lunes, 14 de mayo de 2018

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros sigue en aumento

MADRID.- La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros ascendió a 49.553 operaciones en el segundo semestre de 2017, lo que supone un incremento del 14,1% en relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Notariado.

Así, las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el 19,5% del total de las operaciones de compraventa realizadas en el semestre, con lo que rondan por quinto año consecutivo el 20% del volumen de mercado.
Diferenciando entre extranjero residente y no residente, el 46,9% de las compraventas fueron realizadas por extranjeros no residentes, que aumentaron un 8,8%, frente al alza del 6,5% en la primera, en tanto que las operaciones de extranjeros residentes supusieron el 53,1%.
Todas las comunidades autónomas mostraron avances en el número de transacciones de vivienda libre por parte de extranjeros. Once autonomías registraron incrementos superiores a la media nacional (+14,1%), destacando Extremadura (+54,9%), Cantabria (+38,3%) y Navarra (+34%).
Con ascensos de entre el 20 y el 30%, y de más a menos, se situaron Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, País Vasco, Murcia y Asturias, mientras que en la Comunidad Valenciana (+19,8%) y Castilla y León (+15,7%) las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros avanzaron algo menos del 20%, pero por encima de la media nacional.
En cambio, se registraron incrementos inferiores a la media nacional (14,1%) en las seis autonomías restantes: Andalucía (+12,8%), Galicia (+9,8%), Canarias (+8,7%), Baleares (+5,3%) y Aragón (+2,8%). 
Por último, se sitúa Cataluña (+2,5%), que refleja un notorio enfriamiento desde el 19,8% registrado durante la primera mitad del ejercicio.
Las regiones con mayor peso de las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros fueron Baleares (40,5%), Canarias (37,6%), Comunidad Valenciana (37%) y Murcia (28,4%), mientras que supusieron un 10% o menos en el centro peninsular y la Cornisa Cantábrica: Aragón (+10%), Navarra (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,9%), País Vasco (+5,5%), Asturias (+5,4%), Cantabria (+5%), Castilla y León (+4,8%), Galicia (+4,5%) y Extremadura (+3,8%). Andalucía (+19,2%) y Cataluña (+18,4%) vuelven a situarse nuevamente en torno a la media y Madrid (+12,2%) varios puntos por debajo.

Suben los precios

De su lado, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros se situó en 1.717 euros, lo que supone un incremento del 5,7% en tasa interanual, casi el doble que en el primer semestre.
En concreto, el precio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 8%, hasta los 2.027 euros el metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas compradas por extranjeros residentes creció un 4,6%, hasta los 1.420 euros.
El mayor precio medio pagado por los extranjeros no residentes respecto a los residentes viene sucediendo ininterrumpidamente desde principios de 2014, y ambos se situaron por encima del alza del precio del comprador nacional (+3,8%).
Mientras que el número de compraventas por parte de extranjeros creció en todas las comunidades en la segunda mitad del año, la evolución de los precios fue mucho más dispar, al caer en tres autonomías –La Rioja (-7%), Castilla-La Mancha (-6,7%) y Navarra (-3,3%)– y subir en las 14 restantes, destacando Extremadura (+44,8%).
Las nacionalidades con mayor dinamismo en el mercado de vivienda libre, durante el segundo semestre, fueron Marruecos (+35,6%), Ecuador (+32,9%) y Portugal (+32,6%) y se constató la recuperación de la actividad de los británicos (+7,8%), que tras el referéndum de salida de la UE habían reducido notablemente sus compras (23,6% en el segundo semestre de 2016 y una caída del 16,1% en el primer semestre de 2017).
En cuanto a los precios, se produjo una notable variabilidad entre países. Entre los extranjeros residentes se observaron incrementos de precios en general –destacando argentinos (15,6%) e italianos (14,1%)–, pero disminuyeron entre suecos, daneses y, sobre todo, irlandeses (-21,2%) suizos (-14,5%) y holandeses (-10,2%).
Entre los no residentes se dispararon los precios pagados por ecuatorianos (107,0%) y, en menor medida, argentinos (29,1%) y daneses (23,1%), mientras que cayeron entre portugueses (15,0%), estadounidenses (-9,3%) y rusos (-1,6%).

