SEVILLA.- Las oficinas provinciales del Programa
Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado, en sus primeros tres
meses y medio de funcionamiento, casi un millar de desahucios, según ha
anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante su
comparecencia parlamentaria para hacer evaluación y valoración del
funcionamiento de estas oficinas desde la fecha de su apertura, el 8 de
octubre, hasta el 25 de enero.
"El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las
personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda y lo hemos
conseguido", ha asegurado Cortés, que ha añadido que las oficinas son
"un varapalo al discurso del 'no se puede hacer nada'".
Desde la puesta en marcha del programa, el pasado 8 de octubre,
hasta el 25 de enero de 2013, las oficinas han recibido un total de
1.832 visitas, por las que se han abierto un total de 1.251 expedientes.
El resto fueron personas que se limitaron a solicitar información sobre
la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición. Un total de
163 familias (13%) acudieron a las oficinas en la fase de prevención,
969 (77,5%) en la fase de intermediación y 119 (9,5%) en la fase de
protección.
La atención en fase de prevención, que se presta cuando las
familias aún no han entrado en morosidad con la entidad financiera, fue
solicitada por 163 familias para informarse sobre las consecuencias de
no pagar las cuotas hipotecarias y para conocer detalles sobre las
condiciones para evitar los desahucios.
En esta fase, Cortés ha señalado dos conclusiones, por un lado,
que cuanta más información tiene el ciudadano más convencido está de
hacer valer y defender sus derecho, y, por otro lado, que "aún hay
cláusulas abusivas". Ante esto ha reclamado un desarrollo legislativo
"urgente" que ponga freno ya a estos "desmanes" desde un marco estatal
garantista.
La segunda fase de intermediación, la más demandada, está
destinada a quienes han entrado ya en morosidad, encontrándose ya en
riesgo de desahucio. En esta fase las oficinas atendieron a 969
familias, el 77,5 por ciento del total. De estas, se ha resuelto ya
favorablemente 554 expedientes y el resto continúan abiertos con
expectativas de resolución favorable.
De estas 554 familias, 316 se han acogido al protocolo de
intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso
de desahucio. La solución para estas personas ha consistido en el
asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, la reestructuración
de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas.
El resto de expedientes resueltos favorablemente lo han sido
mediante negociación con la entidad financiera, con un total de 238
casos, entre ellos 98 resoluciones mediante envíos de escritos a los
juzgados, 83 negociaciones de condiciones de préstamo, 32 daciones en
pago, siete acuerdos de alquiler social, así como otras fórmulas de
negociación y apoyo en la realización de trámites.
Un total de 119 familias se dirigieron a las oficinas bien con el
desahucio ya ordenado, bien una vez perdida su vivienda habitual. En el
primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad
financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar
en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo
la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de
demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios
sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de
emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades
básicas.
Cortés ha destacado que es fundamental la conformación de un
"amplio bloque político y social contra los desahucios en Andalucía". En
este sentido, ha recordado que la Consejería firmó en septiembre un
acuerdo marco con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) al que posteriormente se han sumado la Diputación de Huelva y un
total de 27 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
Además, la consejera ha instado al Gobierno central a "estar a la
altura" y que responda a la petición de la Consejería de gestionar
directamente las viviendas entregadas al Sareb, el conocido como 'banco
malo', con domicilio en Andalucía, para destinarlas al alquiler social y
supervisar desde lo público la adjudicación de las mismas.
Por último, la consejera de Fomento y Vivienda que ha puesto en
valor la ronda de contactos para poner en marcha estas oficinas, ha
solicitado al Gobierno que haga lo mismo y ha expresado su "total apoyo"
a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "presentada por diversas
plataformas y colectivos sociales para reformar la injusta y
desequilibrada legislación española sobre desahucios".
Por su parte, la diputada del PP-A, Alicia Martínez, ha exigido a
la consejera de Fomento y Vivienda que "no diga más mentiras" en cuanto a
los desahucios en el parque autonómico de viviendas, porque, y según ha
leído del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se vienen
publicando expedientes de desahucios.
Al respecto la consejera ha pedido a la diputada 'popular' que "no
lea de memoria el BOJA sino que vaya y pregunte a las familias" porque,
aunque haya publicados expedientes no se han llevado a cabo los
lanzamientos y, por lo tanto, las familias están en las casas.
Martínez tras criticar que IU votara en diferentes ocasiones en
contra de propuestas del PP similares a este Programa de Defensa de la
Vivienda ha apuntado que en el tercer trimestre de 2012 se han producido
3.641 ejecuciones hipotecarias en Andalucía --antes de la puesta en
marcha de estas oficinas--, y que suponen unas mil menos respecto los
meses anteriores, por lo que "algo que tendrán que ver las medidas del
Gobierno central".
Asimismo, ha criticado "la forma, el fondo y el resultado" de
estas oficinas y ha pedido que tome medidas "propias" y no quedarse "en
la superficie" porque "lo que ofrece es la solución que el PP ha puesto
sobre la mesa en este tiempo".
En contra ha apuntado que el decreto que el Gobierno central está
tramitando modifica la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
al tiempo que ha señalado que el fondo social de viviendas es "ya una
realidad" y "más vale 6.00 que cero". En este sentido, ha instado a la
Junta a poner a disposición de las familias pendientes de lanzamiento
las 81.000 viviendas protegidas de EPSA.
Por su parte, la diputada de IU, Inmaculada Nieto, ha felicitado
la puesta en marcha de este programa por "novedoso y por su resultado".
"Era más que oportuno que un programa así se abriera paso y marcara un
punto de inflexión", ha subrayado.
Asimismo, ha pedido que se fortalezca con más ayuntamientos que
firmen el convenio con la Adminsitración andaluza y se amplíe su
implementación en otras Comunidades.
Además, Nieto también ha querido destacar que "desde junio no hay
desahucios en el parque autonómico de vivienda por imposibilidad
sobrevenida de afrontar los pagos de la vivienda" y ha animado a
comprobarlo.
Por último, ha instado al PP a entender que la dación en pago es
una demanda "transversal" de la ciudadanía y "muchos miles de personas
del PP también han firmado la ILP que pide esto".
Por su parte, el diputado por el PSOE Enrique Javier Benítez
tras detallar un caso particular donde se ha conseguido la paralización
de un desahucio a una mujer de 75 años en Málaga, ha reconocido que no
se le ocurre "ninguna pega a este programa" que tiene "coste cero para
el ciudadano y que utiliza los recursos legales de la Junta".
Además, también ha querido señalar que gracias a este programa
también "hay entidades financieras que responden de una manera más
social" y se involucran en un programa.
