domingo, 29 de diciembre de 2019

La marcha de Buteflika, y ahora del general Gaid Salah sumen a Argelia en la incertidumbre


MADRID.- El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental, Carlos Ruiz Miguel, explica en una entrevista al periódico La Razón cómo cambiará la situación en Argelia el hecho de que haya fallecido el hombre fuerte del Gobierno, el General Gaid Salah, y cuáles serán los retos que debe encarar el nuevo Gobierno.

¿Cómo cambia la situación en Argelia ahora que el General Gaid Salah no está?
Creo que no va a haber un cambio sustancial porque el general no actuaba en nombre propio. Cuando él toma el poder como el militar de más alto rango para destituir a Buteflika no actúa en nombre propio sino que él era el representante. En ese sentido, no creo que haya un cambio dramático.

¿Ha sido muy alabada la capacidad del general Salah para enfrentar las protestas sin caer en la “represión”, ¿su sustituto puede ser diferente?
Mi impresión es que no. Salah era la cara visible, pero su poder no era tan extenso, él no era quién tomaba todas las decisiones. Es verdad que la participación ha sido escasa, no ha llegado ni a la mitad del censo. Esto nos muestra una gran desafección con las instituciones. Pero hay una gran parte de la población que sí quiere darle una oportunidad a esta transición. En este momento lo que estamos esperando es saber qué decisiones tomará el nuevo presidente electo. La población está a la expectativa de las medidas que se puedan ir tomando.

¿Qué puede hacer el nuevo mandatario para congratularse con los manifestantes?
La tarea que tiene por delante no es nada fácil. Aunque la situación de Argelia podría parecer ventajosa en estos momentos porque la explotación del petróleo está a un precio relativamente alto, el reto que tiene que encarar para diversificar la economía no va a ser nada sencillo. En la época anterior hubo intentos de ampliar la economía hacia otros sectores, como el automovilístico pero no dieron los resultados esperados, al igual que la industralización del país, a menudo lastrada por los casos de corrupción y por una legislación muy estricta. 
También se intentó recuperar el campo, que era la principal riqueza en la época francesa, ahora está en una situación muy precaria. Para que estos tengan futuro es necesario tomar una serie de medidas orientadas a cambiar el sistema productivo. Y es que, el modelo económico se ha basado en las rentas del petróleo. Habrá que ver qué planes económicos tiene el nuevo presidente y cómo se ejecutan. 
Este me parece un reto más importante que el reto del sistema político, un aspecto donde también hay mucho que hacer: hay un estado con una burocracia muy pesada heredera de la etapa socialista, y crear empleo en un país donde se vive de las rentas petrolíferas es un reto muy complicado. Un desafío que se ha sorteado, normalmente, con subvenciones y con la creación de nuevos puestos administrativos. 
En ese sentido, la Administración es muy pesada, y convendría agilizarla bastante. El sistema político -esencialmente- no tiene porqué cambiar mucho, con la normativa actual y sin cambios sustanciales el modelo puede funcionar.

¿Una reforma de grandes recortes en el tamaño del Estado, y la reestructuración del modelo económico en una población que ya está muy a disgusto con sus instituciones, no podría generar una crisis mayor?
Claro, ese es el reto. El cómo solucionar esta crisis sin provocar una crisis aún mayor. El asunto fácil no es, lo cual no quiere decir que sea imposible. La tentación es, naturalmente, no hacer nada y continuar con el mismo sistema. 
Pero este sistema va lastrando a la población. Por ejemplo, un gran problema es el de que si alguien quiere emprender una iniciativa económica privada, tiene que pasar unos trámites administrativos que daban pie a la interferencia de agentes corruptos, lo que acaba por disuadir al emprendedor.

¿Hay consenso en la clase política argelina, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento del problema?
Creo que hay una sensación de que es necesario hacer algo. No tengo tan claro que coincidan en qué es lo que hay que hacer. Lo que procede ahora es -evidentemente- la apertura de un gran debate público para ver cuál puede ser la respuesta de la población a las distintas iniciativas que se vayan promoviendo. 
El nuevo Gobierno tiene que ganarse la relativa confianza que ha obtenido de parte de la población y del Ejército. Hasta ahora un factor que ha amortiguado las protestas ha sido el miedo al retorno del islamismo, qué es un miedo que sigue presente, sobre todo a la vista de lo que ocurre en Libia por ejemplo. 
Este tipo de riesgo, de volver a una guerra civil es un revulsivo. La única vía que tiene el Gobierno es empezar a depurar los comportamientos corruptos y empezar a diversificar la economía, porque la situación actual, a medio-largo plazo es insostenible. Y una repentina bajada del precio del petroleo tendría un efecto demoledor.

¿Las protestas pueden verse impulsadas?
Nunca se sabe, pero yo creo que no. Creo que lo que la gente está esperando es ver que medidas propone el nuevo Gobierno, y en función de eso las manifestaciones irán a menos, o irán a más. Por ahora hay que esperar.




Un Senado sin mayoría absoluta ante el reto de la crisis territorial

MADRID.- El Senado tendrá que definir su papel ante la crisis territorial acrecentada por la evolución del “procés” independentista catalán en una legislatura marcada por la pérdida de mayoría absoluta del PSOE, si bien en esta Cámara contará con mayor facilidad que en el Congreso para sacar adelante iniciativas.

La nueva presidenta de la institución, Pilar Llop, jueza feminista, con un perfil muy diferente al de su predecesor en el cargo, el filósofo catalán Manuel Cruz, será la encargada de pilotar esta nueva etapa en la Cámara de representación territorial, tal y como viene definida en el artículo 68 de la Constitución.
Alejada la posibilidad de una reactivación del artículo 155 de la Carta Magna para Cataluña, el Senado se presenta como un espacio idóneo para el diálogo, el término más repetido por Llop desde que asumió la Presidencia. Un diálogo para una etapa llena de “oportunidades”, subrayó ella misma el pasado 20 de diciembre.
Las piezas vienen definidas por los 20 escaños que el PSOE precisa para llegar a la mayoría absoluta de 133 senadores: podría contar con los 13 senadores de ERC y los 10 del PNV, así como con los seis escaños del grupo de Izquierda Confederal.
El PP encabeza la oposición con sus 97 senadores, lo que le hace imprescindible para ciertos acuerdos que exigen mayorías reforzadas, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional; por otro lado, Ciudadanos ha visto reducida su representación a un grupo de nueve senadores.
Un panorama bien distinto del que dibuja el Congreso, donde Vox es tercera fuerza con 52 escaños y Unidas Podemos, con 35, la cuarta.
En el Senado, Vox solo tiene tres senadores encuadrados en el Grupo Mixto y Podemos carece de representación, salvo un escaño de Adelante Andalucía y otro de En Comú Podem.
Con estos antecedentes, fuera de las posibles mayorías que puedan configurarse en el hemiciclo, el Gobierno ya tiene un encargo expreso para el Senado.
Quiere impulsar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde 2017, cuando todavía gobernaba el PP, y que sirve de foro de encuentro del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos.
El Senado siempre ha sido su sede y, aunque debería tener periodicidad anual, han pasado ya casi tres años sin convocarse.
También debería ser anual el debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pero han pasado casi 15 años desde la última vez que se celebró, en 1997.
El portavoz socialista, Ander Gil, ha recordado recientemente que ese fue el único que ha tenido lugar con el PP en el Gobierno, y ha recriminado a este partido que no haya mantenido un “debate fluido” con las comunidades autónomas desde el Senado, por lo que considera una “hipocresía” que ahora lo defienda su líder, Pablo Casado.
Más allá de esta cita, la Comisión General de Comunidades Autónomas, exclusiva de la Cámara Alta, es el ámbito natural de debate entre el Gobierno y los representantes de las autonomías.
Pero en los últimos años su actividad ha sido mínima, tanto en la XI y XII legislaturas, cuando el PP todavía tenía mayoría absoluta, como en la breve XIII, cuando era el PSOE quien la disfrutaba.
En un hemiciclo ya sin mayorías absolutas, el PP quiere ahora recuperar el papel de esta comisión, donde quiere llevar debate de la financiación de las comunidades autónomas para conocer sus desajustes “con luz y taquígrafos”, en palabras del portavoz del grupo popular, Javier Maroto.
Una ofensiva que no convence al PSOE; Ander Gil se muestra “muy sorprendido” por la “repentina” defensa del PP de las comunidades autónomas cuando Vox, socio suyo de gobierno en algunas de ellas, quiere, enfatiza, “desmantelar el estado de las autonomías”.
Entre tanto, la presidenta Pilar Llop pretende dar una mayor dimensión social a la Cámara Alta, que quiere abierta a todos los ciudadanos, los 365 días del año, y ocupándose de los problemas que más les afectan.
El feminismo, la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista figuran como prioridades para Llop, quien en su primer discurso nada más ser elegida presidenta aludió también al respeto al medio ambiente como otro de sus grandes retos.

