martes, 24 de julio de 2012

Inspectores de la Agencia Tributaria investigan la sede del grupo hotelero Citymar, en Roquetas


ALMERÍA.-   Inspectores de la Agencia Tributaria, apoyados por agentes de la Guardia Civil, han practicado un registro en la sede del grupo hotelero Citymar perteneciente al empresario catalán Miguel Rifá en el marco de la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería ante posibles delitos relacionados con el fraude y que se mantiene abierta. 

   Fuentes judiciales y de la investigación han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que, entre las actuaciones practicadas hasta el momento, se incluye un registro efectuado este lunes en la sede social del grupo empresarial, si bien se estima que existen más sociedades mercantiles investigadas.
   En este sentido, dichas fuentes apuntan a que la investigación implicaría a varias personas, entre ellas otros empresarios que comparten sociedades con Rifá, si bien hasta el momento no hay detenidos ni imputados por la causa.
   Los inspectores y los agentes permanecieron en la sede del grupo hotelero, ubicada en Roquetas de Mar hasta últimas horas de la tarde, donde efectuaron un profundo registro en compañía del presidente de la sociedad.

Denuncian ante Fiscalía al alcalde de Fines por presunta prevaricación al construir una plaza

ALMERÍA.- Los miembros del grupo municipal del PSOE de Fines han registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial en la que solicitan que se abran diligencias contra el alcalde del municipio, Rodrigo Sánchez (PP), ante un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos que, según denuncian, es utilizada por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza. 

   Según consta en la denuncia, el solar en el que se construye la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.
   En su escrito, los denunciantes aseguran que la técnico municipal "refirió verbalmente que no existe ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte, un documento interno de la institución provincial --encargada de la financiación de la actuación-- reconoce que las obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente".
   Así, explican que tras paralizar las obras a requerimiento de la Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara". Con esto, la denuncia ahonda en que la obra desarrollada "pasa a aprovechamiento privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenece a la hermana del regidor.
   En este sentido, señalan que la pared medianera del restaurante con la zona verde fue objeto de obras para crear cinco ventanas y una puerta mientras que en la que linda con la zona de equipamiento municipal se abrieron agujeros para salidas de aire y dos puertas, "todo ello no pudiendo haberse ejecutado y habiéndose permitido por el Ayuntamiento de Fines", sostienen.
   Ante esto, denuncian también que se realiza un uso de una "obra inacabada, vallada por el constructor y en la que se han colocado mesas, sillas y una alfombra verde de césped artificial". A todo esto, añaden que los tres locales contiguos a la zona verde tienen como administrador único al hermano del alcalde, si bien él mismo "también es socio", según indican, antes de referirse al "uso privativo" que se realiza de la plaza por parte de los negocios que ahí se ubican.

