El Gobierno nombra a Isabel Mayo López como nueva delegada en Andalucía

 SEVILLA.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha indicado el ejecutivo en una nota, Mayo López es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y funcionaria del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Entre sus cargos destaca el haber sido viceconsejera de Justicia e Interior, entre julio 2017 y enero 2019; directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, entre noviembre 2010 y julio 2015, y subdelegada de Sevilla en funciones desde febrero de 2023 a enero 2024.

Asimismo, ha ocupado el puesto de secretaria general técnica de la Consejería de Cultura, entre julio 2015 y julio 2017; y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, entre abril y octubre 2010, de la Junta de Andalucía. Cuenta con el curso universitario de posgrado de Experto en Administración Pública, cuenta en su formación con el curso de Liderazgo Público del Instituto Nacional de Administración Pública y el de Habilidades Directivas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP).

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de los ceses de los subdelegados de las provincias de Almería, José María Martín; Córdoba, Ana López; Granada, José Antonio Montilla; Málaga, Javier Salas, y Sevilla, Francisco Toscano.

Fernández critica al PP por rechazar la condonación de deuda que aportaría "2.200 millones" a Andalucía

 SEVILLA.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado que los diputados andaluces del PP hayan votado en contra de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, al considerar que con esta decisión Andalucía "deja de disponer de más de 2.200 millones de euros" y que tendrá "consecuencias nefastas para los andaluces".

Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios, en el que ha explicado que estos recursos permitirían "contratar a más médicos, mejorar los centros educativos, aumentar la financiación de las universidades públicas o garantizar la atención infantil temprana a miles de niños".

Fernández ha asegurado que "parece que la Junta de Andalucía está olvidando que estos recursos que está despreciando no le pertenecen, sino que son de todos los andaluces", al tiempo que ha defendido que también corresponden a los andaluces los más de 5.700 millones de euros que Andalucía recibirá con el nuevo sistema de financiación autonómica y que, según ha afirmado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "también rechaza". 

 

Fernández ve la operación en Almería como ejemplo de la capacidad policial para desarticular redes criminales

 SEVILLA.- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este viernes que la operación desarrollada en Almería contra una organización vinculada al narcotráfico, y dedicada también a favorecer la migración irregular entre Argelia y España, constituye un "claro ejemplo" de la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "golpear y desarticular" estructuras criminales.

Así se ha pronunciado en Sevilla durante el acto conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, tras conocerse los detalles de la operación 'Costaferita-Aparición', que se ha saldado con nueve personas detenidas, tres de ellas en prisión, y diez registros en Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra.

Fernández ha precisado que la red investigada contaba con un entramado y una estructura que le permitían prestar apoyo logístico a otras organizaciones que operaban en el mar de Alborán, principalmente mediante el 'petaqueo', además de facilitar "infraestructuras de guardería" y alojamiento para personas objeto de tráfico ilegal.

La operación, desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional con el apoyo de Europol, ha permitido intervenir 43.000 euros en efectivo, 61 kilos de hachís, tres motores de 425 caballos, 30 vehículos, dos embarcaciones de gran tamaño y documentación falsa.

Según los datos de la investigación, el grupo habría gestionado más de 50.000 litros de combustible destinados a embarcaciones tipo 'go-fast' utilizadas tanto para el tráfico de personas como para el transporte de droga, dentro de una estructura que funcionaba como una especie de "estación de servicio" clandestina en distintos puntos de la costa almeriense.

A los detenidos se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de drogas, falsedad documental y delitos contra la seguridad colectiva relacionados con el 'petaqueo'.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería y de la Fiscalía Provincial, mientras que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Delegado del Gobierno en Andalucía avala la actuación policial con detenidos en la previa del Almería-Málaga

 GRANADA.- El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la "proporcionalidad" de la actuación policial que se dio en la previa del partido entre la UD Almería y el Málaga CF ante una "pelea multitudinaria" que acabó con cinco detenidos, uno de los cuales resultó herido y se encuentra en observación en el Hospital Universitario Torrecárdenas, si bien su lesión "no obedece a ningún golpe por parte de la Policía".

A preguntas de los medios en Granada, Fernández se ha referido a este "altercado" previo al partido este domingo en las inmediaciones del UD Almería Stadium, en el que los agentes tuvieron que intervenir "sin más remedio" para "disipar" esa "pelea" y detener a las personas que fueron identificadas.