Hacienda fracasa en la fusión de ayuntamientos: hay seis más que en 2013

MADRID.- 'La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado'. Así de tajante se muestra un artículo publicado en Reala, una revista editada por el propio Ministerio de Hacienda. El trabajo cuestiona la escasa eficacia de la ley, aprobada en su día por el ministro Montoro, que pretendía acabar con el minifundismo local en España, donde conviven 8.124 ayuntamientos, de los cuales nada menos que el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, algo que, en muchos casos, los hace insostenibles. En 14 provincias, incluso, más del 80% de los municipios no pasa de 1.000 habitantes, lo que pone de relieve la naturaleza del problema.

El artículo, escrito por Eloísa Carbonell, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Jaén, recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretendía incentivar la fusión de municipios para ganar tamaño y aprovechar las economías de escala que generan ayuntamientos más grandes, pero la realidad ha sido muy distinta.
Desde que se aprobó la ley estatal, en medio de una formidable crisis económica, apenas han nacido dos municipios fruto de la fusión de cuatro ayuntamientos: los coruñeses de Oza y Cesuras, con un resultado algo más que discreto, y los pontevedreses de Cerdedo y Cotobade, que es el municipio más joven de España (2016). La prensa local, de hecho, ha considerado que la primera fusión, bendecida por las autoridades gallegas como una especie de banco de pruebas de un proceso de concentración de municipios a escala nacional, "no ha cambiado nada", más allá de una simple agregación de nombres. 
El ayuntamiento se llama ahora Oza-Cesuras, pero poco más, como ha puesto de relieve un estudio de la Universidad de La Coruña.
El artículo editado por Hacienda considera que el fracaso en la fusión de municipios se debe a que la reforma (realizada bajo la presión de la recesión) fue "precipitada" y motivada por una perspectiva "estrictamente económica sin valorar otras posibles soluciones que había puesto de relieve la doctrina". La profesora Carbonell se refiere a la "posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado". Y el futuro no parece que vaya en esa dirección.
Según el estudio, "no parece previsible" que se produzca una reducción significativa de municipios ni por la aplicación del convenio de fusión que recoge la ley de 2013 ni por la formulación de propuestas al amparo del plan económico-financiero que prevé el artículo 116 bis. "A lo sumo", se dice, "se habrá conseguido que no se creen nuevos municipios por segregación".
Tampoco se ha logrado ese objetivo. Si en 2013 había registrados 8.118 municipios, a 1 de enero de 2018 son ya 8.124 ayuntamientos, pese a que se han producido tres fusiones. Dos en Galicia y una en el País Vasco al amparo de las leyes forales.