Tren, autopistas, vivienda y bancos suben de precio en 2020, se mantienen tasas aéreas y baja el gas

MADRID.- El año 2020 se inicia con subidas en los billetes de tren, las autopistas de peaje, salvo las rescatadas, y las comisiones de varios bancos, al tiempo que volverá a encarecerse el precio de la vivienda y el alza del IBI no superará el 5%, mientras que bajará el gas natural en una media del 4% y se mantendrán las tasas aeroportuarias.

Estas variaciones van acompañadas del mantenimiento de las pensiones, el SMI y el salario de los empleados públicos, según ha decidido el Gobierno en funciones a la espera de la investidura y de constituir un nuevo Ejecutivo con plenas funciones.
Una vez se conforme un nuevo Gobierno, el salario de los funcionarios subirá un 2%, a lo que se podrá sumar otro 0,3% por fondos adicionales; mientras que las pensiones se revalorizarán un 0,9% y las pensiones mínimas un 3%, junto a un nuevo alza del SMI aún por determinar.
En cuanto a las tarifas de tren, Renfe subirá el precio de los billetes de todos sus trenes en 2020, de forma que el del AVE y Larga Distancia se encarecerá un 1,10%, la primera subida en tres años, y los de Cercanías y regionales se incrementarán un 1%, el primer incremento desde 2015.
De su lado, el servicio de Media Distancia, los trenes de trayectos regionales, subirá también un 1% para el caso de los que circulan por líneas convencionales. Los Avant, los que circulan por líneas AVE, el billete sencillo subirá un 1,2%, si bien los 'bonos multiviaje' se mantendrán sin variación.
En cuanto a las autopistas, el precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero de 2020. La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.

Tasas aeroportuarias bajan un 1,4% 

Las tasas aeroportuarias de Aena aplicables bajarán un 1,4% a partir de marzo de 2020, según ha comunicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2017-2021, marco regulatorio que fija la senda tarifaria, contempla una rebaja del 11% en las tasas de Aena y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.
A ello se añade, la rebaja de en torno al 12% en las tasas de navegación aérea en 2019, recogida en el 'Plan Vuelo 2020' de Enaire. Esta medida, tras la reducción del 12% aplicada en 2019 y el 3% en 2018, compensará el incremento del tráfico aéreo superior al previsto.
Por otro lado, se mantiene la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares en el 75%.

Bancos

Por su parte, varias entidades financieras han adelantado ya un aumento de las comisiones a los clientes para el nuevo ejercicio, de forma que se endurecerán las condiciones a los clientes que abran una cuenta gratuita.
En concreto, Santander cobrará a los clientes por sus cuentas 1,2,3 y cobrará nueve euros mensuales por la cuenta Día a Día; BBVA elevará las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros al año, salvo en los casos de un ingreso periódico mensual de al menos 600 euros y tener cinco recibos domiciliados. Por su parte, Sabadell y Bankia también han modificado su programa de exención de comisiones para vincular más a los clientes.
En cuanto al Euríbor, éste situó su media en diciembre en el -0,266% y los expertos creen que continuará en 'rojo' a lo largo de todo 2020 al haberse alejado las expectativas de una pronta subida de tipos por parte del BCE. Esto supondrá que las hipotecas a tipo variable seguirán en niveles muy bajos, si bien las entidades ya se han protegido aumentando la contratación de hipotecas a tipo fijo.
Respecto a las telecomunicaciones, este año las operadoras no han anunciado subidas para principios de año, aunque algunas ya acometieron subidas en 2019, que podrían repetirse en los próximos meses.
En principio los principales operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) mantendrán los precios de la cuota de línea el nuevo año.

Energía y gas

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se prorrogará para 2020 por sexto año consecutivo, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como 'pool', que afecta a algo más de un tercio del recibo.
No obstante, dado que las competencias de peaje al transporte y la distribución de electricidad se han transferido a Competencia, estos podrían bajar de media un 5,6%, en función del proyecto de circular por el que se establece la metodología de cálculo, lo que tendría una repercusión a la baja en el recibo de la luz.
También se mantendrá el 25% del recibo correspondiente al IVA y al Impuesto de Electricidad, si bien el 35% restante relativo al consumo dependerá de la evolución de los precios del 'pool', que en diciembre han ido a la baja.
Con el nuevo año, entrará en vigor la modificación del sistema de fijación de precios en la nueva tarifa de la luz, que variarán en función de la hora, según el día de semana y dependiendo de la ubicación geográfica.
Mientras, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del próximo 1 de enero un 4% de media respecto al último trimestre de este año, retomando así los descensos tras permanecer los dos últimos trimestres de este 2018 congelada.
Por su parte, el precio de la bombona de butano se sitúa en 12,74 euros, tras haber subido un 4,86% en noviembre, por lo que habrá que esperar a mediados de mes para ver si se vuelve a encarecer.

Nuevos impuestos y vivienda

En el capítulo de impuestos, el nuevo Gobierno podría retomar algunas de las medidas acordadas para los fallidos Presupuestos de 2019, como un aumento del IRPF para las rentas muy altas y una tributación mínima de un 15% en Sociedades, así como un alza del 1% en Patrimonio para fortunas de más de 10 millones.
Asimismo, podría recuperarse la idea de bajar del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina y del 21% al 10% el de servicios veterinarios, y también están pendientes el nuevo impuesto a los servicios digitales ('Tasa Google') y la creación del impuesto sobre transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como el nuevo impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina y otros tributos 'verdes'.
En materia de vivienda, las previsiones de los principales portales y agentes inmobiliarios apuntan a un alza de los precios tanto en la compra como en alquiler.
Fotocasa cifra el aumento en el 3%, Moody's en el 5,5% y Servihabitat lo sitúa en el 4,8%, con un alza en compraventas del 4%. Pisos.com calcula que el coste de adquirir una vivienda será entre un 2% y un 4% mayor, y el del alquiler entre un 4% y un 6% más alto.
Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2020, que implicará a 1.092 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La actualización da como resultado unas subidas y bajadas medias globales que alcanzan el 3%, si bien el incremento máximo no supera el 5%.

La autopista AP-7 Tarragona-Alicante dejará de cobrar peaje el miércoles

MADRID.- Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usuarios.

Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes.
La supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.
Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.
En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso.
De esta forma, desde el miércoles los 467 kilómetros de longitud que suman estas autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento.
La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.
De su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente.
El primero de estos trazados registra un tráfico medio de 22.707 vehículos al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Su mantenimiento pasa al erario público

Este Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías.
No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.
Por ello, ha resuelto encomendarselo a través de 'contratos de emergencia' y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad.
Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la AP-7 tienen instaladas.
Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento.
El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.
Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.

El almeriense José Barrionuevo desde Berja atravesó España con una boina roja y una mochila llena de oro


ALMERÍA.- El virgitano José Barrionuevo Soto atravesó en 1872 la Península desde su pueblo a Oñate con una mochila llena de oro familiar para financiar a las tropas carlistas. Nadie supo entonces a ciencia cierta qué se movió en el corazón de este arrogante alpujarreño para atravesar España en pos de una causa que él creía noble: la de instaurar en el trono a Carlos VII como legítimo rey de España, frente al italiano Amadeo de Saboya, en la III Guerra Carlista, una más de aquellas luchas cainitas del XIX que sembraron el Norte de España de sangre por Dios, por la patria y por el rey, pero que apenas tocaron de refilón el sur almeriense, recuerda hoy La Voz de Almería.

Este muchacho de Berja, descendiente de Tesifón Barrionuevo alcaide de la Alcazaba durante el siglo XVI, con solo 18 años se alistó voluntario en el ejército del Norte y tras varias batallas como la de Montejurra, donde recibió heridas graves de cañón, fue ascendiendo a teniente del II Batallón de Navarra, Capitán, jefe de la Real Intendencia y  Gentilhombre de Carlos VII.

A pesar de que muy pronto, como intendente, tuvo que enfrascarse en una labor más burocrática que de riesgo en el campo de batalla, el alto mando carlista Barrionuevo emprendió también una disparatada y secreta misión desde el cerco de Navarra hasta Almería, con su boina roja y su camisa caqui, para sublevar su plaza natal, atravesando las filas liberales, aunque fracasando en su acción. Cuenta su hoja de servicio, conservada en el Museo del Ejército, que mantuvo también una arriesgada entrevista con el rebelde cura y guerrillero Santacruz que dio como resultado que gran número de las fuerzas de la partida se incorporasen a la disciplina de los ejércitos de Carlos María de Borbón.

En Almería nunca hubo a los largo del XIX, desde las primeras guerras carlistas del 33 al 40, que enfrentaron a los generales Zumalacárregui con Espartero, un gran venero de ideología carlista, más allá del clero y de instrumentos propagandísticos alimentados por la vieja hidalguía como los periódicos El Observador, El Porvenir o La Juventud Católica. Llegó a constituirse en esos años 30, no obstante, una Junta Carlista alentada desde el frente del norte por Basilio García y que tuvo en Almería como principales guerrilleros emboscados en la Sierra de Gádor a Juan Arráez y Joaquín Hernández, con los que acabó finalmente, tras varios combates, el político local José Jover y Giral, padre político del marqués de Cabra.

A finales del XIX destacaron por hacer un pronunciado proselitismo carlista en la ciudad de Almería los clérigos Eusebio Arrieta, el inefable Bartolomé Carpente Rabanillo y  el patricio José María Acosta Oliver, que llegó a ser ayudante del general Dorregaray. Fue desterrado a Francia y a su vuelta, en 1890, fue alcalde y fundó la Tertulia Carlista de Almería, que se reunía en la sede del Círculo Mercantil, entonces ubicado en la Plaza de San Pedro. José Barrionuevo, volviendo al protagonista de esta historia, fue hecho prisionero por los liberales en una misión en Cataluña, ya con Alfonso XII proclamado rey. Después fue desterrado a Francia y desde allí viajó a Londres, Argelia y Brasil hasta que volvió a su Berja natal, donde falleció en 1908. 

Antes, en 1891, Carlos María de Borbón, le concedió el título oficioso de vizconde de Barrionuevo por los méritos adquiridos como Administrador de la Real Intendencia, que fue reconocido como título del Reino en 1982, por el monarca Juan Carlos I.

El título fue heredado por su nieto, José Barrionuevo Barrionuevo, hijo de su hija, Marta Barrionuevo Ríos, y padre de José Barrionuevo Peña, quien fuera ministro del Interior y de Transporte durante los gobiernos socialistas de Felipe González.

El nieto de aquel virgitano que atravesara España cargado de oro, tremolando un estandarte con la flor de lis, fue un almeriense exótico donde los hubiera: historiador, practicante, ingeniero, electricista, policía armada, constructor, parralero, terrateniente, dueño de un castillo y de un Museo, político de Unión Nacional Española (UNE) y presidente de la Casa de Almería en Madrid. Nació en Berja en 1913 y falleció en Almería 1989, la ciudad en la que presentó su candidatura como alcalde en 1976, frente a Monterreal.

Fue también un enamorado del arte y de la historia y protagonizó hechos singulares como querer pagar en el Metro de Madrid con un billete de la República, justo cuando su hijo era ministro de Transportes. 

En Berja poseía un Museo particular de arte antiguo y de recuerdos familiares -aseguran que mitad real y mitad fantasía- anejo a la ermita de La Merced, también de su propiedad. En esa finca familiar con casa solariega, conocida por él mismo como Mansión del Rey Carlos VII, se podía ver –aun se puede- parte del sepulcro de San Tesifón, uno de los varones apostólicos y primer obispo virgitano; un salón alpujarreño admirablemente adornado con un retrato al óleo de Carlos VII, un cuadro de Aben Humeya, piadosas reliquias, marfiles, rosarios, vidrios y monedas del imperio romano. También había un pequeño rincón dedicado a la uva de barco, armas y armaduras, colecciones de alfanjes y otras curiosidades valiosas como un molino de viento, la estatua yacente del Lucio Otogerio, obispo virgitano.

 De hecho, una de las grandes aspiraciones vitales del vizconde, cuyo título lo porta ahora su hija Matilde, fue la de reponer una sede episcopal en su querida Berja.  De Lucio Otogerio, El vizconde aseguraba que fue quien concertó con Tariff, en el siglo VIII, la entrega de la ciudad al ser ocupada por los árabes. 

En 1973, José Barrionuevo adquirió en pública subasta el Castillo de Huércal-Overa, sobre la Sierra de Almagro, por 105.000 pesetas. Fue construida esta fortaleza en el año 959 y fue alcaide el capitán Barrionuevo, quien también lo fue de la Alcazaba de Almería  en 1569 y del Castillo de San Andrés en Carboneras. Llegó a tener una guarnición de 32 hombres. Su sueño fue convertirlo en Museo, conservando el aljibe y el polvorín, aunque un incendio en 1985 lo destruyó en parte.

Barrionuevo, casado con Matilde Peña Valdivia, fue también primer presidente de la Casa de Almería en Madrid y convirtió parte de su casa en propiedad en la primera sede de esta institución ya extinta, que servía de prontuario a todos los almerienses que llegaban a Madrid. El vizconde era hijo del exportador José Barrionuevo Manrubia y sobrino de Luis Barrionuevo Manrubia, comerciante de calzado en Almería.

La Junta financiará una decena de proyectos turísticos de nueve municipios de la provincia de Almería

ALMERÍA.- El turismo es una de las grandes apuestas de la provincia de Almería para buscar un futuro mejor en los municipios. Una apuesta que ahora se va a reforzar gracias a una inversión de 400.000 euros de la Junta de Andalucía en un total de 10 proyectos de nueve municipios almerienses, como Cuevas del Almanzora, Macael, Zurgena, Fiñana  o Albox, entre otros.

