martes, 8 de febrero de 2011

Protesta multitudinaria en Egipto contra el plan del Gobierno

EL CAIRO.- Los egipcios celebraron el martes una de sus mayores manifestaciones hasta ahora pidiendo la marcha del presidente Hosni Mubarak, sin que su cólera haya disminuido por el anuncio del vicepresidente de un plan de traspaso de poder.

Los manifestantes, muchos de ellos emocionados por el e motivo relato de un directivo de Google detenido durante días por las fuerzas de seguridad, inundaron la plaza de Tahrir de El Cairo, un lugar que puede acoger a alrededor de un cuarto de millón de personas.

Mientras el Gobierno se niega a ceder ante las principales demandas de los manifestantes, el vicepresidente Omar Suleiman prometió que no habrá represalias contra los manifestantes, después de tres semanas de protestas que pretenden acabar con los 30 años de mandato de Mubarak.

Pero sus palabras fueron rechazadas por los ciudadanos, que acusan al Gobierno de estar tratando de ganar tiempo, y juraron no dar marcha atrás hasta que se complete la que llamaron "revolución a medias".

Al conseguir convocar a prácticamente la misma gente que en la última manifestación el viernes pasado, los opositores demostraron que el movimiento no ha perdido fuerza. La próxima prueba será en la concentración convocada para el viernes que viene.

El vicepresidente de Estados Unidos se sumó a la presión al pedir a Suleiman una transición "expedita, significativa, pacífica y legítima", dijo la Casa Blanca, y pidiendo el final inmediato del estado de emergencia, en vigor desde que Mubarak llegó al poder en 1981 tras el asesinato de su predecesor, Anuar el Sadat.

Decenas de miles de personas llegaron a la plaza, uniéndose a los que están acampados allí desde hace días y llenándola completamente por tercera vez desde que comenzó la movilización el 25 de enero. Muchos dijeron que era la primera vez que participaban.

"Vine aquí por primera vez hoy (martes) porque este gobierno es un fracaso, Mubarak se sigue reuniendo con las mismas caras feas", dijo Afaf Naged, de 71 años, antigua integrante del consejo de administración del Banco Nacional de Egipto. "No puede creer que sea el fin. Es un hombre muy testarudo".

Suleiman, que fue jefe de los servicios secretos durante muchos años, ha liderado las conversaciones con los grupos de la oposición, incluidos los Hermanos Musulmanes, enemigos jurados del mandatario. En unas declaraciones en la televisión estatal, manifestó que "se ha establecido una clara hoja de ruta con un calendario para llevar a cabo un traspaso de poder pacífico y organizado".

Hasta ahora, el Gobierno ha hecho pocas concesiones en las conversaciones. Mubarak, de 82 años y que ha prometido seguir en el cargo hasta que expire su mandato en septiembre, parece estar capeando el temporal que afecta a Egipto, al menos por el momento. Las negociaciones entre el Gobierno y facciones de la oposición tuvieron lugar el domingo bajo la mirada de un retrato gigante de Mubarak.

Muchos egipcios dicen que están deseando volver al trabajo y a la vida normal, incluso aquellos que quieren derrocar a Mubarak. Alrededor del 40 por ciento de los habitantes del país vive con menos de dos dólares al día.

"Si no trabajo, mi familia morirá de hambre. No queda nada de dinero en casa", dijo el taxista Mustafa Fikri, que no pudo asistir al nacimiento de su primer hijo el lunes porque estaba trabajando y que afirmó que lo último que tiene en la cabeza es manifestarse contra Mubarak.

La capital ha recuperado cierta normalidad. El martes, el tráfico era denso en el centro y se formaron colas rápidamente en los bancos, que sólo abren en horario restringido.


