martes, 15 de noviembre de 2011

Los notarios advierten de que en las ejecuciones hipotecarias hay situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor

BENIDORM.- El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, ha considerado que en "el actual sistema de ejecuciones hipotecarias, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor" y ha considerado que es "preciso corregirlas en aras de una mayor equidad".

   Joan Carles Ollé ha hecho estas declaraciones en la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, que se celebra en Benidorm, donde ha apuntado que el actual sistema tiene "disfunciones, situaciones perjudiciales y abusivas", aunque también ha resaltado que la "figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda", según ha indicado el consejo en un comunicado.
  Por ello, ha explicado que los notarios son "más partidarios de soluciones novativas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias". Entre ellas ha citado la "limitación de los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; la potenciación del procedimiento de ejecución extrajudicial, que es más rápido, sencillo y económico".
   También ha apostado por la posibilidad de una "regulación el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una Ley de segunda oportunidad, a la manera otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia".
   Otra solución alternativa a la dación fue la expuesta por el notario de Madrid, Javier Gardeazábal, la conocida como 'pacto marciano', "proveniente del Derecho Romano, y que ofrece la posibilidad de que, mediante una tasación independiente, se pueda quedar el acreedor con la finca sin procedimiento judicial, a trueque de quedar liberado el deudor, sin necesidad de adjudicación en pago".
  En este sentido, ha explicado que una vez haya sido determinado el valor justo de la cosa, "el deudor tendrá derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor". Ha añadido que para "dar eficacia a estos pactos puede ser conveniente la atribución de un poder irrevocable a un tercero que ejecute la venta y realice las operaciones de liquidación y pago de la deuda".
  Así, Gardeazábal ha apuntado que "incluso sería posible asignar al tercero el papel de arbitrador a fin de integrar la relación jurídica en las cuestiones que pudieran quedar pendientes". Así mismo, ha recordado que la "validez de estos pactos ha sido reconocida por la Jurisprudencia y por la doctrina mayoritariamente".
   En relación a estos pactos también se pronunció el coordinador de la sesión, José Ángel Martínez, quien se ha referido a "la reciente Orden de Transparencia de 28 de octubre de este año, que suscitará la posibilidad de introducir este pacto, que sería una manera de conseguir lo mismo que con la adjudicación en pago, a menor coste, de forma sencilla, y en todo caso más justa si el piso posee mayor valor que la deuda".
   Por su parte, el notario de Madrid, Juan Álvarez-Sala, ha considerado en su ponencia que "ahora que han llegado las vacas flacas, lo que importa son los matices de técnica procesal que aseguren la justicia de la ejecución hipotecaria, desde el punto de vista, por parte del ejecutado, del derecho a un proceso ejecutivo con todas las garantías, pero también por parte del ejecutante, procurándole un proceso sin dilaciones indebidas como modo de una tutela judicial efectiva".
   "La búsqueda de este equilibrio en la ejecución, en beneficio del deudor, debiera llevar así, probablemente, a una interpretación más flexible de las causas de oposición al procedimiento hipotecario, ampliándolas, por lo menos, a cualquier pago acreditado de la deuda", ha sostenido.

El Ayuntamiento de El Ejido reclama 2,2 millones a la promotora del concierto cancelado de los Rolling Stones

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha anunciado este martes que va a iniciar actuaciones para reclamar a la productora Music Frog "por la vía por la que haya que ir" los 2.251.000 euros que adeuda al Ayuntamiento por la cancelación del concierto que los Rolling Stones debían haber ofrecido en el municipio en el año 2006 después de detectar "muchas irregularidades" en el expediente.

