domingo, 29 de julio de 2012

La Fiscalía denuncia al alcalde de Carboneras por "incumplir" sentencias sobre El Algarrobico

ALMERÍA.- El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, ha denunciado al alcalde del municipio almeriense de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ante el Juzgado de Instrucción Decano de Almería por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación en los que habría incurrido al no ejecutar las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.

   Esta actuación de la Fiscalía parte de la denuncia presentada el pasado día 18 de junio por Ecologistas en Acción contra el citado regidor, a quien esta asociación culpa de "hacer caso omiso" de los referidos fallos judiciales, al no haber modificado la calificación de urbanizable que la zona tiene en la normativa urbanística municipal ni haber procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras.
   De esta manera, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación a raíz de dicha actuación que han derivado en la presente denuncia ante el citado Juzgado de Almería, según le ha notificado la propia Fiscalía a Ecologistas en Acción en un escrito fechado el pasado día 18 de julio.  
   Como se recordará, en su denuncia, la referida asociación señalaba que, con anterioridad a que el Supremo dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
   En esta línea, Ecologistas en Acción señalaba que el Ayuntamiento "se niega a adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedece" el fallo del TSJA que devuelve el Algarrobico al nivel de protección que tenía en 1994 y resta validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
   "A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas --ahonda Ecologistas-- de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario".
   La normativa municipal en vigor donde el sector ST-1 aparece como urbanizable fue aprobada en 2009 por la corporación local carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández. El TSJA acordó cuatro meses después prohibir al exalcalde que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
   La denuncia recuerda este episodio a la Fiscalía y sostiene que, desde ese momento, el Ayuntamiento "ha venido actuando con total impunidad haciendo caso omiso a los numerosos autos y sentencias contrarias a la clasificación del Algarrobico como urbanizable".
   Tras conocer esta decisión de la Fiscalía, Ecologistas en Acción ha anunciado a través de un comunicado que se personará como acusación particular en la causa abierta contra el alcalde de Carboneras, a la vez que ha valorado la "rápida" actuación del Ministerio Público, que ha acogido con "satisfacción" porque cree que acciones así "deben servir para acabar con la impunidad y el desprecio a la legalidad" con la que, a juicio de esta organización, se está comportando el Ayuntamiento de Carboneras.

El alcalde de Carboneras "respeta" la denuncia por el Algarrobico pero aboga por centrarse en evitar su "abandono"

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha manifestado este domingo su "respeto" por la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería de interponer una denuncia contra él ante el Juzgado de Instrucción Decano almeriense por haber supuestamente incumplido recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas, como sostiene Ecologistas en Acción, si bien ha insistido en abogar por la apertura de este inmueble como una forma de solucionar el "estado de abandono" en el que, según ha destacado, se encuentra el paraje donde éste se ubica, una misión que es en la que, en su opinión, deberían "centrarse" los ecologistas.

   No obstante, Hernández ha confesado que aún no le han notificado desde la Fiscalía esta decisión --que parte de una denuncia interpuesta el pasado mes de junio por Ecologistas en Acción por supuestos delitos de desobediencia y prevaricación--, de la que, por tanto, sólo ha tenido constancia por parte de los medios de comunicación.
   Aun así, tras aclarar que "acata" dicha resolución y que su corporación "trabajará dentro de la ley y el ordenamiento jurídico" y "cumplirá lo que diga la Justicia", ha insistido en culpar a la Junta de Andalucía y al equipo de gobierno de la anterior legislatura --entonces dirigido por el socialista Cristóbal Fernández-- de la situación actual por la que atraviesa El Algarrobico, que "no es de ahora, sino que viene de atrás".
   En este sentido, el alcalde de Carboneras ha aseverado que el actual equipo de gobierno "no ha tocado nada del paraje", que, de esta manera, "se mantiene tal como lo dejaron la Junta y el anterior ejecutivo local, que era de otro color político".
   En esta línea, ha lamentado la "falta de soluciones" que, en su opinión, está marcando el comportamiento de las administraciones públicas en esta materia, cuya "falta de decisión" ha provocado que el hotel lleve "siete años parado" mientras se prolonga el proceso judicial, a pesar de que éste "pueda alargarse durante décadas".
   Al hilo de ello, Hernández ha afirmado que tanto el Ayuntamiento como el municipio que gobierna se sienten "maltratados y discriminados" por las administraciones.
   De igual modo, el regidor de Carboneras ha cargado contra el "estado de abandono" en el que se encuentra un paraje "tan bello y turístico" como es el que acoge al hotel, cuya situación actual es "desagradable a la vista" por la "acumulación de basura" que ha originado "la desidia y la dejadez de las administraciones". "Así poco turismo se va a atraer", ha apostillado.
   Por ello, ha animado a los colectivos ecologistas a centrarse en "tomar medidas" para arreglar esa situación en vez de insistir en promover su demolición, ya que, en su opinión, ésa no es la solución "más provechosa" para la comarca en la que se ubica el inmueble, sino que ésta pasa, a su juicio, por su apertura, "ya sea como hotel o como otro negocio".
   "Animo a los ecologistas a que visiten el Algarrobico y comprueben el estado de abandono y de suciedad en el que se encuentra por culpa de la desidia de las administraciones", ha insistido Hernández para concluir.