Nuevos municipios

En los últimos años se han creado municipios como Domingo Pérez (Granada), por segregación del término municipal de Iznalloz; Játar Granada), por escisión del término municipal de Arenas del Rey; Balanegra (Almería), por segregación de Berja; Montecorto (Málaga), antes ligado a Ronda; Dehesas Viejas (Granada), por segregación de Iznalloz o Serrato (Málaga), por escisión del término municipal de Ronda (Málaga). También en este tiempo, el municipio de Itsaso (Gipuzkoa) del municipio Ezkio-Itsaso.
La proliferación de municipios en Andalucía tiene que ver con el hecho de que la Junta aprovechó el tiempo hasta que la nueva ley entrara en vigor para dar carta de naturaleza a nuevos núcleos urbanos.
El artículo 13.4 de la Ley de Bases de Régimen Local habilita a los municipios colindantes dentro de una misma provincia, con independencia de su población, a acordar una fusión mediante un convenio. Eso sí, la norma deja bien claro que el municipio resultante de la fusión "no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión".
Esta salvaguarda está relacionada con la reciente historia del municipalismo en España. En los años 60, se pusieron incentivos para la fusión de ayuntamientos, pero al cabo de un tiempo muchos de esos ayuntamientos acabaron de nuevo por segregarse debido a que la integración no acabó de cuajar. Como dice uno de los autores de la reforma de la ley de bases de régimen local, por la ausencia de una política de Estado mantenida en el tiempo. 
Por el contrario, como ha sucedido en la reforma de 2013, se optó por el voluntarismo del legislador "en una noche de efervescencia", en lugar de actuar con gradualismo y con incentivos más potentes. El resultado es que, en estos momentos, el 61% de los municipios españoles concentra a tan solo el 3,15% de los habitantes del país.
La ley de 2013 prevé que la creación de nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 
Estos requisitos son exigibles a la creación de un nuevo municipio por segregación de ese núcleo de población diferenciada, pero no cuando el nuevo municipio es consecuencia de un proceso de fusión.
¿Cuál es el resultado? Como sostiene un informe de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca. 
El número de municipios, sin embargo, continúa creciendo en otras provincias. La ley es papel mojado, según El Confidencial.

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.
La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 
De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.
El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.
Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.
“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.
Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.
Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.
Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.
Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".
Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.
A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

Rivera supera a Podemos en la defensa del soldado-funcionario de más de 45 años

MADRID.- Albert Rivera, después de encabezar las causas salariales de guardias civiles y policías, también se ha puesto al frente de las aspiraciones del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al asumir en el Congreso postulados de asociaciones de militares hasta ahora solo amparados por Podemos. Ciudadanos va incluso más allá y propone la figura del soldado-funcionario, al defender que los contratos de larga duración se prolonguen más allá de los 45 años y que los interesados, aunque no asciendan ni se especialicen, tengan garantizado un puesto de trabajo con cargo al Estado hasta su jubilación ordinaria, según relata hoy El Confidencial.

La subcomisión creada en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas registra las primeras consideraciones de los grupos parlamentarios, basadas la mayoría en mejorar las condiciones de la carrera para soldados y marineros, pero dejando en segundo plano las necesidades operativas de los ejércitos. Podemos pretende 'cuadrar' las subidas salariales y el problema del envejecimiento de las tropas con una posterior reducción general de sus efectivos que, a su juicio, debería abordar la Cámara antes de que termine la legislatura.
En el caso de Ciudadanos, sus aportaciones se basan en las propuestas de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Ambos grupos plantean al Ministerio de Defensa la suspensión de la normativa vigente en el límite de edad (45 años) para permanecer en las FAS cuando el soldado o marinero no logra una plaza permanente por el pase a una escala superior o consigue acceder a una de "compromiso permanente" (hasta los 58 años) reservada para especialistas.
El 85% de los 76.000 soldados y marineros con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas tiene contratos temporales o de larga duración con el tope en los 45 años. Las pocas plazas de ingreso ofrecidas durante la crisis, más las escasas salidas voluntarias por la situación laboral, han disparado la edad de la tropa hasta los 33 años de media y existe la amenaza de superar los 35 en breve. Es una tendencia que alarma en el Estado Mayor, desde donde piden de entrada rebajar la edad máxima de acceso a las FAS hasta los 25 años.
El ministerio trabaja en un plan de formación profesional, titulaciones y reserva de plazas en otros ámbitos de la Administración para paliar las salidas forzosas de soldados sin posibilidades de entrar en el mercado laboral 'civil' que se tienen que conformar con los 7.200 euros anuales que reciben los acogidos a la fórmula de la reserva "de alta disponibilidad". Pero al mismo tiempo consideran letal para el modelo de Ejército y la operatividad de las unidades alentar la idea del soldado-funcionario.
En el texto presentado en la subcomisión, Ciudadanos propone eliminar el tope de los 45 años y abrir la posibilidad de que "la tropa y marinería alcance con carácter general la edad necesaria para pasar a la reserva, al igual que ocurre con oficiales y suboficiales". En cualquier caso, el partido de Albert Rivera sostiene que el Gobierno debe ocuparse de "implicar" a otros ministerios y "otras administraciones públicas" para garantizar una salida laboral a los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas.
El alineamiento de los 'riveristas' con Podemos en la reforma del régimen profesional de los militares ha obligado a los representantes del Grupo Popular en la subcomisión a apelar al tradicional consenso que han mantenido con el PSOE en materia de Defensa en las últimas legislaturas, tanto con gobiernos del PP como socialistas. De hecho, el régimen de personal de las Fuerzas Armadas actual data de 2006, cuando era ministra Carme Chacón.
Fuentes del partido en el poder confían en llegar a un acuerdo con los socialistas, "que sí tienen sentido de Estado", para que la citada reforma se haga sin perjuicios para la seguridad nacional y la operatividad de los ejércitos.

