lunes, 8 de octubre de 2012

Las descargas de pescado en las lonjas de la provincia de Almería se incrementan casi un 80% en lo que va de año


ALMERÍA.- Más de 7,7 millones de kilos de pescado y marisco se han subastado en las cinco lonjas pesqueras de Almería entre enero y agosto pasados, un volumen que supone casi un 80 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de la Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El valor de estas descargas, por su parte, ha ascendido a 15,7 millones de euros, un 6,7 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2011.

   La facturación, según precisa en una nota el delegado territorial de Agricultura, pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, "está incrementándose gracias al importante aumento de las capturas, ya que los precios de algunos productos como la caballa y el jurel están registrando unos niveles bajos, precisamente por la abundancia de estas especies". Por el contrario, la sardina y la alacha, por su demanda, han visto subir sus precios en las subastas.
   Hasta agosto, en las lonjas de la provincia se han desembarcado más de 1,7 millones de kilos de caballa del sur, un 257 por ciento más que el año pasado. Las capturas de jurel han crecido un 210 por ciento --1,86 millones de kilos--. Importante ha sido también el volumen de sardina --casi 900.000 kilos-- un 130 por ciento más que el año pasado, mientras que las capturas de gamba blanca han crecido un 65 por ciento,  y las de gamba roja, un 13,6 por ciento.
   Las especies que han obtenido este periodo mejores precios que el pasado ejercicio son la sardina, la alacha, la merluza, el pulpo, la brótola y la cigala, especies cuyas capturas, salvo en el caso de la sardina, han sido menores que en 2011. Por el contrario, han perdido valor la caballa, el jurel, el pez espada y la gamba roja, mientras que los salmonetes mantienen la cotización.
   Por lonjas, en la que más pescado y marisco se ha descargado es de Almería capital, donde se han subastado 4,2 millones de kilos, un 75 por ciento más que el año pasado. En la lonja de Adra se han desembarcado 2,1 millones de kilos, un 132 por ciento más que el año anterior. Por su parte, en la de Roquetas de Mar, cuya lonja estuvo cerrada en la primera mitad del pasado año, se han subastado más de 235.000 kilos, frente a los 204.000 de 2011.
   En la costa de Levante, en el puerto de Carboneras se han subastado casi 629.000 kilos, un 31 por ciento más; y en la de Garrucha, 287.000 kilos, frente a los 302.000 kilos del pasado ejercicio.

El Ayuntamiento de Almería se "opone frontalmente" al proyecto de Minas de Alquife para sacar hierro por el puerto

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería (PP) ha trasladado este lunes su "oposición frontal" al proyecto presentado por la compañía Minas de Alquife Holding para exportar por el Puerto de Almería el mineral y los metales que prevé extraer en las canteras de la localidad granadina, ya que "va contra el medio ambiente y la calidad de vida de los almerienses". 

   En rueda de prensa, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal (PP), ha criticado el planteamiento hecho por la sociedad alemana, que ha solicitado ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la autorización ambiental unificada (AAU) para instalarse en el puerto almeriense, ya que supone "volver a finales del siglo XVIII" en cuanto a las emisiones de ruido, polvo o contaminación, según el edil.
   Según Venzal, la documentación, que se encuentra en periodo de alegaciones antes de la concesión de la autorización, contempla una actuación consistente en el transporte diario de unas 12.000 toneladas de hierro a través de diez trenes diarios de 340 metros de largo cada uno en cada sentido. "Es imposible en términos de calidad de vida", ha insistido el concejal, quien ha rechazado los extremos previstos en el anteproyecto en cuanto a la afección a la atmósfera.
   "Almería no se puede permitir 20 trenes diarios con o sin soterramiento lo diga la Junta, ADIF o el Ministerio", ha considerado antes de asegurar que la documentación presentada por la empresa reconoce "molestias" y habla de "paliativos" para solucionar problemas de contaminación ambiental propiciados, principalmente, por la aparición de polvo en suspensión, según el responsable municipal.
   Además, Venzal cree que la actuación "va a dejar bastante poco dinero" en la ciudad puesto que el trabajo "no se crea principalmente en Almería". De hecho, según ha vaticinado, la acción de la sociedad minera conllevará "destrucción de empleo" dada la incidencia que tendría en el turismo al afectar a las playas y zonas costeras, según su planteamiento.
   En este sentido, ha animado a las organizaciones ecologistas y a la izquierda a "inundar de alegaciones" la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ya que el proyecto se mantendrá en exposición pública hasta el 4 de noviembre y tiene que ser examinado por los técnicos medioambientales de la Junta. "Almería no forma parte de la zona subdesarrollada de África", ha manifestado el edil 'popular', quien ha apuntado que el "único argumento" que se esgrime en la documentación para realizar la operación es que "antaño se hacía".
   Con esto, Venzal se ha planteado la rentabilidad de la actuación en términos medioambientales y socioeconómicos. "No nos vamos a vender por la tasa portuaria", ha recalcado Venzal antes de señalar que no conoce ningún puerto que pueda soportar el tránsito estimado en el anteproyecto. "El siglo XXI ha llegado para todos, no solo para los alemanes", ha apostillado.
   El concejal ha explicado que este asunto ha sido tratado con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Trinidad Cabeo, quien se ha mostrado "sensible" a la postura del Ayuntamiento, quien le ha trasladado que "hay otros frentes litorales" para ubicar la actuación, si bien ha declinado señalar algún espacio concreto para ello.
   Ante la posibilidad de que la empresa financiara parte del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad como contraprestación por la actuación, sentido en el que se han mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, Venzal ha rechazado los "cuentos" de "inversores de este tipo", de forma que aunque viera "el cheque", cree que la actividad "no sería buena" para la ciudad y sus habitantes.

