domingo, 1 de abril de 2018

Cosas que no se pueden olvidar al hacer la declaración de la Renta

MADRID.- El miércoles 4 de abril es un día importante para marcar en el calendario: empieza oficialmente la Campaña de Renta y llega la hora de hacer cuentas con el fisco. Muchos ciudadanos esperan ansiosos este momento porque confían en que su declaración salga a devolver y en recibir un buen pellizco de Hacienda. Aún no se conocen las estimaciones oficiales, pero cada año se suelen presentar unos 20 millones de declaraciones y, normalmente, alrededor del 70% sale a devolver, según www.vozpopuli.com.

Lo primero que hay que tener claro es el calendario. Este año la Campaña empieza oficialmente el 4 de abril y se extenderá hasta el 2 de julio, un poco más de lo habitual. Desde el pasado 15 de marzo se puede descargar la nueva aplicación que permitirá hacer la declaración en un solo 'clic' a casi cinco millones de contribuyentes. Puedes consultar en este enlace cómo funciona la aplicación y en este otro las fechas clave de la declaración de este año.
Durante estos días toca empezar a recabar todos los datos importantes para hacer la declaración e informarse de las novedades y las particularidades de la comunidad autónoma en la que reside cada uno. No hay que olvidar que hay muchas diferencias en materias que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos, como el alquiler, la compra de vivienda y los gastos de guardería, por ejemplo.
De hecho, los técnicos de Hacienda, creen que los contribuyentes podrían maximizar su declaración y beneficiarse aún más de ciertas ventajas fiscales, por lo que han elaborado un decálogo de los 10 olvidos más frecuentes de los ciudadanos para que tomen buena nota estos días e incluyan en su declaración toda la información. Estas son las cosas que no se pueden olvidar:
  • Rendimientos de trabajo. Hay algunos gastos deducibles que pueden incluirse en los rendimientos de trabajo como las cuotas sindicales o las de los colegios profesionales, siempre que la colegiación sea obligatoria para trabajar y con un límite de 500 euros al año. También se pueden incluir los gastos en abogados si se ha ido a juicio con una empresa (límite de 300 euros anuales) o los gastos que supone la movilidad geográfica de un parado que acepte un empleo que le obligue a cambiar de residencia. Además, los trabajadores con discapacidad pueden desgravarse entre 3.500 euros y 7.750 euros si están en activo. 
  • Titularidad de los inmuebles. Sobre todo las viviendas y locales vacíos que se imputan como rentas inmobiliarias. Hay que revisar que no incluyan viviendas que ya no son de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o habitadas por el ex cónyuge.  
  • Ganancias patrimoniales. Es importante revisar este tipo de ganancias en la transmisión de inmuebles y otros bienes y tener en cuenta las exenciones que existen para mayores de 65 o personas en situación de dependencia severa. También hay otra exención en la transmisión de vivienda habitual si las ganancias se reinvierten en una nueva compra o rehabilitación de otra vivienda en menos de dos años. 
  • Cambios en la situación familiar. Es muy importante reflejar los nacimientos, defunciones y cambios del estado civil en la declaración de la renta. Todas estas variables afectan al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares. También hay que tener en cuenta las situaciones de discapacidad, tanto personales como familiares, especialmente las sobrevenidas o agravadas durante 2017.
  • Impuestos negativos. Hay ayudas familiares que se implementan a través de los conocidos 'impuestos negativos, como la ayuda a familias numerosas, la de descendientes o ascendientes con discapacidad, las familias monoparentales con dos hijos sin anualidades por alimentos o las madres trabajadores con hijos menores de 3 años.   
  • Deducciones autonómicas. Es importante dedicar un poco de tiempo a repasar las deducciones autonómicas, ya que, aunque sean desconocidas por el contribuyente, pueden suponer importantes beneficios fiscales por gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda y otras muchas cosas. En este punto, los técnicos de Hacienda recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, leer el índice y repasar los apartados que interese a cada persona.
  • Alquileres. La deducción estatal ha desaparecido, pero se mantiene vigente para los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015. Así, los inquilinos con contratos anteriores a esa fecha pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cuotas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Ademas, algunas comunidades tienen sus deducciones propias como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
  • Compra de vivienda. La deducción estatal también ha desaparecido, pero se sigue aplicando a los que compraron o hicieron pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013. Estos contribuyentes mantienen el derecho a la desgravación siempre que se hayan deducido por esa vivienda en 2012 o en años anteriores. Pueden deducirse hasta un 15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros. Además, los que hayan realizado algún gasto en obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, también deben revisar a fondo el borrador. Igual que los contribuyentes que se han gastado dinero en adecuar sus viviendas a las personas con discapacidad antes de 2013 y si las obras han acabado antes de 2017. 
  • Aportaciones a partidos políticos y donativos. Las aportaciones a partidos dan derecho a una deducción del 20% de las cuotas de afiliación. La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales. Además, la última reforma fiscal introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos siempre que hayan sido certificadas por la entidad beneficiaria.
  • Planes de pensiones. A pesar de que el borrador tiene incluidas las aportaciones a planes de pensiones, conviene revisar todos los datos antes de validar el documento. Y es que estas aportaciones permiten rebajar considerablemente la base imponible del IRPF. También se pueden reducir las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de actividades económicas inferiores a los 8.000 euros al año.   
  • Cláusulas suelo. Y finalmente no hay que olvidarse de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas. Según Gestha, el dinero que se pagó al banco y que este devolverá después es el reintegro de un pago indebido, por lo que no constituye renta. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses que tienen la finalidad de indemnizar y que están relacionados con las cláusulas suelo. Aunque hay una excepción cuando estos intereses se cobran en metálico y han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades. En esos casos hay que regularizar dichas deducciones indebidas de los cuatro ejercicios no prescritos de 2013 a 2016.

