sábado, 19 de octubre de 2013

Cajamar firma en la 'Fruit Attraction' catorce acuerdos con grupos agrícolas españoles

El director de Negocio Agroalimentario y Cooperativo, Miguel Rodríguez de la Rubia, al término de la feria cuantificaba en catorce esos acuerdos que se han firmado, en unos casos por renovación de convenios anteriores y en otros, nuevos acuerdos.
Rodríguez considera que es una prueba más del compromiso que, desde sus orígenes, la entidad almeriense mantiene con el sector agrícola; un compromiso que desde siempre mantuvo con la agricultura almeriense y que ahora extiende por el resto de las zonas geográficas españolas en las que ya está presente el Grupo Cooperativo Cajamar.
La firma de estos acuerdos se plasmará en la oferta de condiciones ventajosas para los agricultores y empresas del sector agrario a los que representan las organizaciones firmantes. 
En el caso de Almería, las empresas y los productores integrados en Coexphal gozarán de esas ventajas en financiación.
En conjunto, sólo el acuerdo con FEPEX supone el acceso de más de 2.000 empresas agrarias españolas a esas condiciones especiales. 
También han suscrito acuerdos los productores de plátano de Canarias, los de tomate de Tenerife, la Asociación de la Fruta de Cataluña, la sociedad estatal SAECA y otras organizaciones que suman miles de empresas por todo el país.

La Ley Antidesahucios se estrena en Almería con una familia de Roquetas

ALMERÍA.- Dos familias de Roquetas de Mar serán las primeras de la provincia en beneficiarse de la expropiación del uso de sus inmuebles por la Junta en aplicación de la Ley 04/2013 de Función Social de la Vivienda que entró en vigor en abril de este año. Es un paso más de la administración andaluza que les asegura un techo bajo el que vivir después de meses con la firme amenaza de desahucio en sus hogares en la Plaza Itálica y la calle Pablo Picasso.

La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, firmó el expediente con la declaración de interés social y necesidad de ocupación de los inmuebles para su inminente remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), abriendo un periodo de 15 días de información pública en el que se pueden presentar las alegaciones pertinentes.

Las dos viviendas a expropiar ya aparecieron en el BOJA el 12 de julio de este año, junto a otra de la calle Campo Verde nº 33 de la capital, pero se paralizó toda la tramitación con el recurso del Gobierno de Rajoy presentado ese mismo mes contra el decreto antidesahucios de la Junta y se han tenido que reiniciar ahora. De hecho, la tercera en discordia será remitida posteriormente a información pública porque aún restan unos flecos jurídicos por concretar.

En la provincia de Almería hay 10 expedientes más, entre los 133 que hay en toda Andalucía, que siguen pendientes de su envío a BOJA tras constatar los técnicos que cumplen los requisitos. Hay 17 expedientes a los que sólo les resta el paso de su culminación en el Consejo de Gobierno en la comunidad autónoma, entre los que se incluyen los tres de Almería, según 'La Opinión'.
 
La expropiación temporal ha llegado ya a la provincia almeriense en la que la Junta tenía identificadas en abril a 27 familias con necesidades de protección y riesgo de exclusión a través de la Oficina de Defensa de la Vivienda. Un instrumento que cifró en nada menos que 70.000 los inmuebles vacíos en Almería fruto de una burbuja inmobiliaria que, tras su pinchazo, la administración andaluza va a exprimir a través de sus planes de fomento del alquiler social.
 
Desde el comienzo de la crisis han sido más de 11.000 los afectados por los desalojos en la provincia, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los desalojos alcanzaron su máximo histórico en los primeros seis meses de 2011, con un incremento del 84,9% en relación al mismo periodo del año anterior que situó a Almería a la cabeza de esta negra estadística. Desde 2007 se han ejecutado en Andalucía en torno a 80.000 desahucios.

Además del trabajo realizado por la Junta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha jugado un papel fundamental en la provincia. En marzo de este año presentaron en los juzgados nada menos que 25 peticiones de paralización de ejecuciones a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaraba ilegales algunas cláusulas de la Ley Hipotecaria española.

UGT Almería muestra su rechazo a los PGE para 2014 ya que suponen 'una agresión' a la Educación

ALMERÍA.- La Secretaria General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT Almería, Carmen Vidal Salcedo ha criticado el Proyecto de Presupuestos para el 2014, asegurando que “las decisiones que está adoptando el Gobierno y que obliga a cumplir a las Comunidades Autónomas de recortar el gasto social, con la excusa de equilibrar las cuentas del Estado están imponiendo una agresiva política de recortes al estado de bienestar y de forma particular a la Educación”.

