En concreto, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.
La resolución recalca el doble pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado, los días 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, de cara a iniciar un nuevo procedimiento expropiatorio después de que se desistiera de esta vía en junio de 2009, ya que desde entonces "se han dictado sentencias que han incidido sobre la situación que justificó dicho desistimiento".
En este sentido, señala la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros para poder iniciar la expropiación, tanto de los terrenos ocupados por la edificación como el propio inmueble "en la parte que invade la zona de servidumbre" --esto es, en los cien metros de anchura en el tramo litoral--, como la mejor vía para la "recuperación" de este espacio natural.
El Gobierno incide en que la Ley de Costas ampara al Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre en aras de garantizar tanto su integridad física como su uso público, lo que le otorga una "potestad expropiatoria" de los terrenos que invade el hotel de acuerdo con el deslinde firme de 2005.
Si bien el proceso expropiatorio que se inició en julio de 2007 fue desistido dos años después, el Gobierno apunta que con posterioridad se han producido pronunciamientos judiciales que avalarían de nuevo esta vía de cara a derribar el hotel.
Con ello, hace especial alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 confirmó el deslinde de los bienes del dominio público marítimo-terrestre situados en el tramo de costas en el que se sitúan tanto las fincas como el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas que se encuentra sin acabar, por lo que se establecía "definitivamente la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en ese tramo litoral".
"En la franja de terrenos sobre la que se proyecta la zona de servidumbre de protección no es posible la existencia de edificaciones destinadas a uso residencial", recalca el Ministerio para la Transición Ecológica al respecto.
Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo también declaró "con carácter definitivo" que los terrenos sobre los que se sitúa la edificación son suelos "no urbanizable" en base al vigente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el que se incluye. Esta clasificación resulta "incompatible con la existencia de la edificación".
La resolución incide en que la puesta en las diferentes sentencias recaídas han puesto de manifiesto que "la finalización de las obras y la puesta en marcha del hotel ya no serán posibles" puesto que el inmueble se encuentra en terrenos "no urbanizables" dentro del sector ST-1, de acuerdo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, invadiendo además parcialmente una zona de servidumbre de protección.
Sobre este aspecto, el Gobierno central apunta el papel del Ayuntamiento de Carboneras a la hora de ejecutar y cumplir con los pronunciamientos judiciales, en este caso dos en concreto: la reclasificación de los terrenos para que figuren como "no urbanizables" en su PGOU y la revisión de oficio de la licencia de obras que se concedió en 2003 y sobre la que se sustenta el hotel.
Inciden así desde el Miteco que son ya "diversos" los pronunciamientos judiciales han declarado la "antijuridicidad" del permiso de obras por lo que se ha impuesto al Consistorio la revisión de oficio del mismo, "si bien el Ayuntamiento aún no ha procedido a cumplir esa obligación judicial" pese a las sentencias y autos recaídos al respecto.
Para el Gobierno, el Ayuntamiento está "obligado" a anular esa licencia de obras al "contravenir" los pronunciamientos judiciales que sitúan el hotel en terrenos no urbanizables; una postura que desde el Consistorio han matizado siempre a la hora de señalar que su obligación pasa por revisar de oficio la licencia, lo que no implicaría su anulación, según su postura.
"Las administraciones autonómica y local, hasta el momento, no han sido capaces de restituir la legalidad urbanística y medioambiental sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre sobre los que se alza la edificación", han apuntado desde el Gobierno para el que la vía de expropiación se presenta como una alternativa más ágil para restituir el paraje frente al cumplimiento de las sentencias judiciales, algunas de las cuales acumulan hasta cuatro años en su fase de ejecución.
Con ello, han recalcado el "compromiso" del Gobierno con la recuperación de ese espacio dentro del Protocolo General de Colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la Playa del Algarrobico, suscrito en 2011, y cuya última reunión tuvo lugar el pasado 4 de marzo sin que ambas partes llegaran a un acuerdo sobre cómo proceder de forma unitaria para demoler el hotel.
Emplazamiento a la Junta
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha exigido este
martes a la Junta de Andalucía que "se deje ya de una vez por todas de
ambigüedades" y actúe con "contundencia" para que, de manera conjunta,
se pueda demoler la "totalidad" del hotel que se asienta en el paraje de
El Algarrobico, en Carboneras tras el inicio de los trámites
por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para hacerse con
los terrenos y parte del edificio.