El PSOE inicia una recogida de firmas contra la supresión de la Entidad Local de Balanegra

ALMERÍA.- El PSOE de Balanegra ha iniciado una recogida de firmas en contra de la propuesta del Gobierno central de suprimir las entidades locales menores, por considerar que esta medida conllevaría "una merma en la democracia en estas poblaciones, un paso atrás en la prestación de servicios básicos públicos y una reducción en la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre las cuestiones de su territorio".

   Así lo han expuesto los socialistas en un comunicado, tras advertir, además, a los vecinos de Balanegra de que, de aprobarse esta medida, tendrán que volver a desplazarse al municipio matriz para realizar determinadas gestiones y no podrán tener su propio gobierno local.
   La propuesta de supresión de las entidades locales menores está incluida en el informe del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros, el 13 de julio. Este texto normativo, de aprobarse definitivamente tal y como pretende el Gobierno de la nación, supondrá la disolución de las 3.725 entidades locales menores existentes, que pasarán a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependan.
   El secretario general del PSOE de Balanegra, Manuel Pérez Vargas, ha lamentado que el PP "vaya a ponerle este final a los 30 años que lleva Balanegra reivindicando un gobierno propio" y ha señalado "la paradoja de que, al final, la alcaldesa de Balanegra, Mercedes Tapia, haya encontrado su mayor enemigo dentro de su propio partido".
   En esta línea, Pérez Vargas ha subrayado que, además de la pérdida de autonomía, de servicios y de patrimonio que se produciría de aprobarse la supresión de las entidades locales menores, Balanegra "también tendrá que lamentar la pérdida de empleo de los vecinos que trabajan en la ELA".
   Entretanto, señalan que el secretario general del PSOE de Balanegra está siendo apoyado en sus reivindicaciones por la secretaria general del PSOE de Berja, Isabel Arévalo Barrionuevo, quien ha señalado la "estrecha colaboración" que han venido manteniendo el Ayuntamiento de Berja y la Junta de Balanegra desde la constitución de la ELA, en marzo de 1987.
   Además, Arévalo Barrionuevo subraya que dicha colaboración "ha permitido el desarrollo de Balanegra desde entonces hasta ahora, con hitos como la construcción del propio edificio del Ayuntamiento de la entidad local, el centro de salud, el centro de mayores, la biblioteca y centro cultural, así como la mejora del patrimonio histórico, las playas o el paseo marítimo".
   Por otro lado, al margen de la recogida de firmas, los socialistas de Berja y Balanegra también han presentado sendas mociones de rechazo de cualquier reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que limite la autonomía municipal.
   En este sentido, la moción presentada ante la Junta de Balanegra exige al Gobierno de Mariano Rajoy que retire de inmediato su propuesta y busque el consenso político para elaborar una ley "sensata y realista para la adecuada reforma y financiación de la administración local".
   También la moción incide en que la justificación de ahorro económico que ofrece el Gobierno de la nación para suprimir las entidades locales menores constituye "un argumento zafio", ya que la eliminación de esta administración "no elimina ni un solo céntimo de euro en negativo de las cuentas públicas".
   "El atrevimiento de este Gobierno echa por tierra cientos de años de lucha de nuestros pueblos en defensa de sus intereses y su patrimonio a golpe de decreto y merece una respuesta contundente por parte de todos los sectores que conforman la sociedad española", reza el texto.
   Por su parte, la moción presentada por el Grupo Socialista insta al Pleno del Ayuntamiento a "reafirmar la importancia de las entidades locales", que están contribuyendo "de forma inequívoca" a vertebrar el territorio, reforzar la cohesión social y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos.


Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".
   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".
   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".
 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".
 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".
   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Cientos de ecologistas rechazan en playas de Cádiz, Huelva y Almería la nueva Ley de Costas

SEVILLA.- Cientos de personas, según los organizadores, han participado ayer sábado, convocadas por distintas asociaciones ecologistas, en distintas acciones llevadas a cabo en playas de Huelva, Cádiz y Almería para mostrar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio, que juzgan "arbitraria y acientífica".

