La Junta impulsó la creación de 972 empresas y 1.160 empleos en Almería a través de los CADEs

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) de Andalucía Emprende ha impulsado en 2011 la creación de 972 nuevas empresas en Almería, que han generado 1.160 empleos y una inversión inicial estimada superior a los 9,2 millones de euros. 

   El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, ha dado a conocer este viernes el balance de actuación de Andalucía Emprende en Almería durante 2011 y ha presentado las principales líneas de actuación que conformarán el plan provincial de 2012.

   Con relación a los resultados alcanzados en 2011, Recio ha destacado que las nuevas empresas y empleos generados con el apoyo de los CADES almerienses han supuesto un incremento medio del 11,3 por ciento respecto a los resultados obtenidos en 2010, año en el que se impulsó la creación de 840 empresas y 1.085 empleos.

   Recio ha resaltado que el 9,65 por ciento de las empresas dadas de alta en 2011 en la provincia lo ha hecho gracias a los servicios recibidos en alguno de los 26 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial que la Junta tiene a disposición de emprendedores y empresas para ayudarles a poner en marcha y a desarrollar sus ideas de negocio.

   En cuanto al plan provincial para 2012, Recio ha adelantado que está conformado por 47 líneas de actuación que se materializarán en la realización de más de 200 acciones de dinamización, de las que se beneficiarán más de 6.000 personas.

   Entre ellas, ha destacado acciones para el fomento de la innovación empresarial, encaminadas hacia un desarrollo sostenible; volver a emprender un negocio como segunda oportunidad; redes sociales para empresas como instrumento fundamental para un óptimo posicionamiento en el mercado; la internacionalización como estrategia en tiempos de cambio; los recursos endógenos como opción de futuro; y la cooperación empresarial como vía de fortalecimiento y de competitividad.

   Respecto a los sectores de actividad de las empresas creadas durante 2011 en la provincia de Almería, a través de los CADEs de Andalucía Emprende, destaca el de servicios, con 765 empresas, representando el 78,7% del total. Le sigue el sector primario, con 75 empresas (7,71%);  la construcción, con 62 empresas (6,37%); industria, con 48 empresas (4,93%) y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con 22 empresas (2,26%).

   En cuanto a la forma jurídica, la inmensa mayoría de las empresas creadas durante el pasado año a través de los CADEs almerienses han sido constituidas por empresarios individuales (concretamente 902, un 92,79% del total). Le siguen las sociedades mercantiles, con 43 empresas (4,42%) y las empresas de economía social, con 19 (1,95%), perteneciendo las restantes (8) a otras categorías.

   En materia de género, cabe destacar el elevado número de mujeres que han tenido iniciativa emprendedora en la provincia de Almería (462), suponiendo un 43,13% del total (1.071), así como la cifra de empresas creadas en su totalidad por mujeres (424; un 43,62% del total) y los puestos de trabajo que han sido ocupados por mujeres (515; un 44,39% del total). En este apartado, también sobresale el servicio de asistencia técnica especializada para emprendedoras, que este año ha sido solicitado por 209 mujeres en Almería y por 1.290 en toda la Comunidad.

   Además, durante el año el personal técnico de Andalucía Emprende en Almería ha realizado 12.421 atenciones a usuarios, de los que 1.071 han tenido iniciativa emprendedora; ha tutorizado 478 proyectos empresariales; ha ayudado a la tramitación de 1.565 solicitudes de incentivos públicos; y ha impartido formación empresarial a 1.254 personas, a través de 178 cursos, con una duración total de 1.423 horas.

   Entre otros, los contenidos formativos impartidos han sido sobre trámites administrativos para la constitución de la empresa, formas jurídicas, contabilidad y fiscalidad básica, fuentes de financiación, gestión documental, introducción al marketing, cooperación, innovación, modernización y TIC.

   Para impulsar la puesta en marcha y el desarrollo de ideas y proyectos empresariales, los CADEs de Andalucía Emprende ofrecen un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales y oficinas que permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les tutoriza y acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial.

   En la actualidad la Junta tiene en la provincia de Almería 132 espacios de alojamiento empresarial --30 naves y 102 oficinas-- que acogen a 97 iniciativas empresariales. A nivel regional, estas cifras ascienden a 734 espacios --295 naves y 439 oficinas-- que alojan a 537 iniciativas empresariales.

   En el año 2011, Andalucía Emprende ha desarrollado en la provincia un total de 360 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, que han beneficiado a 8.659 personas. De dichas actuaciones, 248 corresponden al plan provincial, que se ha llevado a cabo en 60 municipios almerienses, beneficiando a 6.696 personas. A nivel regional, Andalucía Emprende ha desarrollado en 2011 un total de 4.531 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, que han beneficiado a 95.023 personas.