El obispo de Santander reivindica el perdón para los corruptos


VALLADOLID.- El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge pidió perdón para esos científicos que “no saben lo que hacen cuando juegan con la vida humana como si fuera un producto que se puede manipular, transformar, vender o alquilar”; tampoco esos “sabios” que en sus laboratorios que “ya pueden clonar al ser humano privándole de su verdadera naturaleza de hombre libre y de criatura nacida del amor entre un hombre y una mujer”. 

Citó, igualmente, a los que trafican con los seres humanos, incluso con los niños, “que tampoco saben lo que hacen cuando los arrojan en miserables pateras al mar, expuestos a todos los peligros con la única esperanza de dejar atrás un pasado de hambre, de violencia y de muerte; muchos de ellos, demasiados, acabarán en el fondo del mar, convertido así en el más cruel de todos los cementerios”.
Y por último, añadió, “no saben lo que hacen esos políticos corruptos que anteponen su codicia a la búsqueda del bien común; los que halagan los más bajos instintos con la demagogia y el populismo olvidándose de que la verdad no puede ser ni tergiversada ni camuflada; los que sólo buscan el poder para servirse de él y no para servir al pueblo del que provienen”.
Sánchez Monge, natural de Fuentes de Nava (Palencia) recordó en la Primera Palabra, ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’, fue el mitrado más reivindicativo que en el resto. “Jesús no pide a Dios, juez supremo, que haga justicia ante la injusta muerte de un inocente como es él. Clavado en la cruz se dirige a Dios para pedirle que otorgue su perdón a quienes le han crucificado”, explicó el obispo de Santander. A su juicio, Jesucristo perdona “nuestros muchos y graves pecados porque también los hombres y mujeres de hoy no sabemos lo que hacemos”.
Sánchez Monge se refirió a la segunda palabra, ‘Y Jesús le dijo (al buen ladrón): en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso’. “Jesús no promete un paraíso virtual, promete el paraíso a quien pasa por la cruz, a quien asume con fe y humildad la fragilidad de la vida y la verdad de la propia existencia”, sostuvo. Por eso, la cruz, “instrumento de tortura y lugar de sufrimiento, es puerta del paraíso y promesa de salvación”. La respuesta de Jesús al “buen ladrón es aliento de vida en el momento último de la muerte”.
 “Es vida prometida al pecador arrepentido”, argumentó, según la Cadena SER.