La APA encarga el Plan Especial Puerto-Ciudad, que será "flexible y abierto" para la inversión privada

ALMERÍA.- La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Trinidad Cabeo, ha anunciado este lunes que ha encargado a una consultora especializada la redacción del Plan Especial Puerto-Ciudad que permitirá integrar el casco urbano con el espacio portuario después de que la comisión técnica destinada a tal fin haya concretado los usos y necesidades de la zona. 

   En declaraciones a los periodistas, Cabeo ha detallado que se ha solicitado a la consultora que contemple una fórmula "flexible y abierta" a las distintas posibilidades del territorio de cara a la participación de la inversión privada en las actuaciones y en busca de que el proyecto "sea rentable" y "responda a las necesidades de la ciudad y a las que esos inversores tengan".
   Así, ha destacado el "buen talante" que han mantenido las administraciones que han participado en la comisión técnica, asunto que ha trasladado en la primera de las reuniones periódicas que la APA mantendrá con la Junta de Andalucía. 
En este sentido, la delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha resaltado la "importancia logística" que tienen los puertos de Almería y Carboneras y la "coordinación" que deben tener ambos organismos.
   "Ha habido también distintos operadores internacionales que han mostrado la voluntad de venir al puerto de Almería y para ello es necesario una serie de infraestructuras", ha dicho Ferrer a la hora de explicar las cuestiones abordadas en la reunión. 
Los tráficos de la APA y la recientemente terminadas obras del Puerto de Carboneras también han sido tratadas en el encuentro así como las futuras inversiones para un nuevo dique de abrigo del muelle de Poniente del puerto capitalino.

La Junta "duda" del "compromiso" municipal de abordar una futura conexión soterrada entre la estación y el puerto almeriense

ALMERÍA.- La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha expresado este lunes las "dudas" que al Gobierno andaluz le han generado "algunas voces" del Ayuntamiento de Almería (PP) sobre la futura conexión soterrada de la estación de ferrocarril con el Puerto de Almería; una apuesta contemplada por todas las administraciones que conforman la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) que se ha tornado "contradictoria" a otras iniciativas promovidas por el Consistorio capitalino, como es la aprobación del Plan Especial del Sistema General Ferroviario o también conocido como el 'Plan de El Toblerone'. 

   Tras mantener una reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, en la sede del Gobierno andaluz, Ferrer ha insistido en que solicitará una reunión de los agentes que componen AAV para que las administraciones que la componen --Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Gobierno central, ADIF y Renfe-- "veamos los compromisos" y "aclaren su condición o participación".
   Las administraciones implicadas, así como la Autoridad Portuaria, apuestan por acometer una conexión bajo el suelo entre el puerto y la estación en una segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad, sentido en el que el Ministerio de Fomento trabaja en un estudio informativo para analizar las opciones de actuación y cuyo plazo inicial de entrega está fechado para mayo del próximo año. Anular la conexión ferroviaria entre la estación y el puerto afectaría también a las futuras zonas logísticas de Almería y Níjar ya autorizadas por la Junta, según ha recordado la delegada.
   No obstante, la delegada de la Junta ha asegurado que debido a las últimas declaraciones efectuadas desde el Ayuntamiento, la Administración andaluza está "un poco confusa" sobre las intenciones del Ayuntamiento, que trabaja paralelamente en resolver el plan especial de 'El Toblerone' que afecta a los suelos por los que, en caso de prosperar, pasaría el tren que comunicaría el puerto y la estación.
   En este sentido, cabe recordar que el edil de Urbanismo, Pablo Venzal (PP), anunció recientemente que el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Almería y la sociedad estatal ADIF firmarán el próximo día 11 el convenio para la cesión a la ciudad de los 30.000 metros cuadrados de suelo comprendidos entre la Estación del Ferrocarril y la rotonda de las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés. Esta actuación, entre otros aspectos, conllevará la eliminación de las vías a favor de un parque en la zona así como de edificios donde se asientan los antiguos silos.
   A esto se suma, según ha apuntado Cabeo, el análisis que las administraciones implicadas tienen que realizar de los proyectos previstos para el Puerto de Almería, entre ellos el expuesto por la compañía Minas de Alquife Holding, que prevé la exportación de mineral de hierro de las minas granadinas a través del puerto almeriense una vez comience a operar
   "Minas de Alquife ha mantenido reuniones con la Autoridad Portuaria en el ámbito de cuestiones operativas, de la carga del mineral en el puerto, instalaciones, servicios, infraestructuras y tasas y en el marco de esas conversaciones siempre se han mostrado abiertos a colaborar en la solución que signifique la llegada del mineral al puerto", ha aclarado Cabeo.
   No obstante, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha incidido en que aún no se ha hablado de cifras, y ha recordado que previamente, es necesario obtener los resultados del estudio informativo de Fomento para analizar las soluciones más oportunas.

