Javier Arenas llega en coche a la Audiencia Nacional, entre gritos de "chorizo" y "sinvergüenza"

MADRID.- El ex secretario general del PP, expresidente del PP andaluz y diputado por Almería, Javier Arenas, llegó este martes en coche a la Audiencia Nacional donde había sido citado a declarar como testigo por el juez Pablo Ruz, que investiga la supuesta 'contabilidad B' del PP a partir de los papeles del extesorero Luis Bárcenas.  

   Del coche oficial y acompañado por dos personas  saltó a la entrada de la Audiencia, lo que no impidió que arreciaran los gritos de "chorizo" y "sinvergüenza" que le dedicaron los manifestantes concentrados este martes ante la sede judicial, en su mayoría afectados por la venta de preferentes.

   Arenas, que sigue en la dirección del PP como responsable de política autonómica y local, se personó en la Audiencia Nacional apenas tres minutos antes de la hora en que había sido citado por el juez. 

Eso sí, tuvo que esperar en la sede judicial pues las declaraciones iban con retraso ya que aún no había entrado el anterior testigo, el también exministro, Francisco Alvarez Cascos.
Luego, Arenas habría salido "tranquilo" después de declarar ante el juez Ruz, según fuentes populares andaluzas, que ayer habrían defendido la "honorabilidad" del exsecretario general del PP y actual vicesecretario de Política Regional y Local, Javier Arenas, un político "con mayúsculas, que ha trabajado muchísimo por este partido y por esta tierra".
   Así lo había indicado la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, quien a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, sobre si el PP-A defiende la "honorabilidad" de Arenas, habría respondido que "totalmente".
   "Lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo", habría insistido la dirigente 'popular', quien habría dicho que su partido espera que Arenas tenga la oportunidad de responder a las preguntas que le formule el juez encargado del caso y de aclarar cuantas cuestiones sean necesarias. "No hay otra cosa que esperar de la declaración", habría añadido.
   Asimismo, Corredera se habría mostrado convencida de que tanto Arenas como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, están "encantados" de prestar declaración y de responder a cuantas cuestiones les sean formuladas


