MADRID.- El Gobierno y Bruselas han llegado a un principio de acuerdo sobre la Ley
de cajas, que permitiría a estas entidades mantener el control de los
bancos a los que traspasaron su negocio financiero pero, a cambio,
tendrán que rendir mayores cuentas a la Comisión Europea.
Fuentes financieras han precisado que cuanto mayor
sea el poder que tenga la caja en el banco, mayores serán las exigencias
de Bruselas, especialmente en el control del gobierno corporativo y en
materia de transparencia.
Por otra parte, fuentes parlamentarias han señalado que la Ley también recogerá que las competencias de supervisión se cederán a las comunidades autónomas, "al margen de que el Gobierno determine las reglas del juego".
El Ejecutivo ya tiene preparado el documento, que podría salir a
audiencia pública esta semana, dado que aún se están negociando "algunos flecos",
y está previsto que se apruebe entre junio y julio, una vez haya
superado todos los trámites parlamentarios, según han informado a Europa
Press fuentes del sector.
En diciembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya
avanzó que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas que las cajas
sanas pudieran conservar su participación mayoritaria de capital en los
bancos a los que habían dado origen.
También manejaba otras ideas, como que las cajas operen sólo en
áreas reducidas y con límites sobre su actividad, que en caso de
sobrepasar implicaría su transformación en fundaciones bancarias.
Además, estudiaba medidas de gobierno corporativo como introducir
la figura de vocales independientes y aplicar reglas de
incompatibilidad, limitaciones a participaciones en la Administración
pública y reforzamiento de requisitos de conocimiento y experiencia.
La nueva normativa afectaría especialmente a La Caixa, Kutxabank, Ibercaja y Unicaja. En este grupo podría estar incluida Liberbank, pese a que contará con capital público.
El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España
exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas,
reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no
mayoritario.
Sin embargo, el Gobierno defiende que las cajas que han
transferido su negocio bancario a un banco se transformen en fundaciones
bancarias para seguir manteniendo ese control.
En este sentido, quiere que, a la hora de llevar a cabo la reducción de poder, ésta se haga en plazos "suficientemente dilatados"
para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". Una vez que
las cajas se hayan convertido en fundaciones ya no se les aplicará la
obligación de renunciar al control de los bancos que crearon.