El Ejido modificará la normativa del PGOU para instalar provisionalmente invernaderos en suelo urbanizable

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes en sesión plenaria modificar la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la instalación provisional de actividades agrícolas en suelos urbanizables pendientes de desarrollo y así dar respuesta "a las crecientes demandas de los propietarios de terrenos urbanizables que, ante el fuerte estancamiento del sector inmobiliario de los últimos años, ven en la agricultura una salida económica a su situación actual".

   Esta modificación, según explica el Consistorio en una nota, posibilitará que los propietarios puedan instalar provisionalmente invernaderos hasta que esas bolsas de suelo urbanizable se desarrollen de forma definitiva. "El suelo seguirá siendo urbanizable, pero permitirá la construcción en precario de este tipo de instalaciones, debiendo cesar dicha actividad y desmontarse dicha instalación cuando así lo requiera el municipio sin derecho a indemnización", aclaran.
   El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha calificado de "muy positiva" esta iniciativa ya que "se podrá obtener rentabilidad económica de aquellos terrenos que se encuentran pendientes de desarrollo urbanístico". El regidor ejidense ha explicado que "el PGOU se hizo con carácter finalista para ir vertebrando los distintos núcleos de población del municipio, sin embargo la llegada del parón inmobiliario supuso un jarro de agua fría".
   En este mismo sentido, ha señalado que "ahora los propietarios de esos suelos quieren ponerlos en explotación o bien renovar las instalaciones actuales, sabedores de la importancia de la agricultura como principal motor de generación de empleo de la provincia".
   El documento de modificación de la normativa del PGOU tiene por objeto la adaptación de su contenido con la finalidad de dar respuesta a las nuevas demandas no previstas en la normativa actual, impulsar provisionalmente la economía en terrenos para cultivos y corregir los emplazamientos de actividades no previstas.
   Dicha modificación del PGOU, amparada en lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece la posibilidad de implantar el uso provisional de los terrenos siempre y cuando no se dificulte la ejecución del planeamiento. En cuanto al grado de desarrollo del suelo, los terrenos no podrán constar de proyecto de reparcelación aprobado, ni de proyecto de urbanización.
   Asimismo, se regula la tipología de invernaderos que pueden implantarse, que deben ser fácilmente desmontables y de sencillez técnica, del tipo parral, y se regula también el emplazamiento de los mismos respecto a las viviendas existentes y parcelas residenciales urbanizadas.

Las riadas dejan daños por 100 millones en la provincia de Almería

VERA.- La gota fría que provocó graves inundaciones en la comarca del Levante almeriense hace diez días han causado daños en infraestructuras viarias y de servicios básicos, así como en propiedades privadas cuantificados en más de 100 millones de euros, según se recoge en un informe preliminar elaborado por la Diputación Provincial.

   Así se ha trasladado este lunes en el transcurso de una reunión entre los alcaldes de los municipios más afectados por las riadas y las lluvias torrenciales y el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, quien, en declaraciones a los periodistas al término del encuentro en la localidad de Vera, ha reclamado premura en la llegada de las ayudas a la zona, "que tiene necesidades urgentes y perentorias que atender".
   "Hay puentes que se han caído, carreteras a las que hay que buscar una salida urgente con vías que vengan a sustituir a las anteriores, depuradoras que hay que poner en marcha", ha desgranado para remarcar que aquellas que tienen que ver con la prestación de los servicios básicos "tienen el carácter de urgentísimas".
   Tras escuchar el balance de los regidores de Antas, Vera, Cuevas del Almanzora, Zurgena, Pulpí, Huércal-Overa, Mojácar y Sorbas, entre otros, Zoido ha exigido para "reducir" en el futuro "el impacto" de sucesos climatológicos de estas características, el desarrollo de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) desde el "respeto al medioambiente pero también a la seguridad y la tranquilidad de los vecinos".
   En esta línea, ha reclamado la "limpieza y cuidado" de los cauces públicos y ramblas para que "si se producen inundaciones no sean como consecuencia de que la administración con las competencias no lo ha hecho o no ha dejado que otro lo haga" y la elaboración de un Plan de Prevención de Inundaciones "para que no vuelva a repetirse lo vivido en esta comarca".
   "Las circunstancias históricas han cambiado y los medios técnicos que tenemos a nuestra disposición son muchísimo más modernos, así que hagamos las inversiones necesarias y apliquemos las técnicas para preservar la convivencia y dar tranquilidad a los vecinos", ha apuntillado.
   Zoido ha hecho, asimismo, un llamamiento "serio y riguroso" a la unidad, a trabajar "conjuntamente" y a "redoblar" los esfuerzos para conseguir el mayor número de ayudas y para que éstas lleguen lo antes posible a todos los vecinos afectados.
   Ha remarcado que el Gobierno "ya está dando los primeros pasos" con la constitución de un grupo de trabajo para poder cuantificar, valorar, concretar y definir los daños que se han producido en las zonas afectadas a la vez que se está trabajando para conseguir los fondos europeos necesarios para poder traer las ayudas que permitan restablecer todas las infraestructuras que garanticen los servicios públicos.
   "Desde cada uno de los ayuntamientos afectados estamos insistiendo en traer todas y cada una de las medidas que puedan al mismo tiempo beneficiar a todos los afectados" ha explicado al tiempo que ha trasladado "el apoyo" a todos los damnificados y agradecimiento a los integrantes de los operativos de emergencia.