Amnesia total

Los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas han negado ante el juez haber cobrado sobresueldos procedentes de una contabilidad B del partido si bien han admitido, según fuentes presentes en la declaración, la inexistencia de protocolo alguno respecto de las donaciones recibidas por la formación, cuyo control han atribuido de forma absoluta al tesorero Álvaro Lapuerta.
   Álvarez-Cascos ha permanecido dos horas declarando ante el juez Ruz, que instruye esta causa como una pieza separada del "caso Gürtel", y Arenas lo ha hecho posteriormente durante una hora y media. Según los abogados de la acusación presentes en sus comparecencias, la frase más repetida por ambos ha sido la de "no recuerdo" y sobre los sobresueldos han utilizando fórmulas indirectas como "no tengo constancia" o que siempre han tributado por todo lo obtenido.
   Sobre el control de las donaciones, las mismas fuentes señalan que tanto Álvarez-Cascos como Arenas han reconocido que no existía mecanismo alguno para hacer cumplir lo señalado en la Ley de Financiación de partidos políticos de 1987 o la de Régimen Electoral General de 1985, señalando que el competente para ello era el tesorero, es decir Lapuerta, y que nunca preguntaron si dicho control existía de algún modo.
   Las dos normas señaladas obligaban a que los partidos políticos controlaran el importe de las donaciones anuales, que no se efectuaran por contratistas de la administración y que se registrara la identidad de los donantes anónimos. Los dos exsecretarios generales citados habrían reconocido que ese control nunca se llevó a cabo.
   Por su parte, Álvarez Cascos ha reconocido que compatibilizó su puesto de secretario general con el de tesorero entre 1990 y 1993, tras ser inhabilitado Rosendo Naseiro, hasta que fue designado para el puesto Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas. El juez Ruz no le ha dejado contestar a las preguntas que se le han formulado sobre lo que habría cobrado en negro durante su etapa como ministro, ya que dicha respuesta podría incriminarle y ha acudido como testigo.
   Por su parte, Arenas ha reconocido su presencia en la reunión de marzo de 2010 con Rajoy, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, aunque de ella sólo recuerda que se habló de que el extesorero mantuviera desde ese momento su despacho en la sede de Génova y el coche del partido. Según declaró Bárcenas el pasado 15 de julio ante el juez Ruz, en dicha reunión él pidió que se dijera a la actual secetaria general, María Dolores de Cospedal que dejara de intoxicar sobre él en la prensa.
   Al no reconocer nada de lo apuntado en los denominados "papeles de Bárcenas", ni Álvarez-Cascos ni Arenas han admitido la existencia de entregas por parte de empresarios y tampoco ningún pago, como son los referidos a trajes para el actual presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. A lo largo de su declaración, se ha permitido al líder de Foro Asturias que consultara unos documentos que había traído de fuera, entre los que se encontraban papeles sobre la contabilidad del PP remitida al Tribunal de Cuentas.
   Los secretarios generales son los que más tiempo han permanecido ante el juez Ruz, pero antes han comparecido el cajero del partido Antonio Ortiz y el exgerente Critóbal Páez.
   Según fuentes juridicas, el primero ha reconocido que las donaciones se recogían sin registrar el DNI de los donantes, aspecto al que obligaba la ley pese a tratarse de dinero procedente de donantes anónimos.
   Ortiz recibía el dinero de otro funcionario del PP, Luis Molero, quien en su declaración hace unos meses ante el juez Ruz aseguró que Bárcenas le llegó a entregar hasta ocho paquetes de efectivo en un solo día para que los ingresara, de forma consecutiva, en la cuenta de donativos anónimos de la formación.
   Las acusaciones sospechan que con este procedimiento los responsables de las finanzas 'populares' troceaban personalmente las donaciones anónimas para que nunca superaran el límite legal establecido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos --de 60.000 euros hasta 2007 y de 100.000 a partir de ese año-- y, de esta forma, burlar a Hacienda. Según el testimonio de Ortiz, ninguna de las donaciones que se ingresaban en el Banco de Vitoria superaba esta cantidad.
   Por lo que se refiere a Cristóbal Páez, el sucesor de Luis Bárcenas al frente de las finanzas del PP, ha admitido en la Audiencia Nacional la posibilidad de que hubiera una contabilidad B en el PP y de hecho ha reconocido haber recibido en dos ocasiones sobres con billetes de 500 euros no declarados a Hacienda, según ha asegurado Gonzalo Boyé, uno de los abogados de la acusación particular presente en la toma de declaración por parte del juez Pablo Ruz.
   El que fuera gerente del PP en 2009 y 2010 aparece en dos apuntes referidos a su persona en los denominados "papeles de Bárcenas", que el extesorero del PP identificó como "gratificaciones" en estos documentos. Se trata de una anotación del 2 de junio de 2008 que refleja un pago por un total de 6.000 euros y otra de abril de 2007, reflejada como otra "gratificación" para un tal "Cristóbal Mdez", por otros 6.000.
   Igualmente y según otras fuentes consultadas, Paéz ha admitido haber cobrado, siempre en negro y durante 10 años, entre 1986 y 1996, diversos trabajos que prestaba para el PP como asesor en temas de derecho laboral, y que quien le pagaba era el entonces gerente Luis Bárcenas.
   También ha reconocido este testigo que durante unas semanas custodió una carpeta que le dió Bárcenas al tener miedo de que se realizara un registro en el partido aunque ha dicho no leyó su contenido, que eran unas "hojas en excel" que ha admitido podrían coincidir con las aportadas por el exsenador al juez como las que acreditan la contabilidad B en el PP.
   Durante su declaración del pasado 15 de julio, Bárcenas señaló que, cuando en julio de 2009 anunció que dejaba temporalmente su cargo de tesorero "cedió" a Páez una carpeta donde se encontraban todos los datos de la contabilidad B y los sobresueldos, y que tras un tiempo la recuperó.

El exalcalde de Carboneras alega que actuaron en El Algarrobico con "informes favorables de la Junta"

VERA.- El exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, ha trasladado este martes a la jueza que investiga si incurrió en una presunta prevaricación administrativa en la gestión urbanística en el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico, que el acuerdo del pleno por el que se mantuvo la calificación de urbanizable se adoptó con "todos los informes sectoriales en sentido favorable" y contó con la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía.

   Fernández, que ha destacado que también se habían pronunciado en sentido favorable los informes preceptivos municipales, ha asegurado durante alrededor de 35 minutos de comparecencia, que, en el momento en que se adaptaron las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a finales de 2009, no había ningún pronunciamiento judicial "en firme" que obligase a cambiar la categoría del sector donde se asienta el hotel de Azata del Sol.

   "Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las resoluciones de los tribunales con respecto al Algarrobico pero eso corresponde ahora al actual equipo de gobierno", ha indicado en declaraciones a los periodistas el exregidor, quien ha acudido puntual a su cita en los juzgados de Vera, luciendo un 'pin' del Parlamento andaluz en la solapa de la chaqueta ya que ocupó escaño en la Cámara autonómica y acompañado de su hermana, Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde y también imputada en la causa.

   Fernández, quien está retirado de la vida política y ha emprendido varios proyectos empresariales, ha insistido en que la adaptación de las NNSS a la LOUA "a la espera de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no permitía cambiar la clasificación de suelo" y ha remarcado que la calificación de suelo urbano consolidado, contó "con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta". "Nosotros hicimos lo que se nos dijo", ha apuntillado.

   Cabe recordar que el informe de la citada comisión apuntaba que el sector ST-1 'Algarrobico' aparecía en el documento enviado por el Ayuntamiento como suelo urbanizable ordenado, "debiendo estar clasificado como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación parcial".