Así lo anunció el delegado territorial de la Consejería en Almería, José Luis Delgado, quien destacó que esta inversión suponen “un revulsivo para las localidades pequeñas”. “Estas partidas ofrecen una oportunidad a los pueblos para que aprovechen sus recursos y generen visitas y empleo en la localidad”, aseguró Delgado.
De este modo, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya ha concedido ayudas de 400.000 euros en dos líneas de subvención tanto a localidades y entidades autónomas con menos de 20.000 habitantes en zonas de patrimonio natural como a municipios del interior de Andalucía. 
En concreto, estas subvenciones se enmarcan dentro de las cuatro líneas que la Junta de Andalucía puso a disposición de municipios, pymes y emprendedores turísticos el pasado verano por un importe total de 12.395.500 euros, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino Andalucía. Estos programas de ayudas, que fueron solicitados por el propio sector, buscan consolidar y diversificar la oferta turística.
Los proyectos bonificados por este paquete de ayudas promueven la protección del entorno y la biodiversidad, respaldando proyectos que fomenten y mejoren las infraestructuras turísticas. Se han otorgado a dos localidades. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora desarrollará su proyecto para recuperar el sendero de Luis Siret con la ayuda de 21.200 euros que ha obtenido; y el Ayuntamiento de Macael recuperará, restaurará y homologará el antiguo camino a Macael Viejo como ruta turística con una subvención de 50.000 euros.
Por otro lado, se ha resuelto también la línea relativa al patrimonio cultural de los municipios del interior de Andalucía con la que se pretende fomentar la accesibilidad universal y poner en valor el patrimonio con el desarrollo de centros de interpretación y visitantes o de infraestructuras de carácter agrario e industrial en desuso. 
Este paquete de ayudas alcanza los 4,7 millones en dos anualidades para toda Andalucía, correspondiendo para la provincia de Almería más de 320.000 euros a invertir en dos años.
En este sentido, son ocho las localidades almerienses que van a beneficiarse de las ayudas al patrimonio cultural: Macael (60.000 euros), Alboloduy (39.120 euros), Huércal (24.299 euros), Zurgena (51.000 euros), Vélez Blanco (35.593 euros), Albanchez (6.050 euros), Fiñana (57.200 euros), y Albox (47.709 euros).
“La mejora de la competitividad de nuestro sector turístico es uno de los compromisos de la Junta de Andalucía así como la apuesta por el turismo cultural de interior y la accesibilidad”, resaltó Delgado, quien apuntó que estos proyectos  “permitirán acabar con la estacionalidad y diversificar la oferta cultural de la provincia de Almería así como dar impulso al turismo de interior”.

El examen oficial de inglés más innovador, en Almería

ALMERÍA.- Ya es posible obtener un título oficial de inglés que acredite el nivel por ordenador y sin salir de casa gracias a Centro de Lenguas de Almería, el único centro examinador de la provincia que permite la obtención sin desplazamientos gracias a la certificación oficial Languagecert.

Y es que Centro de Lenguas de Almería es el lugar idóneo para conseguir un título oficial de inglés en las entidades más reconocidas, entre las que destaca LanguageCert, que permite hacer desde casa los exámenes oficiales, aunque el centro almeriense cuenta con hasta seis sedes, ubicadas en Retamar, El Toyo, Gádor, Aguadulce, Roquetas y en Alhama de Almería. 

Y, además, pueden hacerlo de la manera más sencilla y rápida, ya que, como explica su gerente, Carlos García, ofrecen a los alumnos “la rapidez y el dinamismo” que requiere el mercado actual, por lo que, tras el examen, lograrán sus notas en unos pocos días y el mismo título en tan solo una semana.

De este modo, Centro de Lenguas de Almería posibilita la obtención de los resultados en los exámenes por ordenador en solo tres días y el certificado oficial de nivel en una semana. Unos tiempos que no tienen quien los iguale en todo el mercado nacional y que, junto con la posibilidad de convocar plazas de examen con pocos días de antelación y con un número reducido de alumnos, han convertido a este centro en una referencia en la provincia a la hora de obtener los certificados de inglés.

Nuevos límites de velocidad y restricciones: las reformas que prepara la DGT

MADRID.- La DGT ha anunciado en su revista las dos reformas que tiene preparadas para su próxima aprobación. Se trata de establecer un límite genérico de 30 km/h solo en ciudad y vías de un carril por sentido de la circulación, por un lado, y de regular los vehículos de movilidad personal (VMP), esto es, los patinetes eléctricos.

En el primer caso, la DGT adopta el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un estudio de 2011, que decía que la posibilidad de morir tras un atropello es cinco veces menor si la velocidad del vehículo es de 30 km/h en vez de 50 km/h.
Esta medida pretende garantizar la supervivencia en la mayoría de los casos de quienes son más vulnerables: peatones, motociclistas, ciclistas y conductores de patinetes.
Esta reducción a 30 km/h también reduce un 3% el riesgo de resultar herido grave y un 4% el riesgo de sufrir un accidente con víctimas mortales; reduce el ruido de un 33% a un 6%; reduce los niveles de dióxido de carbono (en torno al 10 o al 15%); produce menos atascos y la circulación es más fluida. 
En cuanto a los patinetes, estos no podrán circular por aceras, ni por vías interurbanas, no podrán superar los 25 km/h, y serán considerados vehículos, por lo que los conductores serán sancionados si consumen alcohol, drogas o llevan auriculares. 

El fin de los peajes en la AP-4 y la AP-7 enfrenta a Abertis con el Gobierno


MADRID.- Casi 500 kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no renovar su concesión, recuerda hoy Abc. 

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y el tramo norte de la AP-7.  
Lo que no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.
El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.
Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas vías. 
Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor. Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento de estas carreteras.
Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos, que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para que ambas autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma definitiva este servicio.
La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis, que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de peaje.
La liberalización de estas autopistas coincidirá con un nuevo incremento de las autopistas de peaje en manos del Estado, que subirán un 0,84% de media para 2020. La excepción será la AP-6, cuyo precio se incrementará un 1,69%.
La AP-4 y la AP-7 se librarán de este incremento, al igual que las autopistas «rescatadas» (las radiales de Madrid R2, R3, R4 y R5 más la M-12 que une la capital de España con Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda) que quedarán exentas de la subida del peaje.
A principios de año, el Ejecutivo decidió rebajar un 30% el peaje de estas infraestructuras, que pasaron a ser gratuitas entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

La corrupción pone a prueba a la Justicia

SEVILLA.- Las macrocausas de corrupción que se están investigando en los juzgados andaluces están poniendo a prueba a la Justicia. El presunto desvío de fondos de la Junta de Andalucía y el quebranto millonario para las arcas públicas es el denominador común en los ERE, la trama de UGT-A, el fraude de los cursos de formación y el caso Invercaria. Se trata de asuntos de una gran complejidad, en los que los tribunales de justicia no siempre actúan con la celeridad que exige la ciudadanía a juicio de El Mundo.

Los juzgados se enfrentan a la instrucción de estas macrocausas, que se han desgajado en infinidad de piezas, sin apenas medios y muchas veces colapsados. Para colmo, faltan expertos que analicen el fraude (en el caso UGT pasaron cuatro años desde que el instructor encargó la pericial hasta que estuvo finalizada) y no todos los jueces están a la altura (la magistrada María Núñez Bolaños, instructora de los ERE y actualmente de baja, ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por paralizar varias causas de corrupción).
Y así, pasan los años y las causas parecen eternizarse en los tribunales. Mientras, por las rendijas de la Justicia, los corruptos tratan de escaparse, como admite a El Mundo un letrado que conoce de primera mano estos casos. A continuación se detallan las causas más significativas de corrupción a las que debe dar respuesta la Justicia en Andalucía.