La Junta abre las oficinas de intermediación contra desahucios en las provincias

SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto este lunes de manera oficial en siete provincias andaluzas las oficinas de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema, y que estarán atendidas por un equipo especialmente cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

   Según indica la Consejería en una nota, con la apertura de estos siete puntos se completa la red prevista en todas las provincias, ya que la oficina de Sevilla arrancó la semana pasada.
   La medida, que forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento, se fundamenta en un principio especialmente novedoso, ya que "rompe la neutralidad de la administración ante este drama social".
   En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
   Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.
   El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
   La oficina garantiza también "la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social".
   La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería.
   Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.
   El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
   Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
   Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
   A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.

Apertura en Almería

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta andaluza ha procedido hoy en Almería a la apertura de la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano por parte de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales.
   La delegada territorial, Encarna Caparrós, ha indicado en un comunicado que la oferta de esta oficina está "muy demandada, porque sabemos que las familias de Almería y provincia atraviesan en muchos casos una situación crítica".
   Ha asegurado que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto a disposición de los ciudadanos "los mejores medios técnicos y humanos de que dispone para esta labor, con la que esperamos dar solución a los problemas que nos planteen los usuarios" al tiempo que ha recordado la Junta "ya ha intervenido en la paralización de un desahucio en la capital, en lo que supone una vía de trabajo a favor de los más afectados por la crisis".
   De hecho, el objetivo de este punto de atención es dar respuesta a una situación de emergencia social, al tiempo que responde al compromiso adquirido por la titular de la Consejería, Elena Cortés, en el Parlamento andaluz, donde en septiembre anunció la inmediata puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que definió como una medida para "romper con la neutralidad de la administración ante un drama que avergüenza a quienes no transigimos con la injusticia social".
   Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios. En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
   Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
   La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
   La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas celebradas en septiembre, al personal funcionario que atenderá estos puntos en cada una de las provincias. Más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.

La Junta de Andalucía sancionará a 19 entidades por infracciones con participaciones preferentes

HUELVA.- La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta va a incoar expedientes sancionadores contra un total de 19 entidades financieras que han cometido "fragantes" infracciones en la venta de participaciones preferentes, así lo ha señalado la secretaria de Consumo de la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz.

   En este sentido, ya en rueda de prensa en Huelva ha recordado que los servicios de consumo han recibido 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras de las que dos de ellas acaparan el 85 por ciento de las denuncias.
   "Tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, la primera acción será incoar expedientes sancionadores por aquellas infracciones que se han adoptado en relación a las participaciones preferentes", ha subrayado.
   Asimismo, ha señalado la colaboración que mantienen con la Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en cuanto a las cláusulas "abusivas" y el posible delito que se podría haber cometido con la venta de estos productos financieros.
   De igual manera, los servicios jurídicos están estudiando la presentación de un recurso civil para lograr indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de nulidad de los contratos por vicio de consentimiento.
   De este modo se pretende "dar respuesta a las cerca de 60.000 personas que han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas por la comercialización de estos productos", un asunto en el que "creemos que la Junta tienen debe estar con los afectados".
   Muñoz apuntaba que la banca es un sector donde la autoridad de consumo "habitualmente no ha entrado" al contar con organismos específicos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien con la llegada de la crisis y "la necesidad de contar con liquidez" han aparecido productos que "aunque no eran nuevos no se comercializaban a los niveles que ahora se ha hecho".
   "Se ha producido una situación de vulneración de todas las líneas rojas que la banca debía mantener y hay miles de afectados por las participaciones preferentes", ha subrayado.
   La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha asegurado este lunes que en esta legislatura "la Junta apuesta por la ciudadanía como la clave para una mayor y mejor defensa de sus derechos e intereses como consumidores y usuarios". En este sentido, ha matizado que "apostar por el consumo y las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias es apostar por toda la ciudadanía andaluza".
   La secretaria de Consumo ha iniciado en Huelva una ronda por las ocho provincias para informar de las principales actuaciones que está desarrollando su Departamento en el marco del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias, refrendado en enero de este año por las tres asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía --Facua, UCE, Al-Andalus--. Muñoz ha aprovechado su visita institucional a Huelva para reunirse con representantes provinciales de la CEA y de las tres organizaciones de consumidores.
   Ha explicado que el trabajo, en esta legislatura y en el marco del citado pacto, se va a desarrollar basándose en tres pilares fundamentales: transversalidad, coordinación y participación. "No entendemos nuestro trabajo sin estos tres elementos que nos obligan a pensar bien, priorizar mejor y rentabilizar las acciones que realizan las distintas administraciones en esta materia", ha asegurado.
   Los principales retos son profundizar en el trabajo con todos los sectores implicados, priorizar participativamente y generar complicidad para que la sociedad se adhiera de una manera responsable en la búsqueda de las soluciones ya que, en caso contrario y más en estos momentos, es difícil seguir avanzando en derechos de los consumidores. Ha recordado que no sólo se trata de avanzar sino que la ciudadanía sepa ejercer sus derechos, otro de los retos de la Junta en consumo.
   Igualmente, se pretende reforzar la labor de inspección y el control de los mercados ya que "es muy importante vigilar para que los ciudadanos se sientan seguros y perciban que el Gobierno andaluz está cerca de ellos", así como potenciar la interlocución con las agentes sociales y económicos, en especial con los órganos de representación de consumo en todos los niveles, y aumentar la coordinación institucional.
   Muñoz se ha referido también a la crisis económica que "está situando a la ciudadanía en una posición de especial vulnerabilidad ante una economía global y compleja" que la debilita cada vez más.
   Ante este escenario, es el momento de contar con "administraciones fuertes y decididas" para "trabajar con ahínco" en favor de las personas que más lo necesitan. Para ello, la Junta apuesta por una mayor implicación de todos los sectores y organizaciones de consumidores, así como de los empresarios en aras a "homogeneizar y reforzar las actuaciones locales y autonómicas, optimizando los recursos".
   La secretaria General de Consumo ha resaltado el trabajo que realizan los servicios provinciales de consumo con la colaboración de los servicios municipales y de las asociaciones de consumidores. Entre otros datos, ha informado que durante este año el servicio de la Junta en Huelva ha recibido 825 reclamaciones y ha realizado 30 campañas de inspección.
   Muñoz ha destacado también la cooperación con los ayuntamientos a través de los puntos de información y atención a la ciudadanía (OMICs), que han contando con el respaldo económico de la Junta a través de subvenciones por importe de 86.712 euros. Igualmente, ha resaltado la cooperación con las organizaciones de consumidores provinciales y que se ha plasmado en la realización de 37 proyectos con Al Andalus, 75 con Facua y 79 con UCA, subvencionados con casi 54.000 euros. Este importe permitirá la puesta en marcha de 191 talleres formativos en los 79 municipios de la provincia onubense, lo que supone un mínimo de 2 talleres por municipio.
   Por último, ha destacado la "colaboración eficaz" que está llevando a cabo el servicio de la Junta en Huelva con la Policía Local de algunos municipios para detectar productos incluidos en la red de alerta, cooperando asimismo en tareas de inspección y control. El objetivo es consolidar estas prácticas "positivas y eficientes" fruto de una "política descentralizada y concertada", que debe revisarse y mejorarse en todo lo posible para asegurar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias.