"Hay vídeos que así lo avalan y lo acreditan", ha expuesto el delegado, quien ha insistido en que el golpe que sufrió el aficionado que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario se produjo "por otra circunstancia que no tiene nada que ver con la acción de la Policía Nacional".

En concreto, según ha abundado, el afectado que era desplazado por unos agentes estaba siendo sujetado desde los hombros por otro aficionado, quien "lo suelta de una forma imprevista", por lo que el herido "se golpea la cabeza" contra el suelo.

En cualquier caso, Fernández ha incidido en que el herido está "fuera de peligro" y bajo custodia policial. En concreto, según han explicado fuentes policiales se le achaca como al resto de arrestados los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.

Las mismas fuentes han explicado que a lo largo de este lunes se prevé el paso a disposición judicial de, al menos, los cuatro hinchas del Málaga CF mientras que el quinto, reclamado por la Grada Joven de la UDA como miembro, se encuentra a la espera de su evolución sanitaria.

Desde la Policía Nacional también se ha rechazado que el herido sufriera cualquier tipo de golpe en la cabeza con una defensa policial o que el herido llegara en estado crítico al centro hospitalario, toda vez que han negado que las aficiones de ambos clubes se llegaran a "mezclar" o la "calentar". 

Del mismo modo, han valorado que no se produjeran otros daños personales entre aficionados ajenos a los hechos, ni daños materiales en buses o en el mobiliario público.

El delegado del Gobierno afirma que el periodo navideño ha transcurrido con "absoluta normalidad" en Andalucía a pesar de las borrascas

 SEVILLA.- El delegado el Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido este jueves con los máximos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer balance del periodo navideño y que, según ha destacado, ha transcurrido con "absoluta normalidad" gracias al trabajo "encomiable, impecable y permanente" de los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, si bien ha asegurado que ha sido "un mes complicado debido a la confluencia de temporales, por los que tenemos que lamentar desgraciadamente tres fallecidos", dos en Alhaurín el Grande, en Málaga, y una tercera en Íllora (Granada).

Según ha recogido el Gobierno en una nota, Fernández ha señalado que "la borrasca Emilia, que atravesó el levante almeriense, Cártama (Málaga) y el norte de Granada, junto con los fenómenos adversos del 28 y 29 de diciembre y la borrasca Francis, que se centraron en los primeros días del año en Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, afectaron a 130 municipios y, "a pesar de que la competencia en emergencias es de la administración autonómica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han colaborado con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y para garantizar la seguridad de las personas", ha afirmado.

Así ha enumerado la intervenciones desarrolladas por la Guardia Civil, principalmente destinadas a controlar el tráfico, evacuar a personas y búsqueda de desaparecidos. "Se hayan desplegado 1.640 efectivos de diversas especialidades de la Guardia Civil --Greim, GEAS, Seprona, servicio cinológico, aéreo y Pegaso, entre otros--, apoyados por 1.070 medios técnicos, con los que se han realizado cerca de un millar de servicios y conseguido auxiliar a 50 personas, rescatado a otras seis y desalojadas 281", ha detallado.

En cuanto a los planes específicos destinados a controlar la delincuencia en esas fechas, el delegado del Gobierno, que ha estado acompañado por el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona; el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Garrido, y por el comisario principal, jefe regional de Operaciones, Julio Ros, ha felicitado a ambos cuerpos porque "su presencia y actividad permanente y continua han permitido disfrutar con absoluta normalidad en esta época del año en la que Andalucía recibe a miles de personas".

En detalle, ha comentado que la delincuencia tradicional "ha bajado levemente durante las fiestas y de forma significativa han disminuido los delitos de lesiones a personas, la entrada a domicilios y establecimientos", aunque "desgraciadamente, como ocurre anualmente, se ha apreciado un pico en los delitos relacionados con la violencia de género", ha añadido.

Relacionado con la siniestralidad vial, Pedro Fernández ha indicado que el último temporal ha coincidido con la Navidad, una de las épocas de mayor movilidad por carretera, "lo que ha añadido más peligrosidad a los desplazamientos".

Aún con los datos provisionales, en las carreteras andaluzas se han registrado cerca de cinco millones de desplazamientos, que suponen un incremento del 1,6% respecto al año pasado, un aumento ligeramente inferior al previsto por la DGT para la operación especial de Navidad posiblemente debido a la mala meteorología. Siete personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en siniestros registrados en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.