La Junta limita retribuciones de directivos y reduce vehículos oficiales

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un conjunto de medidas de ahorro de gastos y aumento de ingresos para dar cumplimiento al Plan de Reequilibrio Financiero, entre ellas, el establecimiento de topes para las retribuciones del personal directivo de las entidades del sector público y la reducción de la flota de vehículos asignados a los altos cargos de la administración, que pasarán de unos 200 actuales a entre 30 y 40, con un ahorro anual previsto de unos tres millones de euros. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que estas medidas se enmarcan en el compromiso de la Junta de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido para las comunidades. Las medidas aprobadas en este martes, según ha apuntado, no suponen alteración alguna en las cifras actuales del plan de ajuste, sino que representan el compromiso del Ejecutivo de seguir avanzando en el cumplimiento del mismo.  
   Las medidas se enmarcan en tres áreas: mejora de los ingresos; racionalización del gasto e intensificación de las labores de información de la Junta.  
   En el ámbito de la optimización de ingresos, la Consejería de Hacienda y Administración Pública desarrollará un plan de lucha contra el fraude fiscal e introducirá medidas para asegurar el máximo aprovechamiento de los fondos europeos, además de mejorar los mecanismos de remisión de información para facilitar el seguimiento de las medidas de ajuste.
   En este sentido, el acuerdo del Consejo de Gobierno dispone que la Agencia Tributaria de Andalucía elaborará, en el plazo de dos meses, un plan de lucha contra el fraude fiscal. Sus acciones, que posibilitarán una recaudación adicional de entre 15 y 20 millones, se centrarán especialmente en los impuestos de Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, el control de la recaudación y el reintegro de subvenciones e ingresos derivados de procedimientos sancionadores.
   De igual modo, la Junta pondrá en marcha medidas para acelerar al máximo la recepción de fondos europeos. Con este fin se agilizará la ejecución de gastos cofinanciados y se mejorará la verificación y certificación de subvenciones y ayudas, con una previsión de asegurar la recepción 500 millones de euros este año.
   En cuanto a la reducción del gasto, en lo que se refiere al personal directivo de las entidades del sector público andaluz, las retribuciones íntegras de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección (contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad) no podrán superar, en cómputo anual, las siguientes equivalencias de la administración autonómica: personas titulares de viceconsejerías y asimiladas para aquellos altos cargos y directivos de entidades con más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a los 500 trabajadores; direcciones generales y asimiladas en el caso de entidades con más de 50 millones de euros o 50 trabajadores; subdirecciones o coordinaciones generales en relación a las de más de cinco millones de presupuesto o plantillas superiores a los 10 empleados, y jefaturas de servicio para las de dimensiones inferiores.
   El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual superior a las que corresponden a las personas con funciones de máximo nivel en su entidad.
   Las dos medidas adoptadas en este ámbito supondrán un ahorro anual de 2,7 millones de euros, según ha expuesto Martínez Aguayo.
   Asimismo, en este mismo capítulo de reducción de gastos, la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la administración autonómica se limitará a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados.
   El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros. La consejera ha concretado que será un ahorro "indirecto" porque si los actuales vehículos salieran a la venta apenas tendrían valor en el mercado.
   No obstante, según la consejera, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta.
   Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica. El objetivo es rebajar en un 25 por ciento la cuantía total destinada a estas operaciones.
   En cuanto a la intensificación de las labores de información de la Junta, cuando lo requiera la normativa de estabilidad, las consejerías y sus entidades estarán obligadas a elaborar planes económico-financieros en los que se especificarán las medidas de racionalización de gasto y optimización de ingresos.
   Estas medidas deberán ser coherentes con las previstas en el Plan Económico Financiero de la Junta y sus normas de desarrollo.
   Asimismo, se recoge la mejora de los mecanismos de remisión de información económica y financiera, tanto de las distintas entidades del sector público a la Consejería de Hacienda y Administración Pública como desde la Junta de Andalucía a la Administración General del Estado. En este último punto, se establece la centralización del envío de datos y se designa a la Intervención General como órgano competente para ello.

La Junta no tiene intención de recurrir al fondo de liquidez autonómico

SEVILLA.- La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado este martes que la Junta, "en estos momentos", no tiene intención de recurrir al fondo de liquidez autonómico creado por el Gobierno de la Nación. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera ha indicado que la Junta tiene operaciones en marcha en el mercado de la deuda, que si culminan razonablemente no se tendrá por qué acudir a dicho fondo. No obstante, ha indicado que sería muy presuntuoso por su parte, tal y como está el mercado financiero, hacer afirmaciones más rotundas.
   Para la consejera andaluza, sería muy razonable que el Gobierno de la Nación, en un momento en que hay una dificultad objetiva por parte de todas las administraciones para acudir al mercado de la deuda, planteara un mecanismo normalizado de auxilio a las comunidades autónomas para obtener liquidez, como tienen establecido países como Alemania.
   En cambio, ha indicado que encima de la mesa se ha puesto un mecanismo (el fondo de liquidez) que, tal y como se diseña, parece que lo que busca es "señalar a las comunidades como si fueran las culpables de no poder acudir al mercado de la deuda" e "invadir" sus competencias.
   Ha insistido en que la Junta no está de acuerdo con ello y que el Estado debería plantear un mecanismo "normalizado" en un momento en que hay dificultades objetivas para todas las comunidades.      
   Asimismo, Martínez Aguayo ha explicado que existe una autorización para que Andalucía pueda emitir unos 2.200 millones de euros y que parte se está colocando. Ha aludido a las dificultades que actualmente hay en el mercado de la deuda para que cualquier administración puede obtener liquidez en el mercado.
   Aguayo ha lamentado que, sin embargo, haya habido declaraciones continuas de responsables del Gobierno de la Nación poniendo en cuestión la solvencia de Andalucía, que tiene niveles de endeudamiento muy por debajo de la media de comunidades autónomas.
   "Nosotros no necesitamos ayuda, sino simplemente que se dé una imagen fiel de nuestra comunidad autónoma y no se siempre dudas sobre su solvencia", ha indicado la consejera, quien ha demandado también al Gobierno que aquellas autorizaciones que tiene preceptivamente que solicitar sean respondidas con la prontitud que requiere este asunto.
   Ha querido dejar claro que Andalucía es capaz todavía de ir a los mercados y obtener propuestas de endeudamiento y ha insistido en la necesidad de que las declaraciones del miembros del Gobierno o decisiones de éste no entorpezcan el camino de las comunidades en este aspecto.

