Un sector del PP contrario a Arenas espera que renuncie a ser presidente

MADRID.- Un núcleo de dirigentes salidos del pasado Congreso Nacional del PP de Sevilla espera que el presidente regional y reciente candidato a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, aproveche mañana la reunión del Comité Ejecutivo Nacional para presentar su dimisión como presidente del PP andaluz, cuando en el primer punto del orden del día de la reunión se discuta el resultado de los comicios autonómicos, informaron esta noche fuentes de la dirección popular.

   El resultado de las elecciones autonómicas en las que la candidatura de Javier Arenas ganó las elecciones, pero muy lejos de la mayoría absoluta que pronosticaban todas las encuestas, han hecho aflorar de nuevo las tensiones ocultas entre diversos sectores en el PP y que ya se pusieron de manifiesto en el reparto de poder en el Congreso Nacional, en la que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, salió muy fortalecida.

   Ahora, tras las elecciones andaluzas, mientras diversos dirigentes consideran que Javier Arenas debería tener un mayor papel en los asuntos del partido, desde la vicesecretaria de política territorial, con una mayor presencia en Madrid, otros lo cuestionan e incluso consideran que debería renunciar a sus cargos orgánicos en Andalucía. En este sentido esperan que lo haga mañana en la reunión de la Ejecutiva.

   Los contrarios al líder popular andaluz critican también que haya dirigentes populares que estén cuestionando la dirección surgida del reciente congreso nacional del partido, celebrado los días 17, 18 y 19 de febrero en la capital hispalense.

   Asimismo, lamentan que se explique el resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo por cuestiones ajenas a Andalucía, como las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que no se aprovecharan los ERES y que por el contrario no se tenga en cuenta el rechazo al candidato por parte de las andaluzas después de cuatro elecciones perdidas.

El barco del desierto, un buque insignia para la causa saharaui

ALMERÍA.- Hay un barco varado en el desierto de la Hamada argelina, en los campos de refugiados de Rabouni y a cientos de kilómetros del puerto más cercano, en un lugar que, como ocurre con el pueblo saharaui, no le corresponde. Un sitio que no es su sitio, recuerda hoy 'El Mundo'.

Es el 'barco del desierto', según le ha bautizado un grupo de españoles que ha ideado un proyecto para convertirlo en un museo itinerante del arte de este pueblo y, a su vez, en el buque insignia de su causa humanitaria y política, con el que pretenden salir de los campamentos de refugiados para "repartir dignidad en cada uno de los puertos europeos en los que atraque".

Su objetivo también es reivindicar el cumplimiento de la legalidad internacional y "romper el muro de silencio del que es víctima al pueblo saharaui", expulsado de su propia tierra.

Para ello, ya se ha creado la Asociación de Amigos del Barco del Desierto, que preside el teniente coronel de aviación y abogado de Greenpeace José Ignacio Domínguez, y del que también forman parte un grupo de artistas saharauis encabezados por el pintor Moulud Yeslem, quienes llevarán su obra a los puertos europeos. Y es que el proyecto intenta también llamar la atención sobre el olvido del arte saharaui y de sus artistas, quienes no pueden dar a conocer su obra porque están atrapados y encerrados en un desierto, lejos de su patria. Pero la asociación está también abierta a otras colaboraciones.

El Gobierno saharaui ya ha donado el barco, de 12 metros de eslora y provisto de dos potentes motores que, paradójicamente, jamás ha navegado -está sin estrenar y sin matricular- desde que a finales de los años 70 fuera regalado al Frente Polisario por Muamar el Gadafi y trasladado desde Roma, donde fue construido, hasta el desierto africano.

La idea de la asociación es trasladar después del verano el 'barco del desierto' en barco desde el puerto de Orán hasta Alicante y, a continuación, hasta Garrucha o Carboneras, en Almería, donde será reparado y botado para, a continuación, recorrer distintos puertos españoles, como Cádiz, Valencia, Barcelona, Bilbao o La Coruña, antes de dirigirse hasta su objetivo fundamental, Estrasburgo, a través del Ródano, los canales que lo conectan con el Rin, hasta llegar a la sede del Parlamento Europeo.

En el barco del desierto viajará una familia saharaui, un matrimonio con uno o dos hijos. Una familia que nunca ha visto el mar, aunque sus antepasados faenaran sus aguas y vivieran de él, y que representará a su pueblo en los distintos puertos del recorrido. Además de pinturas, esculturas y otras muestras artísticas saharauis, en la embarcación viajarán cartas y dibujos de miles de niños de este pueblo, que serán entregados a los parlamentarios europeos.