Así lo ha trasladado tras
la publicación en el BOE de la resolución para declarar la utilidad
pública de los terrenos que el inmueble de Azata del Sol ocupan sobre el
dominio público marítimo-terrestre de cara a poder iniciar la
expropiación de la mitad de los suelos y del hotel correspondiente a la
zona de servidumbre en la que se asientan.
Fernández ha
reclamado al Gobierno andaluz que afronte con "seriedad absoluta" este
asunto y actúe mediante "hechos", para lo que ve preciso que inicie
también los trámites necesarios para la expropiación del hotel y los
terrenos que este ocupa en el ámbito del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, de competencia autonómica, y así poder efectuar la
demolición "en su totalidad" de esta "aberración urbanística", según la
ha calificado.
También el PSOE
El PSOE de Andalucía ha urgido este martes al presidente de la Junta,
Juanma Moreno (PP-A), a que "dé la cara" y explique la "hoja de ruta"
del Gobierno andaluz para contribuir a la demolición del hotel de El
Algarrobico, ubicado en Carboneras.
Así lo ha
reclamado el secretario de Universidades del PSOE-A, Jorge Ibáñez, en
una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, y al
hilo de la "buena noticia" que, según ha celebrado, se ha conocido este
martes al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "el paso
previo para la expropiación de los terrenos del Algarrobico".
Jorge Ibáñez ha subrayado que, con esta
medida, "el Gobierno de España da un paso adelante y cumple con su
compromiso y con la palabra que dio" su vicepresidenta primera y
secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y a renglón seguido
ha señalado que lo que quieren saber los socialistas andaluces es "dónde
están" tanto el Gobierno y el PP andaluz como su presidente, Juanma
Moreno, que "no paran de marear la perdiz con este asunto, pero no dan
una explicación clara ni nos explican cuál es su hoja de ruta", según ha
criticado.
En ese punto, Jorge Ibáñez ha señalado que este
martes se ha conocido que "el Gobierno de la Junta y sus letrados, tres
días antes de que la vicepresidenta María Jesús Montero anunciara en
Almería el compromiso del Gobierno de España con la demolición del
Algarrobico, remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) un escrito en el que se eximían de cualquier responsabilidad,
dejaban solo al Ayuntamiento de Carboneras y, en otras palabras, daban
una huida o un paso adelante para no tener que asumir ninguna
responsabilidad".
El representante socialista ha denunciado
así que el Gobierno de Moreno "dice una cosa en las comisiones
bilaterales" con el Ejecutivo central "y en privado mandata otra", y se
ha preguntado "qué intereses tiene la Junta de Andalucía en el hotel del
Algarrobico" y "para no obligar a la demolición" del mismo.
En ese punto, ha advertido de que el PSOE-A va a "exigir
responsabilidades al Gobierno de la Junta" y a su presidente, Juanma
Moreno, para que "dé la cara y explique cuál es su hoja de ruta para
este atentado medioambiental", en alusión al hotel del Algarrobico.
Jorge Ibáñez ha criticado que el Ejecutivo andaluz "rechaza lo que
propone el Gobierno de España, pero también cierra la puerta a la
herramienta facilitadora que ha propuesto el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que propone a la Junta que asuma responsabilidad
y, por tanto, que se pueda acelerar el proceso para la demolición" del
hotel, ha abundado.
Así las cosas, el representante
socialista ha insistido en subrayar para concluir que desde el PSOE-A
van a "exigir" al presidente de la Junta "responsabilidades,
explicaciones, y que dé la cara y diga qué intereses tiene para no poner
punto y final a esta etapa de nuestra historia".
Carboneras asegura que aún busca "asistencia técnica"
Finalmente, el Ayuntamiento de Carboneras ha asegurado al Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) que aún trabaja en conseguir
"asistencia técnica" para poder completar los requerimientos exigidos de
cara a declarar los suelos del paraje de El Algarrobico, en los que se
asienta el hotel de Azata del Sol, como "no urbanizables".
