar), así como en Indonesia y Filipinas, sostiene el informe.
Pero el fenómeno de acaparamiento de tierras se registra también en países de América Latina: Brasil, Argentina y Paraguay, los cuales figuran en la lista de aquellos que son blanco de la especulación.
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales como Oxfam, Via Campesina y Coordination Sud sostienen que el "acaparamiento" de tierras ha generado el aumento de los precios de los alimentos, la salida forzada de hacendados y fomentado la corrupción.
Para la brasileña Conceicion Muora, del colectivo Marcha Mundial de la Mujer, el monocultivo, entre ellos soja, caña de azúcar y eucalipto, figuran entre los mayores enemigos de algunas regiones de Brasil, ya que "reduce la biodiversidad y cambia todo el territorio". "Esa industria basada en el monocultivo amenaza nuestra soberanía alimentaria. No necesitamos ese tipo de desarrollo sino de una reforma agraria genuina. Queremos decidir qué plantamos y cómo lo plantamos", dijo.
En cambio, el BM estima que los inversionistas contribuyen a ayudar a los países a desarrollarse, a crear empleos y a acceder a nuevas tecnologías. El BM cita como ejemplo Perú, donde fueron adquiridas 235.000 hectáreas, lo que se tradujo en un maná de 36 millones de euros en 15 años de inversiones.
"Es falso que se transforman tierras inútiles y vacías, como dicen los partidarios del acaparamiento", sostiene Ian Scoones del Instituto de Estudios de Desarrollo Sussex, del Reino Unido. "Los nómadas, los pequeños propietarios de tierra, los trabajadores agrícolas han visto sus medios de existencia afectados y será difícil garantizarles derechos", comentó Scoones.
Para evitar abusos, la FAO propone un código ético de conducta para una gestión responsable de las tierras, al que se adhiere de forma voluntaria. La idea no ha sido bien recibida por los colectivos agrarios internacionales, los cuales piden medidas más eficaces. "Esos códigos voluntarios funcionan si todas las personas involucradas están animadas por un espíritu cívico, pero no todos son así. Más que la zanahoria se necesita garrote", sostiene Scoones.

Ecologistas advierten de que el Decreto de Parques Naturales "pretende legalizar" el hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.- Colectivos ecologistas han advertido este miércoles que el Decreto de Parques Naturales que tramita la Junta de Andalucía tiene la finalidad de "legalizar" todas las construcciones ilegales en el parque natural Cabo de Gata-Níjar y, en especial, el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras), por lo que han solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que advierta al titular de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, de que podría incurrir en un presunto delito de prevaricación de salir adelante la citada norma.

   El escrito ha sido remitido por el letrado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que ya informó a mediados del pasado mes de diciembre de que el decreto era "frontalmente contrario" a la ley básica y, por tanto, sería "nulo de pleno derecho" en caso de ser aprobado.
   En concreto, la organización conservacionista sostiene que la norma, en la que ve un posible delito de prevaricación, al pretender dar prioridad a la normativa urbanística municipal sobre los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), "legaliza" el hotel de El Algarrobico que, en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras, fue clasificado como suelo urbanizable con Declaración de Impacto Ambiental favorable y continúa como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado recientemente y publicado en BOP.
   Al hilo de esto, Ecologistas en Acción solicita a Chamizo que advierta a Díaz Trillo sobre la "posible comisión de un presunto delito de prevaricación" en caso de que se publique en BOJA el Decreto de Parques Naturales, cuya "finalidad soterrada" --concluye-- es legalizar el inmueble construido por la mercantil Azata del Sol y cuya licencia ha sido declarada nula, aunque la sentencia esta recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un juzgado de lo contencioso-administrativo.
   En la misma línea se han pronunciado Salvemos Mojácar, Salvemos Macenas y el Grupo Cóndor que, en un nota, han acusado, además, a la Junta de Andalucía de redactar la nueva norma con "secretismo, oscurantismo, de forma sibilina y con un texto casi incomprensible" y de cuestionar "un argumento que ha sido fundamental para ganar todas las batallas legales contra el Algarrobico y el nuevo PORN de Cabo de Gata".  
   A juicio de los tres colectivos, el Decreto "parece pensado expresamente" para legalizar el hotel de Algarrobico y los más de 50 puntos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar sobre cuyo nivel de protección ambiental según el PORN de 2008 pesa un auto de suspensión cautelar del TSJA al considerar el Alto Tribunal que la nueva planimetría del espacio podría regularizar construcciones ilegales en la zona.
   Advierten, así, de que, dado que el Algarrobico obtuvo una DIA favorable en 1998, que, según subrayan "hoy por hoy es ilegal", el decreto la legalizaría "y con ella, al hotel, viviendas ilegales o previsiones de nuevos desarrollos urbanísticos" al tiempo que dejaría "a todos los parques naturales de Andalucía a expensas de la voracidad urbanística de los ayuntamientos".