AENA defiende que las tasas aéreas son las "más competitivas" de Europa a pesar de la subida del 7,5% en 2013

MADRID.- El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), José Manuel Vargas, defendió este lunes que a pesar de la subida prevista de entorno al 7,5% de las tasas aeroportuarias en 2013, seguirán siendo "las más competitivas del continente" y "más baratas que la media europea", y recordó que se establecerán "estrictamente cumpliendo la ley".

   Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, señaló que la situación era "insostenible desde el punto de vista empresarial", por lo que se procederá a una subida de las tarifas aeroportuarias del 7,5%, a pesar de que "permite recuperar solo el 76%" de los costes.
   Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 recogen un incremento de cinco puntos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2012, lo que según Vargas supondría aproximadamente un ascenso del 7,5% en las tarifas.
   Vargas indicó además que la "capacidad de subir tasas está limitada por la ley" y espetó al diputado socialista, Rafael Simancas, que "si se quería que no se subiesen las tasas, que no se hubiesen hecho las inversiones o que no se hubiese hecho la ley".
   No obstante, el presidente de la entidad pública empresarial destacó que con la subida del 2% en la tasa de ruta, la congelación "absoluta" de la tarifa de aproximación, así como las bonificaciones que las aerolíneas recibirán por la apertura de rutas a nuevos destinos, el impacto por asiento será de 0,84 euros y la subida media general será del 6%.
   En este sentido, subrayó que las compañías aéreas obtendrán una deducción del 50% en el primer año y del 25% en el segundo al iniciar rutas a nuevos destinos, y los "incentivos por estacionalidad", en referencia a la bonificación del 20% en las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y seguridad en los aeropuertos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla  durante los meses de la temporada de menor tráfico.
   Asimismo, el presidente de AENA dijo haber tenido noticias de que las bonificaciones por nuevas rutas han sido "muy bien recibidas" por el sector y pidió a las aerolíneas un "esfuerzo significativo" en aras de "equilibrar el volumen existente y las bonificaciones", además de abogar por aumentar el "diálogo" con las mismas. "Estaremos abiertos a negociar muchas más cosas", aseveró Vargas.

Andalucía pide formalmente al Gobierno acogerse al Fondo de Liquidez

SEVILLA.- La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que la Junta ya ha solicitado formalmente este lunes al Gobierno de la Nación acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que se ha cerrado un acuerdo sobre el techo de endeudamiento de la comunidad para el año 2013.