El proyecto del barco del desierto pretende que para el pueblo saharaui, cada puerto será una etapa, donde se organicen actos por las asociaciones solidarias a lo largo de varios días para festejar su visita, como charlas en las escuelas o intercambio de dibujos solidarios. La intención es que cada recibimiento se convierta "en una exigencia de la ciudadanía hacia los gobernantes de todo el mundo, para que cumplan el Derecho Internacional respecto al Sáhara Occidental", explica José Ignacio Domínguez.

Toda la aventura del barco del desierto será grabada para realizar un documental que ayudará a sufragar la aventura y a hacerla llegar a todos los rincones del mundo. La asociación también pretende nombrar como madrina de la embarcación a una mujer de relevancia internacional, una cuestión que considera fundamental para el éxito y el eco mediático del proyecto.

La crisis retira 10.000 camiones y furgonetas al año de las carreteras valencianas

VALENCIA.- La caída del consumo y el hundimiento del sector del transporte, unido al aumento de gastos como el del gasóleo (que ha subido casi un 60 % en tres años), ha provocado una drástica reducción del número de camiones y furgonetas censados en la Comunitat Valenciana. Entre los años 2008 y finales de 2011, han pasado de 543.384 a 512.679. Es decir, la crisis se ha llevado por delante 30.705 camiones y furgonetas. La cifra equivale a 10.000 vehículos por cada año de crisis; 27 camiones y furgonetas menos por día; más de uno por hora, según publica el diario 'Levante'. 

Esta es la respuesta física a datos como el conocido la semana pasada: el tránsito de mercancías de las empresas valencianas se ha situado al nivel de los años noventa después de que la actividad del sector cayera otro 8,5 % en 2011.

¿Y adónde han ido a parar estos vehículos de transporte? «La mayoría se está vendiendo al extranjero, sobre todo a África y a Europa del Este, y muchas veces se venden casi a precio de chatarra. Porque los problemas económicos de muchos autónomos les obligan a vender su camión como sea y abandonar el sector», explica Juan José Ramírez, presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos (Asovaltra).

 Las estadísticas de la DGT ponen cifras a este fenómeno. Si de las bajas de camiones y furgonetas del año 2006 menos de un 6 % iban a la exportación o al tránsito comunitario —venta al extranjero o a la UE—, en 2011 hubo un 23 % de bajas derivadas de la venta al extranjero de esta clase de vehículo pesado. En total, el año pasado se vendieron 3.744 camiones y furgonetas de la Comunitat Valenciana a países del extranjero (en 2006 se vendieron fuera 1.006). Así pues, se ha cuadruplicado en cinco años el porcentaje de camiones y furgonetas que se dan de baja por venderse en el extranjero.

Juan José Ramírez explica que «hay muchos camiones rígidos, de 12 a 14 toneladas, que en su día costaron 40.000 euros y que se están vendiendo por 3.000 euros (carrocería incluida) a países como Marruecos o Mauritania». ¿Por qué? Porque la venta del camión es «una forma rápida de conseguir algo de dinero» en casos en los que el autónomo «se ha visto sin poder cobrar deudas que arrastraba con empresas en concursos de acreedores (especialmente en el sector de la construcción) y que no tienen un colchón económico ni posibilidad de acceder a crédito de los bancos», agrega Ramírez.

El presidente de Asovaltra añade que la venta del camión es inevitable cuando un transportista autónomo ve que los gastos que le supone el camión le están ahogando. Porque el vehículo no puede dejarlo parado. «Si un camión lo dejas parado, lo primero que pasa es que se devalúa. Después, si no puedes guardarlo en un parking y lo has de tener aparcado en un polígono industrial, te empiezan a robar piezas. Y como usar el camión te cuesta dinero, muchos optan por venderlo, al dinero que sea, y acabar así con los gastos», dice. Y cuando se habla de gastos, sólo los camioneros conocen la magnitud de la tragedia.

Gasóleo: alcanza 1,43 euros por litro y un camión consume entre los 24 y los 28 litros a los cien kilómetros.

Seguro: un camión lleva el seguro de la cabeza tractora, el del semirremolque, uno de responsabilidad civil por si la mercancía se cae, y otro por si le roban o se pierde la carga. En total, cuatro seguros mínimos que cuestan unos 2.000 euros al año. Mantenimiento: cada dos años hay que cambiar las ruedas, y a un precio medio de 300-350 euros por rueda, con 18 neumáticos que tiene un tráiler, cuesta unos 6.000 euros. Y el cambio periódico de aceite y filtros ronda los 350 euros.