   Esta adaptación urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tras el informe favorable de la Junta provocó que el TSJA acordase requerir en mayo de 2009 a Cristóbal Fernández para que se abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia ya que existía un auto en el que se ordenaba calificar el sector ST-1 como "espacio protegido no urbanizable". Al tiempo, le advertía que cualquier ejecución sería "nula".

   "Ese auto no era firme en ese momento y estaba recurrido incluso por la propia Junta andaluza", ha subrayado ya que el Alto Tribunal andaluz lo que hacía era anular parcialmente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que había aprobado la administración autonómica en febrero de 2008. "Nosotros, conscientes de ello, --ha añadido-- incluimos en el acuerdo de pleno un párrafo en el que decía que esa adaptación estaba pendiente de resoluciones judiciales en firme".

   En concreto, el TSJA suspendía cautelarmente de forma parcial, en una decisión que derivó en firme en 2012, el PORN que aprobó la Junta de Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al considerar, entre otras, que la nueva regulación podría "reactivar" el uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.

   En la misma línea se han pronunciado ante la jueza instructora de la causa, María del Mar Alejo, los seis ediles que formaban el equipo de gobierno de Cristóbal Fernández, quien permaneció casi tres décadas al frente de la Alcaldía carbonera.

   En declaraciones a los periodistas, el letrado de cuatro de ellos, Juan Manuel Llerena, ha señalado que los concejales "se limitaron" a votar un acuerdo de pleno "de conformidad" con los informes técnicos y jurídicos, "todos favorables, al igual que los de la Junta de Andalucía", ha destacado.

   Llerena, quien defiende, entre otros, a los exconcejales de Urbanismo y de Hacienda, Miguel París y Francisco Ruiz Aguado, ha señalado que el auto del TSJA que retrotraía la calificación del paraje a la que tenía en el PORN de 1996, no era firme y ha argumentado que no correspondía a los ediles "hacer una valoración jurídica del mismo". 

"No son los que tienen que hacer un seguimiento ya que, en todo caso, corresponde a los servicios jurídicos y al secretario determinar que se debe hacer en cada caso", ha trasladado.

   Al hilo de esto, ha insistido en que sus patrocinados "se limitaron a actuar de acuerdo a los informes que había en el expediente" y que correspondía a los técnicos "valorar una posible incidencia en el asunto, no solo de ese auto sino de otros procedimientos judiciales en curso con respecto al paraje". 

"Desde ese acuerdo, no se ha tramitado absolutamente nada en torno a esa zona", ha concluido.

   En las declaraciones judiciales del anterior equipo de gobierno en calidad de imputados no ha podido estar presente la letrada de Ecologistas en Acción, Ana Sanchiz, después de que la jueza en una providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación popular.

   La jueza instructora deberá tomar declaración, asimismo, en calidad de testigos, a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.

   El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar), también imputado, señaló ante la jueza en marzo que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE durante el citado pleno celebrado en agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

   La Fiscalía de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

   Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.  .

   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el PGOU en el que aparece como urbanizable.

Petición de IU

La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha instado al exalcalde socialista  de Carboneras, Cristóbal Fernández, a que asuma "sus responsabilidades" en la gestión urbanística del sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico y ha considerado que él "era consciente de que en 2009 había sentencias que decían que había que cumplir con la legalidad vigente en cuanto al suelo e hizo caso omiso, al igual que con las alegaciones presentadas por diversos colectivos".
   En un comunicado, Martín ha trasladado que espera que la Fiscalía actúe en "defensa de los intereses generales" y que la instrucción por presunta prevaricación contra el actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), y el anterior equipo de gobierno liderado por Fernández "sea ejemplar y transparente".
    Ha instado a la actual corporación municipal carbonera a modificar la calificación de sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico en la normativa urbanística municipal, donde se contempla como suelo urbano "contraviniendo un auto judicial que dice que hay que catalogarlo como no urbanizable para cumplir con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994.
   "Esperamos que el ex alcalde colabore con la Justicia para esclarecer los hechos, para determinar las posibles responsabilidades penales", ha indicado Martín.
   Al hilo de esto, ha remarcado que la coalición de izquierdas va a seguir solicitando en el ámbito parlamentario que se desarrolle el protocolo firmado en la anterior legislatura entre la Junta y el Estado para la demolición del hotel, en base a los procedimientos judiciales que así lo estiman.
   Ha recordado que ya en diciembre del año pasado se aprobó en la Cámara autonómica, a instancias de IULV-CA, una proposición no de Ley para que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico.
   En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, expresar su opinión y posibles alternativas.

El PSOE de El Ejido acusa al equipo de gobierno de poner "trabas" a que los agricultores utilicen energías renovables

EL EJIDO.- El PSOE de El Ejido ha acusado al equipo de gobierno (PP) de poner "trabas" a que los agricultores puedan ahorrar costes en sus explotaciones agrícolas gracias a la instalación de dispositivos que permitan el autoconsumo de energía eléctrica.