   En rueda de prensa, Góngora ha trasladado que se ha "activado" a los servicios jurídicos del Consistorio para que hagan valer la "obligación contractual" que contrajo la empresa con el anterior equipo de gobierno liderado por exregidor Juan Enciso (PAL). Una vez concluya el informe, se abrirá expediente y, en caso de que Music Frog sea insolvente, ha explicado, ya se está "estudiando pedir responsabilidades personales tanto a los administradores como a los funcionarios".
   En esta línea, ha detallado que, tras la cancelación del concierto de los Rolling Stones fijado para 2006, la promotora "tenía que haber reintegrado los 4.176.000 euros que le abonó el Ayuntamiento". Es más, ha revelado que el contrato suscrito entre ambas partes estipulaba en una clausula que Music Frog "tenía que haber previsto una póliza de seguro para garantizar la devolución de esa cantidad de forma íntegra".
   "Me pregunto por qué no se reclamó judicialmente la devolución de estos 2,2 millones y qué ha pasado con ellos", ha asegurado para, a continuación, indicar que "nadie sabe" donde está un expediente que no "tiene nadie" y que "todo el mundo dice que estaba en el despacho del exinterventor municipal", en referencia a José Alemán, imputado por su presunta implicación en el caso 'Poniente' que investiga una supuesta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido.
   Góngora, quien ha matizado que las pérdidas económicas de 2,6 millones de euros que registró el segundo concierto de los Rolling Stones en El Ejido y que se celebró en 2007, se debieron a "mala gestión" ya que se calculó la venta de 60.000 entradas que, finalmente, quedaron en 20.000, ha criticado que el Ayuntamiento volviese a desembolsar a Music Frog más de cuatro millones de euros, de los que no se descontó lo que se debía en función del anterior contrato.
   "Pese al contrato fallido volvieron a contratar a la misma empresa y por otros cuatro millones de euros de los que no les ocurrió descontar lo que se adeudaba", ha lamentado al tiempo que ha señalado que "no cabe mayor negligencia y falta de respeto" a los ciudadanos en alusión al PAL. "No podemos condonar esta deuda como hizo el PAL con la complacencia del PSOE", ha concluido.

Ecologistas rechaza la macrourbanización en el entorno de Cabo de Gata y ven "complicidad" de la Junta

ALMERÍA.- Colectivos ecologistas ha trasladado este martes su "rechazo frontal" al macroproyecto residencial y turístico que se va a impulsar en la zona de El Nazareno, en el entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar, y han criticado la "complicidad" de la Junta de Andalucía ya que este "se promociona" en los planes de ordenación del territorio impulsados por la administración autonómica. 

   El macroproyecto en El Nazareno, que ha sido aprobado de manera provisional en pleno por el Ayuntamiento de Níjar, contempla la construcción un campo de golf de 27 hoyos, un millar de viviendas y 2.500 plazas hoteleras que se localizarían los limites del espacio protegido, por lo que a Federación de Ecologistas en Acción Almería, la Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) han presentado sendas alegaciones en la fase de exposición publica del Potaua.
   Según han indicado, el proyecto promociona un modelo de "ciudad difusa", "elimina" la zona de amortiguación natural del parque natural y aumenta el consumo hídrico. "No se entiende cómo se quiere construir un campo de golf cuando la misma Junta de Andalucía esta impulsando el proyecto turístico de Hoya Altica con una instalación de 15 hoyos en la zona de Retamar y cuando la urbanización de El Toyo no termina de despegar ni económicamente ni socialmente", han señalado.
   Los tres colectivos han tachado de "atentado contra el medio ambiente y la ordenación del territorio" el macroproyecto y han lamentado que los responsables políticos "no hayan aprendido que el modelo de ladrillazo sólo ha dejado altas tasas de desempleo, destrucción del litoral y ciudades totalmente insostenibles".
   En el comunicado, hacen, asimismo, referencia a otro macroproyecto que se promueve en la zona de El Llano Central, en el levante provincial, donde se contempla la construcción de tres campos de golf, 20.000 viviendas y varios complejos hoteleros. A juicio de las tres asociaciones, es "desproporcionado y fuera de toda lógica económica", por lo que han abogado por priorizar la rehabilitación del parque residencial existente y promocionar un turismo de calidad y sostenible que aproveche las infraestructuras ya creadas.
   "Lo más llamativo de ambos proyectos es que se basan en la especulación, es decir, no van a hacer nada, por lo que no se va a crear ningún puesto de trabajo, y es probable que sirvan para lavar 'dinero negro'. Lo único que conseguirán por el momento, si es que lo hacen, es subir el precio del suelo, al tiempo que intentan acceder a dinero público", ha subrayado.
   Al hilo de esto, Ecologistas en Acción, Amigos del Parque y GEM han criticado lo que consideran "complicidad" de la Junta de Andalucía y han anunciado que no descartan acudir a la Unesco y al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) para que investiguen la falta de implicación de la Junta y Ayuntamientos en el proyecto CAMP del Levante almeriense que impulsa en primer organismo.

Griñán y Aguilar firman un protocolo de colaboración para demoler El Algarrobico

ALMERÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, han suscrito un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, "una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme".