Julio Rodríguez, el ex JEMAD de Podemos: "Las Fuerzas Armadas son insostenibles"


MADRID.- Julio Rodríguez (Orense, 1948), Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), relata hoy en www.vozpopuli.comcómo se incorporó a Podemos en 2015 después de haber ocupado el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del Rey. 

En el libro que acaba de publicar 'Mi patria es la gente' (Península, 2018) relata su trayectoria vital y profesional, desde los tiempos de su juventud cuando votó al PCE en las primeras elecciones democráticas  de 1977 y le apodaban Julito, el Rojo' por sus ideas políticas. 
Además, narra episodios desagradables que le han ocurrido desde que decidió aceptar la propuesta de Pablo Iglesias para ingresar en el partido con el que concurrió como candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016 sin lograr escaño.
En la entrevista que concede a Vozpópuli plantea una reducción progresiva del personal de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades actuales; analiza el futuro de Podemos tanto en Madrid como a nivel estatal y la relación con el PSOE; y desgrana su visión de la monarquía y del rey Felipe VI.

- Usted conoce bien las Fuerzas Armadas por dentro. ¿Cree que sobra personal?
- Yo hablo de que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tanto en capacidades de personal como en capacidades operativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo son unas Fuerzas Armadas insostenibles. Tenemos una deuda tremenda y no se puede ir alargando la solución hacia el futuro. Como son alimentadas por los Presupuestos Generales del Estado, hay que establecer prioridades. Y el debate de la seguridad hay que abrirlo de una manera transversal. La sociedad civil, si quiere sentirse más segura con el instrumento militar, tiene que poner recursos. Y esos recursos los tiene que detraer de otro sitio.

- ¿Pero habría que rebajar el número de militares?
- Hay que redimensionarlas. Ahora en los conflictos se utilizan instrumentos distintos a los que se utilizaban hace cinco o diez años. En cuanto a sistemas de combate, aviones, profesionales, drones, pilotos o sistemas de armas.

- Es que en su libro plantea que hay que pasar de los 140.000 efectivos máximos actuales a una horquilla de entre 103.000 y 108.000, distribuidos entre 70.000 y 80.000 soldados y marineros, y entre 33.000 y 36.000 mandos.
- Pienso que todo el sistema de personal es un proceso que requiere diez años como poco. No puedes pasar de 140 a 100 en un año. Es un proceso que empieza por la entrada en las academias y acaba con la cúpula. Es un proceso que tienes que empezar reduciendo y eso requiere programas y mentalidad a largo plazo. Es algo que hay que hacer con progresividad.