El Gobierno habilitará una línea ICO de 266 millones de euros para empresas turísticas

PALMA.- El Gobierno habilitará una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 266 millones de euros, que irá destinada empresas turísticas, según ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Consolat de Mar, tras la firma de un convenio entre la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) y el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

   En rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha detallado que ésta se llevará este viernes al consejo de Ministros para su aprobación. La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho.
   La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho. Según han afirmado desde el Gobierno, para acceder a la misma, las zonas de reconversión tendrán trato preferente.
   Soria ha firmado este martes el convenio de colaboración la ATB y (Turespaña), el cual permitirá el intercambio de información para la coordinación entre ambas instituciones y el fomento de la marca España, como paraguas para las autonomías.
   Por otra parte, el ministro ha reconocido que "cuando se pueda bajar el IVA, lo bajaremos ya que no está en nuestro ideario político" y ha admitido que se ha tenido que tomar esa decisión por "responsabilidad".
   "Al Gobierno no le gusta subir las tasas aéreas y las hemos subido, al Gobierno no le gusta subir el IVA y lo hemos subido" pero debe hacerse "por responsabilidad".
   Así, ha reincidido en que "toda la política económica está centrada en el cumplimiento del déficit público" porque --ha completado-- "mientras no se cumpla ese objetivo va a ser muy difícil que se restablezca la confianza en la economía".
   Durante su estancia en la capital balear, Soria ha participado en una reunión de trabajo en el Consolat de Mar, a la que han asistido el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, el consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, y, los presidentes de los consejos insulares, Maria Salom (Mallorca), Tadeo Florit (Menorca), Vicent Serra (Ibiza), y Jaume Ferrer (Formentera).

Unas nueve empresas optan a construir el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería

ALMERÍA.- Un total de nueve empresas se han presentado para llevar a cabo la construcción del Centro de Interpretación Patrimonial de Almería, según ha constatado la mesa de contratación, que ha procedido este lunes a la apertura del sobre B, de referencias técnicas. Tras comprobar que cada una de las propuestas cumplía con los requisitos, el siguiente paso será el estudio por parte de los servicios técnicos municipales que deberán emitir un informe. 

   Según informa el Consistorio en una nota, en las próximas semanas se realizará la apertura del sobre C, de ofertas económicas, y en breve se podrá conocer qué empresa es la adjudicataria para llevar a cabo este proyecto. Este Centro de Interpretación Patrimonial, que estará ubicado en la antigua 'Casa del Policía', en la Plaza Vieja, será ejecutado a través del Plan Urban, cofinanciado en un 70 por ciento por fondos Feder de la Unión Europea y en un 30 por ciento por el Ayuntamiento de Almería.
   El importe de licitación asciende a 609.961,19 euros y su plazo de ejecución ha quedado establecido en 12 meses. El Centro de Interpretación Patrimonial, destinado principalmente a la difusión del patrimonio de la ciudad, tendrá una superficie construida de 627,20 metros cuadrados y las obras comprenden la rehabilitación de la fachada y soportales del edificio existente, la construcción de un centro de nueva planta y la conexión con la recientemente inaugurada Casa Consistorial.
   El centro albergará una recepción-administración, sala de proyecciones y conferencias, salas de difusión, zonas de administración, aseos, almacenes, cuartos de residuos y otras instalaciones. El consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, ha explicado que "este nuevo equipamiento contribuirá a poner en valor nuestro patrimonio y a dinamizar el sector del turismo cultural, en un enclave singular de la ciudad, como es la Plaza Vieja y además será un edificio que se convertirá en un referente, con un modelo constructivo que combina la rehabilitación y la obra nueva, con criterios de modernidad, integración en el entorno, aportación a la ciudad y diseño bioclimático que contribuirá al ahorro energético en su construcción, uso y mantenimiento".