El alcalde de Níjar defiende su actuación en Aguamarga y cree no haber incumplido en la suspensión del PORN

NÍJAR.- El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha defendido la actuación llevada a cabo por el Consistorio sobre una actuación en un área de la pedanía de Aguamarga que estaría afectada por la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural (PORN) de Cabo de Gata-Níjar decretada por el Alto Tribunal en marzo de 2009, en la que estima no "haber realizado ningún incumplimiento a la Ley". 

   El regidor nijareño ha afirmado que "no existe constancia en este Ayuntamiento de ningún requerimiento al alcalde" por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni por los ecologistas, que han elevado este lunes ante el órgano judicial un escrito en el que piden que se aperciba al alcalde por esta cuestión. "No obstante, de recibir notificación relacionada con este tema en el futuro, no tendríamos ningún inconveniente en valorarla", ha añadido Rodríguez. 

   El citado escrito rubricado por las tres asociaciones ecologistas apunta que resulta procedente requerir "personalmente" a Rodríguez para que se abstenga de realizar cualquier actuación urbanística en el sector SAU-AA-2 de Aguamarga, enclavado en el espacio protegido, ya que está pendiente de resolución judicial cuál ha de ser su nivel de protección medioambiental, según han informado las organizaciones Salvemos Mojácar, Salvemos Macenas y el Grupo Cóndor.

   Los tres colectivos denuncian, en concreto, el acuerdo adoptado en junta de gobierno por el Ayuntamiento nijareño el pasado 19 de septiembre por el que se aprobaba inicialmente la propuesta de convenio urbanístico de gestión en el ámbito de la ejecución del sector SAU-AA-2, una zona que está afectada por los dos autos de suspensión cautelar del PORN en vigor desde 2008 dictados por el TSJA y que supondría, a su juicio, un presunto delito de desobediencia.

   El citado sector, clasificado como suelo no urbanizable en el PORN aprobado en 1994, aparece como zona D o "de mayor intervención urbana" en la nueva planimetría aprobada por la Junta de Andalucía para el parque natural Cabo de Gata-Níjar. El TSJA cuestionó en marzo de 2009 la idoneidad de estos niveles de protección al estimar que las denominadas zonas D "definían nuevo suelo urbano en los núcleos de San José, la Isleta del Moro y Aguamarga que en 1994 eran urbanizable y sobre el que se construyeron viviendas ilegales".

Fomento asegura a los transportistas que descarta imponer peajes en autovías en esta Legislatura

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha confirmado a las patronales de transporte de mercancías por carretera que el Gobierno ha descartado imponer un peaje a los vehículos pesados por circular por las autovías.

   Así lo indicó la Secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, en la reunión que mantuvo el pasado 7 de octubre con las asociaciones de transportistas, según informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

   Fenadismer explicó en un comunicado que durante el encuentro la alto cargo de Fomento se "comprometió" también a "defender los intereses de las empresas de transporte y de la economía española para evitar que la esta nueva normativa europea, la denominada 'Euroviñeta', perjudique la competitividad de las exportaciones españolas".