- No le gustó el discurso que pronunció el rey en octubre con la crisis de Cataluña. En su libro repasa el papel de don Juan Carlos en el 23-F. ¿Son comparables?
- Critico el discurso pero no lo comparo con el 23-F. Yo siempre valoro las circunstancias y el contexto. La del 23-F fue una actitud que era la que se debió tomar. Había unos poderes fácticos que existían claramente. Luego, la conducta del rey emérito que le llevó a abdicar fue otra decisión que podríamos entrar a valorarla; es verdad que entraron nuevos aires a la monarquía. El mismo Pablo Iglesias lo dijo.
Y cuando juzgamos la actitud desde el punto de vista personal que tomó con respecto al discurso de Cataluña, hago más una crítica al Gobierno. Como los discursos del rey los debe escribir el Gobierno, si eso fue una decisión del Gobierno del PP, fue una decisión que utilizó a la institución. 
Pero (al rey) yo le critico el lenguaje personal que tuvo, el no ocupar el papel que le correspondía de mediador –que hubiera sido más útil-. Desde ese punto de vista, lo considero como un error.

- A renglón seguido dice en el libro que otra "metedura de pata" podría poner encima la mesa el debate sobre la monarquía.
- Digo que la institución, igual que tenía una cierta credibilidad con el anterior rey, hay riesgo de que errores de este tipo la pongan en riesgo. Es un debate que está ahí pendiente. Una institución que puede jugar un papel como en otros países, si entra a marcarse políticamente, puede poner en riesgo la institución. En una institución democrática, alguien podría poner en duda cómo el rey -el jefe del Estado- no es elegido democráticamente. Si encima actúa políticamente…

- ¿Qué propondrían?
- En un proceso constituyente hay que modificar la Constitución. Igual que hace unos años se planteó por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que llevo cuatro asuntos al Consejo de Estado. Este proceso puede ampliarse y puede que ese debate se abra.

- Usted dice que si se volviera a redactar ahora el artículo 8 de la Constitución, probablemente se enunciaría en otros términos.
- Yo siempre digo que hay que leer la Constitución entera y también hago referencia al artículo 97, que dice que están sometidas al poder civil. Eso es lo que ya ha calado, el espíritu del constituyente. Pero si existe alguna ambigüedad, hay que modificarlo para clarificar. Este no es un motivo por sí sólo para cambiar la CE, pero si se producen cambios, hay que hacerlos formalmente y resolver ambigüedades. Y si este es uno de ellos, habrá que hacerlo.

- ¿Pero las Fuerzas Armadas deben garantizar la unidad territorial, no?
- Están sometidas al poder civil. Si se lee como me está insinuando, que ellas pueden actuar, hay que leer la Constitución entera. Y está claro que no pueden actuar de una forma autónoma, por sí solas. Si el poder civil decide utilizar el instrumento militar porque hay un invasor extranjero, o porque decide poner un estado de excepción o de sitio, es una responsabilidad política, pero no una responsabilidad que autónomamente puedan tomar las fuerzas armadas.

- Critica al Gobierno por el discurso del Rey. Pero en su libro también reprocha duramente cómo gestionó el Ejecutivo su baja como general de la Reserva tras fichar por Podemos. ¿Hay un cierto ajuste de cuentas con Pedro Morenés?
- No es un ajuste de cuentas. Explico cómo se produjo el cese. No quise explicarlo en aquel momento en que estábamos en campaña, porque no quería utilizar como había hecho el Gobierno una decisión para utilizarla como denuncia. Yo creo que fui leal. Lo hice dentro de la legalidad. En este sentido, le critico su reacción visceral, que puede tener cualquier ciudadano individual, pero él era un representante del Gobierno; era un ministro. 
Por tanto, la visceralidad tenía que haberla puesto a un lado. Que le produjera un efecto sorpresa, lo entiendo, pero que reaccionó visceralmente como diciendo 'algo hay que hacer', para alguien que había pedido la baja de forma voluntaria; que se diga que se le cesa por 'falta de idoneidad' era algo totalmente fuera de lugar.