Para la responsable sindical, estos recortes traen como consecuencia “el deterioro de las condiciones de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo público y la pérdida de derechos adquiridos provocando el empobrecimiento de la población y una mayor desigualdad y exclusión social”.
“Para FETE UGT estos presupuestos no son los de la recuperación. Sí es cierto que han experimentado un incremento en programas tan importantes como el de Becas y ayudas, pero en su conjunto estos Presupuestos siguen siendo insuficientes, y más aún si consideramos que donde se han producido subidas las cantidades han sido mínimas” ha asegurado Carmen Vidal Salcedo.
Para la Secretaria General de FETE UGT Almería, los recortes actuales junto con los sufridos anteriormente, “han sido tan grandes y han desaparecido tantas acciones educativas, que han supuesto un retroceso histórico, empeorando los servicios y las condiciones de trabajo del profesorado, que se traducen entre otras en reducciones y congelación salarial y supresión de la paga de diciembre 2012, aumento de la jornada laboral, aumento de ratios, congelación de ofertas de empleo público docente, etc.”. Asimismo, ha reclamado a los Gobiernos priorizar la educación como inversión de futuro, “ya que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”.
En referencia a la LOMCE, ha señalado que “FETE UGT viene reclamando la retirada de la LOMCE, porque las medidas planteadas en ella van a provocar una transformación de un sistema parcialmente comprensivo en otro selectivo y segregador. No resolverá ninguno de los problemas reales que tiene la Educación en nuestro país y generará la pérdida de conquistas educativas, tales como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria y la cohesión social”.
A este respecto, ha mostrado su rechazo a estas “medidas de deterioro de la escuela pública” y sugiere al Gobierno que “reflexione sobre las medidas tomadas y que a la hora de tomar decisiones analice los aspectos positivos del sistema educativo y los potencie, al igual que establezca mecanismos de mejora en los casos necesarios”, concluyendo que “defendemos una Educación de calidad para todo el alumnado y reivindicamos mejoras sociolaborales y retributivas para todo el profesorado”.

Los desahucios descienden un 26,6% en el segundo trimestre de 2013 en Andalucía, que registra el 23% del total

SEVILLA.- Los últimos datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvelan que durante el segundo trimestre de este año el número total de lanzamientos (desahucios) practicados en los juzgados de primera instancia en el segundo trimestre de 2013 en Andalucía ha sido de 2.292, de los que 962 se derivan de ejecuciones hipotecarias, 1.164 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 166 por otras causas. De estos, han terminado con cumplimento positivo 1.698, un 26,6 por ciento menos que en 2012.

   Además, se han iniciado 4.688 ejecuciones hipotecarias, un 1,5 por ciento más que el año anterior, según señala el órgano de gobierno de los jueces en una nota hecha pública este viernes en la que se pone de manifiesto que las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representan el 23,1 por ciento del total, le siguen Cataluña con el 20,9 por ciento, la Comunitat Valenciana con el 12,7 por ciento y la de Madrid con el 10,5 por ciento.
   En lo referido a los lanzamientos, el número total de los practicados en los juzgados de primera instancia en el segundo trimestre de 2013 ha sido de 18.077, de ellos el 24,8 por ciento se han producido en Cataluña, el 13,6 por ciento en la Comunitat Valenciana, el 13 por ciento en la de Madrid, y el 12,7 por ciento en Andalucía.
   En España se registraron durante el segundo trimestre de 2013 un total de 2.262.200 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un descenso del 1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según el CGPJ, que subraya que en el primer trimestre se observó una reducción interanual del 5,4 por ciento.
   La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 47,9 asuntos por cada 1.000 habitantes y se ha visto superada por Andalucía que registró 56,9 asuntos por cada mil habitantes en el segundo trimestre, seguida de Madrid (53,3 asuntos por cada mil habitantes), Murcia (50,9), Canarias (50,7), Illes Balears (49,8), Comunitat Valenciana (48,8) y Cantabria (48,4). Las autonomías con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (30,3), País Vasco (34,2) y Extremadura (36,9).
   Además, el número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2013 ha sido de 2.973, un 11,5 por ciento más que en igual trimestre de 2012 pero observándose una desaceleración, pues ese incremento es muy inferior al 26,2 por ciento observado en el primer trimestre.
   En Cataluña se han presentado el 19,3 por ciento de los concursos. Le siguen Madrid, con el 15,7 por ciento, la Comunitat Valenciana con el 12,1 y Andalucía con el 11,5 por ciento. En Andalucía, Cantabria, Comunitat valenciana y Navarra se han observado reducciones interanuales.
   Por otro lado, se han declarado un total de 2.133 concursos, 342 de ellos en Andalucía, un 2,3 por ciento menos en la región. Durante el trimestre han llegado a la fase de convenio en Andalucía un total de 87, mientras que han iniciado la liquidación 220. Se han presentado 31 expedientes del artículo 64 de la Ley concursal (Expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo).
   En los juzgados de lo social se han presentado 39.682 demandas por despido, en Andalucía 6.000, lo que supone un 2,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 2012. El mayor porcentaje de demandas de despido respecto al total nacional se ha dado en Madrid, 18,8 por ciento. Le siguen Cataluña, 15,9 por ciento, Andalucía, 15,5 por ciento y Comunitat Valenciana, 11,3 por ciento.
   En estos mismos juzgados se han presentado 40.424 reclamaciones de cantidad, 7.221 de ellas en la región, con un incremento del 1,5 por ciento más respecto a igual periodo de 2012.
   Además, en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción se han presentado 148.125 procedimientos monitorios, con una disminución respecto al primer trimestre de 2012 del 13,8 por ciento. En Andalucía han sido un total de 29.174, lo que supone un 15,9 por ciento menos.
   Por otro lado, en el segundo trimestre de 2013 se ha observado una disminución interanual del número de demandas de separaciones y divorcios no consensuadas, tanto a nivel nacional como regional, mientras que para los consensuados se ha producido un incremento.
   Para los divorcios consensuados, de los que se han presentados 2.986 demandas en la región, se ha observado un incremento del 0,7 por ciento. Para los divorcios no consensuados, se han presentado en la región 2.611 demandas, la reducción ha sido del 1,,7 por ciento.
   Igualmente, en Andalucía se han presentado 253 demandas de separaciones consensuadas, un 6,8 por ciento más que en el segundo trimestre de 2012, y 143 demandas de separaciones no consensuadas, con una reducción del 12,3 por ciento.