Los 27 tratarán de aprobar el viernes la norma que permite aumentar los peajes para los camiones

BRUSELAS.- Los ministros de Transportes de los Veintisiete tratarán de alcanzar el próximo viernes en la reunión que celebran en Luxemburgo un acuerdo político sobre la norma que permitirá encarecer los peajes para los camiones hasta cinco céntimos por kilómetro recorrido. El incremento se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular los peajes no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación.

   La denominada 'directiva euroviñeta' perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías. Se espera por ello que la delegación española vote en contra, aunque no logrará reunir los votos suficientes para bloquearla, según informaron fuentes diplomáticas.
   El ministro de Fomento, José Blanco, dio a entender este verano que España podría también aplicar la 'euroviñeta' en su territorio para recaudar más recursos para financiar infraestructuras. Pero más tarde dio marcha atrás y aseguró al sector del transporte que no habrá nuevos peajes esta legislatura.
   Los mayores defensores de la directiva son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Francia planea introducir su nuevo sistema de peajes en 2012.
   La propuesta de Bruselas establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La norma sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos.
   Para desbloquear las negociaciones, atascadas desde el año 2008, la presidencia belga ha propuesto excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión. Pero todavía quedan varios escollos para cerrar el acuerdo político.
   Una mayoría de Estados miembros reclama que los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tengan que pagar extra por la contaminación, al menos durante los primeros años. En concreto, piden que los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no paguen hasta 2015 y los 'Euro 6' hasta 2020.
   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Pero no hay acuerdo sobre cuál debe ser la proporción máxima de este incremento (la presidencia belga propone el 300% mientras que España defiende el 100%) ni durante cuántas horas puede aplicarse como máximo.
   Bruselas había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, la presidencia ha sustituido la obligación por una recomendación, pero todavía no hay acuerdo sobre la formulación concreta. Otros puntos abiertos son la base legal de la norma y la posibilidad de que queden exentos todos los vehículos por debajo de 12 toneladas.

El Congreso pide mejorar los recursos de municipios turísticos

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención del PP, una moción pactada entre PSOE y CiU en la que plantea que se revisen los criterios de distribución de la participación de los municipios en los tributos del Estado, al objeto de asignarles los "recursos suficientes" a la prestación de los servicios inherentes a la actividad del sector.  
 
   En este sentido, reclama que, en el marco de la futura reforma de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceda a la redefinición de municipio turístico, al tiempo que rechaza que se establezcan nuevas figuras impositivas que tengan por objeto principal gravar la actividad turística.  
   Además, pide al Gobierno que estudie la aplicación de una fiscalidad "más favorable" al sector turístico, evitando el establecimiento de nuevas figuras impositivas sobre esta actividad por las "graves consecuencias" que puede tener sobre las empresas y el empleo.  
   Asimismo, se reclama un refuerzo de la política de transporte aéreo y demás infraestructuras de las que depende el sector, orientadas a favorecer los flujos turísticos, así como a impulsar el desarrollo de carreras profesionales en el sector, otorgando "una atención especial a la singularidad estacional laboral del sector".
   En este sentido, reclama que se mantenga el estímulo a la modernización y competitividad del sector a través de los inventivos a la reinversión y las líneas de financiación establecidas para el sector, como la ICO-Future, y que se actúe a favor de la desestacionalización de la actividad a través de la potenciación de los programas de turismo del Imserso y de los programas europeos como los de turismo social y Turismo Senior Europeo.
   Por último, reclama que se fomente la internacionalización de la oferta del sector turístico en los mercados emergentes y, especialmente, la dirigida a nuevos segmentos en los mercados maduros.
   El PP presentó una enmienda en la que planteaba la reducción del 50% de las tasas aeroportuarias, si bien el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, la rechazó en aras del acuerdo con el PSOE, al que la portavoz 'popular' de Turismo, María Salom, rechazó adherirse por tratarse de un texto "descafeinado".
 "El PP es más ambicioso", remarcó.