El PP anuncia un pacto nacional sobre agua con sus barones, que asegura transferencias de caudales sobrantes

MADRID.- El Partido Popular presentará «en pocos días» un documento sobre agua acordado con sus presidentes autonómicos y en el que se detalla cómo distribuir los recursos hídricos en España, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases. 

La dirección nacional del PP y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llevan meses negociando con sus líderes territoriales una posición común en un asunto que tradicionalmente ha enfrentado a las comunidades del Levante, como Murcia y Valencia, con autonomías como Castilla-La Mancha y Aragón.
El agua fue precisamente uno de los temas que se acordaron impulsar en la comida de trabajo que Mariano Rajoy celebró el pasado 12 de febrero en la sede del partido con los barones del PP. 
De ese encuentro salió también el compromiso de redactar propuestas en materia de financiación autonómica y demografía. Sin embargo, los populares consideran que el agua es «una cuestión de Estado» y por eso hacen hincapié en la necesidad de lograr un acuerdo con los principales partidos de la oposición, en especial el PSOE, ya que gobierna en siete comunidades.
Además, es un compromiso recogido en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2016, en el que prometía negociar un Pacto Nacional del Agua, «cuyo objetivo sea cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuentas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera». 
Todo ello, añadía, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial. En su programa, el PP apostaba por un plan estatal del agua y un sistema integral de gestión que incluía las medidas necesarias para la «coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca», incorporando además recursos como el agua desalada.
De hecho, la propia Isabel García Tejerina ya subrayó la semana pasada en Murcia la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo por el futuro del agua» que incluya «infraestructuras» que garanticen interconexiones dentro de las mismas cuencas y «acopio de recursos» entre cuencas. 
También el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, afirmó recientemente en Murcia que «el trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes» en territorios como la región murciana, Alicante o Almería. Por eso, afirmó que el acuerdo interno del PP incluirá los trasvases y estará basado en la «solidaridad» y el «consenso».
Fuentes del PP admiten que el término trasvase suele recordar la guerra que se abrió con el acueducto del Ebro aprobado por el segundo Gobierno de José María Aznar y derogado por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. 
Por eso, en las filas del PP hay quien prefiere hablar de transferencias, dando prioridad a la cuenca cedente.

Un fascista, Torra, en la Generalitat / Marcello *

Por sus escritos, su discurso y pensamiento lo conoceréis pero Cataluña ya tiene de presidente de la Generalitat a un personaje xenófobo, fascistoide y supremacista que se llama Quim Torra.

Y vamos a ver qué dicen y piensan del pájaro la Cataluña del ‘seny’ que se dice democrática, progresista, conservadora o liberal y sus agitadores y los ‘intelectuales’ que apoyan el golpe de Estado Catalán. Qué opinan de un personaje de esa calaña que pretende la independencia de Cataluña a las órdenes de Puigdemont.

Torra, impuesto por la CUP en un pacto secreto con Puigdemont, prueba a la vez la propia calaña y el progresismo de los ‘cuperos’ que se dicen anti capitalistas y que ahora puestos están al servicio de un loco xenófobo. El  que ahora representa todo aquello que durante años representó en Cataluña a CiU. Y lo mismo se puede decir de ERC y de sus presuntos compromisos de corte progresista.

Lo de Torra no durará y pronto habrá elecciones anticipadas y el regreso al 155. Y Puigdemont finalmente habrá cometido otro gran error que en la UE ni siquiera se atreven a calificar a la vista de los datos y escritos de este personaje que no tardará en echar los pies por alto y al que Podemos ya debería de haber empezado a denunciar con la firmeza con la que ataca a los liberales y conservadores de este país.

Rajoy, Sánchez y Rivera se van a reunir en las próximas horas para ver y analizar la nueva presidencia de Torra. Y esperemos que los tres hallen un punto y una estrategia de encuentro en defensa de la democracia y de la prioridad constitucional. No en vano todo a punta a que muy pronto habrá serias tensiones en Cataluña y que el nuevo presidente Torra no durará.



(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés