ALMERÍA.- El pediatra colombiano Carlos Alexander R.L. ha reconocido
este jueves que abusó sexualmente de seis niños de entre cuatro y 13
años mientras ejercía como facultativo del Servicio Andaluz de
Salud en la provincia de Almería, y ha aceptado penas que suman 26 años y
seis meses de prisión.
El procesado, de 45 años, ha aprovechado su
turno de palabra en el acto de juicio celebrado en la Audiencia
Provincial para pedir “disculpas” tanto a las víctimas como a sus
familias, y también a sus propios allegados por lo que ha definido como
una “situación muy engorrosa”.
Carlos Alexander R.L. ha admitido a preguntas del fiscal Jesús
Gázquez y ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Columna ser
el “responsable” de los hechos que se le atribuían, una vez con un “sí” y
en otras cuatro ocasiones asintiendo con la cabeza, tras lo que el
Ministerio Público ha decidido modificar su escrito de acusación en el
que interesaba un total de 37 años de cárcel.
El pediatra de 45 años ha aceptado cuatro años de prisión por cada
uno de los cuatro delitos de abuso sexual, otro dos años de cárcel por
un quinto delito y ocho años y seis meses de prisión por un sexto delito
de abuso sexual continuado. Al margen de cárcel, el Ministerio Público
pedía 42 años de libertad vigilada y el abono de indemnizaciones de
entre 15.000 y 10.000 euros por el daño moral causado a las víctimas.
Al término de la vista oral, con presencia de la Abogacía del Estado
que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, la letrada de la
defensa, Estela Gómez, ha trasladado en declaraciones a los periodistas
que fue “él mismo” que le trasladó, tras barajar “muchas
opciones”, que iba a asumir la autoría de “todos y cada uno de los
hechos” que se le imputaban ya que está “muy arrepentido”.
Carlos Alexander R.L. prestó servicio como pediatra contratado por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de los municipios de
Huércal-Overa, Pulpí y Vera desde marzo de 2008 hasta septiembre de
2013.
Así, “aprovechándose de su condición” de facultativo, establecía
relaciones de “confianza” con las madres de los niños que acudían a su
consulta como pacientes y se centraba, sobre todo, en aquellos que eran
de nacionalidad colombiana como él.
La Fiscalía remarca que conseguía de este modo el
“consentimiento” de las progenitoras para llevarse a sus hijos a pasar
“una tarde, un rato, un día o un fin de semana” a su domicilio, ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, “haciéndose cargo de ellos de manera exclusiva”.
Una vez en la casa, junto al que decía ser su hijo, también menor de
edad, perpetraba supuestamente los abusos. Lo hacía tanto en el interior
del domicilio como en la piscina comunitaria “guiado por el ánimo
lúbrico”.
El Ministerio Público detalla “besos en la boca en múltiples
ocasiones, tocamientos en los genitales”, así como que dormía con ellos
en “la misma cama” o que “aprovechaba la excusa de ducharse y secarlos” para la práctica “de sexo oral”.
Entre las víctimas, de entre cuatro y 13 años, figura un menor que en
el momento de los hechos se encontraba ingresado en un centro de
acogida y con quien el procesado se prestó a realizar funciones de
“familia colaboradora” y un segundo niño que sufrió los abusos hasta los
17 años “porque le había hecho creer que eso era lo normal en su país.
“El menor consistió a pesar del rechazo que sentía para poder seguir
disfrutando de beneficios que su economía no le permitía”, remarca el
Ministerio Fiscal.
Carlos Alexander R.L. fue extraditado el 8 de julio de 2016 a
España desde su país natal, donde estuvo estado cumpliendo condena por
hechos similares. Tres meses antes había sido puesto en
libertad condicional tras estar en arresto domiciliario, controlado por
un dispositivo electrónico.
El juicio contra él en Colombia, por el que fue condenado a 38 meses
de prisión, se celebró en ausencia del reo, quien protagonizó dos
huidas; una hacia España, donde cometió presuntamente los delitos de los
que ahora debe dar cuenta, y la segunda, de vuelta su país natal. Allí
fue detenido en marzo de 2014 tras la labor conjunta de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en
colaboración con la Guardia Civil en España.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó su extradición en julio de 2014
al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de
que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar abriese causa contra
él.
No obstante, se dispuso que no fuese extraditado para ser puesto a
disposición de este juzgado instructor hasta que cumpliese la pena de 38
meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la
denuncia del padre de una de sus víctimas.
Finalmente, no la cumplió de forma íntegra y se benefició de remisión
de pena. Ya entonces, los magistrados colombianos señalaron que fue la
profesión que ejercía “lo que motivó su acceso al ambiente escolar” y
“lo que le facilitó la confianza” de la víctima para que pudiera
desarrollar su “perversa conducta”.
La Corte no le inhabilitó profesionalmente y estuvo investigado en relación a hechos similares en Barcelona, donde también ejerció como pediatra antes de llegar a Almería. Accedió al SAS por una bolsa de empleo.
Para estimar la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte
Suprema colombiana tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los
menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con
problemas económicos y de origen sudamericano.
En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013,
en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de
presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra
en su casa.
Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos hijos, de 11 y
7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales del
médico, de forma que trató incluso de forjar una “estrecha relación” con
el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y del que
tenía una foto en su cuenta de la aplicación Whatsapp.
Según el relato
de la progenitora, su comportamiento “se volvió obsesivo”.
El fallo favorable a la extradición recogía, asimismo, el testimonio
de los pequeños ante psicólogos adscritos a los equipos de mujer-menor
(Emume) de la Guardia Civil en la que ellos relatan presuntos
comportamientos de Carlos Alexander R.L.
Igualmente, apuntaba al testimonio de una de las madres que vivió
temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada
interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores “como a una novia”, si bien a la casa “iban muchos niños”.
Estas declaraciones fueron apoyadas además por dos testigos ajenos a
los menores y las familias y que señalaron la presencia de menores y
comportamientos de carácter sexual entre el acusado y los niños.
