El texto
se ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox en Andalucía y ha
recibido los contrarios de los grupos Socialista, Por Andalucía y
Mixto-Adelante Andalucía.
A petición del Grupo Socialista, el Pleno ha votado igualmente la
posibilidad de que esta normativa se tramitara como proyecto de ley,
petición que han desestimado los grupos Popular y Vox en Andalucía.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda,
Rocío Díaz, ha sido la encargada de defender este miércoles en el Pleno
esta norma que aprobó el Consejo de Gobierno el lunes 24 de febrero, y
que entró en vigor este pasado martes tras su publicación el lunes en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El
Decreto-ley prevé "dar publicidad y transparencia a los suelos
disponibles en los municipios andaluces para la construcción de
viviendas protegidas y asequibles" y se tratará de una bolsa de suelo
integrada "por parcelas públicas o privadas disponibles destinadas por
el planeamiento urbanístico a vivienda protegida, parcelas dotacionales
de equipamientos susceptibles de acoger viviendas o alojamientos
dotacionales, parcelas de los patrimonios públicos de suelo y otras de
titularidad pública susceptibles de acoger vivienda protegida".
La obligación para las corporaciones municipales será la emisión de "la
cédula urbanística de los suelos o inmuebles en el que conste el
régimen urbanístico y demás circunstancias aplicables a las parcelas o
inmuebles, así como el número de viviendas protegidas posibles".
A partir de ahí el Gobierno andaluz impulsará convenios de
colaboración con los ayuntamientos para "la mejor gestión de las
políticas de vivienda, en virtud de su adhesión a la bolsa de suelo de
vivienda asequible", tarea que comenzará con los municipios de más de
100.000 habitantes.
Otra de las medidas del decreto es la
ampliación de los potenciales beneficiarios de inmuebles protegidos al
elevar la horquilla de sus ingresos. Las viviendas y alojamientos
protegidos se destinan a unidades familiares cuyos ingresos anuales no
superen 3,00 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(Iprem), en el caso de viviendas protegidas de régimen especial; 5,5
veces el Iprem para las viviendas protegidas de régimen general, y 7
veces el Iprem en las viviendas protegidas de precio limitado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 estableció la
cuantía de ese indicador en 600 euros mensuales o 7.200 euros anuales,
por lo cual, con la nueva referencia del Gobierno andaluz, un
solicitante con ingresos de entre 39.600 euros anuales y 50.400 euros,
podrán acceder respectivamente a las viviendas de régimen general y en
régimen de precio limitado.
Con un Iprem con pagas
extraordinarias en ese caso su cuantía anual será de 8.400 euros, según
la misma Ley de Presupuestos, con lo cual, los límites salariales serán
de entre 46.200 y 58.800 euros.
El decreto-ley ha incluido un artículo dedicado a la regulación de la
vivienda de uso turístico y su integración en las normas de ordenación
urbanística.
Prevé en los municipios donde "concurran razones
imperiosas de interés general", y previa justificación de la
proporcionalidad de la medida, que "el uso residencial de una parcela no
habilitará por sí mismo la posibilidad de destinar las viviendas al
alojamiento turístico" y exige que "el planeamiento urbanístico tenga
previsto la compatibilidad del uso de alojamiento turístico con el
residencial".
Igualmente los ayuntamientos, "durante la
tramitación del instrumento que contenga la ordenación urbanística",
podrán "acordar la suspensión de las licencias y declaraciones
responsables de viviendas de uso turístico, ya sea para la totalidad del
término municipal o para zonas o tipologías de edificación concretas,
siempre que se justifique la necesidad y la proporcionalidad de dicha
medida".
En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE-A
Isabel Ambrosio ha propuesto que el decreto se tramitara como proyecto
de ley, y ha criticado que "llega demasiado tarde", así como ha
denunciado que "la urgencia" que desde el Gobierno del PP-A "conceden a
la necesidad de la población andaluza para acceder a una vivienda no es
creíble", porque "después de seis años y medio todavía seguimos
esperando que presenten" en el Parlamento "un proyecto de ley".
"Hace más de 200 días que el Consejo de Gobierno aprobó un anteproyecto
de ley y hemos tenido que esperar hasta hoy para que reconviertan su
medida estrella, que era el plan de choque, en un decreto ley de medidas
urgentes en materia de vivienda" que es "un batiburrillo de medidas
dispersas y totalmente descoordinadas", y que "tiene un tufo muy
electoral", ha criticado la parlamentaria socialista.
Por su
parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha sostenido que el
Gobierno del PP-A llega "bastante tarde" con este decreto tras llevar
"ya seis años gobernando" en Andalucía, y en esa línea ha denunciado que
sus políticas de vivienda "han sido absolutamente nulas", y han
carecido de "rigor" y "valentía".
De igual modo, ha comentado
que el decreto objeto de convalidación viene a ser como "una disposición
adicional" del anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno andaluz
"para intentar poner una tirita a un enfermo de absoluta gravedad",
según ha opinado.
Por último, el diputado de Por Andalucía José
Manuel Gómez ha acusado al Gobierno andaluz de partir de una idea
"falsa" como la de que "hay una relación causal entre la falta de oferta
y el precio de la vivienda", y ha defendido que "no hay falta de oferta
de vivienda de lujo o para uso turístico", sino que lo que falta es
"vivienda para crear hogares, porque se le ha detraído la función social
a la vivienda", y "ese es el problema", según ha aseverado.
Además, ha acusado al Gobierno andaluz de estar "riéndose de la gente"
en esta materia, y le ha afeado haber "despreciado la herramienta" de
poner un "tope" a los alquileres porque la consideran "demasiado
intervencionista", tras lo que ha instado a la Junta a poner "encima de
la mesa" una alternativa "para solucionar el problema de los
alquileres".
Frente a estas críticas, la diputada del PP-A Ana
Chocano ha defendido la aprobación de este decreto ley para afrontar la
"necesidad urgente de vivienda" que hay en España y, por tanto, en
Andalucía, según ha aseverado antes de sostener que "ante este problema
hemos de ser responsables y respetuosos y tenemos que actuar".
Para ello --ha continuado la representante del PP-A-- se puede optar por
la vía del Gobierno de Pedro Sánchez, que "crea frustración y no
construye vivienda", o por "la vía andaluza" de Juanma Moreno, que
"ofrece soluciones reales" tras primero "identificar la necesidad y
tomar conciencia del problema", y después de "dialogar con los
implicados y con todos aquellos que pueden ayudar a encontrar la
solución", según ha reivindicado la representante del PP-A antes de
concluir animando a los ayuntamientos a "colaborar" para "solventar este
problema y construir 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco
años" en Andalucía.