El PSOE lleva al Parlamento la cancelación de 'Estrella Sublime' en algunos municipios andaluces

SEVILLA.- El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en la que le pide su valoración de que "en pleno siglo XXI se vuelva a la censura, al veto y a la presión desde algunos estamentos sociales para impedir determinadas manifestaciones en Andalucía", tras la supresión en varios municipios andaluces de la obra 'Estrella Sublime', de la compañía Bastarda Española.

   En concreto, en la exposición de motivos de esta pregunta, suscrita por los parlamentarios socialistas José Bernal y Francisco Menacho, se señala que "ciudadanos, actores, productores, empresarios y críticos de las artes escénicas de Andalucía han mostrado en estos días su rechazo a la supresión en varios municipios andaluces de la obra 'Estrella Sublime', y, apuntan, "según se desprende de los medios de comunicación, por presiones de cofradías y ámbitos eclesiásticos".
   Además, en la misma se destaca que esta obra, que forma parte del programa Enrédate de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, "cuenta con numerosos premios de crítica y público, se ha representado en más de 600 ocasiones y hasta la fecha la han visto ya más de 35.000 espectadores sin ningún problema".
   El pasado 9 de octubre, el Ayuntamiento de Écija (Sevilla), gobernado por el popular Ricardo Gil-Toresano en coalición con el PA, canceló de la programación de su teatro municipal la función programada para el viernes de esa misma semana de la obra 'Estrella Sublime', de Bastarda Española. 
En ese momento, el concejal de Cultura, el andalucista Fernando Reina, no ocultó que esta decisión deriva de "las presiones del mundo cofrade y eclesiástico" a cuenta del contenido y el mensaje de esta obra, aunque posteriormente ha vuelto a ser programada en este espacio escénico ascigitano.
   Un par de días después de esta primera cancelación, el Ayuntamiento de Vera (Almería) también canceló la representación esta obra prevista para el próximo 1 de noviembre.

La Red Ciudadana del Tajo denuncia que el Memorándum vulnera la legislación de España y la Unión Europea sobre aguas

MADRID.- La Red Ciudadana del Tajo ha denunciado que el 'Memorándum del Tajo' acordado por el Gobierno y cinco comunidades autónomas dependientes de esta cuenca hidrográfica vulnera la legislación española y la de la Unión Europea en materia de Aguas y que garantiza la continuidad del trasvase Tajo-Segura.

