17 autonomías, 17 jefecillos de Estado / Luis María Anson *

Cada presidente autonómico, salvo alguna aislada excepción, ha organizado su Comunidad como un Estado de pitiminí, adornado, eso sí, por toda la parafernalia del poder. El craso error de Adolfo Suárez del “café para todos” ha encaramado en España a 17 jefecillos de Estado con sus palacios, sus gabinetes, sus servicios de Prensa y relaciones públicas, sus miríadas de asesores, su protocolo rimbombante, sus viajes a todo avión, sus gastos suntuarios, sus multiplicados escoltas, sus caravanas de coches blindados a 500.000 euros la pieza.

     Un escándalo y una vergüenza, acentuados por el despilfarro en las televisiones autonómicas, que cada presidente ha creado para su gloria y botafumeiro. Más de 1.500 millones de euros deben ya los canales autonómicos, a pesar de la generosa financiación pública. Más de 10.000 trabajadores están empleados en ellos, pagados por los impuestos con que se sangra a los ciudadanos. Salvo excepciones, estos canales autonómicos no están al servicio del pueblo sino al servicio de la vanidad de los presidentes autonómicos, insaciables a la hora de recibir elogios y parabienes.

      Está claro que la austeridad exige la privatización fulminante de los canales autonómicos, generadores de un torrente incesante de pérdidas. La iniciativa privada los convertiría en rentables. Años pasados, en cada ejercicio, Televisión Española perdía 100.000 millones de pesetas mientras Telecinco ganaba 35.000 millones de pesetas. Esta es la diferencia entre la empresa pública y la privada. Casi 700 millones de euros en subvenciones recibieron en 2007 los canales autonómicos, el doble que el año anterior. La situación clama a gritos la privatización del sector.

(*) Luis María Anson, de la Real Academia Española

Díaz Trillo: A la Junta le gustaría "derribar" El Algarrobico

SEVILLA.- El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha admitido ante el Pleno del Parlamento que al Gobierno andaluz le gustaría "derribar" El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, al tiempo que ha expresado que no sabe si el futuro decreto de Parques Naturales "va a proteger más, pero desde luego menos, no".  

   Díaz Trillo, que ha querido dejar claro que la justicia en este país tiene el papel que tendrá que tener siempre, en referencia al asunto de El Algarrobico, ha explicado que el borrador sobre el decreto de Parques Naturales, pendiente del informe del Consejo Consultivo, ha pasado ya por las juntas rectoras y órganos de participación de los parques de Andalucía con un respaldo superior al 80 por ciento, y deja meridianamente claro que "para nada y en ningún caso", se alterarán las disposiciones de los planes de ordenación de recursos naturales o de los planes rectores de uso y gestión, que prevalecerán siempre sobre cualquier ordenamiento urbanístico.

   Sobre el plan de ordenación de recursos naturales del Cabo de Gata del año 2008, ha recordado que cataloga el espacio en que se ubica El Algarrobico como zona C y tiene como objetivo específico promover su regeneración y recuperación.

   Para el consejero, queda clara la voluntad del Gobierno andaluz de recuperar ese territorio, así como la del Ejecutivo de la Nación, que en 2005 hizo una ampliación de la zona de protección marítima del lugar. "Lo que no se es en qué momento el PP-A ha llevado a cabo alguna acción en esa dirección", ha apuntando.

   Por su parte, la diputada del PP-A Aranzazu Martín Moya ha recordado que el plan del Cabo de Gata se encuentra en suspensión cautelar por parte del TSJA por no dar una solución de protección al suelo donde está ubicado el Algarrobico.

"Usted dice que se protege más con el decreto, pero eso no es lo que dicen los tribunales", ha indicado la parlamentaria popular, quien ha recordado unas declaraciones del consejero sobre el derrumbe de El Algarrobico en las que "decía que lo único toca es esperar".

   Ha preguntado por qué no esperó el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, "para tenerlo claro, antes de decir a bombo y platillo que iba a tirar El Algarrobico".

Suspendido el laudo contra el grupo Gas Natural en el litigio con la argelina Sonatrach

BARCELONA.- El grupo gasista español Gas Natural Fenosa anunció que el Tribunal Federal de Suiza suspendió un laudo que le era desfavorable en el marco de su litigio financiero con el grupo petrolero público argelino Sonatrach, respecto al precio del gas suministrado a España. 

"El laudo queda suspendido hasta que dicho Tribunal (Federal de Suiza) decida sobre la impugnación presentada por Gas Natural Fenosa", explicó en un comunicado el primer grupo español de gas y el tercero de electricidad.

La empresa española había afirmado a principios de octubre que este litigio podría tener un impacto máximo de 1.970 millones de dólares en sus cuentas y calificó de "abusivo, desproporcionado y muy alejado de las condiciones reales del mercado" un laudo hecho público el 17 de agosto por un tribunal arbitral de París en favor de Sonatrach.

Esta última decisión podía ser impugnada ante el Tribunal Federal de Suiza, lo que hizo Gas Natural.

En el marco de este caso, Gas Natural no está de acuerdo con el aumento de las tarifas del gas natural aplicadas a partir de 2007 por Sonatrach, que suministra alrededor de un cuarto del gas consumido en España a través del gasoducto Magreb-Europa.

Argelia es el primer suministrador de gas natural a España, por delante de Nigeria y Qatar.

Rescatar la concesión de la arruinada autopista Cartagena-Vera costará una millonada a los españoles

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, cifró en 1.400 millones de euros el importe "que costará a todos los españoles" resolver el problema de riesgo de quiebra que presentan un grupo de sociedades concesionarias de un autopistas, entre ellas las radiales de Madrid.

   Blanco denunció que se trata de la "herencia recibida" por los socialistas en por la "mala planificación y el derroche de gasto" del Gobierno de José María Aznar.

   "Esta mala planificación y derroche de gasto que van a costar 1.400 millones a todos los españoles", según el ministro. "Y suponen un auténtico quebradero de cabeza para las empresas españolas que habrá que resolver en los Presupuestos Generales del Estado para 2011", añadió.

   En respuesta al diputado 'popular' Andrés Ayala durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Blanco ha explicado que la Ley del Suelo de 1998, impulsada por el PP multiplicó "por cuatro" el coste de las expropiaciones necesarias para construir dichas autopistas, previsto inicialmente en 300 millones de euros.

   Después de destinar 250 millones de euros en préstamos participativos en 2010 para afrontar este problema, los Presupuestos de 2011 incluyeron otros 135 millones. No obstante, una enmienda socialista ha incrementado esta cantidad hasta los 250 millones y el PSOE mantiene una negociación abierta con PP y CiU para elevar todavía más esta dotación.

   En cualquier caso, la patronal de concesionarias de autopistas Aseta estima en unos 800 millones de euros la inyección de capital que necesita este grupo de sociedades para evitar el riesgo de quiebra, según informaron fuentes del sector.