Cajamar 'blinda' su inmobiliaria con 45 millones más de inyección de capital

ALMERÍA.- Cajamar ha apostado por reforzar su línea inmobiliaria, aunando experiencia y profesionalidad, para lo que ha decidido ir de la mano del Grupo Inmobiliario Aguamar, sociedad que tenía participada en un 25% y que ha absorbido al 100%, y ha contratado a un experto en estas lides para dirigir la orquesta, el que fuera fundador de Infad, Francisco Manuel Martínez Valverde, que forma el tándem perfecto con Ángel Pisa Lalana, que tira del carro de la 'pata' comercial, según 'Diario de Almería'.

Junto a ellos, un equipo humano de comerciales, fichajes y empleados venidos de la propia Aguamar, llevan varios meses ajustando la maquinaria de este gigante, lo que ha llevado a Cimenta2 a trasladar su sede desde la anterior ubicación, en la capital almeriense, en la segunda planta de la emblemática Oficina 00 del Paseo de Almería, hasta el que era hasta ahora el cuartel general de Aguamar, en La Envía (Vícar).

Por supuesto, para que el cóctel tenga el respaldo económico necesario para acometer las actuaciones que le correspondan, Cajamar ha incrementado el capital de su inmobiliaria, Cimenta2, por segunda vez en poco más de dos meses. Y lo ha hecho con una cifra más que notable. Nada menos que otros 45,5 millones de euros, con lo que el capital resultante asciende ahora a 91,6 millones de euros.

Cimenta2 cuenta con más de un millar de inmuebles en cartera, la mayoría de los cuales se encuentran en la provincia de Almería y, según la página web de la compañía, tienen un valor conjunto de unos 50 millones de euros. Le siguen en número, Murcia y Alicante.

Cajamar salva con nota la reválida anual de la solvencia

ALMERÍA.- La agencia Fitch ha mantenido la calificación crediticia de Cajamar entre las diez mejores del sector por sexto año consecutivo y ha confirmado los rating en 'A' a largo plazo y 'F1' a corto plazo, lo que refleja su "elevada calidad crediticia" y su "reducida expectativa de riesgo".

   Así lo ha comunicado este miércoles la entidad financiera que ha destacado en una nota que la referencia de Fitch reseña una mejora de los costes de financiación, de la gestión de la liquidez y su sólida capitalización y destaca "la fuerte implantación" del negocio minorista de Cajamar en sus provincias de origen --Almería, Málaga, Murcia y Valladolid-- que le confiere una base estable de depósitos de clientes.

   La agencia advierte también del efecto que podría llegar a tener en el balance y sobre la rentabilidad de la entidad el debilitamiento de los indicadores de calidad de los activos, por lo que  mantiene la perspectiva del rating en negativo advirtiendo del riesgo de una posible rebaja si Cajamar no fuera capaz de  generar ingresos suficientes de banca minorista para absorber un posible deterioro de su cartera crediticia.

   El rating otorgado por Fitch, según ha subrayado la entidad, es uno de los diez mejores del sector y muestra su fuerte rentabilidad, la calidad de sus activos, el volumen estable de sus depósitos y su robusta base de capital.

   Cajamar, primera cooperativa de crédito y caja rural de España, es la cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, que ocupa el puesto 16 en el ranking de entidades financieras españolas por volumen de negocio. 
 
Su actividad se dirige a clientes particulares y pymes, prestando una atención preferente al sector agroalimentario. A 30 de junio de 2010 cuenta con 965 oficinas y 5.100 empleados, que atienden a 2,5 millones de clientes de los que más de 670.000 también son socios de sus entidades.