ALMERÍA.- La Coordinadora Ecologista Almeriense ha informado de que el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los
recursos interpuestos contra las Resoluciones y decisiones adoptadas por
las Consejerías de Industria, Energía y Minas y Sostenibilidad y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía al permitir extraer millones de
toneladas de mineral de yeso en áreas protegidas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los
recursos interpuestos por la Coordinadora Ecologista Almeriense, contra
las Resoluciones y decisiones adoptadas por las Consejerías de
Industria, Energía y Minas y Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, en relación con el procedimiento por el que los políticos
del Partido Popular en la Junta de Andalucía, permitirán extraer
millones de toneladas de mineral de yeso en áreas protegidas por la
legislación española y la normativa europea, en una clara vulneración de
la Ley, destruyendo importantes espacios naturales.
Esta insólita decisión adoptada por el Partido Popular se ha
realizado con un claro desprecio a cualquier actuación de participación
ciudadana, rotundo insulto a las asociaciones medioambientales y oscura
gestión de su actuación. La participación ciudadana realizada en estos
procedimientos ha sido anulada, desconsiderando cualquier aportación
realizada, ya sea por la vía de sugerencia, alegación, recurso, etc.,
mostrando en toda su dimensión el carácter absolutamente autoritario de
estos políticos, el hecho ha llegado a que ni la Delegada del Gobierno
se ha dignado a escuchar lo que es nuestra obligación transmitirle.
Ante este salto cualitativo sobre la actuación de la Administración
dirigida por los Políticos del Partido Popular, la Coordinadora
Ecologista Almeriense quiere transmitir a la opinión pública lo
siguiente:
1) Almería es uno de los mayores centros productores de yeso del mundo, en cantidad y calidad.
2) En la provincia existen una serie de espacios protegidos en los
que la explotación de yeso no está permitida, dada su afección a la
flora, a la fauna, al karst, a la hidrogeología, etc. Esta decisión es
una garantía para proteger el patrimonio natural de nuestra provincia,
para esta generación y para las venideras.
3) Afortunadamente para todos, las empresas explotadoras, básicamente
multinacionales, disponen de reservas para explotar, dentro y fuera de
los espacios protegidos.
4) La Junta de Andalucía, hasta el momento presente, no ha permitido
la explotación en las zonas protegidas dadas las limitaciones legales
existentes.
Así, no se le ha autorizado la prorroga de sus explotaciones
una vez acabado el tiempo concesional a Knauf, ETEX, etc, teniendo que
explotar el yeso en otras zonas de concesiones de estas empresas en
donde no tienen limitaciones ambientales, manteniendo de esta manera sus
plantillas de trabajadores y la economía provincial y respetando el
medio ambiente.
Es decir, actuando como empresas con sensibilidad del
siglo XXI, ya que, de esta manera, se sigue desarrollando la economía y
se protege el medio ambiente.
5) Con la llegada de los políticos del Partido Popular al poder en la
Junta de Andalucía, y en relación directa con la empresa multinacional
francesa Saint Gobain la situación existente hasta el momento ha
cambiado radicalmente y esos políticos han autorizado una explotación de
treinta años a dicha empresa, en el seno de un espacio con la máxima
protección ambiental, incluyendo la figura de protección ZEC, Zona de
Especial Conservación, incluida en la Red Natura 2000.
6) La operación consiste en la prórroga de la concesión minera “Los
Yesares”, ubicada en Sorbas, y afecta en sus treinta años de duración, a
una producción cuyo valor es de unos 700 millones de euros y unos
beneficios estimados de 100 millones de euros, cálculos realizados de
forma conservadora y todo ello al valor de la moneda de 2026.
7) Paradójicamente, las empresas a las que se les ha denegado lo que
los políticos del Partido Popular han concedido a Saint Gobain se
encuentran en el mismo espacio geográfico, con las mismas limitaciones
ambientales, con el mismo sistema de explotación, con el mismo sistema
de restauración, con los mismos asesores científicos.
¿En qué estriba la diferencia entre el trato recibido por Saint
Gobain y el recibido por el resto de empresas? Los almerienses podemos
claramente imaginar en que estriba. Sabemos que debe ser algo muy
poderoso que hace que el NO se convierta en SI.
Nuestra función social
como defensores del medio ambiente es aclarar y demostrar qué es eso tan
poderoso que mueve voluntades, poner de manifiesto quién ha dado la
orden para ese cambio radical se produzca y determinar si hay algo
punible en ello.