El mercurio del pez espada enfrenta a Roma y Madrid

BARCELONA.- La presencia de mercurio en los grandes depredadores del mar —sobre todo en el emperador y el pez espada, pero también tiburones como la tintorera y el marrajo— ha abierto una refriega comercial y de salud pública entre España e Italia, según El País

El país transalpino retiró del mercado y destruyó el año pasado 50 lotes de origen español —casi uno por semana— de estas especies al detectar en ellos niveles de mercurio superiores al máximo legal fijado por la Unión Europea (UE), de un miligramo por kilo. Un informe del Gobierno español, sin embargo, cuestiona los análisis hechos por las autoridades italianas y considera que están causando pérdidas millonarias injustificadas a los productores nacionales.
El litigio tiene en vilo a un sector que mueve más de 500 millones de euros al año solo con estas especies, de las que dependen un centenar de barcos y más de 2.000 empleos. “Están destruyendo envíos de varias toneladas que valen decenas de miles de euros de forma incomprensible”, se queja Emilio Martínez, de la empresa gallega Espaderos del Atlántico. “Nosotros sometemos cada lote a estrictos análisis que dan resultados muy por debajo del límite y que luego en Italia los superan. Hay algo que no encaja”, añade.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, la flota española es de largo la mayor productora mundial de emperador y pez espada, nombres que se utilizan indistintamente para especies muy parecidas entre sí. Italia, a su vez, es el principal consumidor y cada año importa de España unas 15.000 toneladas, valoradas en más de 120 millones.
Los datos del sistema de alertas rápidas en seguridad alimentaria de la Unión Europea (RASFF, en sus siglas en inglés) ilustran la magnitud del litigio. Si todo el comercio de pescado entre los 28 Estados miembros motivó en la última década 459 alertas por la presencia de mercurio, solo las lanzadas por Italia por pez espada y tiburón españoles representan dos terceras partes del total (295). La alerta es la notificación más grave sobre una incidencia alimentaria que prevé la UE y exige la retirada y destrucción del producto al considerarse que entraña un riesgo para la población.
Las repetidas alertas italianas han catapultado en la última década a España hasta los primeros lugares de la denostada lista de los 10 países del mundo cuyas exportaciones alimentarias más avisos generan en la red europea de seguridad alimentaria. Este hecho llevó al Gobierno español a mover ficha en 2015 ante “las grandes repercusiones económicas y comerciales” del caso, según consta en un informe remitido a la Comisión Europea a cuyas conclusiones que ha tenido acceso El País.
El estudio, hecho por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición analizó con detalle 35 casos en los que Italia había notificado la presencia excesiva de mercurio. El objetivo era aclarar, entre otras cuestiones, hechos aparentemente inexplicables como los 24 lotes que en origen habían dado resultados negativos y que al llegar en Italia hicieron saltar las alarmas.
La agencia española, que ha declinado ofrecer más información sobre su trabajo, puso el foco en lo que, según todas las fuentes consultadas, está en el origen de la controversia: la forma en la que se toman las muestras para realizar los análisis. “El mercurio se acumula a lo largo de la vida de los grandes pescados en los tejidos grasos”, explica Victòria Castell, jefa de servicio en la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. 
Por ello, Juana Parada, directora de la asociación de productores Organización de Palangreros Guardeses, lamenta que “si de un lote solo se analizan los ejemplares más grandes, y por tanto, de más edad, o la muestra se coge de la parte más grasa del pescado, los resultados de mercurio saldrán más altos”.
 “Esto puede llevar a destruir todo un lote por unas muestras mal tomadas”, añade.
Para evitar estos problemas, la normativa europea detalla exhaustivamente en el reglamento 333/2007 cómo las muestras deben ser tomadas y analizadas, de forma que los resultados sean lo más ponderados posible. 
Y es aquí donde España cuestiona los análisis italianos, hasta el punto de sostener en el informe que “en el 95% de las notificaciones investigadas” no quedaba acreditado que se hubieran cumplido “los procedimientos de muestreo” establecidos.
El País ha tratado de obtener, sin éxito, la versión del Ministerio de Sanidad italiano sobre las conclusiones del informe español. La respuesta que ofrecieron a la Comisión Europea en 2015 era negar que sus análisis incumplieran los “requisitos del reglamento 333/2007”. En cualquier caso, las gestiones del Gobierno español no parecen haber surtido efecto alguno. Desde la elaboración del informe, las alertas se han seguido repitiendo hasta alcanzar el año pasado, con 50, su nivel más alto en una década.