Jiménez introduce siete delegados en la lista oficial de los 23 que irán al congreso federal socialista

ALMERÍA.- La lista alternativa al congreso provincial del PSOE de Almería, encabezada por el concejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez y apoyada por el exconsejero andaluz Martín Soler, y el exsecretario provincial del PSOE almeriense Diego Asensio, ha logrado introducir siete delegados en la lista oficial que encabeza el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, de forma que de los 23 delegados que acudirán al XXXVIII Congreso Federal del PSOE en Sevilla, solo 16 pertenece a la lista oficial. 

   Así lo han trasladado fuentes socialistas después del recuento de votos que ha tenido lugar a partir de las 20,30 horas, momento en el que se han cerrado las urnas tras una activa participación durante toda la tarde y que han culminado con un 70 por ciento de los apoyos a la lista oficial y un 30 por ciento a la alternativa.

   La lista final, que irá encabezada por el secretario provincial del PSOE almeriense, incluirá, además de al propio Jiménez, a la exdiputada nacional del PSOE Ana Cano, el exvicepresidente de la Diputación Provincial y secretario local del PSOE de Adra, Luis Pérez Montoya, el exdelegado de Obras Públicas Luis Caparrós, la concejal del Ayuntamiento de Almería, Déborah Serón, el exconsejero Martín Soler, y la alcadesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez.

   Entre los miembros que concurrirán al cónclave por esta circunscripción pertenecientes a la lista oficial se encuentran el secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, la delegada provincial de Iguadad, Adela Segura, el presidente del PSOE de Almería, Antonio Bonilla, la secretaria de la ejecutiva local del PSOE de Almería, Pepa Requena, el exalcalde de Almería, Fernando Martínez, la portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices y la coordinadora provincial del IAM, Águeda Cayuela, entre otros.

   Fuera de la representación que acudirá a Sevilla entre el 3 y 5 de febrero ha quedado la diputada nacional del PSOE Consuelo Rumí y el delegado provincial de Cultura y exalcalde de Olula del Río, Antonio José Lucas, quienes habían expresado abiertamente su apoyo a los precandidatos Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón respectivamente, y que figuraban en la lista oficial. También ha quedado fuera el exsecretario provincial Diego Asensio, quien ostentaba el puesto número diez en la lista de Jiménez.

   De esta forma se han cumplido las expectativas anunciadas momentos antes del congreso por Jiménez y Soler, quienes advirtieron que contarían con al menos un 30 por ciento de los apoyos de los más de 200 delegados que han concurrido al congreso. "Aunque no formáramos una lista de consenso, hemos llegado para sumar y todos somos Almería y somos compañeros", ha declarado Jiménez tras el evento. Igualmente, ha destacado el papel "testimonial" de Asensio, quien ha apoyado la lista que él encabezaba.

Una lista alternativa liderada por Jiménez, Asensio y Soler llega al congreso socialista al no haber acuerdos

ALMERÍA.- Una lista alternativa liderada por el concejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez e integrada entre otros, por el exconsejero andaluz Martín Soler y el exsecretario general del PSOE almeriense Diego Asensio se ha presentado en la tarde de este viernes en el congreso provincial extraordinario del que deberán salir los 23 delegados que por la circunscripción almeriense acudirán al cónclave federal que se celebrará en Sevilla la primera semana de febrero. 

   Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas previas al congreso el propio Soler y Jiménez, quien ha asegurado que se ha intentado alcanzar un "consenso" hasta última hora con la Ejecutiva Provincial y ha trasladado que cuentan con al menos el 30 por ciento del respaldo de los asistentes al congreso, lo que abriría la puerta a su candidatura para que sea incluida proporcionalmente en la lista final que irá a Sevilla.

   Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha avanzado que la lista oficial que él encabeza junto al secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, incluye también a la diputada nacional del PSOE Consuelo Rumí, y al exalcalde de Olula de Río y delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio José Lucas, ambos como cabezas visibles de los apoyos a los candidatos a la Secretaría General, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, respectivamente.

Amenazan con suicidarse 70 marroquíes en una protesta laboral

RABAT.- Unos 70 marroquíes sin empleo amenazaron con un "suicidio colectivo" el viernes al intentar marchar a canteras de fosfatos cargados de explosivos a menos que se les diera trabajo en el monopolio estatal de fosfatos OCP, según las autoridades locales.

 

La policía intervino por la fuerza para disolver la protesta cerca de la ciudad sur de Benguerir y detuvo a seis personas acusadas de instigadores, según las autoridades. No había más detalles disponibles en un primer momento.