8) Paralelamente a esa conversión milagrosa del NO en SI, es
conveniente que la opinión pública conozca que la decisión de los
políticos del Partido Popular supone que está autorizando que se afecte
gravemente a la Red Natura 2000, a una flora amenazada que es única, a
una fauna catalogada en peligro de extinción, a hábitats prioritarios
protegidos, tal y como se ha puesto de manifiesto en las alegaciones que
esta Coordinadora Ecologista ha realizado, en informes sumamente
detallados, realizados por los mejores científicos, que han sido
ignorados y despreciados por las unidades de la Junta de Minas y Medio
Ambiente. Todo ello, a cambio de garantizar el beneficio que se señala
en el punto 6 de esta nota, y de todo lo que le rodea.
9) La misma empresa, Saint Gobain, a la que los políticos del Partido
Popular le conceden lo que no les autorizan a otras empresas, dispone
en la provincia de Almería, fuera de cualquier espacio protegido y de
cualquier limitación ambiental, más de 600 millones de toneladas de
mineral de yeso, que prefiere no extraer, para mantenerlas como reservas
estratégicas por si, en el futuro, otro Gobierno regional aplica la
Ley. Eso es lo que están haciendo estos políticos del Partido Popular. Y
la pregunta a realizar es ¿Y a cambio de qué realizan esto los
políticos del Partido Popular?.
10) Desde aquí, invitamos a la Delegación en Almería de la Consejería
de Industria, Energía y Minas, y especialmente a su delegado don
Guillermo Casquet Fernández, a que haga pública la cifra de reservas de
yeso en la zona de Tabernas, carretera Tabernas – Sorbas, que dispone la
empresa Saint Gobain para su explotación, y que pone de manifiesto la
participación de los Políticos del Partido Popular en la Junta de
Andalucía en la estrategia comercial antes señalada. Y si no quiere
aceptar esta invitación, es muy posible que deberá aceptar el mandato de
un magistrado para hacerlo.
11) En la actualidad el proceso del trabajo que está desarrollando
esta Coordinadora Ecologista frente a la Junta de Andalucía, se
encuentra ubicado en el área de lo contencioso administrativo y, de
acuerdo con todo lo que estamos indagando se están elaborando las bases y
soportes documentales necesarios para iniciar los procedimientos
penales contra quien proceda, en función de sus actos, acciones u
omisiones.
Los almerienses deben conocer que Saint Gobain, antes de solicitar la
prorroga de su concesión, destruyó decenas de cavidades (cuevas)
desarrolladas en el yeso que se encontraban catalogadas e inventariadas,
que formaban parte del sistema Kárstico protegido y dentro de la Zona
de Especial Conservación de Sierra Cabrera Bédar; además arrasó,
desbrozando sin necesidad, hectáreas de terreno ocupadas por el hábitat
protegido 1520 Gypsophiletalia, y el 6220, arrancando dicha flora, tal y
como tenemos documentado en los vuelos oficiales y particulares,
cartografiado por nuestros botánicos, todo ello con la complicidad de
Medio Ambiente que no realizó inspección alguna y de Minas que autorizó
los planes de labores, en su doble vertiente: labores realizadas el año
anterior en zonas sensibles medioambientalmente hablando y labores
proyectadas y autorizadas en dichas áreas. Un verdadero disparate.
12) Nuestra Coordinadora considera que no se puede permitir la
impunidad de un poderoso, a ningún precio, ni empresa ni persona. Que
todos los ciudadanos, incluyendo a políticos y a funcionarios estamos
bajo el imperio de la Ley.
Así mismo estimamos que, en los temas
ambientales, la participación de la sociedad a través de sus
organizaciones, bien documentadas, defendiendo los intereses públicos y
la normativa existente, constituye la única manera de combatir a las
mafias económicas que hacen su santa voluntad en nuestra tierra,
apoyándose en castas de políticos que viven de nuestros impuestos y que
están dispuestos a todo, tal y como se puede ver, oír y comprobar en
estos días en la sucesión de escándalos que pueblan lamentablemente la
vida pública española.
Esas castas endogámicas que han olvidado para qué han sido elegidas y
que conforman familias que se suceden a sí mismas, después de estar
durante años perpetuándose en el poder, utilizándolo para su
beneficio.
