ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen
Crespo, ha valorado este martes la reunión celebrada entre el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Diego Valderas, en la que se ha abordado, entre otros
asuntos, la futura distribución de competencias por parte de las
administraciones locales, de manera que ha apostado por "racionalizar"
dichas competencias para que éstas "redunden en el ahorro y la
prestación del servicio" y con ello, "ponernos en la senda del
crecimiento económico".
En declaraciones a los periodistas momentos antes de su
participación en la junta directiva provincial del PP de Almería, Crespo
ha defendido el principio de "una administración, una competencia", ya
que se trata de una petición que va más allá de las demandas de los
ayuntamientos y que exige "el propio ciudadano", según ha expresado.
Crespo, que ha descrito el ambiente de la reunión de "normal" y
"cordial", ha manifestado que Valderas, que ha recibido explicaciones
"someras e importantes" de Montoro, ha quedado "sorprendido" al conocer
que la reforma de competencias en las administraciones locales se hará a
través de una ley, lo que significa "que va a ser algo que van a poder
discutir todos los grupos parlamentarios en la Cámara", de forma que
confía en que salga con el apoyo "unánime" de los partidos.
Con esto, se ha referido a la "preocupación" expresada por
Valderas a su salida de la reunión "porque piensa que la ley va
encaminada simplemente a la supresión de los municipios", un asunto que,
según ha detallado, Montoro ha "descartado taxativamente", puesto que
el objetivo es la "organización de competencias".
"Las mancomunidades están saliendo muy caras a los ciudadanos", ha
ejemplificado Crespo, quien las ha diferenciado de los consorcios tras
incidir en que la supresión de estos entes "si está encima de la mesa"
la igual que la modificación de la Ley de Bases de Regímenes Locales.
Con todo esto, ha expuesto que las administraciones locales tendrán
competencias "lógicas y coherentes" que obligará a reorganizar todo el
mapa de competencias, lo que también afectará a las comunidades
autónomas.
En cuanto al Estatuto de Autonomía, la delegada andaluza del
Gobierno ha confirmado que el ministro ha explicado que "no se va a
hacer nada que afecte al Estatuto" sin que se haya llegado conversar
sobre la Disposición Adicional Tercera, según se ha referido. No
obstante, ha reiterado que dicha disposición establece un plazo de siete
años para establecer la financiación, por lo que hay que "reflexionar" a
la hora de poner recursos de inconstitucionalidad.
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