   En un comunicado, el responsable de energías renovables del PSOE de El Ejido, Jesús Parrilla, ha dicho que, mientras el PSOE estudia nuevas fórmulas para que los agricultores puedan beneficiarse del sol y el viento para obtener energía, "en el PP ponen todas las trabas".

   Parrilla, que ha señalado que los impedimentos son a nivel local y nacional, ha explicado que, por un lado, el equipo de gobierno de El Ejido dificulta mediante su PGOU la instalación de aerogeneradores, y por otro, a nivel nacional, se impide ceder el exceso de energía a las compañías eléctricas.

   "El PP está tratando por todos los medios de impedir que las energías renovables se desarrollen y lleguen a ser una alternativa real a las tradicionales", ha señalado el socialista, quien cree "evidente" que el ciudadano de a pie y el agricultor le importan "bastante poco al PP, sea local o nacional".

    Para Parrilla, el único interés de los 'populares' es asegurar los beneficios de las compañías eléctricas por intereses que desconocemos. "En ese partido no tienen en cuenta que España, y especialmente Almería, tienen un inmenso potencial gracias al sol y al viento, que podría lograr que nos convirtiéramos en una potencia mundial en energía fotovoltaica y eólica", ha apostillado.

   "Podríamos obtener la mayor parte de nuestra energía por esas vías, e incluso beneficiarnos económicamente si se nos permitiese instalar paneles solares en nuestras casas y se regularizasen de una vez el autoconsumo y el balance neto", afirmado el socialista, quien considera que este modelo beneficiaría a la economía de los ciudadanos y del país en general".

   Tras apuntar que con ello se generarían numerosos puestos de trabajo, tanto para la fabricación de los componentes de las instalaciones como para la instalación y el mantenimiento, el socialista ha lamentado que el PP prefiera la opción contraria y "menos beneficiosa: acabar con el autoconsumo y continuar dependiendo del petróleo y de las compañías eléctricas, a pesar de los costes económicos y medioambientales que eso supone".

   Finalmente, Jesús Parrilla ha asegurado que "la última ocurrencia del PP, poner un impuesto al sol, roza peligrosamente el absurdo, ya que se aleja de la corriente iniciada en los países más avanzados del mundo en favor de las energías renovables, más baratas y menos perjudiciales para el medio ambiente, y además, pone de manifiesto que el ciudadano es el último interés para el PP".

El sector almeriense de la floricultura incrementa un 50% el valor de sus ventas, que acaparan Holanda y Francia

ALMERÍA.- La totalidad de la flor cortada que destina Almería a la exportación se vende en Holanda, país que entre enero y mayo pasados adquirió producto valorado en más de 700.000 euros. En ese periodo, el sector exportó más de 11,3 millones de kilos de plantas vivas y flor cortada, lo que supone un 18 por ciento más que en el año anterior.

   Por su parte, Francia es el principal cliente de planta ornamental, plantones y bulbos de la provincia ya que en ese periodo ha adquirido más del 40 por ciento del total de las ventas, seguida de Alemania con el 12,4 por ciento, Holanda 11,4 por ciento, e Italia con el 6,1 por ciento. Japón, con un 3,5 por ciento de la cuota, es el sexto mejor cliente.

   El aumento de las exportaciones se debe a las ventas de bulbos, plantones y plantas, con 6,2 millones de kilos, lo que se traduce en más de 4 millones de unidades y que ha crecido un 34 por ciento. Por su parte, la exportación de flor cortada ha crecido un dos por ciento, con más de cinco millones de kilos y 19,7 millones de unidades.

   La venta de estos volúmenes de producto ha supuesto una facturación de casi 16 millones de euros, casi un 50 por ciento más que en los cinco primeros meses del año pasado, según los datos elaborados por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a partir del último informe del Icex.

   De estas ventas, 15,2 millones de euros corresponden a los bulbos, plantas y plantones --un 51% más que el año pasado--. Por el valor de las exportaciones, Almería es la primera provincia exportadora de Andalucía y la cuarta de España, con una cuota nacional del 11,3 por ciento, según ha destacado el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz.

   En cuanto a la flor cortada, la facturación hasta mayo ha ascendido a 703.000 euros, un 19,3 por ciento más que el año pasado. Almería es la sexta provincia española que más flores exporta, con una cuota de mercado del 3,6 por ciento.

Crecimiento sin auténticas reformas básicas, una falacia / Ángel Tomás *

El hombre y, en especial los dirigentes políticos, tienen una inclinación irrefrenable a comunicar insistentemente que las tendencias económicas adversas han alcanzado su punto de inflexión, que la recesión ha terminado y que el crecimiento será una realidad al alcance de la mano. Puede haber hechos positivos que respalden el posible cese de la  recesión, incluso una ligera disminución del desempleo, pero asegurar que el crecimiento se ha iniciado aunque su recuperación será lenta, puede ser una falacia. 

