miércoles, 25 de abril de 2018

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.
Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.
Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.
Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".
Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.
Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.
Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".
Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.
Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.
"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".
Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".
En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".
Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.
Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".
Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.
El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.
El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 
Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 
El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 
Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 
El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 
 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 
Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 
En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 
Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 
Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 
Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.
 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 
También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 
En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».
Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 
«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.
La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 
Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.
Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.
También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 
De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.
Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.
El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.
El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 
En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.
Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.
La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".
En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 
Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 
También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 
"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".
La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 
La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".
Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 
Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.
Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".
La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 
En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 
"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 
En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.
Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 
Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.
 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.
La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 
Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 
La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 
En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.
Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 
Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 
De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.
Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 
Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.
Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.
Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.
El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.
Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 
Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.
El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.
Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 
Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 
Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.
Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.
Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 
Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).
En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 
Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.
Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.
Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

España en su burbuja / Sandra León *

Debatimos estos días sobre la burbuja especulativa que está disparando el alquiler de vivienda en algunas ciudades. Pero hay burbujas de otro tipo y más preocupantes. Me refiero a la forma en que conviven distintos grupos en el ámbito político, mediático y socioeconómico de este país. Comunidades herméticas replegadas en su burbuja que, en conjunto, conforman un mapa social lleno de fracturas.

La burbuja política es el efecto de un debate dominado por el relato partidista y tribal, asentado sobre la identidad de grupo —ya sea el partido, la nación o la patria— y su sesgo característico: aplaude al tuyo y culpa al otro. Son relatos impenetrables a la razón. Argumentarios impermeables ante el fracaso o la mentira.

La segunda es la burbuja de las redes sociales, el eco mediático de ese relato político. Cuando consumimos información no somos neutrales. Lo hacemos con lentes ideológicas, incorporando la evidencia que confirma nuestra visión del mundo. Por eso las redes sociales son una cámara de resonancia ideal para reafirmar los sesgos de cada uno.

La tercera es la burbuja socioeconómica. La que encapsula a los ciudadanos en realidades desiguales en la salida de la crisis. Una es la de quienes cuentan con más ingresos y formación, ahorran, creen en el esfuerzo personal y la meritocracia y se mueven en un entorno que apenas conoce el paro. Muy diferente a la de quienes llegan justos o no llegan a fin de mes, están menos formados, tienen más probabilidad de convertirse en precariado, viven en un entorno más castigado laboralmente y creen en mayor medida que el éxito depende de los contactos y la familia.

Esos dos grupos se han distanciado en el último año: los primeros llegan un poco mejor a fin de mes y los segundos un poco peor, según el CIS. Nada augura el cierre de esa brecha. Sobre todo si la inversión en educación sigue aupando a la escuela concertada frente a la pública, cristalizando el impacto de la clase social en el éxito educativo.

España es una sociedad encapsulada en sus fracturas, alimentadas por la polarización política y la desigualdad social.
 
 
(*) Politóloga