Asimismo, el delegado ha querido además destacar las "buenas noticias con las que ha comenzado el año en Andalucía gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España como una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en negociación, la revalorización y subida de las pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios y el abono mensual de transporte".

"Serán más de medio millón de andaluzas y andaluces, especialmente mujeres y jóvenes por aglutinar los contratos más precarios, los que se puedan beneficiar de este nuevo incremento, propuesto en el 3,1% y en fase de negociación con los agentes sociales, y que se sumará al crecimiento del 61% experimentado desde 2018, que ha conseguir que el SMI pase de los 736 euros al mes a los 1.184 euros en 2025", ha especificado Fernanda.

Por su parte, ha apuntado que más de medio millón de empleados públicos de todas las administraciones públicas "ya se benefician de una subida salarial que alcanzará un incremento acumulado del 11% hasta 2028", al tiempo que cerca de 2,2 millones de prestaciones y pensiones suben entre un 2,7% y un 11,4% en Andalucía con la revalorización de las pensiones y las subidas aprobadas por el Gobierno de España".

Además, Fernández ha querido también recalcar el abono único de transporte con tarifa plana mensual --60 euros al mes para mayores de 25 años y 30euro para jóvenes de 25 años o menos-- para desplazarse por carretera en medios de competencia estatal, trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, además de la prórroga de las ayudas al transporte, entrará en vigor la segunda quincena de enero.

"2026 empieza con el objetivo de continuar ampliando la calidad de vida de la mayoría social, especialmente de las personas trabajadoras, estudiantes, mujeres, jóvenes y mayores con medidas reales", ha concluido.

El delegado del Gobierno niega que hubiera un atropello de 12 jornaleros durante un altercado en una finca de Níjar

 GRANADA.-  El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado que se produjera un atropello con heridos durante la protesta de una docena de jornaleros en una finca de Níjar el pasado 14 de diciembre si bien la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen y consecuencias del altercado que ha sido públicamente criticado por el sindicato SOC-SAT junto con un vídeo del momento de los hechos.

"No ha habido ningún atropello", ha atajado Fernández a preguntas de los medios en Monachil ante quienes ha querido "desmentir" que se produjera una embestida por parte de un responsable de una finca a los trabajadores que "estaban en ese momento convocándose para protestar".

Frente al vídeo que circula en redes sociales en el que aparecen varios trabajadores tratando de obstaculizar el paso de una furgoneta cuyo conductor acelera y avanza varios metros con los manifestantes agarrados al vehículo y entre sí en un camino de invernaderos, el delegado ha recalcado que "no hay ningún atropello" ni "ningún herido" aunque se está "llevando a cabo una labor de interrogatorio".

Asimismo, ha asegurado que no le consta "absolutamente ningún tipo de denuncia al respecto".

 "No hay ningún herido ni hay ningún atropello", ha recalcado insistentemente Fernández quien, aún así, ha señalado que la Guardia Civil --en este caso el sector de Tráfico-- tiene abiertas unas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Desde el SOC-SAT han trasladado a través de sus redes que los hechos tuvieron lugar durante una concentración de trabajadores que habrían sido despedidos tras haber prestado servicios sin estar dados de "alta en la Seguridad Social", con largas jornadas laborales y sueldos "por debajo del SMI" bajo la promesa de "regularizar su situación".

En este sentido, y según su versión, los hechos se habrían desencadenado después de que se diera aviso a la Guardia Civil para que acudiera a la zona, momento en el que el empresario agrícola habría querido "escapar" con su coche. Según su relato, varios trabajadores habrían resultado con "diversas lesiones" tras ser "embestidos" con el vehículo.

El Gobierno central distribuye 2,56 millones de mascarillas en Andalucía por su uso obligatorio en el transporte

SEVILLA.- La Delegación y subdelegaciones del Gobierno de España en Andalucía han recibido durante este fin de semana 2,56 millones de mascarillas que se repartirán a partir del lunes en los nodos de transporte, 1,2 millones a ayuntamientos andaluces y 270.000 entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), dada la obligación de usar esta protección en los transportes públicos colectivos.

En total, se distribuirán en toda España 14,5 millones de unidades- seis millones en transportes, siete millones a los ayuntamientos y las restantes, 1,5 millones, a entidades--.

Por provincias, las subdelegaciones de Sevilla y Málaga se encargarán del reparto de 598.000 y 512.000 mascarillas, en cada caso, mientras que en Cádiz la cantidad a distribuir en toda la provincia asciende a 382.000 unidades. Desde la Subdelegación de Granada serán 282.000 mascarillas las se entreguen a los ciudadanos, mientras en Córdoba se repartirán 241.000.

La Subdelegación del Gobierno en Almería cuenta ya con 221.000 mascarillas para su distribución; Jaén con 195.000 y, por último, Huelva, con 160.000 unidades.

El reparto en Andalucía forma parte de un amplio operativo organizado por el Gobierno de España en todas las comunidades autónomas para reforzar y dar cumplimiento a la medida anunciada el sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público.

Por ello, el Sistema Nacional de Protección Civil, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, estará al frente de un dispositivo que prevé el reparto, en todo el territorio nacional, de hasta seis millones de mascarillas el lunes y el martes, de los que 1.100.000 unidades se distribuirán en transportes públicos de Andalucía.

Esta distribución, coordinada en cada comunidad autónoma por la Delegación del Gobierno y la consejería con competencias en materia de Protección Civil, en este caso la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo garantizar el uso obligatorio de mascarilla en los transportes públicos colectivos, extremo determinado por el Gobierno.

Se han establecido unos 400 puntos de distribución en los principales nodos de transporte de Andalucía, en los que participan voluntarios de Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja Española, voluntarios de DYA y policías municipales. Colaboran también miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.

Como se ha señalado, otras 1.253.000 mascarillas están destinadas a los municipios de toda de Andalucía. La distribución se hará con la colaboración de las Delegación del Gobierno y Subdelegaciones, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, administraciones que se encargarán del reparto.

Por otro lado, el Gobierno de España entregará, para su reparto, 270.000 mascarillas a tres entidades sociales en Andalucía a partes iguales, 90.000 para Cáritas, 90.000 para Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y otras 90.000 para Cruz Roja.

Una jueza abre la vía penal contra la delegada del Gobierno por no prohibir el 8-M ante el virus

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto la primera vía penal contra el Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma, según recoge El Confidencial.

 Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas (Sandra García entre ellos), la magistrada ha incoado diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia.

La magistrada pide a la persona que denunció que, si lo estima, traslade el procedimiento ante los órganos competentes: sobre el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y sobre el resto de delegados del Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas. 

Explica en un auto que las diligencias previas se incoan frente al delegado del Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional.

Además de abrir la investigación, la jueza ordena una batería de diligencias de investigación a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma. 

La denuncia, que no solo se limitaba a la celebración de la masiva manifestación del Día de la Mujer, detalla que en la comunidad hubo 77 reuniones multitudinarias desde que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe de aviso.

La jueza constata que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". 

Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante. 

"La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.

Interrogantes

El auto indica que existen, a día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe. Explica que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. Tampoco se conoce si la Delegación del Gobierno fue instada a alertar sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones o incluso a prohibir o autorizar su celebración.

Por eso considera necesario reclamar una serie de diligencias. Reclama al médico forense un informe sobre si las manifestaciones fueron susceptibles de causar riesgos evidentes para la vida y, en el caso de que concluya que sí, si esta circunstancia era notoria en aquel momento. Solicita, además, una estadística de probabilidad en la que se le indique si hay datos que evidencien el daño. 

"Por ejemplo, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron", indica.

Ordena a Policía y Guardia Civil que rastree el informe del centro europeo y la existencia o inexistencia de recomendaciones sanitarias del Gobierno central en los días previos a las concentraciones masivas. 

 También todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno y si se instó a la toma de medidas de precaución como guantes o mascarilla para acudir a esas marchas.

La senadora del PSOE por Granada Sandra García se perfila como nueva delegada del Gobierno en Andalucía

ALMERÍA.- La senadora del PSOE por Granada Sandra García se perfila como nueva delegada del Gobierno en Andalucía en sustitución del actual titular del cargo, Lucrecio Fernández, según fuentes socialistas. La previsión es que el relevo al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía se haga oficial este martes en la reunión semanal del Consejo de Ministros, donde también se abordarán cambios en las delegaciones del Gobierno de otras comunidades autónomas, según ha confirmado fuentes socialistas.

