ALMERÍA.- La Audiencia de Almería ha señalado para el
13 de abril el comienzo de los interrogatorios a los acusados en el
macrojuicio del caso 'Poniente' por presunta corrupción empresarial y
política en torno al Ayuntamiento de El Ejido que debían haberse
desarrollado en esta semana.
La providencia de la Sección Tercera
acuerda la suspensión de las sesiones "ante la actual situación de
pandemia" y emplaza a, entre otros, el exalcalde ejidense Juan Enciso y
el exinterventor municipal José Alemán a las 10,00 horas del día 13.
Remarca la resolución que la decisión cuenta con la conformidad de
la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
dada la situación general de confinamiento para todos los ciudadanos.
Tras el trámite de cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción
retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los
periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que
habrían prescrito y ha acordado rebajar las penas de prisión, en algunos
casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.
El Ministerio Público, que estimó parcialmente "por justificadas"
las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los
delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009
ya que señaló que la prescripción quedaría "interrumpida" por una
providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las "partes
tuvieron suficiente información" como para "pensar que la investigación
también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal".
Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación
provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan
Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán se enfrentan a penas
que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados
inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a
23,2 millones de euros.
En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de
caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en
documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad
de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio
continuado y un delito de prevaricación continuada.
En el caso del empresario sevillano José Amate, que da nombre a
uno de los grupos en los que la Fiscalía Anticorrupción divide la
presunta trama corrupta, las penas de prisión suman 37 años de cárcel
frente a los 97 años a los que se enfrentaba inicialmente mientras que
las multas pasan de 65,9 millones a 29,2 millones de euros.
Para José Antonio Galán, empresario madrileño responsable de
varias de las mercantiles que subcontrataban de manera supuestamente
fraudulenta con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur),
señalada como eje sobre el que giraba la presunta trama que saqueó las
arcas locales de El Ejido, se interesan 94 años de cárcel frente a los
174 solicitados inicialmente y multas por valor de 22 millones de euros
frente a los 42 millones de euros recogidos en el escrito provisional de
acusación fiscal.
En el caso del empresario Jesús Aragón, la rebaja es notable al
pasar de 85 a 21 años de cárcel mientras que la petición de multa queda
en 500.000 euros frente a los 43,2 millones de euros a los que se
enfrentaba inicialmente, mientras que para el también empresario
Ambrosio Cuevas se pasa de 73 a 25 años de cárcel y de 42,5 a 1,5
millones de euros.
Especialmente significativa es la situación en la que ha quedado
tras la retirada de la acusación por delitos fiscales la acusada Isabel
Carrasco, esposa de José Alemán. Frente a los 85 años de cárcel a los
que se enfrentaba provisionalmente, la Fiscalía Anticorrupción le pide
ahora nueve años de prisión. No se le pide pena de multa pese a que en
el escrito de calificación provisional se solicitaba un montante total
de 19 millones de euros.
La presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada
por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría
detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de
euros entre los años 2002 y 2009.
La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las
arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de
sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur
con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que
tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y,
por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta
trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como
socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31
millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca,
"con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
Calcula que el grupo de empresas controlado por Amate sobrefacturó
24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49
mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán sobrefacturó
presuntamente a Elsur 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un
porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento con incremento artificial
de precios".
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo con un
entramado de sociedades una "sobrefacturación por gastos de apoyo a la
gestión y el asesoramiento" que tenían como única finalidad el
"apoderamiento ilícito" de fondos públicos "incrementando de esta manera
los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento".