Los ERE

La mayor causa de corrupción abierta nunca en España, por el volumen del fraude millonario y por la cantidad de investigados -más de 300-, comenzó a instruirse en 2011. En enero se cumplen nueve años del inicio de las diligencias previas 174/2011 y en este tiempo sólo la conocida como 'pieza política' ha sido enjuiciada y sentenciada. 
Diecinueve ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados por diseñar un procedimiento ilegal para repartir nada menos que 679 millones de euros en una década.
Pero todavía falta mucha tela por cortar en el caso ERE. La macrocausa se desgajó en infinidad de piezas, una por cada ayuda presuntamente ilegal que salió del 'fondo de reptiles' de la Junta. En el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, según los cálculos que hizo el pasado verano la Fiscalía Anticorrupción, de las 182 diligencias previas incoadas, 129 estaban entonces en trámite o acumuladas a otros procedimientos, 48 se habían archivado y el resto estaba prácticamente finalizada la instrucción. 
Cuando concluya la investigación, todas estas piezas deben ser enjuiciadas en la Audiencia de Sevilla, donde hay "un atasco importantísimo", como admite una fuente cercana a estos casos. La Fiscalía, de hecho, ha mostrado su preocupación por este atasco en reiteradas ocasiones.

Caso Invercaria

En 2012 comenzó la investigación judicial sobre el caso Invercaria, que versa sobre el presunto reparto sin control de fondos públicos a través de la empresa de capital riesgo de la Junta. Al igual que en los ERE, sólo se ha celebrado un juicio de esta macrocausa, que también se dividió en una treintena de piezas distintas. 
La vista oral por el préstamo de 100.000 euros concedido por Invercaria a Aceitunas Tatis finalizó el 29 de octubre pasado, pero todavía no hay sentencia. Hay otras 13 piezas más de esta causa en la Audiencia, a la espera de que se celebren sus juicios. 
Pero en el Juzgado de Instrucción nº16 de Sevilla todavía quedan más asuntos relacionados con la empresa pública de capital riesgo de la Junta en fase de instrucción y otros que todavía ni siquera se han abierto. 
Las fuentes del caso consultadas por este diario remarcaron que ya se ha analizado la parte más compleja del caso, que supone más del 50%. Si al principio se podía tardar meses o incluso años en concluir la investigación sobre cada pieza, ahora se va mucho más rápido y en apenas unas semanas es posible finalizar las pesquisas y enviarlas a juicio, por todo el bagaje acumulado en estos siete años de instrucción.

Fraude de la formación

Ha sido uno de los escándalos que más se han echado en cara el PSOE y el PP, después de que saliera a la luz el gran descontrol que había con las subvenciones millonarias destinadas a los cursos de formación en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía.
Sin embargo, el recorrido judicial de la infinidad de piezas repartidas por toda Andalucía ha sido desigual. 
En Sevilla, la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar esta macrocausa en 2012. Después, el caso se dividió en diferentes piezas sobre los consorcios de la Junta donde se impartían los cursos subvencionados, otra causa sobre la empresa vinculada al ex 'número 2' del PSOE-A Rafael Velasco y la conocida como 'pieza política' en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE andaluz.
La pieza política fue archivada por la juez María Núñez Bolaños hace tres años en medio de una gran polémica, ya que la magistrada anunció que iba a dar carpetazo a la causa en la recta final de la campaña de las elecciones generales de junio de 2016.
La juez descartó que hubiera una "red clientelar" vinculada al PSOE acaparando las ayudas para los cursos o que los fondos millonarios se repartieran con criterios de "clientelismo político", y no vio "significativo" que hubiera "39 empresas que tienen alguna vinculación" con el PSOE que habían recibido subvenciones. 
Sin embargo, el pasado julio, la Audiencia de Sevilla ordenó que se reabriera el caso.
Por lo tanto, se han perdido más de tres años en la investigación de un caso en el que, si finalmente hubiera condenas, posiblemente se apreciarían dilaciones indebidas por los retrasos acumulados. Si así fuera, las condenas serían mucho más leves.

Caso UGT-A

Más de tres años han estado paralizadas las pesquisas judiciales sobre la presunta trama diseñada por el sindicato para financiarse de forma irregular con las subvenciones millonarias que le concedía la Junta a través de un sistema de alquileres ficticios de las aulas donde se impartían los cursos y de las facturas falsas.
La parálisis estuvo provocada por la tardanza en estar finalizada la pericial que debía aclarar a cuánto asciende el fraude. El titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, encargó este informe el 21 de mayo de 2015, pero el perito no lo entregó hasta marzo de 2019.
En los cuatro años transcurridos, varios peritos renunciaron al encargo y el finalmente designado, un funcionario de la Intervención de la Junta, se quejó de la infinidad de trabas a las que tuvo que hacer frente, sin que nadie moviera un dedo. 
En un escrito explicó que "no ha tenido dedicación exclusiva" para hacer la pericial, ya que ha debido compaginar "su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad".
No fue el único inconveniente, ya que tampoco contó con la ayuda de otro "perito auditor" que "desde el primer momento se consideró necesario". Hasta tres expertos renunciaron a auxiliarle.
El Juzgado de Instrucción nº9 comenzó la investigación de este caso en 2013, después de las revelaciones periodísticas de El Mundo, y el 4 de diciembre pasado el magistrado Juan Jesús García Vélez decidió que las diligencias previas continuaran por el procedimiento abreviado, colocando así a la ex cúpula del sindicato en Andalucía y a sus proveedores de confianza a un paso del banquillo.
La Fiscalía Anticorrupción ha formulado ya escrito de acusación con la novedad de pedir que UGT-A sea responsable civil subsidiario de todo el supuesto fraude, que se eleva a 40,7 millones, y "responsable solidario" de los 250 millones en multas que solicita para los cinco ex dirigentes del sindicato y Soralpe. Sobre el sindicato podría recaer, por tanto, una posible condena de 290,7 millones, si se aceptan las tesis del Ministerio Público.

España bate en 2019 el récord de solicitudes de asilo con más de 107.000 presentadas

MADRID.-España ha recibido al menos 107.542 solicitudes de protección internacional durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse este máximo, se están rompiendo las costuras de un sistema de acogida "colapsado" que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo.

"El asilo se ha convertido en la única fórmula de entrada y permanencia en España", ha afirmado la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tal y como ha señalado, "buena parte" de los solicitantes utilizan la vía del asilo porque no tienen otra alternativa para poder quedarse o regularizar su situación. Este hecho, según ha destacado, "está desvirtuando el sistema de asilo y generando graves problemas".
El "colapso" en los servicios de acogida se ha evidenciado en las últimas semanas en Madrid, donde muchos solicitantes de asilo han estado durmiendo en la calle, a las puertas del Samur Social, cuyas plazas están previstas para las personas sin hogar y para situaciones de emergencia. Por su parte, desde Migraciones destacan que actualmente el sistema estatal acoge a 30.000 personas en toda España.
Esta saturación se ha producido ante la falta de plazas del sistema de acogida, a cuyo acceso tiene derecho toda persona que formalice una solicitud de asilo hasta que las autoridades españolas resuelvan su expediente -en caso de denegación, el usuario debe abandonarl