Así
lo ha trasladado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (C's), en
respuesta a los requerimientos hechos por la Sala de lo
Contencioso-administrativo, que en febrero le solicitó información
puntual "cada diez días" de los trámites seguidos para dar cumplimiento a
la sentencia que le obliga a la reclasificación de los sectores ST-1 y
ST-2, este último correspondiente con El Canillar, para garantizar la
protección urbanística y medioambiental.
El primer edil
carbonero, que alegó que el Ayuntamiento carecía de arquitecto municipal
en este momento y por ello realizó varias peticiones de ayuda, ha dado
cuenta en su escrito, de la denegación de
la solicitud cursada a la Unidad de Asistencia a Municipios de la
Diputación de Almería para que se redactara un documento técnico de
planteamiento urbanístico conforme a los requerimientos del TSJA "a la
mayor brevedad posible".
Cabe recordar que la Sala solicitó la
corrección de varios aspectos que fueron advertidos tanto por las
organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía para una plena
modificación del plan general de Carboneras, entre ellos, la
"publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de
sentencia en relación a los suelos que se incluyen en el Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar.
En este caso, desde la Diputación se
denegó la solicitud de auxilio realizada el 7 de febrero al tratarse de
un informe destinado a un proceso jurisdiccional en el que la
institución provincial no tiene encomendada ni la representación ni la
defensa del Consistorio carbonero, lo que es "causa de excepción" a la
prestación del servicio solicitado, según expone en un informe técnico
del pasado 19 de febrero.
Pese a ello, el alcalde de Carboneras ha expresado ante el tribunal
su "voluntad inequívoca" para dar cumplimiento al mandamiento judicial,
para lo que ha asegurado que "está pendiente de firma" un convenio con
el Ayuntamiento de Garrucha, ya autorizado al menos por parte del
gobierno local de Carboneras, para encomendar la gestión de funciones en
materia urbanística al arquitecto municipal de este segundo
ayuntamiento.
"Es intención de esta corporación local servir a
los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho,
cumplir con las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y
tribunales y por ello atender al requerimiento efectuado", ha expresado
Hernández en su escrito ante una pieza de ejecución que acumula cerca de
cuatro años de trámites sin que todavía se haya resuelto.
Las
alegaciones formuladas por el representante del Ayuntamiento carbonero,
junto con los documentos remitidos al respecto, han sido puestos a
disposición de la magistrada-ponente María del Mar Jiménez Morera para
que determine, en tal caso, las actuaciones que han de seguirse al
respecto.
En su última providencia, la ponente también instó
al primer edil a que comunicara la identidad de la autoridad o del
funcionario de la unidad que asumirá la prestación con la que se
pretende dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a
conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.
La
Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ya ha emitido varios
requerimientos al Ayuntamiento para corregir las deficiencias detectadas
en la adaptación de su planeamiento urbanístico que impiden declarar de
forma efectiva como "no urbanizables" los terrenos de El Algarrobico,
en los que se asienta el hotel de Azata, y El Canillar.
Los
demandantes entendían que el Ayuntamiento se había limitado únicamente a
llevar el contenido de la sentencia, que le obligaba a declarar no
urbanizables los suelos, a los instrumentos técnicos del planeamiento
sin de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales
correspondientes.
Otro de los aspectos que solicitaba el TSJA
era hacer desaparecer la inclusión de 'El Canaillar' como suelo
urbanizable vigente, así como otras menciones ligadas a este aspecto.
Los colectivos ecologistas han recalcado que se cumplen ya "cuatro
años" desde que se inició la tramitación de la pieza de ejecución
destinada a modificar el PGOU "sin que el Ayuntamiento de Carboneras
haya mostrado interés en cumplir la sentencia".
Así, desde
Greenpeace se instó al tribunal a que fuera el propio TSJA el que
ejecutara la sentencia "dado el tiempo transcurrido" así como "los
subterfugios utilizados" por el Ayuntamiento, el cual "no ha cumplido
absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el
hotel".
Para la organización, la concatenación de hechos le
lleva concluir que el Ayuntamiento de Carboneras "no va a cumplir la
citada sentencia", por lo que cree preciso que sea la Sala la que la
lleve a cabo, si bien desde la misma da por oída a la parte y se atiene a
la providencia a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con los pasos
requeridos.