Políticamente es  histórico el empeño en alentar, mediante previsiones optimistas, a los ciudadanos y en especial al empresariado, con el objeto de transformar el pesimismo en ilusión. Es una filosofía casi unánime de los líderes políticos para procurarse estabilidad, sin que en la mayoría de los casos hayan instaurado las reformas y estímulos imprescindibles para que la inversión y el crecimiento sean una realidad. Olvidan que generar ilusión y optimismo sin signos evidentes de crecimiento y sin que se cumplan las previsiones puede convertirse en un fracaso irreparable.

Sufrimos desde hace seis años una crisis que ha detenido la inversión y reducido progresivamente la demanda. Sin que se inicie la primera y crezca la segunda, no debe aventurarse y mucho menos asegurar que el crecimiento empieza a ser una realidad.

En economía no hay posibilidad de bonanza y bienestar sin que se consiga "el equilibrio inversión-demanda". Para conseguirlo, no se han establecido los siguientes pilares básicos: 

1.- Saneamiento real y definitivo del sistema financiero. 

2.- Determinar los sectores económicos propios que España posee con posibilidad probada de rentabilidad, a la que la inversión debe dirigirse, y establecer los estímulos imprescindibles. 

3.- Reformas fiscales homologables con los países de nuestro entorno, y estimulantes al emprendimiento real y al crecimiento empresarial de las consolidadas, sin olvidar también impulsar la exportación, y 

4.- Potenciar la investigación, la innovación y la competitividad.

Sin abordar y regular con urgencia los cuatro puntos anteriormente expuestos, no será realidad  el crecimiento  que se asegura, ni saldremos de la crítica situación económica en la que nos encontramos, ni será posible hacer frente puntualmente al endeudamiento público contraído, que está subiendo de forma descontrolada y que supera con holgura  nuestro producto interior bruto.

Cuestión clave para detener la recesión y propiciar el crecimiento de forma urgente, es el punto tercero del párrafo anterior, la reordenación legislativa del sistema tributario que  haga posible la inversión hacia el crecimiento. Es indudable la obligatoriedad que todos tenemos de contribuir al presupuesto de ingresos del Estado, es un principio aceptado mundialmente, pero otra cuestión es que el legislador olvide también el principio de igualdad y progresividad sin rebasar la línea confiscatoria, como establece nuestra Constitución, y el reconocimiento a la propiedad privada contenido en su artículo 33. Es también un hecho probado que la continua subida de impuestos no consigue aumentar la recaudación, y sí la deslocalización de empresas y la minoración de la riqueza.

Sabido es que una economía en continuo crecimiento y sin control, como la que hemos vivido hasta el 2007, nos ha llevado, no sólo a la crisis, sino a un endeudamiento público desproporcionado y de difícil amortización, producto todo ello de haber sufrido una evidente ausencia de control presupuestario y una ignorancia supina en la dirección y administración de la economía política. Los impuestos serán imprescindibles para nivelar el endeudamiento, pero sin una planificación de la deuda a muy largo plazo y módico interés, y sin una disminución de la presión tributaria que haga posible el crecimiento y como consecuencia el de la recaudación, no conseguiremos el equilibrio inversióndemanda-rendimiento.

El crecimiento impositivo continuo, puede ser producto de carencia de ideas y de recursos para impulsar el tejido empresarial como única solución, porque del emprendimiento privado y el crecimiento de las pymes consolidadas dependerá el desarrollo de España y de la propia Europa. La Autoridad Económica no debe olvidar que el empresario español dedica no menos del 40% de su actividad a cubrir sus impuestos, que sus gravámenes medios, tanto del impuesto de sociedades como de las rentas del trabajo, superan la media de la Unión Europea, de la propia Alemania, y de países cuyo éxito de crecimiento se debió, en gran parte, a la reducción de su presión fiscal, tales como Canadá, Austria y Países Bajos.

Necesariamente el esfuerzo fiscal privado debe ir acompañado de un proyecto efectivo y urgente de austeridad  colectiva estatal y corporativa. Para que el crecimiento de la Europa Comunitaria sea colectivo, debería propiciarse la debilidad del euro contra el dólar, hecho que ayudaría a la exportación y a la balanza exterior, salvo que la fortaleza y solidez del dólar haga imposible esa menor valoración, lo  cual, por otra parte, pondría en evidencia una Europa paralizada débil y carente de liderazgo.

(*) Economista y empresario

Una empresa almeriense patenta y comercializa una casa ecológica, autoconstruible y modular con forma de iglú

ALMERÍA.- La empresa de carpintería, ebanistería, estructuras de madera y bioconstrucción modular, fundada por Juan José Campos y Javier Cejudo, y con sede en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), ha ideado, bajo el nombre de 'Xiglú', una construcción modular, patentada por la empresa y fabricada en sus instalaciones de Serón, que es ecológica, autoconstruible, transformable, personalizable y transportable. 