Reparaciones: son tan caras que, cada vez más, hay transportistas autónomos que no pueden pagarlas (ni menos aún acceder a créditos bancarios) y tienen que deshacerse del camión por este motivo, porque cada dos años (cuando renuevan su Tarjeta de Transportista) han de pasar la ITV y deben tener el vehículo perfectamente en regla.

Con todo, un camionero autónomo (que además se paga la Seguridad Social) necesita, de media, «unos 1.700 euros al mes» como mínimo para funcionar. «Si no va a facturar ni eso, o no le van a pagar o le van a pagar muy tarde y no puede aguantar sin liquidez, compensa más quedarse en casa y vender el camión», explica el presidente de los camioneros autónomos. Y eso es lo que está pasando.

Pero también las empresas sufren: durante la crisis ha desaparecido el 15 % de las empresas de transporte por carretera (unas 19.000 en toda España). Los carriles derechos de las autovías están cada vez más vacíos. Suenan menos bocinazos de saludo entre camioneros y entre transportistas de furgonetas. Y sus vehículos están siendo víctimas de una emigración forzosa, un exilio de no retorno.

Más de 3.400 cooperativas y 53.000 empresas son socias y clientes de Cajamar

ALMERÍA.- La fuerte vinculación de Cajamar con el mundo rural, agrario y cooperativo se demuestra en sus cifras. La entidad almeriense cuenta ya con más de 3.400 cooperativas y 53.000 empresas como socias y clientes, que durante el último año ha incrementado en un 11% la inversión crediticia al sector cooperativo, en un 31% la destinada a las cooperativas agroalimentarias y en un 37% la concedida a las pymes cooperativas, revela hoy el 'Diario de Almería'.

Estas raíces se observan en la colaboración de la primera cooperativa de crédito de España con el mundo agrario y rural para la financiación de proyectos empresariales, la oferta de servicios financieros a toda la población y las actuaciones de carácter social, cultural y de investigación que han sido subvencionadas a través de su fondo social. 

Para continuar con el apoyo a las zonas rurales de Andalucía, en general, y de los Grupos de Desarrollo, en particular y conscientes de que el esfuerzo conjunto puede contribuir a fortalecer la dinámica emprendida, Cajamar ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez, rubricado por el director de Negocio de la Dirección Territorial Suroeste de Cajamar, Miguel Lázaro Plaza, y la presidenta del GDR Campiña de Jerez, Susana Sánchez Toro, con horizonte temporal 2012-2015.

Merced a este acuerdo, el GDR contará con el apoyo financiero de Cajamar para la gestión de la segunda fase del programa europeo de desarrollo rural con cargo a los fondos Feader hasta 2015 y disfrutará de otras contraprestaciones como el apoyo con productos y servicios y materiales propios de la red de oficinas de la entidad financiera almeriense.

El PP reduce los plazos de la Ley de Estabilidad para aprobar y aplicar ajustes

MADRID.- Las enmiendas presentadas por el PP al articulado del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirán reducir los plazos en los que las administraciones públicas deberán aprobar los planes económico-financieros o de reequilibrio para corregir los desajustes de sus presupuestos, así como acortar el tiempo en los que se deberán redactar los informes de seguimiento, y también ampliarán los supuestos que dan lugar a la aplicación de medidas coercitivas por parte del Estado.

   Estas enmiendas serán incorporadas previsiblemente al proyecto de ley el próximo martes en la ponencia de la Comisión de Hacienda encargada para revisar el texto.

   El Grupo Popular introduce varias modificaciones en el artículo que hace referencia a la tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio que deberán redactar las administraciones públicas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, incluyendo los que se hayan aprobado a lo largo de 2012.

   Así, las administraciones dispondrán finalmente de dos meses (en lugar de tres) para aprobar estos planes una vez se constaten los incumplimientos, y tendrán que poner en marcha las medidas de ajuste en un máximo de tres meses en lugar de cuatro. El objetivo es, según se justifica en la propia enmienda, "acelerar la corrección" de los desajustes.

   Por otra parte, también se acortan los plazos para elaborar los informes de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio, y los plazos para aplicarse las medidas coercitivas previstas en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

   En concreto, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio en lugar de cada seis meses como se recoge en el proyecto de ley, y las desviaciones que se prolonguen durante dos semestres darán lugar a medidas coercitivas. En el caso de las corporaciones locales, los informes de seguimiento serán semestrales en lugar de anuales.

