ALMERÍA.- Los ayuntamientos de La Mojonera, y de Antas, ambos gobernados por el PP, así como el de Huércal de Almería (PP-Grinp), han denunciado la integridad de sus convenios colectivos ante la autoridad laboral, una medida que también ha efectuado el gobierno de la Diputación Provincial de Almería y la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante (Galasa), quienes tratarán de negociar "desde cero" las condiciones de sus empleados.
Estas denuncias, que constituyen "la primera vez" que gobierno locales denuncian convenios, se producen para a la renovación del convenio colectivo con los empleados de las distintas entidades públicas tres meses antes de que finalice el que se mantiene en vigor, por lo que se espera que durante el último trimestre del año pueda darse la misma situación en otros municipios. De momento, las negociaciones afectarán a unos 1.500 empleados.
En este sentido, el secretario provincial de CCOO, Juan Pallarés, ha considerado "bastante desafortunado" el precedente anunciado por la Diputación Provincial, por lo que teme una reacción "en cascada" de los ayuntamientos de la provincia en relación a este extremo. "No es un hecho ni bueno ni malo, pero hay que ver los términos de la negociación y las vías", ha expresado.
Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Ginel, señala que la denuncia del convenio colectivo por parte de la patronal, o en este caso, de los equipos de gobierno "no es habitual" y suelen ser las representaciones sindicales quienes denuncian los artículos a renovar en el nuevo convenio o, en algunas situaciones, la totalidad del mismo.
Ginel ha observado además la posibilidad de que esta práctica pueda derivar de "una directriz del PP" dado que las denuncias las producen los ayuntamientos donde gobierna este partido así como en la Diputación Provincial. No obstante, se ha mostrado dispuesto a "encontrar un punto de encuentro" con los gobiernos locales siempre que sus propuestas no planteen "mermar las retribuciones, las prestaciones sociales y los derechos" de los empleados públicos.
Igualmente, el dirigente sindical de CCOO reconoce haber abordado brevemente este asunto en una reunión mantenida esta semana con el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat (PP), a quien se le trasladó la predisposición de negociar "cualquier aspecto" siempre que, en relación al convenio colectivo, no se incluyeran despidos de empleados públicos. Asimismo, se ha abogado por no llevar las negociaciones "desde cero".
El también presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar le transmitió su intención de denunciar el convenio colectivo del ayuntamiento roquetero, si bien este aspecto no se ha producido hasta el momento. "Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia son del PP, por lo que le transmitimos al presidente nuestra intención de dialogar", explica Pallarés.
Mientras, el secretario provincial de FSC-CCOO de Almería, José María Vicente, plantea dar "transparencia" a las cuentas de las administraciones públicas con el fin de realizar ajustes que eliminen gastos "superfluos" y permitan optimizar al personal. En este sentido, señala que algunos ayuntamientos realizan un "uso abusivo" de los cargos de confianza, que rechazan como tónica general, al igual que el ejercicio de horas extra.
Vicente, que aboga por "mantener la calidad en el servicio y el empleo", ha señalado que desde el sindicato se está dispuesto incluso a entrar en planes de empleo y "ser consecuentes" con los criterios que deriven de los mismos a razón de la situación económica de los Consistorio y la "realidad retributiva" que deba acompañar a cada caso.
Con esto, la primera de las negociaciones para renovar el convenio colectivo tendrá lugar en el Ayuntamiento de La Mojonera (PP) el próximo 17 de octubre. Esta negociación afectará a unos 140 empleados del Consistorio, si bien durante el pleno ordinario del pasado día 30 de septiembre se acordó el despido de tres empleados.
El Ayuntamiento de Antas, con unos 60 empleados, también denunció su convenio colectivo el pasado 14 de septiembre mientras que el 30 de septiembre el director gerente de Galasa, Juan Ignacio Moya, comunicaba la denuncia del convenio vigente a los sindicatos para iniciar así el periodo de negociaciones. En su caso, la plantilla afectada se sitúa en torno al centenar de personas.