   El Xiglú es un sistema constructivo en kit "muy versátil y adaptable" que el propio usuario puede montarse cuando quiera, desmontar o ampliar. "Es una propuesta única en el mundo desde Almería con un triple balance: económico, ecológico y social", ha explicado Cejudo en una rueda de prensa de presentación celebrada en el camping de Los Escullos, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

   Cejudo ha indicado que el Xiglú es una casa que cumple con el código técnico de la edificación existente en España y que ha sido desarrollada con el estudio de arquitectura Satt como socios. Consume muy poca energía y garantiza el aislamiento. "Sólo hay que elegir la orientación adecuada al tipo de clima, un sistema de climatización apropiado y la cubierta adecuada", ha asegurado.

   La innovación de Xilacurve en sus estructuras de madera parte de dos necesidades para la edificación: la sostenibilidad y la flexibilidad. "La flexibilidad debe ser entendida para el usuario que diseña y adapta la edificación a sus necesidades. Es decir, que el usuario está en el centro del proceso", ha apuntado Cejudo.

   En el diseño del Xiglú se ha analizado su impacto con una visión amplia y compleja: relación con el entorno, diseño bioclimático, gestión del agua, materiales de bioconstrucción y gestión de la energía.

   Cejudo ha defendido el uso de la madera porque es el material de construcción "más sostenible".

 "La madera es un material natural, renovable y recuperable al final de su ciclo de vida. No sólo es el único elemento constructivo que no emite CO2 durante su elaboración sino que además produce una reducción de éste", ha trasladado.

   Al hilo de esto, ha señalado la forma de domo o iglú ofrece muchos beneficios, como por ejemplo que permite encerrar el máximo espacio con la mínima superficie, consiguiendo una reducción en gastos de material y energía. También ha destacado que el volumen de aire dentro del domo es menor que en un habitáculo con forma cúbica, por lo que es menor el coste para mantenerlo tibio en invierno y fresco en verano. Además, ninguna estructura cubierta es tan estable y fuerte frente a vientos, tormentas, sismos y nieve.

   El Xiglú presentado en Almería tiene 6,4 metros de diámetro y 32 metros cuadrados, permitiendo acomodar a cuatro personas. La madera es el principal material empleado en su construcción, complementado con lana de oveja para el aislamiento. Está equipado con aseo, ducha y cocina, además de mobiliario y otros elementos de interiorismo diseñados ex profeso.

   La construcción inédita patentada por Xilacurve ya se está comercializando. De hecho, desde que Xilacurve se presentó el pasado noviembre con una maqueta del Xiglú en Biocultura Madrid acumula centenares de consultas. Cejudo destaca la nueva etapa para Xilacurve porque, "a partir de ahora podemos mostrar un Xiglu real totalmente equipado y un video que muestra el sencillo proceso de montaje y desmontaje".

   Desde ayer lunes, cualquier persona interesada en la arquitectura ecológica puede visitar el Xiglú instalado en el Camping Los Escullos.

   Los usos del Xiglú son numerosos, eligiendo la configuración de módulos que se ajuste a las necesidades concretas, por lo que puede ser vivienda habitual, casa de fin de semana o para invitados, bungalow en camping, refugio, despacho, comedor, sala de reuniones, aula.

   Si se necesita más espacio, es posible agrupar dos o más Xiglus con módulos de unión. Otra opción es usar la forma de gusano, un cuerpo central con forma semicilíndrica y medio iglú a cada extremo.

Hoy declara el exalcalde de Carboneras, imputado por presunta prevaricación en el Algarrobico

ALMERÍA.- El exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández (PSOE) y seis de los ediles que conformaban su equipo de gobierno declaran hoy martes en calidad de imputados en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurrieron en un presunto delito de prevaricación administrativa al mantener como urbanizable el sector ST-1 de El Algarrobico sobre el que asienta el hotel de Azata del Sol.

   La jueza instructora ha citado a Fernández, al frente de la Alcaldía durante dos décadas solo interrumpidas por una condena de seis meses por un delito electoral del que finalmente fue indultado, a las 09.30 horas.

   A la sede del Juzgado nº 3 de Vera deben acudir, asimismo, la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como Francisco Ruiz, quien le sustituyó mientras estuvo inhabilitado, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.

   Podrá estar presente en la toma de testimonio la letrada de Ecologistas en Acción Ana Sanchiz después de que la jueza en una providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación popular.

   Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que estas declaraciones impulsen la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión a Fernández.

   Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el transcurso de un pleno celebrado en 2009 y en el gobierno, votaron a favor de una adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por la que se mantenía la clasificación de urbanizable para el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata del Sol.

   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

   Tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también, para que comparezcan en calidad de testigos este martes, la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.

   El actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), señaló ante la jueza en su declaración prestada en marzo que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE  durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

   La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

   Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.  

   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

Fijan fianza de 3.000 euros a Ecologistas en Acción para ser parte en la causa judicial sobre prevaricación en el Algarrobico

VERA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera ha fijado una fianza de 3.000 euros a la organización Ecologistas en Acción para continuar personados, en este caso como acusación popular, en el procedimiento abierto por presunta prevaricación en el paraje de El Algarrobico contra el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar) y el anterior gobierno municipal liderado por el socialista Cristóbal Fernández.