   En declaraciones a los periodistas antes del inicio del Comité Director del PSOE-A, Martínez Aguayo ha explicado que una vez que se ha hecho la petición formal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá que venir la aceptación por parte de éste y, posteriormente, se avalará por parte del Consejo de Gobierno.
   Ha indicado que Andalucía solicita 4.906 millones de euros, si bien el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dado cuenta de un acuerdo de la comisión delegada de hace unos días por el que se fija unas cantidades iniciales para cada comunidad que, en el caso de esta comunidad es de 2.115 millones.
   Las condiciones para acogerse al FLA, según ha expuesto, es el cumplimiento del plan económico-financiero de reequilibrio. Ha insistido en que Andalucía va a seguir reclamando 4.906 millones de euros, pero que no tendrá inconveniente si el Gobierno lo plantea "por partes sucesivas", con una primera partida de 2.115 millones.
   En relación con el techo de endeudamiento, Martínez Aguayo ha indicado que se ha acordado con el Ministerio de Hacienda que el nivel de endeudamiento que tendrá Andalucía en 2013 era la cifra que reclamaba la Junta, entre el 15,1 y el 15,3 por ciento, a la espera de concretarse en los próximos días.
   Ha manifestado que una vez cerrado el acuerdo sobre el techo de endeudamiento, se podrá empezar el proceso de elaboración del presupuesto, "no sin dificultades, porque el objetivo de déficit para el próximo año, del 0,7 por ciento para las comunidades, sigue siendo "muy exigente" y la Junta sigue estando en desacuerdo con él.
   Ha manifestado que no existe ninguna condición a la comunidad con el nuevo techo de endeudamiento acordado. Ha agregado que el acuerdo también significa que Andalucía no tenga que devolver 2.700 millones de euros como pretendía el Ejecutivo central.
   "Se pretendía que hiciéramos un presupuesto que devolviera en un año casi dos puntos del Producto Interior Bruto (PIB), que es lo que ha desaparecido completamente de las perspectivas y lo que tiene que hacer la Junta ya es acomodarse al plan económico-financiero de reequilibrio en la cifra de deuda también", según ha explicado.
   Ha recordado que Andalucía era la única comunidad que se veía afectada por el cambio de criterio del Gobierno central sobre el techo de endeudamiento e incomprensiblemente siendo una comunidad menos endeudada, tenía que recudir su endeudamiento en un año en casi dos puntos del PIB.
   Martínez Aguayo ha expresado su satisfacción por que esto al final se haya resuelto y el objetivo que tendrá que asumir Andalucía estará consonancia con lo que ya estaba asumido en el plan económico-financiero de reequilibrio.
   Ha manifestado que la negociación sobre el techo de endeudamiento ha sido "difícil", como todas las negociaciones, pero que al final se ha escuchado a esta tierra y se ha tomado una decisión que es racional desde el punto de vista de la lógica económica y del comportamiento de una comunidad autónoma, que tiene unos datos de endeudamiento que soportan la comparación con cualquier otra comunidad.
   Ha agregado que la Junta va a seguir reclamando al Ejecutivo que se fije otro objetivo de déficit para las comunidades en 2013.

ATA denunciará a las administraciones que se retrasen en pago a proveedores

MADRID.- La Federación de Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

   Durante la presentación del 'Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012', realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, "pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada".
   Según Amor, hay una "diferente vara de medir" para los trabajadores por cuenta propia y el resto de empresas y corporaciones, "y eso es algo inasumible".
   El barómetro revela que cinco de cada diez autónomos (55,3%) tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días, "es decir, más de un año". Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.
   A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio "es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis", la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.
   "No entiendo por qué una Administración tarda de media 160 días en pagar sus facturas y que a un autónomo se le penalice por retrasarse un solo día", ha insistido Amor, quien ha destacado que País Vasco, Navarra, La Rioja y Galicia cumplen la ley de morosidad, "y si estas comunidades pueden, el resto también".
   "Ya está bien de cargar sobre los ciudadanos los problemas de gestión de otros", ha clamado el presidente de ATA, quien ha asegurado que la federación va a ejercer su derecho a denunciar, "tal y como le ha animado el comisario europeo de Industria y Emprendedores, Antonio Tajani".
   Casi nueve de cada diez de los encuestados (89,7%) por el Observatorio del Trabajo Autónomo no ve posible contratar nuevos trabajadores en lo que queda de año. El motivo principal para casi la mitad (45,6%) reside en la caída de la actividad.
   Además, el 87,3% de los emprendedores tiene la sensación de que el paro seguirá aumentando en 2012, frente a un 5,4% que cree que las cifras de desempleo se empezarán a reducir este año.
   El presidente de ATA ha resaltado que el pesimismo ha crecido entre los autónomos desde el último barómetro del mes de mayo, "ya que la situación sigue siendo bastante compleja". De hecho, tres de cada cuatro trabajadores (77,6%) manifiesta que la actividad económica de su negocio es negativa y un 65,9% cree que la situación irá a peor.
   En cuanto a la financiación, "otro de los principales problemas del colectivo", el 61,4% reconoce necesitar financiación para su negocio, mientras que el 30,9% no ve necesario apoyo financiero. Sin embargo, de los autónomos que admite necesitar esa ayuda de los bancos, el 65,5% no se ha dirigido a las entidades financieras para solicitar liquidez.
   De los que sí lo han hecho (33,8%), a casi la mitad (46,4%) le han denegado la financiación, al 23,5% sí se la han concedido, pero por un importe inferior al solicitado, y únicamente el 27,6% "la ha obtenido sin cortapisas".
   "A pesar de todo y conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la mayoría (60,2%) del colectivo ha decidido no repercutir el aumento del IVA en sus productos y servicios", ha aseverado el presidente de ATA, quien ha especificado que el 42,6% ha asegurado que no lo hará nunca, mientras que el 17,6% lo hará a partir del 1 de enero de 2013.
   Para siete de cada diez autónomos (71,5%), las subidas del IVA y del IRPF "no son las medidas más indicadas para salir de la recesión". No obstante, la reforma laboral está vista "con muy buenos ojos" por el colectivo, ya que el 78,6% la apoya.
   Asimismo, la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores es la segunda medida mejor valorada, con un 68% de aceptación entre el colectivo.
   Sin embargo, Lorenzo Amor ha advertido de que "seguir apretando la llave de la economía, que son los autónomos, asfixiará más a este país". El presidente de la federación ha subrayado que el colectivo no pide que le regalen nada, "sino que no le pongan trabas a la hora de generar empleo".