El Levante respira al reabrirse el trasvase tras un año con el grifo cerrado

ALICANTE.- La reserva mínima en los dos pantanos de la cabecera del Tajo se había convertido en una barrera infranqueable para nuevos trasvases al Segura en el último año, con esos 400 hectómetros cúbicos que con las últimas lluvias se han visto superados con holgura y abren el grifo cerrado prácticamente un año, desde mayo de 2017. 

En los campos alicantinos, murcianos y almerienses se acuerdan de que hasta 2013, ese caudal ecológico estaba fijado en poco más de la mitad, 240 hectómetros, pero con acuerdo de cinco comunidades autónomas, el Gobierno de Mariano Rajoy alcanzó hace ahora un lustro un pacto para acabar con la guerra del agua, recuerda Abc.
No obstante, parece que hoy al Ejecutivo le va a costar reeditar ese consenso para su anhelado Pacto Nacional del Agua, a pesar de que en las filas socialistas valencianas tiene a un nuevo aliado, el presidente Ximo Puig, quien ha apelado en los últimos días a que el debate sobre los trasvases no tenga color político.
En cualquier caso, el difícil equilibrio está en el contenido que tenga ese pacto y para tratar de limar asperezas en el lado manchego, el Ministerio de Agricultura va a poner en juego una lluvia de millones con una apuesta ambiciosa por la desalación que no lo fíe todo a las transferencias entre las dos cuencas hidrográficas en discordia, el Tajo y el Segura.
La ministra Isabel García Tejerina ratificó el lunes que este verano la mayor planta desalinizadora de Europa, la de Torrevieja, duplicará su producción actual hasta llegar a los 80 hectómetros cúbicos. Es más, ya está en marcha el proyecto de ampliación para que triplique su capacidad hasta 120 hectómetros con una inversión de 45 millones de euros.

Mezclar aguas

Y para que esta vía alternativa tampoco cause una rebelión en tierras levantinas, se han otorgado ayudas al precio del agua desalada, que nunca ha satisfecho a los regantes porque cuesta hasta cinco veces más que la de trasvases -ronda el euro-, además de que por su alto contenido en boro, no es apto para ciertos cultivos. 
Tan solo la granada de Elche tolera bien las características de este tipo de caudal, que además necesita mezclarse con agua más «dura», en este caso del acueducto Tajo-Segura, en una proporción que los expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena estipulan en 40% de desalada con 60% de trasvase, en el embalse alicantino de La Pedrera. En consecuencia, seguirán haciendo falta transferencias.
De momento, la reacción política a estas medidas anunciadas por Tejerina vino del lado murciano, donde el consejero Francisco Jódar subrayó «el esfuerzo que el Gobierno de España está realizando para paliar los efectos de la sequía en la Región de Murcia» al cumplir sus «compromisos» de garantizar agua para la segunda mitad de 2018. Sin olvidar su reivindicación de una «solución definitiva».