   Según ha informado en una nota la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el objetivo de ambas administraciones es colaborar para lograr en el futuro la demolición del hotel y la restauración de la zona. Así, señala que tanto la Junta como el Ministerio, dentro del compromiso de impulso de una gestión "sostenible, integrada y concertada del litoral andaluz", en general, y del Parque natural Marítimo-Terrestre Cabo de Gata-Níjar, en particular, consideran "imprescindible" la actuación coordinada entre ambas administraciones para desarrollar tanto la adecuada protección ambiental de la costa, como de su integridad física y de su naturaleza pública, a la vez que prestar una gestión "eficaz y correcta" de la misma.
   El documento, anunciado en declaraciones anteriores tanto por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, como por Rosa Aguilar, recoge que, "tan pronto como sea posible" y al amparo de lo que en su caso resuelvan los órganos judiciales competentes, ambas administraciones deben contribuir a la inmediata demolición del hotel El Algarrobico y a la posterior restauración y recuperación ambiental del espacio en el que se sitúa.
   De acuerdo con el plan conjunto que desarrollarán ambas administraciones, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta de Andalucía, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos que esta demolición genere.
   Para la posterior restauración del espacio litoral donde en la actualidad se ubica el edificio, Junta y Ministerio adoptarán un plan de empleo juvenil para el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluirá el establecimiento en el mismo de una Escuela Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales.
   Para la ejecución de las acciones previstas en este protocolo, ambas partes se comprometen a contar con las empresas locales. Desde el Gobierno andaluz se ha insistido en que el proyecto es medioambientalmente "insostenible y administrativamente inviable".
   Por ello, según recuerda, desde el año 2006 la Junta de Andalucía "se comprometió públicamente a evitar la apertura del hotel en construcción, para lo que ejercitó entonces el derecho de retracto cuyo objetivo era hacerse con la titularidad de la finca El Algarrobico".
   En este sentido, para alcanzar ese fin y dada la complejidad jurídico-administrativa del caso, considera "imprescindible" la colaboración y la coordinación entre las administraciones implicadas. Asimismo, cree que la "indiscutible" voluntad de la Junta de Andalucía tiene que estar acompañada del "necesario" respeto a un procedimiento que permita llevar a cabo, con la totalidad de las garantías jurídicas, la recuperación y restitución ambiental de la zona.
   En cuanto a la situación procesal en la zona El Algarrobico, la Consejería de Medio Ambiente recuerda que actualmente existen muchas actuaciones pendientes, confluyendo en el supuesto la articulación de distintos planeamientos, planes urbanísticos, medioambientales e incluso normas de protección especiales de la zona marítimo terrestre, así como la actuación de distintas administraciones públicas.
   En este sentido, cabe recordar el último auto dictado por un juez de lo Contencioso-administrativo en el que rechazaba ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico. Al hilo de esto, Díaz Trillo declaró que espera que "cuanto antes" termine "todo el entramado de procesos judiciales" que existe en relación con el hotel y se pueda actuar en la demolición de este establecimiento y en la consiguiente recuperación del espacio.

Ningún país de la Unión Europea se opone a que Andalucía mantenga al menos dos tercios de las ayudas actuales

BRUSELAS.- El secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, ha destacado que ningún país ha expresado durante el debate que este martes han mantenido los Veintisiete sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2014-2020 su oposición a la idea de que Andalucía, Castilla-La-Mancha y Galicia, mantengan "al menos en dos tercios" los fondos estructurales que han venido recibiendo en los últimos años cuando a partir de 2014 dejen de ser regiones de convergencia porque superan el 75% de la renta per cápita media.