Agilizar las resoluciones

En este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha urgido a "agilizar" las resoluciones, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que piden asilo proceden de Latinoamérica y "no van a tener derecho a protección internacional". Por tanto, tendrán que salir del sistema" al tratarse de una migración de carácter económico.
Si bien a lo largo de 2019 la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha agilizado las resoluciones -ha tramitado un total de 62.641 solicitudes, lo que supone casi cinco veces más que las 12.889 resueltas en todo 2018-, la oficina tiene pendientes de resolver más de 100.000.
Tal y como ha precisado Galán, a pesar de que las resoluciones se han agilizado, "se están notificando muy lentamente" a los usuarios. "Si se resuelven pero no se notifican, las personas se mantienen en el sistema de acogida sin poder dar paso a otras personas que lo necesiten", ha remarcado. Así pues, sostiene que es "importante" superar este "escollo" administrativo ya que "por muy rápido" que se resuelvan los expedientes, "sin herramientas para notificar no servirá de mucho". 
Desde Interior, por su parte, destacan la mejora en el ritmo de las tramitaciones que se ha producido en 2019, año en el que precisamente el Gobierno habilitó la concesión del permiso de residencia por razones humanitarias para venezolanos debido a la compleja situación que vive el país. Desde el mes de enero, casi 40.000 ciudadanos de Venezuela se han beneficiado de este mecanismo previsto en la ley de asilo.
El Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les deniegue por la vía convencional la petición de protección formalizada en España desde el año 2014. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, unos 37.313 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, seguidos de 25.949 colombianos, 6.134 hondureños, 5.483 nicaragüenses y 4.467 ciudadanos de El Salvador.
"La respuesta del Gobierno español para otorgar razones humanitarias a las personas de origen venezolano es positiva, pero nos parece discriminatoria para otros colectivos que proceden de países donde las condiciones y situaciones son igual o más graves", ha manifestado Galán.
En esta línea, ha expresado su preocupación por el gran número de negaciones sistemáticas de asilo a personas de centroamérica que vienen a España huyendo de la violencia de las maras -pandillas violentas-, y ha abogado por "ampliar" las razones humanitarias a este colectivo. "Su denegación es absolutamente injusta. Son personas que han tenido que huir por la falta de protección de sus estados ante esa extrema violencia", ha dicho.
Para Galán, el reto principal para 2020 es poner en marcha un plan global que dé respuesta a las necesidades migratorias y de asilo "que se ajuste a los extranjeros cuyo perfil no es de protección internacional y también al colectivo de refugiados".
Por su parte, la directora de misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha defendido un sistema de acogida que esté "bien dotado económicamente, seguro y predecible"; así como la cooperación en la acogida y una redistribución justa entre todos los niveles del Estado.

El año 2020 llega con bajadas del gas, subidas en Renfe y la congelación de la luz

MADRID.- El ejercicio 2020 comienza con bajadas en las tarifas reguladas del gas natural, subidas en los billetes de Renfe y con la congelación, de momento, de la parte regulada del recibo de la luz.

Las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo de los empleados públicos se mantendrán sin cambios a la espera de la formación del nuevo Gobierno.
En el ámbito de la energía, 2020 llega con una rebaja media del 4% en las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural -a las que están acogidos los usuarios domésticos-, gracias al abaratamiento de la materia prima.
Las tarifas del gas natural se revisan trimestralmente, pero solo cuando el coste de la materia prima sube o baja más del 2%. El precio de la bombona de butano no se revisará hasta el tercer martes de enero. En su última actualización, en noviembre, subió un 4,86%, hasta 12,74 euros, después de cinco descensos consecutivos.
En cuanto a la parte regulada del recibo de la luz, se congela un año más, esta vez hasta que se desarrolle la metodología para fijar los peajes de acceso y los cargos.

Subidas en el transporte

En el capítulo de transporte, el año empieza con el encarecimiento de los billetes de tren: suben un 1,1% las tarifas del AVE y de los trayectos convencionales de larga y media distancia; un 1,2% los servicios de media distancia de alta velocidad; y un 1% los de Cercanías, que no habían variado desde 2015. Sin embargo, se mantienen los precios de los títulos multiviaje (de diez o más viajes), con lo que, en la práctica, las tarifas se congelan para los viajeros recurrentes.
En el transporte aéreo, las tasas aeroportuarias, que las aerolíneas pagan a Aena por usar ciertos servicios en sus aeropuertos (pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones o servicios de seguridad) bajarán un 1,44% a partir del 1 de marzo. Esta rebaja, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es superior a la que había propuesto Aena (1,17%).
En cuanto a los peajes de las autopistas estatales, aunque el Ministerio de Fomento aún no ha confirmado oficialmente el aumento para 2020, fuentes del sector la sitúan en el 0,84%.
En el terreno de las telecomunicaciones, las principales operadoras -Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil- no prevén incrementar en 2020 la cuota de línea mensual, el cobro fijo en la factura que carga los costes de mantenimiento de la línea del hogar vinculada a internet.

Lo que está pendiente

En el aire quedan, de momento, las subidas de las pensiones, del SMI y de los sueldos de los funcionarios. La revalorización de las pensiones del 0,9% comprometida por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se aprobará cuando se constituya el nuevo Gobierno y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.
El Ejecutivo en funciones ha suspendido la aplicación de la subida mínima del 0,25% establecida en la reforma del PP, aún vigente, para no malgastar recursos en una doble revalorización (0,25% ahora y otro 0,65% cuando haya Gobierno).
Lo mismo ocurre con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía todavía está pendiente de la negociación política y con agentes sociales, que se aprobará mediante real decreto más adelante con carácter retroactivo.
También queda pendiente para 2020 el aumento salarial del 2% fijo para los empleados públicos comprometida en el acuerdo a tres años que en marzo de 2018 firmaron los sindicatos del sector con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Aunque los precios de la vivienda no están regulados, los cálculos de empresas y expertos apuntan a una subida de entre el 3% y el 4% en la compra de inmuebles, y del 4% al 6%, en el alquiler.

23 diputados nacionales de Podemos renunciaron a la tarjeta de taxi de 3.000 euros en la legislatura fallida

MADRID.- Sólo 58 de los 350 diputados del Congreso, lo que supone apenas la sexta parte de la Cámara, renunció la pasada legislatura a la tarjeta personalizada por valor de 3.000 euros al año que el Congreso pone a disposición de sus señorías para desplazarse en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El coste de estas tarjetas depende del uso que se haga de ella, ya que es una ayuda finalista y el Congreso sólo abona los viajes que el parlamentario efectivamente haya realizado. Lo único que está fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros mensuales.

Más de 133.000 euros en taxis

En los apenas cuatro meses que van desde el inicio de la pasada legislatura (el 21 de mayo) hasta el pasado 24 de septiembre, fecha en la que el Congreso quedó disuelto con motivo de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre, un total de 292 diputados contó con este abono taxi, lo que supone el 83% del hemiciclo.
Se trata de 103 de los 123 diputados del PSOE; 63 de los 66 del PP; 56 de los 57 de Ciudadanos; 19 de los 42 de Unidas Podemos; 19 de los 24 de Vox; 13 de los 14 de Esquerra Republicana (ERC) -el decimoquinto, Oriol Junqueras, tenía sus derechos suspendidos al estar en prisión-, los seis del PNV y 13 del Grupo Mixto, según los datos del Congreso.
Eso significa que en la pasada legislatura, que se extendió durante siete meses, sólo 58 diputados (el 16,5% de la Cámara) renunciaron a solicitar la tarjeta de taxi: 10 del PSOE, tres del PP, uno sólo de Ciudadanos, cinco de Vox, dos de ERC (uno de ellos, Junqueras) y cuatro del Grupo Mixto (incluyendo los tres presos de Junts: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull).
Fue por tanto Unidas Podemos el grupo en el que más diputados desecharon la tarjeta: 23 renuncias (el 54% de la formación capitaneada por Pablo Iglesias) frente a los 19 que sí la demandaron.
En total, el Congreso afrontó un gasto de 133.433,60 euros para pagar estos viajes en taxi de sus señorías, lo que representa una media de 33.000 euros al mes.
Y eso pese a que esta legislatura fallida tuvo una actividad parlamentaria muy limitada ya que sufrió parones por las elecciones autonómicas y europeas y los dos meses de verano, y apenas se celebraron media docena de sesiones plenarias al margen de la sesión constitutiva y la fallida investidura de Pedro Sánchez.

