Un recurso que se basa en la lectura y análisis de la resolución que, desde nuestro punto de vista, está repleta de defectos tanto formales como de fondo del dictamen y que nos lleva a considerar este proyecto como inviable desde cualquier perspectiva, desde la urbanística a la económica y, fundamentalmente, la legal y la ambiental. Permitir que una instalación hotelera ocupe un espacio protegido, repleto de valores ambientales, etnológicos o paisajísticos, es para nosotros una aberración que debe ser detenida antes de que se convierta en un atentado, otro más, contra los valores que llevaron a su protección, a la declaración como Parque Natural en el año 1987 o a su reconocimiento como Reserva de la Biosfera por parte de Naciones Unidas y que goza de otros muchos reconocimientos normativos, tanto andaluces como españoles y europeos.
La Resolución de la Consejería de la Junta de Andalucía impacta negativamente con la finalidad de la propia Administración andaluza, teóricamente garante de la protección de la Naturaleza, objetivo que debería primar sobre cualquier otra consideración, pero que se ve violentada en este caso por el dudoso eufemismo de que es necesario compatibilizar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza, una máxima que ya ha causado daños irreparables en otras muchas zonas de la provincia en base a un supuesto y falso ‘interés general’ que tiene sólo un beneficiario, la empresa promotora de esta construcción.
Los Genoveses y su entorno conforman un espacio natural único, de una belleza singular y con una rica biodiversidad que no sólo fueron motivos adecuados para su declaración como Parque Natural, sino que han obligado en los últimos años a limitar el acceso de personas a las playas para evitar el fuerte impacto ambiental que la presencia humana supone. Una limitación que parece no contar para quienes promueven un hotel de 4 estrellas, 30 habitaciones, piscina, aparcamiento para 70 vehículos, pérgolas, terrazas y otras instalaciones sobre una superficie próxima a las 3 hectáreas. Para levantarlo se utiliza el antiguo Cortijo Chiqueras del Campillo de Los Genoveses, aduciendo que se trata de una suerte de ‘rehabilitación’ de unas instalaciones que siempre tuvieron un uso agrícola y ganadero.
Conocer el proyecto, y analizar la Resolución acordada por la Junta, supone comprobar un ejercicio de insulto a la inteligencia porque no sólo supone un atentado urbanístico, sino que incumple la mayor parte de las normas establecidas para desarrollos urbanísticos e incluye consideración que no son más que simples mentiras que la Consejería acepta sin rechistar (parece que no les importara que les tomen el pelo), como la consideración de que allí se ubica un Museo que, realmente, está ocupado por las mesas, sillas y demás elementos que conforman un comedor para celebraciones. Suponemos que los hipotéticos visitantes del citado museo pretendidamente etnográfico pasearán entre las mesas a la espera de que llegue la comida.
Por esas razones y por ignorar la protección recogida en la propia declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, lo recogido en la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (algunas de las cuales están en pleno proceso de recesión, incluso en riesgo de extinción…), el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados de España y Andalucía, la Ley del Suelo y hasta el propio Código Civil, las organizaciones Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Grupo Ecologista Mediterráneo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Bird Life y la asociación SERBAL han presentado recurso de reposición y piden a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Abiente y Economía Azul que reconsideren la autorización ambiental que se ha otorgado a este proyecto que rompe las reglas de juego de un parque natural único en sus valores y referencia a nivel nacional e internacional de la provincia de Almería. En su escrito a la autoridad ambiental advierten que el rechazo a este proyecto se concretará, además de con el recurso de alzada, con todas aquellas acciones administrativas, judiciales y de concienciación ciudadana que sea preciso llevar a cabo para intentar evitar que se ejecute un atentado ambiental que, además, supone un riesgo alto de que el urbanismo irracional avance en un Parque Natural que es un tesoro de biodiversidad.
