Decenas de personas se concentran en protesta por el desalojo de las viviendas municipales de avenida Vilches

ALMERÍA.-   Decenas de personas se han concentrado este sábado en apoyo a las familias que residen en la veintena de viviendas de titularidad municipal situadas en la avenida de Vilches de la capital almeriense, conocidas como 'Casas de los Maestros', ante el desalojo de las mismas previsto por el Consistorio, que justifica esta actuación aludiendo a que se encuentran "ocupadas ilegalmente y no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad".

   Según ha indicado un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Almería, "entre 80 y 90 personas", vecinos y colectivos de apoyo, se han concentrado este sábado desde las 12,00 horas en el lugar para "denunciar públicamente" la actuación del Ayuntamiento respecto a 36 familias que habitan estas viviendas públicas.

   La concentración se ha convocado este sábado ante la citación de la primera de las familias que acude al Juzgado de primera instancia de Almería este lunes en relación a este procedimiento, según indica el miembro de la plataforma.

   Así, ha recordado que las 'Casas de los Maestros' fueron construidas en los años 40 para acoger a docentes en ejercicio en la capital, pero "hace más de 30 años dejaron de cumplir esa función" y llevan décadas siendo ocupadas por personas sin hogar.

   En este sentido, desde la PAH destacan que algunas de estas familias llevan "hasta 15 años" habitando estas viviendas, apuntando que "cuando las ocupaciones se alargan más de diez años en vivienda no registrada, se adquiere un derecho de uso". Además, pone de manifiesto que en estas casas viven "más de 40 niños que han nacido allí y están escolarizados en la zona".

   Desde la PAH señalan la "indecencia" que supone que el Ayuntamiento vaya a desalojar estas viviendas y "dejar a estas familias en la calle sin buscarles una solución" cuando no hay "ningún proyecto" que justifique la "urgencia" de este procedimiento. "Van a echar a las familias para sellar puertas con ladrillos, es un sinsentido y más hoy en día", ha aseverado.

   Por su parte, el equipo de gobierno municipal liderado por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) ha destacado en un comunicado que la actuación municipal prevista para las 'Casas de los Maestros' "responde al interés general y no obedece a ningún desahucio masivo".

   "La intención del Ayuntamiento es la de resolver la situación en la que se encuentran los inmuebles municipales de la Avenida de Vilches, después de conocer, tras un trabajo exhaustivo, la situación de las personas que ocupan estas viviendas, en la mayor parte de los casos de manera ilegal, así como el estado de conservación, salubridad y seguridad de las viviendas", informan en un comunicado.

   Así, desde el Ayuntamiento se remiten al "acuerdo unánime adoptado por el Pleno municipal celebrado el pasado mes de agosto" por el que se encomendaba a la empresa municipal de la vivienda, 'Almería XXI', el desalojo de las 22 viviendas municipales "que se encuentran, en su mayoría, ocupadas ilegalmente".

   Desde el equipo de gobierno justifican que esta decisión responde a "un interés general con la intención de llevar a cabo un proyecto de rehabilitación y urbanización en el entorno de la Plaza de Toros y zonas adyacentes, ampliando el espacio público".

   Además, aluden a informes técnicos que "concluyen que estas viviendas no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad para ser habitadas, con riesgo para sus ocupantes y para terceros".

 "Las deficiencias estructurales detectadas alertan del peligro de desprendimientos y caídas en elementos como antepechos de balcones y cubiertas", apuntan desde el Consistorio, que recuerda que los domicilios no cuentan con contador de agua ni de luz.

   De este modo, subrayan desde el gobierno municipal que "en ningún caso se ejecuta un desahucio ni se quebranta ningún derecho, como denuncia y pretende hacer ver la PAH", a la que acusa de hacer un "uso partidista" de este caso.

   Por último, señalan que el Ayuntamiento pretende recuperar y dar solución a un problema urbanístico pero también de tipo social, señalando que "el objetivo final de todas estas actuaciones es que en las fincas donde hoy se encuentran las referidas 'Casas de Maestros' se construyan nuevos edificios destinados principalmente a viviendas, con especial atención a las de protección oficial".