Pero los manifestantes que permanecen en la plaza Tahrir se mostraron escépticos en torno a las conversaciones y los motivos de Mubarak. Yusef Husein, un conductor vehículos turísticos de 52 años procedente de Asuán, llevaba una pancarta que decía: "El diálogo prolonga la vida del régimen y le da el beso de la vida. No al diálogo hasta que no se vaya Mubarak".

"Este diálogo es sólo en teoría, es sólo una maniobra política para ganar tiempo", dijo Sayed Hagaz, del delta del Nilo.

Ayman Farag, un abogado de El Cairo, sostuvo que el trabajo de los manifestantes no ha terminado. "Lo que ha pasado hasta ahora es sólo una revolución a medias y espero que siga hasta el final", declaró.

Suleiman prometió que el acoso a los manifestantes terminaría. "El presidente enfatizó que la juventud de Egipto se merece el aprecio de la nación y emitió una directiva para impedir que sean perseguidos, acosados o se les quite el derecho a la libertad de expresión", aseguró.

Cientos de miles de personas se han unido a las manifestaciones previas y Naciones Unidas dice que 300 personas podrían haber muerto hasta ahora.

Las marchas del martes pondrán a prueba la capacidad de los manifestantes para mantener la presión sobre el Gobierno. Los que están acampados en la plaza Tahrir han prometido quedarse hasta que Mubarak se vaya, y planean más manifestaciones.

La liberación del directivo de Google Wael Ghonim, después de dos semanas en las que dijo que los miembros de la seguridad egipcia le mantuvieron con los ojos vendados, podría impulsar el apoyo. Activistas dicen que Ghonim participó en un grupo de Facebook que ayudó a inspirar las protestas.

"No soy un símbolo ni un héroe ni nada parecido, pero lo que me ha pasado es un delito", dijo en la cadena privada de televisión Dream TV. "Tenemos que acabar con este sistema. que está basado en no poder decir lo que uno piensa".

La agencia estatal informó de la puesta en libertad de 34 prisioneros políticos, los primeros desde que Mubarak prometió reformas.

Los políticos opositores han informado de pocos avances en las conversaciones con el Gobierno. La agencia oficial de noticias MENA informó el lunes de que Mubarak había creado dos comités para redactar cambios en la Constitución.

Los Hermanos Musulmanes, considerado el grupo opositor mejor organizado, dijeron el lunes que podrían retirarse del proceso si las demandas de los manifestantes no se cumplían, incluida la salida inmediata de Mubarak.

El FBI investiga los posibles activos de Ben Alí y su entorno en Estados Unidos

NUEVA YORK.- El FBI ha abierto una investigación preliminar para aclarar si el ex presidente tunecino Zine al Abidine Ben Alí o personas de su entorno tienen algún tipo de activo en Estados Unidos, según han informado fuentes conocedoras de estas pesquisas al diario 'The Washington Post'.

   La investigación cuenta con la participación de un equipo del Departamento de Justicia y llega después de que, desde Europa, se hayan bloqueado las cuentas de Ben Alí, sospechoso de haber robado dinero de las arcas públicas de Túnez.

   Ben Alí huyó del país magrebí el pasado 14 de enero, tras 23 años en el poder y después de semanas de manifestaciones en la calle. Las autoridades tunecinas han dictado una orden de arresto sobre el presidente depuesto al entender que ha sacado del país dinero de forma ilegal.

   Una semana después de su salida, el Departamento del Tesoro norteamericano pidió a las instituciones financieras de Estados Unidos que vigilasen de cerca el "flujo de activos ilícitos" desde Túnez.

   Washington sólo tendría jurisdicción a este respecto si Ben Alí tiene propiedades o cuentas en Estados Unidos o ha utilizado entidades financieras norteamericanas para mover fondos de forma ilegal, según 'The Washington Post'.

   El Departamento de justicia cuenta con una división especial, la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, encargada de investigar los movimientos realizados por autoridades extranjeras "de alto nivel".

