ALMERÍA.- El Gobierno expropiará el suelo sobre el que se levanta el hotel ilegal El Algarrobico
para poder derribarlo tras más de 20 años encallado en una ladera
pegada a la costa de Almería. El edificio, a medio hacer dentro del
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, comenzó a construirse en mayo de
2003 y se paralizó en 2005 por orden judicial.
El hotel tiene más de 20
resoluciones judiciales en su contra, pero no se había demolido así que
sigue sobrevolando la playa en el municipio de Carboneras. El esqueleto
muestra las dimensiones del proyecto: 21 plantas, más de 400
habitaciones y a solo 14 metros del mar.
El proyecto era aprobar en el Consejo de Ministros de este martes
un acuerdo para declarar de utilidad pública las parcelas sobre las que
se eleva el hotel, ha puntualizado Montero. El objetivo era “proceder a
la expropiación de los terrenos dentro del Dominio Público
Marítimo-Terrestre. El paso previo para iniciar los trabajos de
demolición del hotel ilegal y la reparación ambiental”.
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha
anunciado al lado de la construcción el plan del Ejecutivo sobre lo que
ha llamado “el mayor atentado medioambiental”. Montero ha explicado que
hay parte de los terrenos ocupados por el edificio que son de
competencia autonómica por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía que
tome medidas similares para completar el trabajo. Fuentes conocedoras
del proceso cifran el torno al 60% de la estructura la parte que invade
la zona de servidumbre y que, por tanto, quedaría afectada por el
proceso de expropiación.
Una vez expropiado todo el suelo, se podrá derruir por completo,
ha especificado Montero. Esos trabajos “serán financiados por el
Gobierno de España”, ha afirmado la vicepresidenta. Aún así, ha incidido
Montero, si el Gobierno autonómico no lo hace “buscaremos altenativas
para que el hotel ilegal sea domolido”.
La poseedora de los terrenos y promotora del hotel es la
constructora Azata del Sol, S.L., del empresario José Domingo Rodríguez
Losada, quien durante todos estos años ha batallado en los tribunales
por mantener en pie el hotel o, al menos, lograr una suculenta
indemnización del Estado, al que ha exigido una responsabilidad
patrimonial ante los tribunales.
La Audiencia Nacional le denegó el
derecho porque concluyó que tuvo los medios para saber que en esos
terrenos no se podía construir desde 1994 (año de la Ley de Costas),
pero ha seguido intentándolo: actualmente se dirimen dos pleitos en los
que nuevamente reclama una compensación de 72 millones de euros. En
2006, la Junta ejerció el retracto, formalizado en 2016, pero Azata ha
seguido ostentando la posesión y esgrimiendo la licencia.
El Algarrobico se ha convertido en este tiempo en el símbolo de la depredación urbanística
y de turismo de masas sin control sobre el medio ambiente, al mismo
tiempo que su esqueleto acumulaba años y años a pesar de que los jueces
habían dejado claro que era una construcción ilegal que debía
desaparecer.
Los recursos y peleas por ver quién se hacía cargo de ese
mandato han provocado que El Algarrobico permaneciera medio en ruinas
dentro del paraje natural protegido.
El hotel de El Agarrobico lleva 22 años a medio construir sobre
una playa del Parque Nacional de Cabo de Gata. Casi dos décadas con múltiples litigios legales.
Las obras de edificio llevaban dos años en marcha cuando el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería ordenó, tras la
denuncia de Salvemos Mojácar, paralizarlas cautelarmente, por una orden
del Gobierno de la Nación.
En 2008, el Juzgado mandó que se revisara la licencia de obras
otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras por ser “nula de pleno
derecho” . Además, El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
ratificó la paralización cautelar de las obras.
La Junta declaró ese año la parcela “núcleo habitado” en lugar
de “no urbanizable” en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata, pero el TSJA suspende
cautelarmente el nuevo PORN por la parcela de El Algarrobico. Greenpeace
recurre en el Tribunal Supremo pidiendo la anulación definitiva del
PORN en este punto. Los jueces lo anularon en 2011.
Tras muchos otros vaivenes judiciales, el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía sentencia que el suelo no es urbanizable en 2016.
Pocos meses después, otra sentencia del mismo órgano ordenó revisar la
licencia urbanística concedida en su día a Azata del Sol. Desde 2018,
las sentencias son firmes tras la ratificación por parte del Tribunal
Supremo.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los ecologistas, el
asunto judicial ha ido enmarañándose aún más, sin que se haya avanzado
materialmente en nada. Ha jugado un papel determinante la desidia, cuando no la connivencia, del consistorio para que las cosas sigan como están.
Tanto, que el TSJA ha advertido en varias ocasiones con multar
a los regidores José Luis Amérigo (PSOE) como Salvador Hernández
(actual alcalde, Ciudadanos) de que se pongan las pilas para cumplir las
sentencias: la que obliga a clasificar el suelo como no urbanizable en
el PGOU de Carboneras y la que obliga a revisar la licencia.
A la hora de la verdad, siempre falta algo: una certificación,
un acuerdo del Pleno que se ha hecho mal, una cita de la ley errónea, un
secretario que está enfermo.
Para José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas desde el
comienzo de la causa, un “cachondeo” del que han participado alguno de
los propios magistrados, ex compañeros del abogado que representa al
Consistorio.
Ahora, décadas después, el Gobierno cambia de vía, y parece
renunciar a esperar que se cumpla la legalidad y las sentencias.
“Tendría que pagar Azata el derribo porque sabían que era ilegal. Era
difícil que pudieran sacar dinero, pero no se han dado por vencidos”,
señala. Lo ve, no obstante, como una buena noticia: “Me parece bien,
aunque venga con retraso. Pero hay que verlo con cautela. Cristina Narbona ya
inició expediente en 2007, y quien la sustituyó anuló el expediente”,
recuerda.
Domínguez vaticina que si no hay acuerdo en el justiprecio, el
expediente servirá de poco, “porque se va a eternizar en los
tribunales”. Pero advierte de que la otra vía, la de ejecutar las
sentencias ya firmes, sigue abierta y aparentemente más cerca que nunca
de la meta: “Ya hemos pedido al TSJA que no cuente con el ayuntamiento,
que sea directamente el TSJA el que la anule, porque el ayuntamiento no
va a ejecutar ni ese sentencia ni ninguna”.
Para el derribo de El Algarrobico existe un Protocolo suscrito
en 2011 por Junta de Andalucía y Gobierno central. En el reparto de
tareas, el Estado asumía el coste del derribo, y la administración
autonómica se ocupaba del desescombro y la restauración de la zona.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno hizo del fin de El Algarrobico una de
sus promesas de su segundo mandato, y el propio Presidente lo mencionó
como objetivo para 2024 en su discurso navideño de 2023. El pasado
octubre la consejera Catalina García dijo que en abril podría empezar la
demolición, sin que nada en los procesos judiciales indicase una
aceleración de la desesperante lentitud de los últimos años.
Esta mañana, García ha sido preguntada antes de conocer el anuncio de
Montero. “Es inaceptable que, tras más de dos décadas de litigios y
promesas incumplidas, el Gobierno de España no haya tomado las medidas
necesarias para derribar esta construcción ilegal”.
Por ello ha exigido
al Gobierno que “venga al Algarrobico con la verdadera intención de
demolerlo”.
Un rato después, la ministra de Hacienda habría anunciado que
van a expropiarlo para echarlo abajo.