   Así, los colectivos que forman la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos expresan su rechazo al contenido del documento y consideran que su inclusión como enmiendas la Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental muestra "el desprecio actual" del Ejecutivo a la legislación ambiental.
   Además, consideran que las enmiendas del Partido Popular en el Congreso protegen los intereses de los usuarios del trasvase Tajo-Segura en detrimento de las necesidades sociales y ambientales del río.
   Asimismo, asegura que el Memorándum anula la participación pública e invalida automáticamente el proceso de planificación ya que garantiza la continuidad del Trasvase Tajo-Segura al margen de las determinaciones técnicas y de las necesidades de la cuenca del Tajo.
   Entre otras cuestiones critican que incorporar el Memorándum mediante las enmiendas es "completamente irregular" y pasa por alto el procedimiento planificador y se "empotra de una manera, cuanto menos extraña e irregular en el ordenamiento jurídico, al margen de cualquier discusión pública".
   También cuestiona que a partir de ahora sea el Gobierno el que, mediante Real Decreto, establezca las magnitudes de la nueva regla de explotación del trasvase y que se determinen de manera flexible en cada momento los excedentes a la carta, lo que, en su opinión, permite "burlar los periodos secos en la propia cuenca del Tajo, maximizando los trasvases".
   Al mismo tiempo, critica que se desligue "definitiva y completamente la gestión de la cabecera del Tajo de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y de las propias demandas de la cuenca del Tajo. 
Igualmente, el Memorándum abre el mercado del agua, de forma que se podrán vender dotaciones de riego del Tajo al Segura, lo cual elimina los retornos fundamentales para mantener caudales en el propio Tajo.

La patronal murciana no ve garantías de que el AVE llegue a la región vecina en esta década

MURCIA.- Un informe de la patronal murciana CROEM sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 advierte de que la inversión prevista para la llegada del AVE a la Región de Murcia "no constituye ninguna garantía".

La patronal ha elaborado un exhaustivo estudio sobre las inversiones que el Estado tiene previsto realizar en 2014 en la Región, en el que explica que la línea de alta velocidad Madrid-Levante se lleva la mayor parte de esa inversión (127,3 millones de euros de los 300 programados).
Sin embargo, CROEM se muestra contundente al afirmar que "esto no constituye ninguna garantía, dado que también era la principal partida de los PGE de 2013 (137 millones) y la previsión expuesta en el propio proyecto de Ley apunta a que apenas se ejecutarán 14,4 millones de euros al cierre del ejercicio".
Eso supone, según indica el informe, que en 2013 se ejecutará poco más del 10 por ciento de la partida prevista para la llegada del AVE, por lo que "la inversión programada para 2014 equivale aproximadamente al gasto presupuestado para 2013 y finalmente no ejecutado".
Para la patronal murciana, es "evidente" que ese "enorme incumplimiento" en el presupuesto de este año "representa una dificultad añadida para que el AVE llegue a la capital regional en el 2015, aunque lo haga a través de soluciones provisionales".
Además, recuerda que el proyecto de presupuestos fija la fecha de finalización en 2018, aunque no especifica los detalles del mismo, de manera que "a la luz de la información ofrecida por los Presupuestos, por el Ministerio y por ADIF no es posible concluir cual es la previsión real de culminación de esta infraestructura".
El informe critica también que "si la información sobre la llegada de la alta velocidad a Murcia es reducida, la referencia a la continuidad de la línea hacia Cartagena es prácticamente nula", al tiempo que se desconoce si el tramo Murcia-Cartagena está incluido en el proyecto.
En cuanto a la conexión con Lorca y Almería, según el informe, "queda totalmente postergada de los PGE de 2014", y tampoco se prevén inversiones en 2015, por lo que la fecha prevista en el texto para la terminación de esa infraestructura, 2018, "parece poco realista".
El estudio analiza también las inversiones en otras infraestructuras ferroviarias de la Comunidad, como la variante de Camarillas, que CROEM considera "el elemento clave para dinamizar la conexión ferroviaria por pasajeros de la Región de Murcia, tras décadas de aislamiento", ya que acortaría "sensiblemente" el tiempo del trayecto Cartagena-Murcia-Madrid, que sería similar al de la alta velocidad a través de Alicante.
El informe también destaca que el proyecto, que debería haberse concluido en 2009, queda relegado ahora en el mejor de los casos a 2016, ya que en 2012 y 2013 las inversiones en él fueron "prácticamente nulas", y para 2014 solo se prevé una partida de seis millones de euros, por lo que la patronal pide "presentar una enmienda" para que la infraestructura pueda estar operativa a comienzos de 2015.
En cuanto al Corredor Mediterráneo de Mercancías, CROEM denuncia que no hay ninguna partida consignada a esas obras en las cuentas de 2014, lo que "representa un incumplimiento respecto a la programación original, que consignaba 60 millones de euros" para ese año.
Además, el presupuesto contiene una "modificación de calado" respecto a la programación anunciada en la anterior Ley de Presupuestos, ya que "el coste total del proyecto pasa de 240 millones de euros a 76 en la nueva planificación", una "reducción elevadísima" que "requiere una explicación por parte del Ministerio".
En conclusión, según el informe, "las conexiones ferroviarias coparán el grueso del esfuerzo inversor del Estado en la Región en 2014", en concreto, casi la mitad de la inversión total, pero "la práctica totalidad de esos fondos corresponde a partidas que debieron ejecutarse en 2013", cuando se preveía una inversión de 142,6 millones de euros, de los que solo se ejecutarán 19,2, un 13,4 por ciento del total.