97.000 euros por kilometraje

Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista.
Si lo que usan es su propio automóvil para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación.
En esta legislatura corta de 2019, según los datos facilitados por la Cámara, fueron 139 los diputados que solicitaron ayuda por kilometraje por un importe total de 97.130,75 euros.

La deuda española en manos extranjeras bate un nuevo récord histórico

MADRID.- La inestabilidad política y la falta de un gobierno en España no han hecho mella en los mercados de renta fija a tenor de los datos de deuda pública española en manos de inversores extranjeros, que vuelven a marcar un nuevo récord histórico.

A cierre de septiembre, con un Ejecutivo en funciones y cuando ya se habían convocado las elecciones generales del 10 de noviembre, los inversores extranjeros poseían 477.658 millones de euros en deuda pública española, un 1,5% más que un mes antes.
Esa cantidad representaba casi la mitad, el 48,08%, del total de la deuda pública española y suponía un crecimiento cercano al 11% en tasa interanual, ya que a cierre de septiembre de 2018 los títulos adquiridos por extranjeros sumaban 430.573 millones.
Los datos del Tesoro Público demuestran una tendencia creciente de la inversión extranjera en deuda española desde hace más de un año, que sólo se rompió el pasado junio con un recorte de casi 4.000 millones de euros respecto al mes anterior.
Aunque la estadística no desglosa el origen de los inversores, algunas emisiones concretas, como el caso de los bonos sindicados en los que un grupo de bancos coloca directamente la deuda, sí desvelan la procedencia de los compradores de los títulos españoles.
En una subasta de este tipo llevada a cabo a finales de febrero, España captó 5.000 millones de euros a 15 años y gracias a que la demanda superó los 43.000 millones, el interés ofrecido fue de un mínimo del 1,864%.
En aquella ocasión los inversores extranjeros se hicieron con el 83% de la deuda y entre ellos destacaba la participación de los procedentes de Alemania, Austria y Suiza, superior al 20%, y la de Francia e Italia, con un 19%. Muy cerca quedaba Reino Unido e Irlanda, con un 18,7%.
Algunos expertos consideran que el grueso de los inversores foráneos de la deuda española proceden, tradicionalmente, de la Unión Europea y se sienten atraídos por la mayor rentabilidad de estos títulos frente a los emitidos por otros países de la zona del euro.
Y es que la rentabilidad de los bonos alemanes, considerados los más seguros de Europa, se encuentra en negativo (-0,251%), lo que les mueve a optar por la deuda de países que aún se consideran seguros pese a la incertidumbre política y al parón de la economía.
Sin embargo, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, destacó recientemente en un encuentro que los inversores asiáticos son los que más han aumentado su tenencia de deuda española este año de todos los extranjeros.
Desde 2012, el volumen de deuda pública española en manos foráneas ha crecido cada año sin interrupción, desde los 223.741 millones de euros de aquel ejercicio. De media, los inversores no residentes poseen un 40% del total, porcentaje que en septiembre se acerca ya a la mitad de la cartera total.
Después de los inversores extranjeros, uno de los grandes tenedores de deuda española son los bancos centrales, que tienen más del 21% del total, mientras que los bancos nacionales poseen cerca del 15% y las aseguradoras, un 9,5%.
En cuanto al precio de la deuda emitida, gracias a la política monetaria del BCE, España ha cerrado 2019 con un coste mínimo de financiación del 0,23%, lo que le ha permitido ahorrarse más de 2.300 millones en intereses frente a lo previsto. Aún así la factura del pago de intereses supera los 24.000 millones.

El independentismo desordenado y la desaceleración inevitable / Ángel Tomás *

El regionalismo en España, aún pendiente de una regulación más estricta que evite la actual inadecuación institucional debido a que la segmentación del mercado nacional entorpece las economías de escala, complica el endeudamiento financiero y la existencia de estructuras políticas diferenciadas con inevitables luchas geopolíticas, pone en serio peligro la unidad de España, vital para cumplir nuestros compromisos como miembro de la Unión Europea.

Insistir en las nacionalidades impulsadas por políticos dominados por vanidad personal y olvidar las nuevas políticas de unión económica, de las alianzas y de la necesaria cohesión social, llevaría a una pérdida generalizada, que, aunque se iniciara posteriormente la vuelta atrás, el camino sería muy lento y cubierto de dificultades arduas de superar.

El separatismo lleva aparejada la rotura de la unidad de mercado, la fiscal, la política, la bancaria, la posible monetaria y la confección de presupuestos independientes. Quedaríamos supeditados también a las reacciones de los mercados financieros y competitividad con el exterior.

Exigir y permitir un urgente separatismo coincidiendo, además, con la ya iniciada desaceleración económica internacional, debe ser calificado como “Independentismo Desordenado e Irracional”. Europa necesita una nueva regulación y mecanismos para controlar la inestabilidad política en la UE y las divisiones en los países miembros.

Un ejemplo evidente de volver a la desunión es la complejidad y consecuencias negativas del hasta ahora Brexit desordenado. Bruselas, consciente de la necesidad urgente de reformas, ha tomado la decisión de acometerlas para regular, entre otros, el sistema financiero y su estabilidad, el fiscal, la sostenibilidad del euro, evitar la competencia desleal y las amenazas a la ciberseguridad.

La Constitución Española, en su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Sin embargo, permanece abierto un proceso unilateral de independencia autonómica que vulnera la indisoluble unidad nacional.

Analicemos las consecuencias inevitables de las medidas a adoptar, con gravísima repercusión para las estructuras económicas y su desarrollo futuro requiriendo, además, un muy largo periodo de tiempo en evitación de importantes desacuerdos y desórdenes en las relaciones futuras entre dos nuevos entes independientes:

* División bancaria. Dos bancos centrales independientes con gobernanza personalizada. Uno, el de España con territorialidad disminuida y dependencia y control del Banco Central Europeo como miembro de la zona euro, de quien recibirá supervisión sobre capital, liquidez, calidad de activos y gestión de su consejo. Otro, el del nacionalizado, que para el caso de no ser integrado en la UE originaría incompatibilidades y deterioros importantes en las relaciones comerciales para los sectores empresariales, potenciando la desaceleración económica y obligando a legislar protección como consecuencia de la brecha negativa inevitable entre ambos países, y para la inseguridad de los depósitos con independencia de donde vivan sus propietarios. La estabilidad financiera podría comprometerse también como consecuencia del descontrol de los riesgos. Un mercado de capitales desintegrado y competitivo sería rechazado por Europa, uno de los centros principales mundiales.

* Posible nueva moneda para el autónomo. Las posibilidades en cuanto al delicado uso de su moneda son las siguientes:

1 Solicitar y ser aceptado como nuevo miembro de la UE, lo cual llevaría un muy largo periodo de gestión y aceptación recíproca de las cláusulas legales de obligado cumplimiento. En este caso, la moneda sería el euro, previo estudio y decisión de la cobertura del periodo de gestión.
2 Creación de una propia, lo que se asemeja a un proyecto de “moneda digital”, lo cual quedaría bajo el control, supervisión y resultados de la política monetaria, de la banca internacional. Indudablemente, la emisión debería cimentarse en activos sólidos aún desconocidos y un estrecho control de las tasas de interés, con el fin de consolidar la situación económico-financieramente de los balances del nuevo banco central.
3 La alianza a otra moneda de curso legal, lo cual obligaría a un cambio estructural peligroso, con influencia en sus mercados tradicionales y PIB.

