ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial solicita doce meses de
prisión para el exconsejero socialista de la Región de Murcia, Juan José Padilla
Cánovas, y para el presidente de la UD Almería, Alfonso García Gabarrón, por
participar y promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en
el término municipal de Cuevas del Almanzora "sin licencia
municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la
zona".
La vista oral, en la que están procesados junto a otras seis
personas por un delito contra la ordenación del territorio, se ha
suspendido este jueves pendiente de nuevo señalamiento a la espera de
dar traslado a las defensas de la personación en la causa de los
compradores de uno de los inmuebles, una familia de nacionalidad
británica a la que el juzgado instructor no comunicó la existencia de un
proceso penal en el que el Ministerio Público interesa derribo de lo
construido.
La Fiscalía, a cuya calificación deberá adherirse esta parte,
formuló acusación asimismo contra Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S.,
Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., para los que
solicita también penas de un año de prisión, el pago de multas de 18
meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la
profesión u oficio por un periodo de año y medio.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito y que publica el diario 'La Voz de Almería', en el periodo
de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la
UD Almería como representantes legal de la mercantil 'Aesur SL' y
Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de
promotoras, y la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora y
teniendo como representante a Carlos P.M. iniciaron la construcción de
un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del
Almanzora.
De la citada urbanización, en el que se proyectaban en un primera
fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' un total de 1.794
viviendas, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno
clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no
serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente
en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia
municipal preceptiva".
Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el
resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la
intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y
dirigió las obras de urbanización necesarias", tal y como señala el
escrito, para la posterior edificación.
En concreto, atribuye a Juan José Padilla Cánovas, quien ostentó
la titularidad de la Consejería de Política e Infraestructura
Territorial durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, aunque luego fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, la
realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los
saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.
Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido
--remarca-- a su cualificación profesional, sabían no solo de la
inexistencia de la licencia municipal de obras, sino también de la
imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las
normas urbanísticas aplicables".
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería deberá resolver,
asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo
construido y urbanizado, y, si tal y como interesa la Fiscalía, se debe
reponer el terreno a su primitivo estado concediendo un plazo
"razonable" de seis meses a los acusados o, en su defecto, a la Junta de
Andalucía a cargo solidario de los acusados o subsidiariamente las tres
mercantiles impulsoras del residencial.
García se queja de juicios paralelos
El presidente de la UD Almería, Alfonso
García, natural de Pulpí, ha indicado que "nunca ha construido, ni dirigido la edificación
de ninguna vivienda ilegal ni que no sea suceptible de legalización en
lugar alguno de España" y ha lamentado lo que ha calificado de
"deplorable juicio paralelo hacía su persona".
García ha hecho estas declaraciones este jueves en una nota
después de que haya quedado suspendida la vista oral que debía
celebrarse en el Juzgado de lo Penal nº 1 y en la que García se
enfrenta a una petición fiscal de doce meses de cárcel, así como de año y
medio de inhabilitación como presunto autor de un delito contra la
ordenación del territorio.
En los mismos términos, ha asegurado "no haber efectuado" las conductas que le imputa el Ministerio Público y ha asegurado que las informaciones sobre la celebración del juicio son una "penoso y lamentable atentado a su derecho fundamental a la presunción de inocencia", que, según ha remarcado, será de "imposible reparación una vez sea confirmada".
El presidente del equipo que milita en Segunda División ha trasladado, al hilo de esto, que se "reserva el derecho" de poder llevar a cabo acciones legales contra las informaciones que "no se ajusten a la realidad y atenten contra su persona".
García está acusado junto a otras siete personas de promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en el municipio de Cuevas del Almanzora "sin licencia municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la zona" a través de la mercantil 'Aesur SL' de la que es representante legal.
En los mismos términos, ha asegurado "no haber efectuado" las conductas que le imputa el Ministerio Público y ha asegurado que las informaciones sobre la celebración del juicio son una "penoso y lamentable atentado a su derecho fundamental a la presunción de inocencia", que, según ha remarcado, será de "imposible reparación una vez sea confirmada".
El presidente del equipo que milita en Segunda División ha trasladado, al hilo de esto, que se "reserva el derecho" de poder llevar a cabo acciones legales contra las informaciones que "no se ajusten a la realidad y atenten contra su persona".
García está acusado junto a otras siete personas de promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en el municipio de Cuevas del Almanzora "sin licencia municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la zona" a través de la mercantil 'Aesur SL' de la que es representante legal.