   La resolución, adoptada el 30 de julio, llega después de que la jueza instructora de la causa, en una providencia anterior, acordase rectificar por un "error material" una providencia dictada en marzo, en la que sí se daba por personada como parte a la organización conservacionista.

   La providencia, por la que la letrada de Ecologistas en Acción-Andalucía Ana Sanchís no podrá estar presente durante las declaraciones en sede judicial este martes de Cristóbal Fernández y el resto de ediles de su gobierno como imputados, señala que el escrito que se presentó para la personación "carece de firma de letrado" y sostiene que, por tanto, no se puede dar por personada como parte a la organización.

   Tras la subsanación del "error material" por parte del colectivo, el juzgado, mediante una nueva providencia firmada por el secretario judicial, fija que Ecologistas en Acción tiene que hacer frente a una caución de 3.000 euros para que se le tenga por personada como acusación popular.

Ecologistas y Greenpeace esperan que la imputación del exalcalde de Carboneras depure responsabilidades políticas en el Algarrobico

ALMERÍA.- Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que la declaración en sede judicial como imputados de los integrantes del anterior equipo de gobierno de Carboneras impulse la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión al exalcalde, el socialista Cristóbal Fernández.

   La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que su organización "ha intentado" en al menos "dos ocasiones" que Fernández comparezca ante la Justicia para "dar la cara por saltarse" la normativa ambiental y la Ley de Costas, y hacer "caso omiso" de las resoluciones judiciales que obligaban al Ayuntamiento a declarar suelo no urbanizable el sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel y ha celebrado que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera se haya avanzado "más y tirado del hilo".

   "Esperamos que prospere la imputación ya que lo ideal, y lo que deseamos es que, no solo se derribe el hotel, sino que también, ojalá, paguen los culpables de su construcción", ha asegurado Marcos, quien ha considerado que lo que más se ajustaría a derecho sería que los que fueron los promotores del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones "hagan frente con su patrimonio del coste de la demolición y la regeneración de la zona".

   Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vera ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.

   Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar) por presunta desobediencia y prevaricación, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata, una parcela que desde entonces aparece como urbanizable en la normativa municipal.

   En este sentido, un portavoz de Ecologistas en Acción, cuya demanda dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente formulase denuncia y judicializase el caso, ha indicado que, del procedimiento, debe salir "por fin" la clasificación de no urbanizable para el paraje, "que ya le ha otorgado incluso la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

   "Resulta increíble que, a estas alturas y con infinidad de resoluciones judiciales en esa línea, el Ayuntamiento siga sin adaptar su normativa urbanística", ha señalado para, a continuación, remarcar que, en la causa en fase ahora de instrucción, debe dirimirse una doble responsabilidad que pasa, por un lado, "porque el actual equipo de gobierno no adapta sus normas subsidiarias" y, por otro, "por el hecho de la Junta no le ha obligado a hacerlo".

   "Esperamos que la actual corporación modifique la actual calificación de suelo urbanizable para El Algarrobico y esperamos también que dejen de hacer política, arrastrando a otros ayuntamientos a defender el hotel pese a que la única salida es su demolición", ha remarcado.

   El auto judicial cita a declarar a las 9,30 horas de hoy martes en calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al exalcalde. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.

   Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.

   En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

   La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

   Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.  

   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

El PSOE de Carboneras acusa al alcalde de despreciar a los 28 exempleados de Holcim, al negar los despidos

CARBONERAS.- El PSOE de Carboneras ha acusado al alcalde de "despreciar" a los 28 empleados de la cementera Holcim que han perdido su trabajo, al negar durante el último Pleno municipal que se hubieran producido despidos en el municipio. 

   En una nota, el PSOE explica que los socialistas carboneros han difundido un vídeo en el que se ve al alcalde asegurando que la cementera no ha despedido a ningún trabajador, "cuando en realidad fueron 28 los trabajadores que perdieron su empleo, según la información facilitada al PSOE por el comité de empresa de Holcim".

   En el vídeo, que se puede visionar en 'http://www.youtube.com/watch?v=1PrcYY-LFRA', el alcalde manifiesta que "cuando hubo el conflicto con Holcim hace unos meses, que se iba a hacer un ERE que si eran 25, que sin eran 30 despedidos, afortunadamente gracias al apoyo del Ayuntamiento, en Carboneras no se produjo ningún despido".

   El PSOE quiere mostrar públicamente su "rechazo tajante" ante las palabras del alcalde de Carboneras, que fueron "una mentira descarada" y demostraron "una enorme falta de respeto hacia las 28 personas que, según el comité de empresa, se han quedado sin trabajo".

   El PSOE de Carboneras recuerda que estos despidos se enmarcan en un entorno de crisis económica "agravada por la reforma laboral impulsada por el Partido Popular", que sigue "atentando" contra los derechos laborales cosechados tras años de lucha de los trabajadores.