Sandra García, entroncada en el sector afín a la secretaria general del PSOE-A Susana Díaz, también es una de las personas de la máxima confianza del secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que durante los últimos años ha sabido mantener la equidistancia y las buenas relaciones con Pedro Sánchez, como se demostró cuando nombraron a Inmaculada López Calahorro como subdelegada del Gobierno en Granada.

Senadora socialista por Granada desde las elecciones generales del pasado mes de abril, su puesto en la Cámara Alta será ocupado ahora por su suplente en la lista, Abelardo Vico Ruiz.

Sandra García fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia granadina bajo la presidencia de Susana Díaz hasta que el PSOE cedió el Ejecutivo andaluz tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.

Este hecho permite interpretar que el nombramiento contaría con el visto bueno del PSOE andaluz. De hecho, según El Confidencial, que ha adelantado la información, la elección de la nueva delegada del Gobierno habría sido pactada entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y se ha tenido en cuenta el criterio de la secretaria general del PSOE-A.

Nacida en Alhama de Granada en 1972, Sandra García es licenciada en Ciencias Políticas en la especialidad de Administración Pública por la Universidad de Granada. 

Dentro de la administración andaluza, antes del puesto de delegada del Gobierno de la Junta en Granada, ocupó los cargos de directora general de Calidad, Innovación y Prospección Turística de la Junta, delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada y delegada provincial de Agricultura. 

Miembro de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada, también ha desempeñado puestos de responsabilidad en la administración local, siendo concejala de Alhama.

El Gobierno reivindica los 20.000 millones para financiar Andalucía como "la cifra más alta de la historia"

SEVILLA.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha sostenido este miércoles que la Junta de Andalucía valore el esfuerzo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que va a transferir 20.000 millones de euros este año a Andalucía por las entregas a cuenta y la la liquidación de ejercicios pasados del modelo de financiación, "la cifra más alta de la historia". 

Fernández ha señalado que Andalucía nunca había superado la barrera de los 20.000 millones en financiación autonómica y "este año lo hará con un Gobierno socialista y con María Jesús Montero de ministra de Hacienda".

Fernández ha pedido en un comunicado al Gobierno de la Junta de Andalucía que "sea responsable y demuestre a los ciudadanos que su compromiso con Andalucía es real y no solo confrontación artificial contra el Gobierno de España".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha censurado que cuando la ministra de Hacienda propuso en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 resarcir a las regiones el "daño" ocasionado en 2017 por el Ejecutivo de Rajoy , cuando solo se abonaron once meses del IVA, "la oposición se burló y ridiculizó la medida".

"Llama ahora la atención que quienes criticaron y votaron en contra del proyecto que recogía el abono del mes pendiente de IVA, una vez que ha trascendido el ejercicio presupuestario, sigan reclamando el resarcimiento de recursos del IVA", ha añadido el delegado.

Lucrecio Fernández ha reclamado a quienes "ahora lloran por la liquidación de 537 millones de euros del IVA, que Montoro dejó a deber a Andalucía, que expliquen por qué con su voto impidieron que esta injusticia se corrigiera" y ha argumentado que "el Gobierno de Pedro Sánchez intentó corregir el daño que hizo Montoro con la modificación del IVA pero PP y Cs votaron en contra", por lo que ha concluido que "una vez que se ha liquidado el ejercicio poco se puede hacer. Los actos tienen consecuencias".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que el Gobierno planteó la flexibilización de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, que habría permitido a las regiones un gasto de más de 2.000 millones adicionales.

"Correspondía al año 2019 porque el sistema de financiación tiene la liquidación dos años más tarde del ejercicio en el que se produce. El daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019, al no tener el proyecto de Presupuestos del Estado y rechazarlo las fuerzas parlamentarias, decayó esta medida y no la pudimos atender", ha aclarado.

Fernández ha instado al presidente Moreno Bonilla a que pida explicaciones en su propio partido por tomar decisiones "a sabiendas lesivas para Andalucía cuando en diciembre de 2018 el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, tumbó una senda que daba una décima más de déficit a las comunidades y en febrero de 2019, el PP votó en contra del proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 que corregía la modificación que Montoro hizo sobre el IVA en 2017".