   En rueda de prensa al término de la reunión, López Garrido ha defendido que Andalucía, Castilla-La-Mancha y Galicia, que "con toda seguridad" dejarán de ser a partir de 2014 regiones de convergencia porque superan el 75% de la renta per cápita media "necesitan una gradualidad" en la reducción de las ayudas. "Por eso consideramos que deberían mantener al menos dos tercios" de las ayudas actuales, ha recalcado.
   El secretario de Estado ha saludado que el apoyo de 13 países Amigos de la Cohesión al planteamiento de España de mantener las ayudas para las regiones en transición y que "ningún" país se haya opuesto a esta idea. Así, España, junto con Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría han creado un frente común para defender este martes que se mantengan ayudas para países en transición como las tres regiones españolas.
   López Garrido ha asegurado que Murcia "también se beneficiará de los fondos de cohesión" porque recibirá el mismo tratamiento de "regiones intermedidas" que Andalucía, Castilla-La-Mancha y Galicia y ha insistido en que el objetivo de España de que las regiones ultraperiféricas como Canarias "deben ser consideradas a efectos de la política de cohesión como regiones de convergencia".
   Bruselas ha propuesto que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia conserven a partir de 2014 hasta dos tercios de las ayudas actuales y se incluirían en la nueva categoría de "regiones en transición", que incluye a las que tienen un PIB per cápita de entre el 75% y el 90%. Murcia quedaría catalogada como "región en transición" (su PIB está en el 85% de la media), aunque recibiría menos subvenciones que las otras tres comunidades autónomas. Por su parte, Extremadura mantendrá las subvenciones del actual periodo 2007-2013 por encontrarse todavía por debajo del umbral del 75%.
   Los 13 países han defendido que la política regional mantenga en el futuro el objetivo de "reducir las disparidades regionales", que su "eficacia" se mida "por su contribución al crecimiento y empleo" y que se mantenga "el mismo nivel de financiación que en el periodo actual" o de lo contrario "aumentarán las disparidades entre regiones existentes", ha advertido el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Janoz Martonyi, que ha presentado la posición común de los 13 durante el debate.
   Asimismo, el ministro húngaro ha defendido que los recursos de la cohesión "deben centrarse en las regiones menos desarrolladas", ayudas para regiones en transición que comenzarán a recibir menos fondos y ha reclamado "más simplificación" en las ayudas y "más flexibilidad" para los Estados miembros "los que mejor conocen sus propias necesidades" para utilizar los fondos. "Cualquier mecanismo de condicionalidad debe ser justo y equilibrado", ha zanjado el húngaro.
   Por otra parte, López Garrido ha rechazado este martes la "condicionalidad macroeconómica" propuesta por la Comisión Europea para que los Estados miembros reciban fondos de cohesión a partir de 2014 con el arranque de las nuevas perspectivas financieras porque considera que es "excesiva" y "no es equitativa".
   "No nos parece que sea equitativa, desvincula al fondo de cohesión de sus objetivos reales y lo conecta más bien con la capacidad de control de la Comisión de esos fondos", ha criticado el secretario de Estado durante el debate que este martes han mantenido los Veintisiete sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2014-2020, especialmente sobre las partidas dedicadas a cohesión y a la Política Agrícola Común (PAC).
   La Comisión Europea propuso en octubre congelar las ayudas regionales a los países expedientados por déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación a partir de 2014 con el objetivo de prevenir futuras crisis de deuda. La medida afectaría especialmente a España, el segundo país que más se beneficia de los fondos estructurales, por detrás de Polonia y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya expresó el año pasado su oposición a esta idea, que empezó a circular tras el primer rescate de Grecia.
   López Garrido ha criticado durante el debate que esta condicionalidad macroeconómica obedece más a "objetivos de coordinación de políticas macroeconómicas" en los distintos Estados miembros y "no debe insertarse como un elemento central en la política de cohesión", cuyos "objetivos" para España "deben ser claramente la recuperación económica y la creación de empleo".
   El secretario de Estado ha insistido en la importancia de "facilitar lo más posible el uso de los fondos por los Estados miembros" en un momento de "restricciones fiscales" en los Veintisiete y ha defendido que "el elemento clave debe ser el concepto de absorción".
"Los fondos tienen que ser absorbidos por los Estados miembros y quitar todos los obstáculos y dificultades administrativas de procedimiento", ha recalcado.

S&P rebaja el rating de Andalucía debido a las "desviaciones presupuestarias"

SEVILLA.- La agencia de calificación crediticia Standard and Poor's (S&P) ha rebajado el rating a largo plazo de la comunidad de Andalucía de 'AA-' a 'A+' y se mantiene la "perspectiva negativa", debido a lo que esta agencia califica de "desviaciones presupuestarias", esto, es, se refleja la posibilidad de que Andalucía "registre una ejecución presupuestaria más débil de la que ahora esperan para 2011 y 2012, con desviaciones presupuestarias causadas por menores controles sobre los gastos operativos, e inversiones más altas".