   Estas actuaciones se enmarcaban en el programa de actividades que, con motivo del 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', ha diseñado en toda España la plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, entre ellas, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/Birdlife.
   En Andalucía, las actividades se han desarrollado en playas de las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, donde se han concentrado cientos de personas, según ha explicado una portavoz de Ecologistas en Acción, Dolores Yllescas, quien se ha mostrado crítica por la Ley de Costas que impulsa el Gobierno, ya que, en su opinión, "sólo introduce incertidumbre, arbitrariedad y acientificidad".
   De esta manera, las protestas en la provincia de Cádiz se han llevado a cabo en la playa de Valdevaqueros, ubicada en el término municipal de Tarifa, donde alrededor de 150 personas, según las estimaciones de Yllescas, no sólo han mostrado su rechazo a la nueva Ley de Costas, sino que también han expresado su oposición al proyecto de "macrourbanización" que ha diseñado para dicho enclave el Ayuntamiento, que contempla la construcción de más de 1.420 plazas hoteleras y 350 viviendas, y que generaría un "impacto negativo" en el litoral.
   Las personas participantes en esta concentración --fundamentalmente miembros de las organizaciones SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y Greenpeace, aunque también se han sumado a ella bañistas y otros particulares que se encontraban en la zona-- han realizado "simulacros" en la arena de dicho proyecto inmobiliario para representar el "impacto" que éste generaría.
   De igual modo, otras cien personas han recorrido paralelamente la playa almeriense del Palmeral para repartir información y recoger firmas de rechazo a la Ley de Costas, según ha explicado un portavoz de Ecologistas en Acción en la provincia de Almería, Francisco Toledano, para quien la actual normativa empeora la anterior, que "no era mala, aunque no se cumplía".
   A su juicio, con esta ley lo que hace el Gobierno es "ofrecer la costa a los mejores postores", que "suelen coincidir con ser personas a quienes les importa muy poco la conservación del patrimonio y las repercusiones que sus actuaciones pueden acarrear".
   En la misma línea se ha expresado Yllescas, quien ha coincidido con Toledano en valorar la Ley de Costas que el Gobierno pretende sustituir, ya que "ha salvado en buena medida" al litoral de padecer más "daños" de los que en su opinión ya ha sufrido.
   Además, ha insistido en señalar que la normativa que impulsa el Ejecutivo "merma el dominio público marítimo y terrestre", y no se basa en "criterios generalizables ni científicos", de forma que "sólo generará inseguridad jurídica".
   Por último, esta portavoz de Ecologistas en Acción ha valorado el resultado de estas acciones, que también se han llevado a cabo en la playa onubense de Matalascañas, a la vez que ha aprovechado para recordar que el próximo sábado día 4 de agosto se celebrará una concentración en la duna de Valdevaqueros contra el referido proyecto urbanístico, en la que está convencida de que participará un número mayor de personas de los que se han concentrado este sábado en rechazo de la Ley de Costas.

El presidente oculto que se cree el Rey / Ramón Cotarelo *

Nadie sabe a qué se dedica Rajoy. Su agenda oficial está vacía, no mantiene contactos con nadie y no se sabe qué decisiones toma para sacar a España de la crisis. Una crónica de Carlos E. Cué en El país deja claro que el estilo de gobierno de Rajoy es secreto. Preguntada la vicepresidenta Sáez de Santamaría sobre el asunto, matiza que Rajoy no mantiene reuniones secretas sino privadas. Alguien ha enseñado a esta señora que en política es peligroso quedarse callado ante una pregunta y lo mejor es contestar siempre, aunque sea diciendo una tontería como en este caso porque, a los efectos de la publicidad obligada de los actos del presidente del gobierno, tanto da lo secreto como lo privado. 
Esa sabiduría de contestar siempre las preguntas no la comparte Rajoy quien no da ruedas de prensa y, cuando las da, no admite preguntas. Luego van diciendo sus doctrinos que el gobierno tiene un problema de comunicación. Lo que le sucede es que no tiene nada que comunicar porque habitualmente no hace nada, cuando lo hace está mal y cuando trata de comunicarlo, no sabe hacerlo. 
Se dirá -y se dirá bien-que la comunicación no es solamente oral y que hay otras formas de comunicar. Ciertamente y en todas ellas Rajoy suspende sin paliativos: nunca está en donde se supone que tiene que estar, en los momentos de peligro (los incendios forestales), de angustia (escalada de la prima de riesgo), de determinación (los planes restrictivos del gobierno); en cambio suele ir a donce no hace falta y en donde puede estorbar y duplicar la acción del Estado, esto es, en actos simbólicos, inauguraciones y finales deportivas, en donde quien debe estar es el Rey. Las razones de estos comportamientos son evidentes: Rajoy no acude a los lugares en los que lo reclama el deber y hay que dar la cara porque es un cobarde; aparece, en cambio, en donde no tiene por qué estar sólo para chupar cámara y porque tiene megalomanía y cree que es el Rey. 
En Europa lo tienen ya muy calado. Los líderes europeos piensan de él que es un incompetente al frente de un gobierno que no consigue coordinar en el que cada ministro dice una cosa y, encima, todas distintas y contradictorias. Su función es alimentar lios prejuicios antiespañoles a base de actuar como el típico bravucón matasiete que quiere siempre engañar a los demás y, a la postre, es el único engañado.
Pues bien, a este cobarde que no tiene ni idea de lo que habla, que miente tanto como respira,  que escabulle el bulto, sale por las puertas traseras, huye del Parlamento, esquiva la prensa, no contesta las preguntas, solo habla de intrascendencias y trata ponerse en el lugar del Rey porque hasta desconoce el lugar que le corresponde es al que los españoles hemos elegido por mayoría absoluta.
A pechar con las consecuencias, amig@s
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED