SEVILLA.- La Junta de Andalucía emplea a más de 270.000 personas, según datos del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). Es el resultado de sumar los 253.951 trabajadores de la administración «normal» y los alrededor de 30.000 que se desempeñan en el conjunto de fundaciones y empresas públicas que componen la administración paralela. Solo en el cuerpo de Administración General -que excluye a sanitarios y docentes-, hay 43.714 empleados públicos, recuerda hoy Abc.
Pero, advierten desde el la Secretaría General para la Administración Pública -dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior-,
hay problemas en el horizonte. Por un lado, los empleados tienen una
alta edad media. La administración está envejecida. Y además, para 2030,
esto es, en solo diez años, el 47 por ciento de esos 43.714 trabajadores de la Administración General se habrán jubilado. ¿Cómo son esas cerca de 20.000 personas a las que les quedan menos de diez años para dejar su trabajo?
Según
datos de la propia administración a los que ha podido acceder Abc, se
trata sobre todo de mujeres. Son, indica un informe de la Secretaría
General para la Administración Pública, un 62,51 por ciento de féminas por un 37,49 de hombres.
Además, cuatro de cada diez jubilados en 2030 serán del grupo C1, C2 y E
-los más bajos en el sistema en que se organiza la administración y
cuyo escalón más alto es el A-. Precisamente de la categoría A1 serán el
33,15 por ciento de las jubilaciones.
Por provincias,
explican desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e
Interior, Granada es la que perderá más empleados entre sus funcionarios
para el año 2030, seguido por Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería. Donde
menos se retirarán dentro de diez años es en Málaga y Sevilla y también en la provincia de Huelva.
Con cerca de 20.000 jubilaciones a la vista, señala el director del IAAP, Juan Carlos González,
Andalucía tiene a la vez «un problema y una oportunidad». Por un lado,
se trata un desafío porque descapitaliza la función pública. Supone la
pérdida de trabajadores con experiencia y amplio conocimiento de la
administración andaluza. Pero por otro lado es un reto del que sacar
rédito.
«Con este escenario podemos plantearnos qué hacer en los próximos años.
Qué administración pública queremos. Podemos parar la dinámica de meter
a una persona por cada empleado que se jubila y reflexionar», plantea
González.
Con ese desafío por delante, desde el Gobierno andaluz
se han lanzado a la tarea de diseñar la nueva administración pública. Es
lo que pretende con la redacción del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General 2020-2030, que arranca ahora y que la Junta de Andalucía quiere tener lista antes del próximo verano.
La idea de la Junta de Andalucía es
aprovechar este proceso para replantear qué se quiere hacer con la
función pública. Repensarlo todo, analizarlo en profundidad. Dentro de
este proceso de modernización, desde la Secretaría General para la
Administración Pública lamentan que, a veces, la Junta no puede poner en
marcha determinadas políticas porque carece de las herramientas técnicas para ello,
pero, sobre todo, porque no tiene quién las lleve a cabo.
Asuntos como
el «Big Data», que podrían ayudar a labor de gestión de Andalucía,
carece por ahora de perfiles entre el funcionariado de la comunidad.
También observan que el sistema de selección actual de funcionarios sea poco «predictivo» en cuanto a habilidades: «Los exámenes por los que se pasa ahora mismo quizás no son lo mejor para ver si una persona va a ser capaz
luego de desenvolverse en una mesa de negociación, por ejemplo»,
señalan. El análisis integral incluirá también el acceso a la función
pública y el sistema de oposiciones.
Sin embargo, advierten desde
la Consejería de Presidencia y Administración Pública, cualquier cambio
en el sistema de oposiciones y Ofertas Públicas de Empleo (OPEs),
sería a futuro y sin afectar a los procesos abiertos. Ni, tampoco,
indica el director del IAAP, a quienes ya están preparando oposiciones.
«Cualquier cambio del modelo de oposiciones tiene que ser paulatino para
que quienes están estudiando no pierdan la oportunidad ni el trabajo
realizado». Reflexión, negociación y programación a largo plazo son las claves para posibles cambios en las oposiciones en Andalucía.
De
todos modos, aclaran desde la Secretaría General para la Administración
Pública, la estrategia de recursos humanos que quiere plantear a diez
años vista en la Junta no es solo sobre la selección del personal: «Va sobre todo el conjunto del sistema», señala González.
En el plan que van a desarrollar la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
van a analizar «qué tipo de profesiones se necesitan en el futuro en la
Junta de Andalucía, cómo vamos a reclutar a las personas, cómo las
vamos a mover dentro de la organización o cómo vamos a permitir la
promoción dentro de la organización», señala González.
«¿Tenemos que reciclar a personas de dentro de la organización? Porque a lo mejor no hace falta gente de fuera», se plantean en la Junta.
Pero
hay más preguntas que responder con este análisis de preparación de la
Estrategia de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía: «Antes de aprobar el plan tenemos que ver cuáles son nuestras líneas básicas de trabajo»,
señala el director del IAAP. «¿Qué queremos mejorar, que haya un
porcentaje mayor de mujeres? ¿De personas que provengan más de ciencias
que de letras? Tendremos que estudiar lo que hay y hacia dónde vamos»,
expone.
Dentro del análisis, la Junta quieren que estén todos los actores. Los sindicatos, por supuesto. Pero también las academias que preparan opositores -«nos importa mucho su opinión», indican desde la administración-.
También van a contar con asociaciones de ciudadanos, a los que quieren
plantear cómo es la Junta que prefieren para el futuro: «¿Qué quieren,
una Junta con ventanillas o no las quieren?», se pregunta González.
Gracias a todas esas preguntas, con las que la Junta quiere abrir en canal su administración, la Secretaría General para la Administración Pública
contará con un retrato al milímetro no solo de cómo es la Junta de
Andalucía y quienes trabajan en ella. También de cómo funciona y, más
importante aún, cómo quieren que sea en el futuro. Las coordenadas actuales, el puerto de destino y la ruta a seguir.
Los responsables de la administración andaluza señalan «la mayoría de los auxiliares administrativos son licenciados en Derecho,
lo que produce frustración a estos trabajadores, sobrecualificados para
el puesto y genera tensión en la administración, que no puede responder
a las expectativas de mejora en su carrera. Lo ideal, creen desde el
Gobierno andaluz, es que los empleados públicos ocupen puestos de acuerdo a su formación.
Funcionarios
Hay
datos que la Junta ya conoce sobre sus trabajadores. Así, por ejemplo,
el personal que trabaja para ella supone el 12,24 por ciento de la población activa de Andalucía.
Dicho de otra forma: doce de cada cien trabajadores en la comunidad
está a sueldo de la Junta de Andalucía.
«Aquí siempre hay
sobrerepresentación femenina por edades. Pero si vas a niveles
directivos, hay infrarepresentación de mujeres», explica Juan Carlos González.
Hay
más. La mitad de quienes son funcionarios hoy día en la Junta eran
antes interinos o personal laboral de la administración. Desde el Gobierno andaluz explican que gran parte de este fenómeno tiene
que ver con las dos grandes bolsas de empleo público en la comunidad:
Educación y Sanidad.
En ambos casos la carrera de sus trabajadores suele
comenzar con contratos mientras acumulan tiempo de servicio para
hacerse con una de las plazas que se sacan a Oferta Pública de Empleo
(OPE).
Meses de estudio
Analizar toda la administración
andaluza, escuchar a los actores que participan en ella y establecer una
radiografía y propuesta de futuro no es un proceso rápido. Desde la
Secretaría General para la Función Pública se plantean que, una vez que
ya tienen el visto bueno del Consejo de Gobierno -el
encargo de hacer este análisis apareció en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del pasado lunes-, el calendario va a empezar a
correr.
El objetivo, señalan, es tener listo para marzo la
estrategia sobre recursos humanos de la Junta. Y, de forma paralela,
seguir desarrollando la Ley de la Función Pública, la normativa que debe plantear cómo se gestiona la administración pública andaluza.
