¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo. 

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  

En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.

Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 

Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 

Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.

El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.

Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.

Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.

Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.

El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.

Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.

En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.

Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.

El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.

Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.

La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.

“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

El silestone causa silicosis a los trabajadores que lo manejan como los de 'Cosentino'

ALMERÍA.- Mi nombre es José Antonio López Moreno tengo 43 años, comencé a trabajar en Cosentino en enero del 94 con 18 años y hasta mi jubilación total por enfermedad, mi puesto de trabajo lo desarrollé en la única línea de producción del silestone que existía, donde me encargaba del calibrado y del pulido. Mi herramienta de trabajo era una máquina multidisco donde se cortaba solería y tableros de silestone, mi enemigo silencioso y traicionero, el sílice que a punto estuvo de llevarme a la tumba. 

José Antonio López Moreno, presidente de AEPSIS en Almería se muestra nervioso al iniciar esta entrevista. La misma se la solicitamos por varios motivos. El primero, saber un poco más de su asociación, el segundo para conocer de primera mano el trabajo de alguien que trabajó en la multinacional almeriense y el tercero al tener conocimiento de un juicio que va a celebrarse el próximo martes en Almería contra él, tras un recurso presentado por Cosentino.

-¿Recuerda cuando llegó a Cosentino?

Sí, entré con un contrato de practicas en noviembre de 1993 y se formalizó mi contrato como trabajador en enero de 1994.

-Hábleme de su trabajo.

Desde que empecé siempre estuve en el mismo puesto, este estaba al final de la línea del silestone, en una máqina multidisco donde se cortaba la solería y los tableros de silestone y que era el lugar donde se llevaba a cabo el control de calidad, es decir donde se comprobaba que el producto estaba perfecto y donde se desechaba aquel que no estaba bien.

-De un tiempo a esta parte desde su asociación se viene denunciando la falta de medidas de seguridad, así como que la enfermedad detectada es consecuencia de la falta de dichas medidas. Hábleme de ellas.

No había medida alguna. La vestimenta que la empresa nos daba era un pantalón, una chaquetilla y una botas de seguridad identicas a las que utilizan los albañiles en la obra. No había mascarillas.

-¿Nunca utilizaron mascarillas?

Fue por el año 98 cuando al enterarnos que había compañeros enfermos, empezamos a pedirlas pero no nos las dieron. Las primeras que nos dieron recuerdo que fue en el año 2002, cuatro años después y estas eran de papel.

-¿Padece usted silicosis?

-Sí.

-Cuénteme como supo que la padecía.

Comenzó a darme fiebre, principalmente por las tardes. Así estuve cuatro o cinco meses. Todas las tardes me tomaba un paracetamol y hasta fui catorce o quince veces al servicio de urgencias de Huercal Overa. 

-¿Dejó usted de trabajar?

No. Recuerdo que me hicieron varias analíticas, una de ellas para saber si sufría de fiebres de malta. La fiebre y el malestar fue en aumento hasta que un día sufrí un gran dolor en el pecho y fui a Macael para que me vieran en la Mutua Universal. La médico que me vio me dijo que podía ser tuberculosis. De allí me mandaron al hospital de Huercal Overa donde estuve ingresado 45 días pues me aumentó la fiebre y hasta perdí la conciencia. Estuve nueve días aislado. Tal era mi gravedad que aconsejaron a mi padre que comprara mi ataud.

-¿ Lo compró?

Sí.

- ¿Qué dijo su empresa?

Nunca se pusieron en contacto conmigo, ni se preocuparon por mi estado.

-Supongo que fue entonces cuando le detectaron la enfermedad.

No, el diagnóstico con el que salí del hospital fue: "Fiebre alta moderada de origen desconocido".

-¿Qué hizo después, tras el alta médica ?

Me incorporé a mi puesto de trabajo hasta que al tercer o cuarto mes volví a recaer y me llevaron de nuevo al hospital donde me hicieron nuevas pruebas y entre estas un TAC y una biopsia pulmonar en la que me detectaron partículas de sílice en los pulmones y por consiguiente silicosis.

- ¿Y a partir de ahí...?

Me dieron la jubilación total, viendo reducidos mis ingresos como viera reducida mi salud, pasando a percibir el 55% de la base de cotización.

Le pregunto que cobra actualmente, me lo dice pero me pide que no lo publique pues lo considera algo personal. Así lo hacemos. Sin embargo la pregunta viene a colación de algo que hemos conocido y es motivo también de esta entrevista. Es por ello que le preguntamos:

-Hemos conocido que el próximo martes tiene usted que presentarse en un juzgado de Almería, por un tema relacionado con la que fuera su empresa.

Se sorprende y me pregunta como lo sé, le contesto que conocerlo es nuestro trabajo. Se muestra reacio a hablar del tema, insistimos y me aclara.

-A la empresa la penalizaron por falta de medidas de seguridad.

-¿Por qué y quién?

Fue tras tras un informe que hizo la Inspección de Trabajo después de que un inspector de Trabajo confirmara la falta de medidas de seguridad. Por tal motivo recibimos un incremento del 30% sobre ese 55% que cobramos de acuerdo a nuestra base de cotización.

- ¿Y eso que tiene que ver con el juicio promovido por Cosentino en el que se le cita a usted?

- Cosentino ha recurrido ese incremento por lo que podría perder ese treinta por ciento. Un dinero que de no percibir perjudica mi tratamiento, pues no olvidemos que debo acudir al médico a menudo, gastar en desplazamientos y medicinas ya que soy un inválido.

-Hábleme de AEPSIS-Almería, la asociación de la que usted es presidente.

La misma está legalmente constituida desde noviembre del pasado año y la componen medio centenar de personas. Tiene la sede en Arboleas (Almería) y se crea para asesorar y ser vehículo de ayuda a los afectados de silicosis en esta provincia. Era necesaria para dar a conocer nuestra problemática; tenga en cuenta que en los últimos años han muerto 6 ó 7 personas y en estos momentos tenemos constancia de que entre 35 y 40 personas están enfermos por la silicosis en la comarca, cifra esta que día a día se van incrementando. Tal es así que en este último mes se han detectado dos casos más.

-Para terminar, ¿quiere decirle algo a los responsables de la empresa Cosentino?

Les diria que antes de hacer lo que el próximo martes van a hacer se pongan en mi lugar, en el lugar de los que han fallecido y en el de sus familias, en el lugar de los afectados que han perdido su trabajo y ahora luchan por vivir.

Puestos en contacto con el abogado de Jose Antonio Lopez Moreno nos aclara que "el próximo martes en los Juzgados de Almería, se va a celebrar un juicio donde la empresa Cosentino, S.A. ha solicitado la anulación de la sanción que le impuso la Seguridad Social por carecer de medidas de seguridad en la fabrica".

Asímismo nos informa "que la Inspección de Trabajo determinó que la enfermedad del trabajador tenía una relación de causalidad directa entre el trabajo desempeñado en la fabrica y la falta de medida de seguridad en su puesto de trabajo. Ante esto la empresa alega una supuesta prescripción con el objeto retirarle el 30 % de su pensión".

Es importante aclarar que ese 30% supone un importe próximo a los 200 euros mensuales.

Gabriel Sánchez Ogayar / https://nuevodiario.es/noticia/3029/nacional/-entrevista-al-presidente-de-la-asociacion-espanola-de-afectados-por-la-silicosis-de-almeria.html