El desempleo golpea duramente al sector turístico español

MADRID.- El turismo, sector clave para la economía española, se vio muy afectado por el desempleo en 2010, con una tasa de paro que alcanzó el 15,7%, según cifras publicadas este martes por el Ministerio de Industria. 

El nivel de desempleo en el sector del turismo llegó en 2010 al 15,7%, frente al 14,5% registrado el año antes, situándose casi 7 puntos por encima de la tasa registrada en el sector de los servicios en general (9,5%).
El paro en la rama turística sigue estando por debajo del nivel general en España, donde se sitúa en el 20,33%. En el cuarto trimestre del año, esta actividad, que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) español, daba trabajo a 2,1 millones de personas (-1,8% sobre 2009), que representan el 11,3% de la población activa española.
Este sector tenía entonces 387.060 trabajadores en paro, un 8,3% más que en 2009. Entre las actividades turísticas, la de restauración perdió un 5,7% de empleos en 2010, mientras que otras ramas de actividad han subido, como el alojamiento turístico (+2,8%), el transporte de viajeros (+2,7%) y actividades diversas, como agencias de viaje o alquiler de vehículos (+1,6%).
La llegada de turistas extranjeros a España, por su parte, aumentó en 2010 por primera vez en tres años, con una subida del 1% respecto a 2009, según cifras del ministerio, que subraya que el turismo "ha ganado peso en el PIB" español por primera vez en diez años. Las regiones españolas más visitadas han sido Cataluña y las islas Baleares.
España recibió en 2010 a 52,6 millones de turistas extranjeros, pero eso no ha bastado frente al impulso chino, que arrebató al país europeo su tercer puesto como destino turístico mundial, por detrás de Francia y Estados Unidos, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Cuando Luis Rogelio habla de futuro / Rafael M. Martos

La pasada junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería no se centró tanto en el futuro inmediato como en el futuro a medio plazo. Es decir que no fue tanto el tiempo dedicado a aprobar obras de ejecución inmediata, como a preparar el post-22 de mayo.
 
Sin duda, lo que Luis Rogelio Rodríguez quiso fue insuflar una cierta tranquilidad entre sus concejales, de cara a que se sigan viendo involucrados en las tareas de gobierno de la ciudad todavía, consciente de que algunas y algunos están nerviosos por si estarán o no en la candidatura que finalmente presente a las elecciones municipales.
 
LRRC se ha cansado de repetirlo por activa, por pasiva y por perifrástica, pero mientras no suelte la lista, nuestra obligación es seguir preguntando aunque sus respuestas a estas alturas y mientras no la conozcamos, no den ya para un titular.
 
Es obvio que los hombres fuertes seguirán, y que la "mujer fuerte" también, y que a esos hay que añadirles los dos de GIAL, y a partir de ahí todo son incógnitas, si bien hay que añadir el hecho de que bajo esas premisas tienen más posibilidades de repetir las mujeres que los hombres, ya que ese "núcleo duro" que tiene garantizada su inclusión es masculino.
 
Que sólo hará un par de cambios es algo en lo que ha insistido desde hace meses el alcalde, pero eso no tranquiliza a quienes quieren seguir, ya que piensan que quizá sólo sea un cambio pero... puede ser él o ella.
 
Por eso LRRC, como el entrenador de un equipo, prefirió relajar la tensión y dedicar la jornada del viernes a comunicar a sus concejales qué planes tiene con ellos en julio, o los cambios que habrá ciertas áreas, o los traslados de éstas... 
 
Algunas concejalas tiran de sus familiares más cercanos para llamar a la puerta del alcalde como ya lo hicieron en el pasado, otros hacen valer el peso de su militancia y su respaldo social, otros sus buenas relaciones con ese entorno más próximo del alcalde; pero al final quien decide es el entrenador (no sé nada de fútbol así que desconozco si los presidentes de los equipos pintan algo en estas cosas, o si tienen capacidad para poner o quitar jugadores, por lo que nos quedaremos en el "mister"), quien al contrario de lo que pasa habitualmente en el terreno deportivo, es el único que tiene el puesto asegurado. 