   Para los socialistas ésta es una prueba más de que "el alcalde sigue siendo ajeno a la difícil realidad de muchas familias de Carboneras que están siendo azotadas por esta crisis y que ven cómo desde la derecha que gobierna Carboneras, no se impulsa ninguna acción política para evitarlo."

   Los socialistas de Carboneras han vuelto a pedir al equipo de Gobierno municipal  que "ponga en marcha inmediatamente medidas para la generación de empleo en Carboneras" y le han recordado que "para esta tarea, siempre contará con el apoyo del PSOE y de las más de 30 propuestas que el Grupo Socialista ha realizado durante este mandado, desechadas todas, por cierto, por la coalición PP-Gicar".

   Por otra parte, el PSOE de Carboneras ha felicitado públicamente a los miembros del nuevo comité de empresa de Holcim y les ha trasladado que los socialistas del municipio están a su disposición para "trabajar juntos por los derechos de los trabajadores de Carboneras que, tras la nueva reforma laboral, están viendo cómo desaparecen los derechos conseguidos durante años de lucha democrática".

IU critica el elevado coste del "reenganche" del servicio de agua potable en Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha propuesto al equipo de Gobierno bonificar la tasa de "reenganche del servicio del agua", ya que "si bien el servicio está externalizado, las tasas son públicas y se establecen en el ayuntamiento". En julio del año pasado IU propuso, a través de una moción, una tarifa social del agua para ampliar los beneficiarios de la tarifa reducida de este servicio e incluir a hogares con todos sus miembros en situación de desempleo o con bajos recursos, "algo que fue rechazado por el PP".

   Según un comunicado del grupo de izquierdas, una de las medidas que se incluía en esa moción era el establecer una "exención total en la tasa de restablecimiento del servicio", ante cortes por falta de pago, dado que "muchas veces es la falta de ingresos y no la mala fe de los usuarios" lo que imposibilita a este colectivo poder atender "con puntualidad" los recibos, posibilitando así que la vivienda "no se quede sin un servicio básico".

   En este sentido, IU pedía que el coste del reenganche "se bonifique al cien por cien", propuesta que contó con el "incomprensible voto en contra" del Partido Popular de Gabriel Amat, y así, "su no aprobación".

   En la actualidad, según las tasas municipales, por los reenganches las familias deben pagar entre 40 y 100 euros, "un gasto excesivo sobre todo para familias en las que ningún miembro trabaja y apenas entran ingresos".

   Así, IU recuerda que en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la "Observación General número 15 sobre el derecho al agua, cuyo primer artículo que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".

 "También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, ya que el agua no debe ser mercancía", argumenta el portavoz del grupo municipal de IULV-CA en Roquetas, Ricardo Fernández.

   De este modo, IU manifiesta que está en contra de la gestión privada del suministro de agua y recuerda que "la que hace Aquagest en el municipio no es la adecuada ni por precio ni por calidad, a lo que se suman las altas tasas impuestas desde el equipo de Gobierno, demostrando que ni esta administración ni la empresa tienen sensibilidad ante este tema", concluye.

El sector pesquero almeriense exporta menos pescado pero incrementa la facturación un 8%

ALMERÍA.- Las empresas del sector pesquero en la provincia de Almería exportaron, en 112 operaciones comerciales, 1,5 millones de kilos de pescado y marisco fresco y congelado, un 39 por ciento, pese a lo cual se ha incrementado durante el primer semestre del año en un ocho por ciento la facturación, hasta alcanzar los 3,9 millones de euros.

   Según ha indicado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, el descenso en el volumen de exportaciones se explica sobre todo en la venta de producto congelado ya que las ventas de  pescado fresco, aunque también se ha reducido, lo ha hecho de forma más modesta con un 6 por ciento.

   Con todo, gracias a una mejor cotización de los productos, la facturación se ha incrementado un ocho por ciento con casi 3,9 millones de euros.

   Italia es el principal destino del pescado y marisco de Almería, con la compra de más del 63 por ciento del producto. El segundo mejor cliente es Portugal con un 26,2 por ciento, seguida de Cabo Verde con 6,4 por ciento, Argelia, que acapara el 2,1 por ciento y Francia con un 1 por ciento.

   La mayor parte de las exportaciones que realiza el sector pesquero almeriense son de pescado fresco. Así, se ha comercializado en el exterior un millón de kilos valorados en 2,6 millones de euros. En cuanto a la venta de pescado congelado, la facturación ha rondado los 1,2 millones de euros.

   Italia ha adquirido el 70 por ciento, mientras que el 20,7 por ciento se ha vendido en Cabo Verde y el cuatro por ciento en Argelia, de acuerdo con los datos elaborados por la Delegación Territorial de la Consejería, a partir del último informe del ICEX.

   Hasta mayo, las empresas pesqueras de la provincia han importado producto valorado en más de 4,6 millones de euros, un 66 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Italia es el principal proveedor de pescado de Almería, con un 31,3 por ciento del total; el 23 por ciento procede de Francia y el 22 por ciento de México. El resto se importa de Marruecos, Corea del Sur, Holanda y Portugal.