Se trata de la última de una serie de llamativas protestas. El miércoles, cuatro licenciados en paro se prendieron fuego con petróleo en el centro de la capital, Rabat, emulando el acto de un vendedor tunecino de verduras que dio inicio a las revueltas de la 'primavera árabe' el año pasado.

Los licenciados sufrieron quemaduras pero sobrevivieron al incidente, durante una protesta para presionar a las autoridades para que dé empleos públicos a licenciados universitarios, según los medios marroquíes.

El viernes, un tribunal de la ciudad de Safi, en la costa del Atlántico, sentenció a 10 personas a pasar cuatro años en prisión y pagar onerosas multas por incendiar propiedad pública y atacar a la policía durante unos disturbios en torno al desempleo registrados allí en agosto.

Uno de los condenados es un activista local, Abdeljalil Akadil, que según el principal grupo de derechos humanos del país, AMDH, fue torturado durante tres días tras su detención para obligarle a admitir su participación en los disturbios. El tribunal sentenció a otras seis personas a cuatro meses de prisión por su implicación en los sucesos.

Safi y Benguerir está en una región con el segundo PIB per capita de Marruecas, la mayor tasa de pobreza y las mayores desigualdades de ingresos, según datos oficiales.

El rey Mohamed VI, el mayor accionista privado en la economía nacional, valorada en 100.000 millones de dólares, reaccionó con rapidez cuando centenares de miles de personas protestaron el año pasado pidiendo una monarquía al estilo de España o Reino Unido, un poder judicial independiente y que se combatiese la corrupción.

El monarca cedió algunas competencias a funcionarios electos y adelantó en casi un año unas elecciones que los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo ganaron en noviembre.

En Imider, el pueblo del sudeste donde están las mayores minas de plata del país, cientos de personas llevan dos meses celebrando sentadas en protesta por los menguantes acuíferos locales, y que acusan a la empresa minera de estar sobreexplotando.

Casi un tercio de los jóvenes marroquíes están en paro, la pobreza afecta en torno a un cuarto de los 33 millones de habitantes del país y hay quejas persistentes por una educación ineficiente, nepotismo y corrupción extendida.

"La gente intenta llamar la atención de los que están al mando sobre sus dificultades. No se sienten iguales ante la justicia o en términos de acceso a cualquier oportunidad que haya disponible", explicó Jadiya Ryadi, que dirige AMDH.

Tres diplomados en paro intentan quemarse a lo bonzo en Rabat

RABAT.- Tres diplomados en paro intentaron prenderse fuego ayer jueves en Rabat para exigir al Gobierno que cumpla "inmediatamente" su promesa de contratarlos como funcionarios del Estado, según informaron fuentes de los activistas a los medios locales.

   Se trata de Omar Akaui, de 28 años y licenciado en Química; Zaydun Abdowahab, de 27 años y licenciado en Derecho; y Mahmud el Hauas, de 25 año y licenciado en Derecho Penal, que han sido trasladados al hospital Ibnu Rochd de Casablanca con quemaduras de segundo y tercer grado, según informó el denominado Grupo de Licenciados Superiores en Paro a la cadena de radio Yabiladi.

   En Marruecos se suele denominar "diplomados en paro" a los licenciados superiores sin empleo. Según las últimas cifras oficiales, la tasa de desempleo entre los jóvenes marroquíes menores de 34 años es del 31,4 por ciento.

   En julio de 2011, después de una sentada de varios días de duración, los representantes de los "diplomados en paro" de Rabat recibieron la promesa de que serían contratados por el Estado en 2012. No obstante, poco después comprobaron que la promesa únicamente beneficiaría a los licenciados en 2010.

   Alrededor de 200 jóvenes han constituido en la capital el autodenominado Grupo de Licenciados Superiores excluidos del Acuerdo del 20 de Julio, que se manifiesta desde el pasado 5 de enero en la terraza de un edificio dependiente del Ministerio de Educación para reclamar su "inmediata" contratación como funcionarios del Estado.

   El pasado miércoles, varios de ellos amenazaron con autoinmolarse y al menos tres cumplieron su amenaza al día siguiente. Según el responsable de prensa del Grupo, Aziz Sbaai, la situación degeneró a causa de la intervención de las fuerzas del orden. "Algunas personas vinieron hasta nosotros para ayudarnos con alimentos y medicinas, pero las autoridades se lo impidieron. Fue en ese momento cuando decidimos prendernos fuego", explicó.