*Aranceles. Siendo un impuesto indirecto manejado libremente por los estados, cuando los productos atraviesan la frontera aduanera, su objetivo es contener las importaciones y proteger los nacionales. Pueden tener también un fin fiscal, aunque deben ser incompatibles, y solo deben ser aplicados como protectores, bien “específicos” o “ad valorem”. Sin duda, con una independencia mayoritariamente no deseada, con la imposición de aranceles se pueden originar resultados catastróficos a las empresas y una paralización del nivel de desarrollo al perder capacidad impulsora de proyectos empresariales en un entorno competitivo, con perjuicio de la riqueza y del bienestar social.

* Diferente fiscalidad. Otra competencia desleal entre los dos países independientes serían unas reglas fiscales diferentes y más complejas, empeorando la gestión, su vigilancia y la libertad de mercado. No sería aceptable en Europa una competencia fiscal, cuando la Comisión ha iniciado el camino de la unificación para evitar ese dumping desde el área de la competencia y los acuerdos fiscales ventajosos.

* Nuevos presupuestos generales. Una división geográfico-económica obligaría a ambos; de una parte para España a una nueva estructura presupuestaria que requeriría un profundo y largo estudio de ingresos y gastos; y la confección, sin experiencia anterior, de uno nuevo para el separado. Los presupuestos mencionados precisarían previamente de acuerdos complejos concretos que afectarían a gran parte de los capítulos que los componen, salvando siempre los déficits públicos y la inestabilidad potencial de las finanzas.

Recordemos que Keynes expresó con gran acierto: “Equivocarse con la mayoría tiene menos costes que acertar con la minoría. Situarse extramuros de la corriente principal de la opinión pública implica asumir un riesgo importante”.



(*) Economista y empresario

¿Qué es ser currante? / Guillermo Herrera *

Definición: Un currante es una persona que trabaja, un profesional que tiene un trabajo retribuido. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición al capital, pero también significa la estrechez, la miseria, la pobreza o la necesidad con que se pasa la vida. El capital es el conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza.

Yo he sido currante media vida, las pasé putas con mi trabajo, y por lo tanto sé de lo que hablo con conocimiento de causa, con experiencia de primera mano. Puede que esto sea ‘victimismo’, pero no es fácil salir del hoyo con la autoestima por los suelos, y no todos aprenden o consiguen buscarse la vida por sí mismos. Yo lo intenté y fracasé con un negocio ruinoso, pero no existe el fracaso sino el aprendizaje, y he aprendido mucho a costa de pagar un alto precio de sufrimiento.

La Biblia decía que “el que no trabaje, que no coma”, pero no especificaba qué tipo de trabajo. Como dice la canción, “soy currante y tiro palante; lo que como me lo gano con el lomo.”

Este tema no es una broma porque durante cuatro años se quitaron la vida 19 empleados de France Telecom, la mayor teleoperadora francesa, y echaron la culpa a la empresa en el que se ha convertido en uno de los casos de acoso laboral más sonados de Europa.

ACOSO LABORAL

El acoso laboral campa a sus anchas en el mundo del trabajo, pero se silencia casi siempre por miedo a perder el empleo. El acoso laboral es una práctica ejercida en el ámbito del trabajo, que consiste en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación, y que produce el “síndrome del trabajador quemado”.

El acoso laboral es tanto la acción de un hostigador o varios hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Si te quejas demasiado, no te preocupes, porque siempre habrá otro trabajador más necesitado que tú, dispuesto a besarle los pies al jefe como si fuera un guru de la India.

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles, dentro o fuera del trabajo, por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros, de sus subalternos o de sus superiores.

Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y al mismo tiempo en ocasiones se añaden accidentes ‘fortuitos’ y hasta agresiones físicas, en los casos más graves. 

Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en situaciones extremas, como el suicidio de la víctima. 

UN SUEÑO LÚCIDO

Esta reflexión es el fruto de un sueño que he tenido esta noche, en donde me veía trabajando y rebelándome contra mis condiciones laborales, pero mi voz de protesta se ahogaba, no me salía, y nadie me escuchaba a pesar de que mi denuncia era absolutamente evidente.
  1. Ser currante significa tener un jefe que te perdona la vida todos los días a cambio de un trabajo a destajo por un salario de miseria.
  2. Ser currante significa observar cómo todo el mundo le hace la pelota al jefe, aunque sea un tirano despreciable.
  3. Ser currante significa quemar tu juventud trabajando como una máquina, a costa de tu salud, sin que nadie te lo agradezca.
  4. Ser currante significa observar cómo hay compañeros ‘trepas’ que no tienen escrúpulos en pisar a los demás para subir de categoría laboral.
  5. Ser currante significa tener que agachar la cabeza cuando recibes órdenes absurdas para no perder el trabajo.
  6. Ser currante significa que te pregunten a qué hora has entrado hoy, pero nunca te pregunten a qué hora saliste ayer.
  7. Ser currante significa trabajar el doble de horas de las que te pagan, y no poder quejarte.
  8. Ser currante significa hacer el trabajo de varios empleados para ahorrar dinero a la empresa.
  9. Ser currante significa tener más responsabilidades de las que corresponden a tu categoría laboral para pagarte menos.
  10. Ser currante significa no poder defender tus derechos laborales para no perder tu trabajo.
  11. Ser currante significa que te compren el abogado si te metes en pleitos para ahorrarse la indemnización.
  12. Ser currante significa recibir consejos estúpidos de tu jefe que no tiene ni idea de tus problemas laborales.
  13. Ser currante significa asistir a reuniones de trabajo absurdas, para imponer miedo a los trabajadores, y salir con los pies calientes y la cabeza fría.
  14. Ser currante significa vivir dentro de una dictadura laboral, aunque en la calle exista una democracia en teoría.
  15. Ser currante significa observar que tu jefe llega tarde al trabajo, si es que llega, mientras que a tí te exige una disciplina prusiana.
  16. Ser currante significa observar cómo tus jefes ganan sueldos millonarios a cambio de tocarse las narices, mientras que tú recibes migajas a costa de romperte la espalda.
  17. Ser currante significa ver que tu jefe llega acompañado de una bella mujer mientras que a tí te toca bailar con la más fea, si es que te queda tiempo o dinero para atenderla.
  18. Ser currante significa llegar con cara de sueño todos los días al trabajo por falta de tiempo para descansar.
  19. Ser currante significa tener que doparse con cafeína todos los días para poder rendir lo que te exigen.
  20. Ser currante significa ser un esclavo sin látigo, pero con achaques físicos a causa del estrés.
  21. Ser currante significa dormir mal pensando en la pesadilla laboral del día siguiente.
  22. Ser currante significa no poder ahorrar nada, porque todo se va en gastos diarios.
  23. Ser currante significa pasarse toda la vida soñando con el día de la jubilación.
  24. Ser currante significa hacerte más consciente del sufrimiento de la humanidad.
Es posible que les resulte familiar todo lo que he contado, que es una síntesis de mi experiencia laboral, muy semejante a la de muchas otras personas. Ésta es una razón más para rebelarse contra el sistema económico de relaciones laborales miserables basado en la humillación del trabajador, y desear un cambio del sistema financiero mundial. Despertar no es vivir entre nubes de algodón, sino hacerse plenamente consciente de todo el mal que existe, y de todas las injusticias que se cometen en el mundo.


 (*) Periodista almeriense