La juez Peña levanta el secreto de cinco nuevos tomos del sumario de la Operación Poniente

ALMERÍA.- La juez que instruye el sumario de la Operación Poniente, Monserrat Peña, ha levantado el secreto a cinco nuevos tomos de la Operación Poniente por la que están imputadas más de sesenta personas, entre ellas el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el que era su interventor, José Alemán, y un nutrido grupo de empresarios. 

La Operación Poniente tiene como eje los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, que pudieron tener lugar por medio de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, y cuyo consejo de administración -dominado por una filial de Abengoa- está también imputado.

Según ha conocido Noticias de Almería, estos nuevos tomos están referidos a los registros en las distintas propiedades de los imputados, así como las resoluciones sobre las medidas cautelares que se adoptaron en su momento, y el tomo 33 de la causa general.

Con este levantamiento de secreto, es ya el cuarto que realiza Peña, que decidió autorizar primero que las partes conocieran la transcripción de lo más relevante de las llamadas telefónicas intervenidas, luego el audio total de las mismas en su integridad, posteriormente los informes relativos a la investigación, y ahora estos nuevos cinco tomos.

La Junta no adjudicó las obras del Cable Inglés a pesar de tener el dinero de Fomento desde un año antes

ALMERÍA.- El Ministerio de Fomento ha informado al diputado del Partido Popular Aurelio Romero Girón, que ya abonó en 2009 su parte correspondiente a las actuaciones relativas al “uno por ciento cultural” de ese año.

El Ministerio de José Blanco le ha hecho llegar un documento con “las actuaciones aprobadas en el año 2009, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando las cantidades abonadas por el Ministerio de Fomento a las entidades promotoras de las actuaciones.” y entre ellas aparece tanto el Cable Inglés ubicado en la capital almeriense como la Torre del Rayo de Carboneras.

Las obras de esta primera fase, adjudicadas en diciembre de 2010 a la UTE formada por las empresas Jaquil Andalucía S. A., construcciones Tejera S. A., e Ilidexsa, cuentan con un importe de 2.780.543 euros, y tendrán un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que se prevé que esta actuación esté finalizada a principios de 2012.

La rehabilitación tenía que ser financiada al 50% entre Fomento y Junta de Andalucía según el convenio suscrito entre ambas administraciones el 19 de noviembre de 2009, y ese mismo día se suscribió el de Carboneras, en el que el Ministerio pone el 75%.

Pues bien, a pesar de que Fomento puso los 950.000,00 euros de la anualidad 2009 del total de 1.849.767,71 de euros que tiene que dedicar al Cagadero del Mineral, y los 88.403,69 euros que le corresponde de los 117.871,58 euros que tiene que dedicar en total a la Torre del Rayo, la Junta de Andalucía que es la entidad promotora, no hizo la adjudicación hasta un año después, y a día de hoy no hay actuaciones visibles.

El cargadero de mineral ‘El Alquife’, situado en la playa de las Almadrabillas de Almería, fue declarado Bien de Interés Cultural, según Decreto 166/1998 de 28 de julio. Conocido popularmente como ‘El Cable Inglés’, fue construido por la compañía británica ‘The Alquife Mines’ entre 1902 y 1904. Esta obra de ingeniería fue concebida para utilizarla como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedente de las minas de hierro por vía marítima. Su estructura permitía el arranque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral, que al encontrase a gran altura, posibilitaba la descarga por la acción de la gravedad.

Consta de dos partes bien diferenciadas: el sistema de acceso y el muelle embarcadero propiamente dicho. El primero es un viaducto, en el que se alternan tramos de estructura metálica y tramos de fábrica de piedra caliza, y sobre el que discurre la vía férrea que permite el transporte del mineral hasta el cargadero desde la estación de ferrocarril, de la que dista 540 metros, mediante una vía simple con rampa en prolongación de la línea. La línea de entrada o acceso al muelle contiene varias curvas exigidas por los límites de las propiedades de la compañía. Inmediatamente antes de entrar en el muelle la vía principal se ramifica en otras cuatro, trazadas a lo largo de dicho muelle, al mismo nivel y paralelas entre sí.