   Asimismo, la falta de remisión del informe de seguimiento o su valoración desfavorable serán motivos, junto al incumplimiento de los planes de ajuste, para aplicar las medidas sancionadoras, que pasan por la constitución de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento del PIB nominal de la administración sancionada que se transformará en una multa coercitiva si se mantiene el incumplimiento durante seis meses.

   Por otra parte, los 'populares' introducen un nuevo apartado en la disposición adicional primera de la normativa para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos presenten, trimestral y anualmente respectivamente, un informe de sus interventores sobre la ejecución de los planes de ajuste.

   Además, se da capacidad al Ministerio de Hacienda para seguir la implementación de las medidas de reequilibrio y para informar al departamento de Economía sobre este asunto, e incluso podrá recomendar actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado cuando los informes de seguimiento recojan riesgos para garantizar el reembolso de operaciones de endeudamiento concertadas por comunidades y corporaciones locales.

   De esta manera se pretenden garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligación de pago a proveedores. En relación a este último punto, también se excluye explícitamente al fondo de pago a proveedores del artículo que recoge el principio de responsabilidad y según el cual el Estado no asume ni responde por ningún compromiso adquirido por otra administración.

   El resto de las enmiendas presentadas por el PP, hasta un total de 28, se refieren a aspectos técnicos y clarificaciones del texto del proyecto, la precisión de que por estabilidad presupuestaria se entiende el equilibrio o superávit en las cuentas, y la vinculación entre los marcos presupuestarios y los programas de estabilidad.

   Con respecto al punto de la discordia con los socialistas --el límite del cero por ciento en el déficit estructural y su ampliación al 0,4 por ciento sólo en casos excepcionales--, el PP enmienda el texto para que rece: "Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

   Además, incluye un nuevo párrafo al articulado para precisar que se entenderá por 'recesión económica grave' lo mismo que define la normativa europea y, en todo caso, "será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional".

Según prevé el Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria entrará en vigor el próximo mes de mayo. Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de este jueves de las cuatro enmiendas de devolución presentadas contra el proyecto por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), BNG, ERC y CiU, el texto pasará el martes al proceso de ponencia, donde un grupo de diputados de todas las fuerzas políticas presentes en la Comisión de Hacienda redactarán, a puerta cerrada, un informe en base al texto remitido por el Plenario y a las enmiendas parciales que se acepten de entre las más de 200 que se han presentado.

   El documento deberá estar listo a final de semana para que el lunes 9 de abril pueda ser debatido en la comisión del ramo, junto con las enmiendas parciales que aún queden vivas. Tras votar, se emitirá un dictamen, con los cambios que se hayan aceptado, que se remitirá de nuevo al Pleno de la Cámara baja, que lo someterá a consideración el jueves 12.

   El texto que se apruebe se remitirá entonces al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

¡Yo aviso! / Carlos Gorostiza *

Aviso a Seat, Renault, Vw, Ford, Opel… de que he reparado mi viejo coche y que ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso al BBVA, Santander, La Caixa, Kutxa…de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé, Campofrío, Henkel, Fairy, Ariel... de que me he convertido en un experto en marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro.

Aviso a El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel, Hispanitas....de que ya solo compro ropa en outlets o en rebajas. Ah! y que conozco todas las modistas de arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia… de que me acostumbré a conducir despacio cuando la limitación a 110 y que ahora paso de largo por muchas gasolineras. Y, por supuesto, en los viajes largos uso el bus.

Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Mediaset, Euskaltel y Movistar que la TV de pago ni siquiera la tengo como opción y que he descubierto que se vive perfectamente sin comprar todos los días todos los periódicos. Aviso a las cadenas Barceló, Sol, Zenith, Meliá… de que ya he reservado plaza en un camping para este verano en lugar del hotel de playa de los pasados años.

Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas con las que, sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de consumidores. Porque -señores- no olviden que austeridad es NO COMPRAR.

Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación porque tal vez las necesiten para cavar con ellas la tumba de los negocios que hasta ahora les hicieron ricos.

Quien paga sueldos nimileuristas no puede ser tan tonto como para creer que el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es obvio. Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente habrán destrozado para entonces.

Aviso de que mi huelga particular empezó antes del 29 y que se prolongará mucho después. ¿Y la de usted?

(*)  Político vasco