SEVILLA.- La Junta de Andalucía modificará en 3.500
millones de euros el presupuesto de la Comunidad para 2012, en concreto
aumentando en 1.000 millones la previsión de ingresos y reduciendo en
2.500 millones diversas partidas de gasto de las cuentas andaluzas, a
través de medidas "reversibles y temporales", entre las que ha citado la
subida en los tramos autonómicos del IRPF y la reducción salarial en la
Administración Pública, que afectará a altos cargos y empleados
públicos de la Junta.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen
Martínez Aguayo, ha explicado este plan económico-financiero de la Junta
de Andalucía para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento y
que la consejera argumenta que es "efecto de los recortes planteadas
desde el Estado", se va a remitir esta misma tarde al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Incluye, entre otras medidas, el "ajuste" en un cinco por
ciento del sueldo de presidente de la Junta, consejeros y
viceconsejeros, así como una bajada en los complementos y retribuciones
de carácter variable de los empleados públicos, tanto funcionarios como
interinos, en aras de "minimizar el impacto en el empleo público y
evitar una pérdida", para lo cual se articula una batería de medidas.
También habrá un aumento de 35 a 37,5 horas en la jornada
laboral de empleados públicos en aplicación de la normativa básica
estatal, habrá una reducción del número de altos cargos, se bajará el
número de horas extraordinarias, y una reducción los complementos
adicionales de pagas extraordinarias de junio y diciembre. También se
limitarán las ayudas a sindicatos (se prevé un ahorro de diez millones
de euros) y se modificarán aspectos, además del Capítulo 1, también en
el Capítulo 2 y 4 del Presupuesto.
El ajuste en ese Capítulo 1 es de 777 millones de euros, según
ha expuesto la consejera, quien ha anunciado que este viernes será
convocada la mesa general de la Función Pública para trasladar a los
sindicatos estas medidas y poderlo negociar adecuadamente. Ha señalado
que los ajustes que afectan al personal de la Junta se llevarán a cabo
de forma inmediata, destacando que estas medidas suponen "un esfuerzo
solidario" del conjunto de trabajadores públicos que pretenden ser lo
menos lesivas sobre la renta corriente, de manera que se centrarán
fundamentalmente en las percepciones variables.
Tras referirse la disminución en un 50 por ciento de los
delegados de la Junta en las provincias, lo que supondrá importantes
ahorros operativos por economía de escala en la prestación de servicios,
ha destacado la suspensión de la equiparación retributiva de los altos
cargos de la Junta (presidente, consejeros y viceconsejeros) con la
administración central del estado y la reducción en un cinco por ciento
en sus retribuciones.
La Junta ha adoptado una batería de medidas que afectan a
retribuciones de empleados públicos para evitar el despido de unas
30.000 personas como consecuencia de la ampliación de la jornada
laboral. Así, se dejarán en suspenso las distintas mejoras y ayudas
aplicadas al personal funcionario y laboral (premios de jubilación,
permisos de jubilación o contratos de relevo).
Asimismo, se eliminarán los complementos adicionales de las
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre y se reducirán
en el sector públicos instrumental aquellos complementos que, sin ser
parte de la estructura salarial básica, permitan una minoración similar.
También disminuirán un diez por ciento las percepciones vinculadas a
las retribuciones de carácter variable.
Habrá una disminución del número de horas extraordinarias,
mientras que en el caso del personal interino y laboral temporal, se les
reducirá en un 15 por ciento la jornada laboral y el sueldo, evitando
así que se vean en la calle como consecuencia del aumento de jornada
laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales.
El Plan supone también un nuevo impulso a las medidas de
eficacia y ahorro, manteniendo la calidad de los servicios.
Concretamente, se plantea una reducción del diez por ciento adicional
del gasto operativo en bienes y servicios de la administración pública,
mediante la reducción del 50 por ciento de la flota de vehículos de
altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos
cargos y personal directivo de los entes instrumentales --salvo
presidente y consejeros--; bajada de un 50 por ciento adicional en la
partida de información, divulgación y publicidad, y de un 15 por ciento
adicional en arrendamiento y en lo referido a indemnizaciones por
locomoción, traslado y dietas.
En el ámbito del gasto sanitario, se avanzará en el programa
de plataformas centralizadas de compra, una medida con la que se espera
un ahorro estimado de cien millones de euros anuales. En el resto de
áreas, se producirá una reprogramación de los proyectos previstos con el
fin de establecer un nuevo horizonte de ejecución acorde con las
disponibilidades presupuestarias actuales y no se iniciarán nuevas
obras, sino de forma excepcional.
En cuanto a las medidas para aumentar en 1.000 millones los
ingresos, se incluyen varias de carácter fiscal, como la modificación en
los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5
por ciento en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros y al 25,5
por ciento para rentas de 120.000 euros en adelante, lo que supone un
incremento de un punto. Ha señalado que el incremento de recursos de
esta medida tendrá impacto a partir del año 2014.
También se prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del
Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos hasta
agotar la banda máxima permitida a las comunidades, quedando fuera el
gasóleo de uso agrícola. Se va a incrementar además el tipo de gravamen
general de actos jurídicos documentados, pasando del 1,2 al 1,5 por
ciento, y en lo que respecta a la tasa fiscal sobre el juego se
aumentará la tarifa para maquinas recreativas.
Otras medidas para lograr ingresos consisten en un plan de
optimización en la recuperación de un tercio de la cantidad entregada en
concepto de adelanto de fondos europeos, así como el mantenimiento de
medidas como venta y alquiler de activos patrimoniales, el llamado 'sale
and lease back' (con una previsión de obtener 350 millones por esta
vía). La Junta también espera obtener ingresos adicionales a través de
la lucha coordinada con el Gobierno contra el fraude fiscal.
Para la consejera, este plan que se presentará al ministerio
es "equilibrado, justo y equitativo" y con él se da respuesta a las
exigencias del Gobierno central, mientras que no se ve afectado el
núcleo de "nuestro modelo de prestación de servicios" públicos.
Martínez Aguayo ha señalado que los principios que ha tenido
la Junta para tomar sus decisiones es la preservación del sistema
educativo, por lo que Andalucía no incrementará la ratio de alumnos por
aula; buscar el máximo mantenimiento del empleo público, optando por
otras alternativas, ya que la ampliación de la jornada laboral a 37,5
motivaría "sin más" el despido de unas 30.000 empleos, y pedir un
esfuerzo "temporal y solidario del conjunto de empleados públicos,
proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales".
Ha indicado además que si el Gobierno cumpliera con la
Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y estuviera
dispuesto a reconocer los 1.504 millones de euros que la propia
Intervención General del Estado ha reconocido como menores inversiones
en la comunidad en los años 2008 y 2009, el ajuste del gasto hubiera
sido exclusivamente de 1.000 millones de euros.