   En su programa electoral, el nuevo primer ministro marroquí, Abdelilá Benkirane, advirtió de que era imposible integrar a tantos diplomados desempleados en el sector público y que el futuro de este sector depende de la competencia profesional de los diplomados y de las necesidades reales de las empresas.

   Según la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Jadija Ryadi, la situación de este colectivo es "un desastre" a causa del "mal gobierno", la corrupción y la injusticia. "Pedimos a las autoridades estatales que cumplan sus promesas", declaró a Yabiladi. "Lo paradójico es que se hable de un nuevo Marruecos cuando las cosas no hacen sino empeorar", agregó.

   El secretario general del Grupo de Licenciados en Paro ha advertido de que la situación podría agravarse si el Ejecutivo no cumple su promesa e incluso llegó a insinuar la posibilidad de un suicidio colectivo.

Rajoy obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial

MADRID.-  El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Esta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que los populares llevarán al XVII Congreso Nacional del partido que tendrá lugar a mediados de febrero en Sevilla.

   La citada ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes.

   Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.

   En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".

"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.

   La citada Carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".

   En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.

   En la Carta se recordará a los dirigentes populares que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.

   También se comprometerán a actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez además de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.

   En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.

   Finalmente, en la citada "Carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.

  Este nuevo Capítulo Primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes populares. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".

   También deben actuar de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad y se abstendrán de "toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de su función". En este punto, el PP deja claro que sus cargos "no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".

   Además, establece que "no influirán" en la "agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social". Tampoco podrán dedicarse a actividades recogidas en el régimen de incompatibilidades ni por sí mismos, ni por persona interpuesta.

  Los populares también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.

   Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.

   La duración del citado expediente se extenderá hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal correspondiente y, en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no sean firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse y el partido reparará al afiliado, con los medios a su alcance, los "perjuicios" que hubiera podido sufrir.

   Además, los Comités de Derechos y Garantías pueden acordar la apertura de una información reservada, que podrá dar lugar a un expediente disciplinario, cuando tengan conocimiento "por cualquier medio" de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del PP.

   El PP también dos comportamientos que considera como infracciones muy graves. Se trata de la realización de conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos.

   También añade como falta grave la "deslealtad manifiesta al Partido, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".

   En este capítulo precisa mejor la pena de expulsión del partido, dejando claro que se podrá imponer "en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración".

  No obstante, en otro apartado, deja claro que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podrá "suspender el cumplimiento de la sanción firme, impuesta a un afiliado, siempre que se den circunstancias especiales".

   En el preámbulo de la ponencia explican que los Estatutos son "algo más que un Código de funcionamiento interno" y para ello incorporan el Código de Buenas Prácticas, con el fin de que sea norma de obligado cumplimiento.

El Gobierno fijará "obligaciones legales"

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo quiere "fijar con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y después revisará el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que en el control de la responsabilidad de los gestores públicos lo primero es "determinar" por ley las obligaciones legales de exigido cumplimiento. Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que se está trabajando y que es competencia del Ministerio de la Presidencia.

   En esta segunda ley, ha precisado, se va a "concretar una serie de obligaciones legales que tienen en materia de buen gobierno los gestores públicos" en lo que se refiere a "la gestión económica que tienen encomendada".

   Además, la ley también determinará qué incumplimientos deben ser objeto de "un reproche administrativo o contable" y cuáles otros "por su gravedad" tienen que ser objeto de una sanción penal. Entre estos últimos, ha dicho, "indudablemente" estarán los incumplimientos "más graves y que además puedan tener un carácter doloso, de ocultación". Sáenz de Santamaría ha recordado que ya "existe" un reproche penal ante determinados comportamientos de gestores públicos, pero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "trabajando para intensificar y fortalecer" esta respuesta.

   Por ello, según ha explicado, una vez se establezca la "base amplia" de obligaciones legales, se va a "revisar" el régimen de sanciones e infracciones ya existente. El objetivo, ha dicho, es "establecer, para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa" una respuesta penal, mediante las reformas correspondientes, que, en el caso del Código Penal, necesitarán de una ley orgánica, ha recordado.

   Dicho esto, la vicepresidenta también ha puntualizado que esta reacción penal no debe identificarse automáticamente con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", entre ellas "algunas muy adecuadas" para este tipo de delitos, como es la inhabilitación para el desempeño de un cargo público, ha indicado.

   Además, también ha descartado que las nuevas sanciones que se establezcan se puedan aplicar con carácter "retroactivo", como había planteado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. En cualquier caso, ha incidido en que lo primero es fijar el "conjunto de obligaciones legales", 'porque "no se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores".

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.

   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.

   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.

   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.

   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.

   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.

   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".

   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.

   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.

   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.

   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.