Fomento lleva a los tribunales las expropiaciones de las autopistas en quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento está planteando en los tribunales los sobrecostes que supusieron las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas de peaje que actualmente afrontan problemas financieros o se han declarado en quiebra.

   "Estamos acudiendo a los tribunales y planteando declaraciones de lesividad", indicó el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre, quien apuntó que algunas de estas expropiaciones se pagaron a importes "hasta veinte o treinta veces" superiores a los estimados.
   El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ya indicó el pasado viernes que Fomento trabaja en los procesos aún abiertos en los tribunales sobre los justiprecios de algunas de estas expropiaciones, para que se basen en otros argumentos jurídicos y no generen importes tan altos para las concesionarias.
   Catalá también indicó que el Ministerio está investigando las cuantías que se pidieron por estas expropiaciones, al estimar que en muchos casos fueron "desorbitadas", por si pudieran ser susceptibles de ser declaradas "lesivas o abusivas".
   Los sobrecostes que una decena de concesionarias de autopistas pagaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron constituye, junto a la caída de los tráficos por la crisis, uno de los factores del riesgo de quiebra que actualmente afrontan.
   Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el secretario general de Infraestructuras indicó que el Ministerio también trabaja en diseñar medidas adicionales para ayudar a estas vías de pago a afrontar su "complicada situación", tras constatar que las ya articuladas "no serán suficientes".
   "Somos conscientes de la complicada situación económica que actualmente atraviesan las autopistas radiales y otras sociedades concesionarias, y por ello le venimos aplicando una medicina, pero también somos conscientes de que esta medicina no será suficiente", indicó Ferre en referencia a la articulación las cuentas de compensación que ofrece a estas vías para que amortigüen la caída de los tráficos y a la línea de préstamos participativo para que hagan frente a las expropiaciones.
   "Por ello, trabajamos en determinar otras medidas para solucionar este problema", añadió, para después admitir que "hace unos meses" desde el Ministerio pensaban que "se iba a dar solución a este problema de una forma más rápida".
   Por el momento, según recordó Ferre, los presupuestos de Fomento para 2013 contemplan una partida de 200 millones de euros para conceder préstamos participativos a estas vías.
   En la actualidad, cuatro de las nueve autopistas con problemas ya han solicitado acogerse a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Las cuatro sociedades concesionarias de estas vías, participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión para la construcción y puesta en marcha de las autopistas de 3.338 millones de euros.

Según Beteta, las CCAA aumentaron sus funcionarios en casi 9.600 personas este año

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores.

   Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas de su departamento previstas para 2013, que una vez más son "austeros por necesidad y por la convicción de que la salida de la crisis pasa inevitablemente por la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos comprometidos".
   Por eso, la tasa de reposición se fijó en cero de forma general para este ejercicio --con excepciones en algunos departamentos, donde se aceptó un 10% máximo--. Pese a esta medida, "el empleo público sigue creciendo en las administraciones públicas", que actualmente suman 2.685.837 empleados.
   De hecho, entre enero de 2011 y enero de 2012 la plantilla pública se incrementó un 0,09% (+2.467 trabajadores) como consecuencia del incremento en 9.598 personas (+0,72%) de las plantillas autonómicas. Frente a ese comportamiento, se ha reducido tanto el número de trabajadores de la Administración General del Estado (-11.000 trabajadores, -1,85%) como de las haciendas locales (-50.000 personas, -7,76%).
   En 2013, la tasa de reposición se mantiene congelada en el 0% excepto para algunos servicios como la Acción Exterior del Estado, la Seguridad Social, la Intervención General o la Agencia Tributaria (AEAT).
   En este contexto se enmarcan las medidas adoptadas, que "duelen" y que "no se hubieran tomado si hubiera habido alternativa", según ha dicho Beteta, citando decisiones como la asignación de los recursos, la congelación de las ofertas de empleo público, la congelación de los salarios, la postergación de la paga extraordinaria de Navidad o los cambios en la negociación colectiva.
   "En julio tomamos medidas no sólo para ahorrar, sino también para racionalizar el empleo público equiparándolo con el resto de trabajadores en esas condiciones de forma general", ha explicado, reclamando a renglón seguido el "máximo apoyo de los empleados públicos" para poder lograr los objetivos de 2013.
   En cualquier caso, Beteta ha apuntado que, tras el "esfuerzo" que ya se ha exigido al colectivo de empleados públicos este año, en 2013 se "garantizan las pagas extraordinarias", aunque sus sueldos se vuelven a congelar.
   De esta manera, el gasto en personal activo cae un 3,8%, si bien el dato queda en un +1,2% si se tiene en cuenta el aumento del 8,9% previsto en las clases pasivas.
   Por último, Beteta ha afirmado que estas constricciones presupuestarias no son óbice para que el objetivo fundamental de su departamento sea la "modernización" de la función pública a través fundamentalmente de dos reformas en las que ya trabaja el Gobierno: la Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público.
   "Estos proyectos de ley engarzarán con un futuro modelo más dinámico, sin descuidar el acerbo acumulado y que cerrarán el círculo del marco jurídico para la función pública. Y procuraremos que sean fruto del consenso parlamentario y sindical", ha afirmado.
   Por último, el secretario de Estado ha recordado que "el futuro se está escribiendo ahora" y que "el compromiso con la reducción (del gasto) y la modernización, las menores cargas administrativas y el incremento de la administración electrónica son imprescindibles para este objetivo". "Necesitamos volver a creer en nosotros y en nuestras posibilidades. Podemos vencer a la crisis y lo vamos a hacer", ha zanjado Beteta.

