SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda pondrá en
marcha en varias semanas una red de ocho oficinas en cada una de las
provincias andaluzas, Almería entre ellas, para prestar asesoramiento y que servirá como
servicio de prevención y atención para evitar desahucios de los
propietarios de vivienda, según ha anunciado la consejera de Fomento y
Vivienda, Elena Cortés, quien ha asegurado que la Junta "no tendrá
neutralidad" ante estas situaciones.
En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha
anunciado la creación del llamado 'Programa andaluz en defensa de la
vivienda", un "instrumento político" con el que se "combatirá cara a
cara" los casos de desahucio, y que se articulará en la puesta en marcha
"en las próximas semanas" en las ocho provincias andaluzas de un
servicio público y gratuito de "prevención de desahucios, asesoramiento a
los compradores y en el caso de que los embargos se produzcan, desde la
Junta se pueda ofrecer soluciones jurídicas".
Estas oficinas estarán ubicadas en las delegaciones provinciales y serán atendidas por funcionarios.
Cortés ha resaltado que este desde este servicio "no solo se
rompe con las anteriores limitaciones, sino que la Junta renunciará a la
neutralidad y se sitúa junto a las víctimas de desahucios y
ejecuciones".
"Queremos llevar a cabo una política de verdad, introducir
cambios sociales profundos y duraderos y ello solo se puede hacer
contando con movimientos sociales, acabando con la resignación", ha
aseverado Cortés, quien deja claro que la Junta "rompe con la
neutralidad de las administraciones ante los desahuciados o que están a
punto de serlo, debemos estar de su lado y ni siquiera arrojarles una
cuerda sino tirarnos al agua con ellos", ha aseverado la consejera,
quien anima a los ayuntamientos y entidades financieras a sumarse para
"paliar al desahucio masivo de miles de familias"
La consejera ha indicado que este programa estará regido "bajo
el principio 'pro consumatore'", de forma que "ante los recortes a los
ciudadanos, la Junta defenderá el derecho de acceso a las familias a la
vivienda poniéndose de parte de éstas".
Ha asegurado que este servicio se pondrá en marcha "en las
próximas semanas", una "urgencia" derivada de la "emergencia social"
para muchas familias.
La consejera ha explicado que este programa se centra en tres
áreas, la primera de prevención, con tareas de información y
asesoramiento al ciudadano que se encuentre en una situación previa a la
contratación de hipotecas, por lo que el servicio "evaluará la
situación de las familias que van a contar con préstamos hipotecarios,
esos ciudadanos que acudan al servicio recibirán asesoramiento antes de
la contratación de un préstamos hipotecario, en un asesoramiento que no
será neutral".
"Hasta ahora ha habido un modelo fallido de construcción y
compraventa y queremos alentar en lo posible otros modelos de tenencia
distintos a las hipotecas para toda la vida, hay que frenar
injusticias", ha aseverado.
La segunda área de estas ocho oficinas será una tarea de
intermediación frente a las entidades financieras, "acompañando a las
familias que así lo soliciten y sufran un endeudamiento sobrevenido,
garantizando mejores condiciones y para conseguir la liquidación de la
deuda contraída, bajo el principio 'pre consumatore'". "Habrá una
mediación con entidades, un estudio de la situación y una atención por
parte de la Junta", ha agregado.
Por último, la tercera medida que ofrecerá este servicio será
"ofrecer protección, mediación y arbitraje y aportar soluciones
concretas a las familias desahuciadas tras la pérdida de su vivienda
habitual y que se hallan en riesgo de exclusión social".
En ese sentido, ha anunciado que en los casos de desahucio
pretende poner a disposición de las familias las viviendas del parque
público residencial, para que sean realojados.
En ese punto, la consejera ha dejado claro que ésta "es una
iniciativa abierta a los ayuntamientos", por lo que en breve pretende
celebrar una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) para proponerle un marco de colaboración amplio para
una mayor colaboración y permitir usar los recursos en pro de la defensa
del derecho a la vivienda. "Queremos una política de mano tendida y es
necesaria la colaboración con los entes locales, que serán claves", ha
aseverado la consejera.
Cortés ha recordado que la Junta sigue estudiando posibles
modificaciones legales para hacer aflorar el "stock insostenible" de
viviendas, y rechaza el 'banco malo' anunciado por el Gobierno que
supone "una socialización de la deuda privada, y que supone remar en
dirección contraria a los ciudadanos".
La consejera ha resaltado que estas medidas se han
desarrollado tras consultar con agentes sociales y organizaciones de
afectados por desahucios, y ha dejado claro que la Consejería "abre sus
puertas de par en par a los movimientos sociales y ciudadanos" y estará a
favor y a disposición de las redes sociales de apoyo a familias en
crisis".
Asimismo ha explicado que este servicio "es una medida
transversal que recorre las competencias de varias consejerías" y ha
destacado la especial colaboración de la consejerías de Justicia y de
Gobernación y Relaciones Institucionales.
La consejera ha recordado que la Consejería ha hecho ya
requerimientos a las entidades financieras para reclamar oficialmente a
los bancos que entreguen las VPO embargadas para incluirlas en registros
municipales de demandantes, siendo registradas bajo criterios sociales,
y la posibilidad de imponer sanciones.
Cortés ha lamentado que "el Gobierno central ha propiciado más
desahucios y no ha puesto en marcha ni una sola medida contundente que
vaya al rescate de familias sobreendeudadas" y ha recordado que la
consejera firmó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre
la dación en pago, aunque lamenta que por ahora "no encontramos apoyos
en el Gobierno central". Precisa que desde 2007 se han registrado 68.000
ejecuciones hipotecarias en Andalucía.
"Ante este drama de los trabajadores y la falta de derecho a
la vivienda, todas las administraciones públicas y entidades privadas
deberíamos sumar esfuerzos", asevera la consejera.
Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez, ha pedido a
la consejera que "deje de hacer discursos absolutamente demagogos" y que
se vaya "todos a una" en contra de los desahucios, tras lo que ha
recordado que las competencias "exclusivas" en materia de vivienda son
de la Junta, por lo que demanda "rigor y conocimiento de los temas".
Tras recordar las iniciativas anteriores presentadas por el PP
en materia de desahucio", lamenta que el PSOE "no ha hecho nada en 30
años ni siquiera ha detectado el problema" y ha lamentado que la Ley de
Derecho a la Vivienda "no está funcionando".
Por su parte, el diputado del PSOE Enrique Benítez ha aludido a
las políticas en materia de desahucios en algunas comunidades autónomas
como Madrid, de forma que, a su juicio, "para el PP la vivienda no es
un derecho sino un activo financiero y una oportunidad con el que hacer
negocio".
"Para el PSOE la falta de vivienda es un problema social,
mientras que para el PP es un negocio para el sistema financiero y para
las familias mas poderosas y el Gobierno está legislando para conseguir
la acaparación de patrimonio en unas pocas manos y propietarios".
Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha lamentado
el "drama social sobrevenido con las ejecuciones hipotecarias", por lo
que respalda y alienta las medidas anunciadas por Cortés para
"equilibrar la balanza".
No obstante, lamenta que esta iniciativa "adecuada, acertada y
correcta" estará "plagada de obstáculos que limitarán su eficiencia",
aunque resalta el "esfuerzo importante que se llevará a cabo para
implementarla".