El delegado del Gobierno ha insistido en que buscar excusas para intentar justificar que no cumplen con el déficit público "no es responsable".

"La Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas conocen la ley, y cumplir con los objetivos de estabilidad no es elegible. El Gobierno de la Junta presupuestó en mayo de 2019 ingresos extraordinarios por 500 millones en concepto de IVA a sabiendas que no tenían ningún respaldo normativo", ha sostenido el delegado del Gobierno, quien ha recordado, como la ministra de Hacienda explicó este martes, que una vez que el ejercicio de 2017 se liquidó definitivamente en julio 2019 no es posible corregir la liquidación.

El Gobierno será "contundente" si detecta algo "irregular" o "alegal" en los 'escraches', dice Crespo

GRANADA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha rechazado este martes de "plano" el acoso o coacciones a políticos mediante los conocidos como 'escraches' y ha avisado de que el Ejecutivo será "contundente" si detecta en determinadas actuaciones algo "irregular" o "alegal".

   En rueda de prensa en Granada, tras firmar convenios de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para su integración en el sistema integral de seguimiento de violencia de género, Crespo ha recordado que por este asunto ya se ha celebrado en la Delegación del Gobierno una primera reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha avanzado que, en el mismo sentido, mantendrá un encuentro próximo con todos los subdelegados.

   "El acoso a cualquier persona, la coacción es muy rechazable, más cuando son personas, de cualquier partido político, que son diputados elegidos libremente por todos los ciudadanos", según ha dicho Crespo, que ha informado de que hasta ahora en Andalucía han sido víctimas de 'escraches' el diputado del PP por Cádiz Aurelio Romero, a la puerta de su despacho, o una diputada de Écija a través de internet. "Estamos muy pendientes también de la asistencia a la sedes, aunque sea algo completamente distinto", ha señalado.

   Para la delegada del Gobierno, esta práctica "puede hacerse extensible" a otros sectores, y estos 'escraches' pueden dirigirse también contra empresarios u "otros colectivos". Ha considerado que, aunque "todo el mundo tiene derecho a manifestarse constitucionalmente", también el Gobierno tiene que garantizar el derecho "a vivir en paz".

   Asimismo, ha defendido la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy con respecto a los desahucios, ya que estos, según ha incidido, han existido "siempre", pero es ahora cuando "se están tomando medidas al respecto".

 "Hay que dejar al Congreso que analice las circunstancias de la normativa", ha indicado Crespo, que de hecho ha recordado que el Gobierno ya ha dicho que tendrá "muy en cuenta" la sentencia europea en ese sentido.

   En ese sentido, ha mantenido que los desahucios "no pueden suscitar" a las personas a "coaccionar" a políticos en su domicilio, "afectando a familias completas".

 "Si se produce algo alegal o irregular, el Gobierno actuará de forma contundente", ha sostenido Crespo, que cree que estas prácticas son "rechazadas" por la "mayoría de la sociedad".

Carmen Crespo acusa a Jiménez (PSOE-A) de incitar a "revueltas callejeras"

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha acusado al vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, de haber "incitado claramente a las revueltas callejeras" a los ciudadanos tras manifestar que las medidas adoptadas la pasada semana en el Consejo de Ministros suponen un "golpismo" a la Constitución Española. Tras dejar claro que desde el Gobierno "no vamos a admitir" este tipo de expresiones, Crespo ha pedido "responsabilidad" a los agentes públicos a la hora de hacer sus declaraciones y de afrontar las medidas del Ejecutivo. 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar unas nuevas instalaciones en la prisión de El Acebuche, Crespo ha defendido la "responsabilidad" con la que actúa el Ejecutivo central y que "no se ha ejercido en los ocho años anteriores de gobierno socialista", al que ha achacado la situación económica actual del país, de forma que ha reprochado a Jiménez sus declaraciones de "incitación" que "nunca ha hecho el PP", por otro lado.  

   La delegada en Andalucía del Gobierno ha reconocido que aunque las medidas adoptadas por el Gobierno son "dolorosas", son ajustes que "hay que tomar" y en los que "todos tenemos que colaborar".

 "Lo que no debemos de hacer es incitar a salir a la calle y a cuestiones de revueltas callejeras que dicen muy poco de las instituciones y de personas que son responsables públicos", ha dicho tras insistir en que el contexto actual no nació "hace seis meses".