El embarcadero tiene una longitud total de 108 metros y se construyó para permitir que los barcos se cargaran por gravedad a partir de las grandes tolvas replegadas en sus laterales. Está constituido por una estructura de acero laminado muy tupida, conseguida con piezas proporcionalmente muy ligeras de sección enlazadas mediante roblones según una disposición en celosía.

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.
La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.
El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,
El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.
Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.
El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.
En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.
En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.
El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.
La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.
Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).
Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.
Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.
También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

El Consejo de Europa pide a España no rechazar la construcción de mezquitas

ESTRASBURGO.- La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en sus siglas en inglés) del Consejo de Europa consideró hoy que "no es razonable que en muchos casos se rechacen las solicitudes de construcción de nuevas mezquitas" en España. 

En el cuarto informe de la ECRI sobre España, recomienda a las autoridades que garanticen el respeto de la libertad de manifestar su religión colectivamente, como recoge el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, piden a las autoridades españolas que "otorguen la aprobación de las solicitudes de las comunidades musulmanas para construir un número adecuado de mezquitas" ya que sólo hay 400 para 1,4 millones de personas, y 12 cementerios musulmanes.
El miembro español de la ECRI, Abdelhamid Beyuki, dijo que, aunque no hay porcentajes ni estadísticas sobre las denegación de permisos, sí hay "casos probados y testimonios de interesados y de asociaciones de musulmanes".
La ECRI es un organismo independiente de supervisión en materia de derechos humanos. Sus informes se basan en "numerosas informaciones recibidas de fuentes muy diversas".
El informe califica de "discriminación" que los colegios públicos estén obligados a ofrecer la clase de religión optativa, mientras que el resto de creencias necesita un mínimo de 10 alumnos. Frente a una demanda de 400 docentes de religión islámica, sólo hay 46.
La ECRI también incide en los escolares de etnia gitana y "recomienda encarecidamente" que las autoridades "revisen el método de admisión de los alumnos" en los colegios públicos y concertados para "garantizar una distribución equitativa".
Así, habla de "prácticas discriminatorias" que permiten a los colegios concertados "seleccionar a los alumnos".
La ECRI critica que en España no esté penada la negación del Holocausto, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional en 2007 la penalización de la citada negación, tal como ocurre en otros países como Francia.
Los expertos de la ECRI recogen la existencia de "un solo partido abiertamente xenófobo", Plataforma por Cataluña, y la información de que el líder local del PP en Badalona ha promovido "un discurso de odio" y ha acusado "a los inmigrantes rumanos y gitanos de ser la causa de la criminalidad en la ciudad".
Según Beyuki, España "ha avanzado mucho y el Gobierno ha tomado medidas importantes para luchar contra todas la formas de racismo y xenofobia y a favor de la integración de los no nacionales".
En referencia a este colectivo, la ECRI recomienda permitirles votar en las elecciones locales y que puedan presentarse como candidatos.
En materia de seguridad, el informe recomienda "exigir que en los informes policiales figure toda posible motivación racial de los delitos" y celebra que en varios servicios de la Policía y la Guardia Civil funcione un proyecto piloto que incluye esa agravante.
A los medios de comunicación les recomienda establecer mecanismos de regulación, que incluya normas en materia de tolerancia, ya que los códigos de conducta existentes "rara vez se respetan".
La ECRI celebra la creación en 2009 del Consejo para la Promoción y la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, así como la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
También aplaude la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (2009), y el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.
   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.
   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.
   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.
   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  
   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.
   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.
   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.
   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.
   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.
   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.
   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.
   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.