«Llueven» más de 100 trasvases

Aunque se trate de magnitudes no equiparables que no se suelen manejar en el sector agrario, para el lector ajeno a esta «guerra del agua», hay algunas cifras que pueden dar una idea de la dimensión real de este conflicto entre comunidades. 
Solo con las lluvias de la última semana, los embalses de toda España se recargaron con 1.250 hectómetros cúbicos, mientras los regantes del sureste claman por 11 para el primer trasvase desde hace un año, previsiblemente para abril. Es decir, ha caído del cielo en siete días el volumen de agua equivalente a un centenar largo de trasvases (113).
De ahí que algunos técnicos hayan realizado informes para la interconexión de cuencas, como una de escasa envergadura desde el Duero que podría abastecer a los dos embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía.
Finalmente, la ministra también puso sobre la mesa otra vía de solución: el ahorro de modernizar regadíos, que puede proporcionar hasta 1.000 hectómetros al mejorar la eficiencia en 100.000 hectáreas solo en la Comunidad Valenciana.

España da la espalda al sol en pleno auge de las renovables

BARCELONA.- España aprovecha el sol en muchas actividades económicas, pero no en la energía. El uso de la fotovoltaica, fuente cada vez más rentable, casi no ha crecido durante los últimos años a pesar del potencial climático de un país que batió su récord de temperaturas (46,9 grados) en 2017, tal como publica Economía Digital.

Durante el mismo periodo, el mix energético, la composición final de electricidad que llega a los hogares en función de la fuente de generación, siguió evidenciando que la fotovoltaica sigue estancada: pasó del 3% al 3,2% del total de producción eléctrica.
Mientras, el carbón continuó como la tercera principal fuente de energía (17,3%), tan solo por detrás de la nuclear (22,6%) y la eólica (19,2%). El resto de fuentes generadoras fueron la hidráulica (7,3%), la térmica (13,8%) y la termoeléctrica (2,2%). 

Motivos para creer en una remontada

Los últimos acontecimientos apuntan a una leve recuperación. En la última subasta de renovables, celebrada en julio de 2017, el sector fotovoltaico se adjudicó 3.909 MW de los más de 5.037 MW otorgados. 
¿La razón? La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) recoge en su último informe que el coste de generación de la fotovoltaica ha caído un 73% desde 2010 y, por tanto, ya puede competir de igual a igual (sin recurrir a subvenciones) frente a los combustibles fósiles.
Otros frenan el entusiasmo al recordar que España sigue lejos de otros países europeos. Como Alemania, que en el 2017 instaló 1.750 MW de nueva potencia fotovoltaica; Bélgica, donde se instalaron 264 MW, y Países Bajos, con 853 MW de nueva potencia.
En términos globales por lo que a renovables se refiere, España ocupa el puesto 11º de países europeos, según los últimos datos de Eurostat. En primer lugar está Suecia y le siguen Finlandia, Letonia, Austria y Dinamarca. 

El autoconsumo no teme al 'impuesto al sol'

El autoconsumo ha sido otro de los impulsores del sector fotovoltaico. Datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) revelan que el pasado año se instalaron 135 MW de nueva potencia fotovoltaica, frente a los 55 MW del 2016 (un 59% más) y a los 49 MW del 2015 (un 63% más). UNEF, además, sostiene que para los próximos dos años, hasta 2020, se prevé un rápido crecimiento de las inversiones en el sector fotovoltaico español, que alcanzarán entre los 4.000 y 5.000 millones de euros.
Todo ha sido posible pese a las barreras administrativas y la falta de incentivos que, a juicio de diferentes organismos, existen desde la nueva regulación del sector, en 2015, cuando se aprobó el conocido como impuesto al sol
Consideran que parte de esta reforma se estableció bajo “falsas premisas”, como la de la "solidaridad", por la cual el consumidor paga por la energía que él mismo genera, aunque lo haya hecho ya por la correspondiente instalación de paneles solares.
¿Por qué? La legislación entiende que el consumidor debe pagar porque el ahorro que genera con el uso de paneles solares (el dinero que deja de abonar a la compañía eléctrica) repercute, con una subida del recibo, en quienes no utilizan esta energía. Muchos analistas interpretan que se busca que las eléctricas mantengan intactas sus cuentas de resultados e ingresen cada año siempre lo mismo independientemente de la fuente de energía que se consuma.