   Según indica la agencia en un comunicado, los analistas estiman que la comunidad autónoma de Andalucía "registrará unos resultados presupuestarios débiles en 2011 y 2012 debido a desviaciones en ingresos", por lo que su valoración de la gestión financiera "se ha debilitado" y opina que las contingencias "son más altas" que en sus estimaciones anteriores. También refleja su "más débil opinión sobre la gestión financiera de la Comunidad y unas contingencias mayores de lo estimado previamente".
   Asimismo, indican que la "perspectiva negativa" refleja su opinión sobre el riesgo de que Andalucía "registre una ejecución presupuestaria peor de la esperada en 2011 y 2012", así como que "encuentre mayores dificultades para tener acceso a la financiación externa de las que ahora esperamos". Adicionalmente, la perspectiva sobre Andalucía "refleja el impacto de una hipotética revisión de la opinión sobre el marco institucional para las autonomías de régimen común".  
   En su estimación, Standard and Poor's recuerda que "en la primera mitad de 2011, Andalucía registró un déficit del 1,5 por ciento del PIB regional, ya por encima del objetivo fijado por el gobierno central para las regiones españolas para el conjunto del año 2011 --fijado en el 1,3 por ciento del PIB regional, y por encima de la media de las comunidades, situada en el 1,2 por ciento".  
   Los analistas prevén "un deterioro en la ejecución en términos presupuestarios de 2011 comparada con la del año anterior". Según su caso base, estiman que "el ahorro bruto de Andalucía bajará a un -3,6 por ciento de los ingresos operativos en 2011, comparado con un 1,5 por ciento en 2010".
   Además, proyectan que la comunidad "registrará un déficit presupuestario después de inversiones del 17,1 por ciento de los ingresos totales, comparado con un 14,9 por ciento en el año anterior". Las estimaciones de estos expertos de caso base para el déficit presupuestario de Andalucía tienen en cuenta su decisión de considerar los ingresos procedentes de operaciones de 'sale and lease back' --que estiman en 450 millones de euros para 2011-- como "deuda en lugar de cómo ventas de activos, de acuerdo con nuestros criterios".
   Estos expertos han rebajado su valoración de la gestión financiera de Andalucía, que ahora estiman que tiene un impacto "neutral" sobre el rating, de acuerdo con sus criterios, tras lo que apuntan que siguen considerando que el equipo gestor de Andalucía es "experimentado, transparente y eficiente en su provisión de información de buena calidad". Sin embargo, la ejecución presupuestaria a mitad de año y su estimación sobre la ejecución a final de año apuntan a un "debilitamiento" en la capacidad de la gestión para equilibrar ingresos y gastos.
   La rebaja también refleja su opinión sobre las contingencias de Andalucía, que consideran que son "más altas que en las estimaciones previas", de manera que estiman que Andalucía "tiene contingencias relacionadas con tres proyectos de construcción de metros actualmente en marcha, el de Sevilla, Málaga y Granada" y apuntan que "dada la naturaleza crítica de las redes de transporte urbano", esperan que la región "proporcionará apoyo financiero a los proyectos en caso de necesidad".
   El rating de Andalucía refleja su opinión sobre el "alto nivel de apoyo" que presta el sistema intergubernamental español, expresado en su valoración del marco institucional de las autonomías de régimen común como "predecible y equilibrado", según sus criterios, algo que es demostrado por un historial de reformas institucionales para apoyar a las regiones españolas en momentos de dificultad.
   La perspectiva negativa refleja la posibilidad de que Andalucía "registre una ejecución presupuestaria más débil de la que ahora esperamos para 2011 y 2012, con desviaciones presupuestarias causadas por menores controles sobre los gastos operativos, e inversiones más altas de las que consideramos en nuestro caso base".
   En este escenario negativo, estos expertos indican que se podría bajar el rating "si el ahorro bruto de Andalucía y el déficit después de 'capex' se debilitaran hasta un siete y 23,5 por ciento, respectivamente en 2012" y advierten de que también podrían bajar su rating si piensan que "la carga de deuda de la región pudiera exceder el 120 por ciento de los ingresos operativos consolidados en 2013, sin perspectivas claras de estabilización en el corto plazo".
   Por último, apuntan una serie de escenarios negativos que "podrían también llevarnos a bajar el rating sobre Andalucía", esto es, "si revisáramos nuestra actual valoración del acceso 'fuerte' de la región a los mercados, debido a un deterioro en su acceso a la financiación externa en 2012, en particular debido a dificultades para acceder al mercado minoristas, algo que vemos poco probable; si pensáramos que el marco institucional puede proporcionar menor apoyo del que ahora esperamos, en el caso de que se produjera un debilitamiento del perfil crediticio de España, en cuyo caso la probabilidad de apoyo financiero extraordinario a las regiones de régimen común es menor".
   Por otro lado, los agentes indican que podrían revisar la perspectiva a estable "si la economía de Andalucía y su ejecución presupuestaria se comportan en línea con nuestro caso base", apuntan.