La Junta cree que con la reforma de la Ley de Costas "peligra el modelo sostenible"

SEVILLA.- El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, cree que con el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas, promovido por el Gobierno central --aprobado por el Senado y que ahora pasará al Congreso-- "volveremos a 25 años atrás, a la falta de control y protección del litoral", y ha alertado de que con dicha reforma "peligra el modelo de turismo sostenible que estamos promoviendo en Andalucía y que nos recomienda la UE".

   Rodríguez, quien lamentó que el PP "rechazó todas las sugerencias apuntadas en el Senado", considera que el proyecto que sale de la Cámara Alta "retrotrae la legislación ambiental y de protección a los años anteriores a 1988".

   "Es como si no hubieran pasado 25 años, se desanda el camino y volveremos a niveles de protección anteriores a la Ley de Costas de 1988", ha agregado el consejero, que lamenta que esta ley "se basa en la especulación, el desarrollismo inmobiliario, quiere llenar todo de ladrillos".

   Asegura que "algunos se dan cabezazos en la misma esquina y no aprenden de los errores que nos llevaron a la actual situación de falta de control y de protección".

   En ese sentido, ha aseverado que el modelo turístico andaluz "será competitivo y tendrá perspectiva de crecer si se basa en el desarrollo sostenible y se garantiza un adecuado nivel de protección".

 "Hay escasos espacios no ocupados y nuestro modelo va en la línea de un desarrollo competitivo turístico, un modelo de desarrollo sostenible y perdurable en el tiempo, que apueste por la calidad y perdurabilidad del producto turístico y el uso sostenible de recursos".

   El consejero ha advertido de que con la reforma de la Ley de Costas "se puede dar la triste y dramática paradoja de que la primera línea de playa, la línea de dominio público, que es competencia del Gobierno central, esté menos protegida que la segunda línea de playa, la zona de influencia, que es la que va a regular el Plan de Protección del Litoral, competencia directa de la Junta de Andalucía".

   Rodríguez reconoce que esa situación "nos llena de preocupación y pesadumbre, y significa que quien gestiona en este momento el dominio público gestiona pensando más en intereses inmobiliarios y especulativos que en el interés general y turístico".

   El consejero de Turismo ha indicado que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente "es la que promoverá un estudio para estudiar si esta modificación de la Ley de Costas invade o no competencias propias de la comunidad; se hará un estudio científico para saber si se vulneran o no competencias estatutarias".

   Rodríguez se muestra "preocupado" por el hecho de que el PP "apuesta por un modelo turístico y de desarrollo basado en el ladrillo y la ocupación masiva del territorio", un modelo que "genera mucha más incertidumbre que certezas y que puede favorecer a sectores inmobiliarios pero no favorece al sector hotelero ni a la industria turística".

   "Cuando planteamos un modelo de desarrollo turístico sostenible  y no lo queremos ocupar todo con el ladrillo o con edificios es porque creemos que es el modelo que genera riqueza y empleo estable y duradero en torno a la industria turística", ha aseverado el consejero, quien considera que "para que el sector turístico sea rentable hay que ser conscientes de que se debe presentar un modelo turístico diferente, no todo puede estar ocupado por promociones inmobiliarias".

   Considera que la reforma de la Ley de Costas "apunta a un modelo de ocupación del territorio y de litoral, un criterio absolutamente contrario a los dictados de sostenibilidad y competitividad que se manejan en los ámbitos europeos".

 "Esa disminución de la protección y ese retroceso va contra los intereses generales de los sectores turísticos de Andalucia  y contra los criterios que se impulsan desde la UE, donde se promueve un uso racional y sostenible del territorio", ha aseverado el consejero.

   "Andalucía será competitiva si es capaz de ofertar un producto diferente, un uso del espacio más permeable del que hasta ese momento se ha establecido", ha agregado Rodríguez, quien lamenta que "está urbanizado el 60 por ciento del litoral andaluz y con esta ley se quiere urbanizar el 40 por ciento restante, todo desde la óptica inmobiliaria".

   El consejero ha lamentado que el Gobierno de España "sigue legislando a base de mayoría absoluta, sin oír a nadie, oyendo solo a los que tienen intereses concretos  y acceso directo al PP", mientras que "al resto de organizaciones e instituciones ni nos convocan".

   "No nos ha dado ningún tipo de información, ni siquiera a nivel orientativo", se ha lamentado Rafael Rodríguez.

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.

   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".

   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.

   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.

   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.

   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".

   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".

   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".

   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.

   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.

   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".

   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.

   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.

   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".

   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.