Cuatro de cada diez españoles apuestan por revertir el Estado autonómico

MADRID.- Cuatro de cada diez españoles son partidarios de revertir el Estado autonómico, bien suprimiendo directamente las comunidades autónomas o reduciendo su nivel de autonomía, según revela el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre hecho público este lunes. 

   La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias entre los días 3 y 11 de septiembre, en vísperas de la manifestación soberanista de la Diada de Cataluña.
   El CIS ha incluido en este estudio una pregunta específica sobre el modelo de Estado que pone de manifiesto que casi el 30 por ciento de los entrevistados considera que no deberían introducirse cambios en el sistema autonómico.
   Pero también recoge que el 24,5 por ciento de los españoles defiende "un único Gobierno central sin autonomías" y que, además,  hay un 14,5 por ciento que apuesta por que las comunidades "tengan menor autonomía que en la actualidad".
   En el otro extremo se sitúa un 18 por ciento de los entrevistados. Estos se reparten casi a partes iguales entre el 9,1 por ciento que plantea la conveniencia de dotar de mayor autonomía a los distintos territorios y el 8,9 por ciento que reivindica un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la "posibilidad de convertirse en Estados independientes".

A cual peor / Gabriel Sánchez

Cuando miles de personas lo pasan mal para pagar la hipoteca de su casa con el temor de ser desahuciados después de muchos de soltar la gallina, cuando un sinfín de pequeños y medianos empresarios lo pierden todo después de toda una vida de trabajo, cuando millones de personas no tienen un sueldo que llevar a su casa y cientos de miles de familias se ven abocadas a vivir de la caridad, seguimos escuchando como principal argumento de este gobierno incompetente, inútil y mentiroso, que es necesario el rescate de los bancos.

¿Y el rescate a las personas? le preguntaban en un programa de radio a uno de esos contertulios gurús de la economía convertido en lacayo de quien gobierna.

“Eso vendrá después” contestó el susodicho, “lo primero es lo primero” ¿Después de que? , me pregunto, ¿después de que le quiten la casa y se vean en la calle, después de que para dar a de comer a sus hijos tenga que robar? A burro muerto la cebada al rabo.

No es comprensible que con nuestros impuestos se ponga dinero para entregárselo a unos bancos y cajas que nos pretenden exterminar, es que acaso no ven que es como si le diésemos una metralleta a un terrorista. Y no, no me malinterpreten, no es que yo considere terroristas a los bancos, sería un calificativo endeble de lo que pienso de ellos.

No hace mucho escuche en televisión al ex-ministro Sebastián rasgarse las vestiduras y argumentando que el dinero que durante el gobierno de Zapatero se le dio a la banca era para que la misma lo hiciese llegar a la pequeña y mediana empresa. Se lamentaba de que no hubiera sido así y de que ésta lo hubiera hecho para sanar sus maltrechas economías, y para pagar millonarias cantidades a sus directivos se le olvidó decir.

Ahora no toca lamentarse habría que decirle a Sebastián. Cuando mandaba tuvo la oportunidad de plantarle cara a los bancos, de plantear una moratoria para todas aquellas familias a las que los bancos violan y mancillan, llevándose lo que por demás y con  usura están pagando, pero ¿le faltó narices o hizo la vista gorda?, valórenlo ustedes; les recuerdo que Sebastián viene del BBVA y claro está, perro no come carne de perro.

¿Y ahora que?, los de antes por malos y éstos por peor que malos han dejado la casa sin barrer y el país con mierda hasta el cuello. Y mientras tanto a las administraciones como buitres intentando recaudar dinero a toda costa con el afán de llevarse lo poco que nos quede. ¿De donde cojones vamos a pagar?, que diría un castizo. Y es que la teta de los pobres, esos que antes éramos clase media ya no se puede exprimir más.

Es evidente que estamos ante un gobierno incompetente, pero ¿dónde está la oposición? ¿Tal vez esperando que la breva madure y Rajoy se tenga que ir para entrar ellos a gobernar?

“Que se jodan” dijo aquella diputada popular, hija del imputado Fabra, ex -presidente de la Diputación castellonense, “Cuanto peor mejor”, escuché en petit comité a un político socialista decir. ¡Que tropa nos gobierna!, ¿no les parece?