BRUSELAS.- La Comisión Europea ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia con el objetivo de supervisar si los Estados miembros realizan suficientes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bruselas pretende lograr un mayor compromiso político de los Gobiernos en el combate contra este delito, que tiene un coste anual de 120.000 millones de euros para la economía de la UE (el 1% del PIB).
"La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.
El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.
Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".
El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.
La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.
En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.