   Asimismo, ha incidido en que es necesario "arrimar el hombro" y que Andalucía "ponga sus medidas --de ajuste-- encima de la mesa" para comprobar "qué diferencia hay" entre las que aplica el PP y las que realiza el gobierno de coalición andaluz PSOE-IULV-CA ya que, según Crespo, "son medidas muy similares".

   En este sentido, ha recordado el aval de 18.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para las comunidades autónomas que "no pueden salir adelante" y entre las que ha situado a Andalucía, de forma que ha mostrado su convencimiento en que será una de las que lo utilice "porque lo necesita y porque realmente tiene que salir adelante en esta situación económica tan dificultosa".

   Crespo ha añadido además que Andalucía "es de las --comunidades autónomas-- más grandes de España y de las que más tiene que aportar a su situación, porque su situación es bastante problemática", sentido en el que ha señalado que la Administración andaluza debe "adelgazar" para ser "viable y sostenible" en su servicio público y así "dejar realmente lo necesario", una conducta que ha ejemplificado a la hora de señalar las 113 agencias públicas con que cuenta la Junta de Andalucía.

   La representante del Gobierno estatal en Andalucía ha pedido "serenidad" y "colaboración" tanto a los ciudadanos como a los dirigentes ante el estado del país y las comunidades autónomas, una situación que ha calificado como "no positiva". Por eso, ha recordado que el Gobierno andaluz tiene que presentar su plan de ajuste y cumplirlo para tratar de alcanzar el objetivo planteado en el Congreso de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Se le está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón con medidas que a ellos les afecta directamente y tenemos que hacer lo propio el Gobierno y las comunidades autónomas, que son las que más han generado déficit a nivel nacional, así como los ayuntamientos y la administración local", ha remarcado Crespo, quien ha declinado precisar si Andalucía está entre las regiones españolas que tendrá que constatar su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año y evitar así que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias planteadas al Consejo de Ministros de esta semana.

Carmen Crespo aboga por "racionalizar" las competencias de los entes locales para ir "en la senda del crecimiento económico"

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha valorado este martes la reunión celebrada entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, en la que se ha abordado, entre otros asuntos, la futura distribución de competencias por parte de las administraciones locales, de manera que ha apostado por "racionalizar" dichas competencias para que éstas "redunden en el ahorro y la prestación del servicio" y con ello, "ponernos en la senda del crecimiento económico". 

   En declaraciones a los periodistas momentos antes de su participación en la junta directiva provincial del PP de Almería, Crespo ha defendido el principio de "una administración, una competencia", ya que se trata de una petición que va más allá de las demandas de los ayuntamientos y que exige "el propio ciudadano", según ha expresado.

   Crespo, que ha descrito el ambiente de la reunión de "normal" y "cordial", ha manifestado que Valderas, que ha recibido explicaciones "someras e importantes" de Montoro, ha quedado "sorprendido" al conocer que la reforma de competencias en las administraciones locales se hará a través de una ley, lo que significa "que va a ser algo que van a poder discutir todos los grupos parlamentarios en la Cámara", de forma que confía en que salga con el apoyo "unánime" de los partidos.

   Con esto, se ha referido a la "preocupación" expresada por Valderas a su salida de la reunión "porque piensa que la ley va encaminada simplemente a la supresión de los municipios", un asunto que, según ha detallado, Montoro ha "descartado taxativamente", puesto que el objetivo es la "organización de competencias".

   "Las mancomunidades están saliendo muy caras a los ciudadanos", ha ejemplificado Crespo, quien las ha diferenciado de los consorcios tras incidir en que la supresión de estos entes "si está encima de la mesa" la igual que la modificación de la Ley de Bases de Regímenes Locales. Con todo esto, ha expuesto que las administraciones locales tendrán competencias "lógicas y coherentes" que obligará a reorganizar todo el mapa de competencias, lo que también afectará a las comunidades autónomas.

   En cuanto al Estatuto de Autonomía, la delegada andaluza del Gobierno ha confirmado que el ministro ha explicado que "no se va a hacer nada que afecte al Estatuto" sin que se haya llegado conversar sobre la Disposición Adicional Tercera, según se ha referido. No obstante, ha reiterado que dicha disposición establece un plazo de siete años para establecer la financiación, por lo que hay que "reflexionar" a la hora de poner recursos de inconstitucionalidad.