El Pacto por Almería acuerda crear una comisión "interadministrativa" para agilizar proyectos que creen empleo

ALMERÍA.- La primera reunión del 'Pacto por Almería' se ha cerrado este viernes con un acuerdo entre las fuerzas políticas y organizaciones sindicales y empresariales de la provincia que marca una hoja de ruta para abordar actuaciones "consensuadas" en torno a ocho "bloques de trabajo" con el objetivos transversal de la creación de empleo y estipula un calendario de trabajo por el que las partes han quedado emplazadas próximo 8 de abril.

   La mesa, auspiciada por el diario Ideal de Almería, ha acordado, asimismo, la creación de una comisión "interadministrativa" que estará integrada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía; la Subdelegación del Gobierno y Diputación Provincial, así como por empresarios y trabajadores, con el objetivo de analizar y agilizar proyectos empresariales que contribuyan a generar empleo.

   Así lo han subrayado al término de este primer encuentro el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel y secretario general del PP provincial, Javier Aureliano García, quienes han coincidido en señalar la importancia de primar lo que une a los participantes en el encuentro e "ir de la mano" para que el trabajo sea "útil" y no se "deje de crear ningún puesto de trabajo por culpa de la administración".

   García ha remarcado el simbolismo del denominado 'Pacto por Almería' para "recuperar la confianza del ciudadano en el sector público y empresarial" y ha destacado la "suma de todos" para "presionar por la provincia ante todas las administraciones, les guste o no, gobierne un partido y otro".

 "Esto debe desembocar en un Plan estratégico que ponga a Almería en la senda de la prosperidad".

   Al hilo de esto, ha valorado la creación de la comisión "interadministrativa" en aras de generar "confianza en los emprendedores. "Se trata de poner encima mesa proyectos atascados que puedan generar empleo, y analizar en que fallan", ha explicado al tiempo que ha apuntado la importancia de abordar cada uno de los bloques de trabajo desde el "analisis de porqué hemos llegado a esta situación, en cuál nos encontramos y qué futuro queremos".

   Por su parte, Sánchez Teruel ha resaltado "el entendimiento y el compromiso" surgido de este primer encuentro en el que el desempleo ha sido el eje sobre el que ha girado la reunión, ya que "es la preocupación principal de la provincia y de las familias".

 "El empleo y el fomento de la economía productiva deben estar presentes del principio hasta el final en todos los trabajos y acuerdos que se alcancen", ha indicado.

   En esta línea, se ha mostrado "esperanzado" en el desarrollo futuro del Pacto por Almería a la vista de la disposición mostrada por todos los representantes públicos y privados que han acudido a esta primera reunión y ha expresado su convencimiento en que "si aparcamos en algunos temas nuestras diferencias y ponemos lo mejor de nosotros mismos, podremos sacar adelante nuestra provincia y ayudar a rebajar las cifras de paro que tenemos, que es de lo que realmente se trata".

   La coordinadora provincial de IULV-CA, Rosalía Martín, ha incidido en que el pacto debe "dar respuesta al mayor problema económico y social que tenemos el empleo", y ha remarcado la necesidad de hablar "desde lo concreto, lo posible y lo realizable" para que, "a corto o largo plazo, lo acordado derive en soluciones reales y factibles a problemas ciudadanos".

   Tras trasladar que ha sido "positivo" y con "expectativas para que seamos capaces de no defraudemos a la sociedad", ha demandado una "apuesta clara y decidida por la economía productiva" ya que, según ha subrayado, "en Almería no terminamos de tener sectores productivos estructurales ya que el turismo y la agricultura son estacionales".

   En declaraciones a los periodistas, el presidente de la patronal almeriense, José Cano, quien ha acudido junto al presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez Cano, ha mostrado su "satisfacción" por la aceptación que ha tenido el documento de trabajo consensuado por la junta directiva de Asempal y ha asegurado que "hay ganas de trabajar, de consenso y de esfuerzo".

   Tanto Martínez como Cano han destacado el "clima de buena voluntad y de diálogo" en el que se ha desarrollado este primer encuentro de una iniciativa que persigue "básicamente buscar propuestas que permitan avanzar y garantizar el desarrollo de la provincia en distintos ámbitos de actuación y que forman parte, por un lado, de las preocupaciones de la sociedad almeriense, y por otro, recogen demandas más específicas de los distintos agentes sociales y políticos".

   Los líderes provinciales de UGT y CCOO, José Ginel y Juan Pallarés, han calificado el encuentro de "serio, rigoroso y de gran interés para Almería" al tiempo que han reivindicado que el "eje transversal" de todas las actuaciones que se diseñen sea el de la creación de empleo "en una provincia con un tasa del 36 por ciento". 

"El talante ha sido muy bueno y hay una voluntad específica de llegar acuerdos".

   Los ocho ejes de negociación que han marcado los asistentes al Pacto por Almería y que se abordarán mediante grupos de trabajo son la mejora de la maquinaria administrativa,  bienestar social, desarrollo industrial, apoyo a emprendedores, inversiones públicas, turismo, agricultura y revertir la desafección hacia la política.

La Cámara de Cuentas aboga por "multas coercitivas" a cargos públicos que no rindan cuentas

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha trasladado que no puede "ser entendible" en la actualidad que, "en aras de la transparencia exigida a la gestión pública", las entidades "no rindan cuentas" y ha abogado por incorporar a la Ley de Transparencia "multas coercitivas personales" para los funcionarios y cargos públicos que incumplan esta premisa y no supondrían una sanción a la institución.

   En un encuentro informativo en Almería para hacer balance de 25 años de funcionamiento de este órgano fiscalizador, López ha considerado que otra medida que constituiría un "elemento favorecedor" a la rendición de cuentas sería otra modificación normativa que regulase la retención de la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad o del acceso "a determinadas subvenciones".

   Ambas propuestas, que según ha indicado va a proponer de manera "formal" al Parlamento de Andalucía aprovechando la "buena oportunidad" que ofrece el debate abierto sobre la Ley de Transparencia, responden a que la rendición de cuentas por parte de las entidades locales "ha dejado bastante que desear" y a la voluntad de la Cámara de Cuentas de "volcar el esfuerzo" en este ámbito al que "quizá se le ha prestado menos atención".

   Así, ha subrayado que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en Andalucía concentran el 60 por ciento del gasto público local.

   López ha precisado que esta línea de trabajo pretende "anticiparse a los riesgos" en todo "lo posible teniendo en cuenta que es un control externo posterior a la gestión" y ha avanzado que están "estudiando" una modificación en el sistema telemático que "sirva de alerta para diseñar actuaciones futuras".

   Al hilo de esto, ha aludido a la necesidad de que para "ganar la oportunidad informativa que se nos pide en nuestros informes", se adelante a junio el plazo con el que cuentan las entidades para rendir cuentas y que, en la actualidad, se alarga hasta septiembre.

   López ha trasladado, asimismo, que el objetivo del órgano fiscalizador con medio siglo de actividad para el horizonte 2013-2017 pasa también por incrementar los trabajos vinculados a las auditorias operativas que, a su juicio, "dan un valor añadido a las recomendaciones de la Cámara para incidir en la mejora de la gestión".

   Para 2013, según ha remarcado, la Cámara se ha fijado como meta la evaluación de las políticas públicas y el desarrollo de los programas "no solo desde el punto de vista de que se cumpla la ley sino también desde el punto de vista de cuál ha sido el impacto para los usuarios de ese programa".

   En cuanto a otras otras medidas y propuestas que pretenden incluir en ese paquete con motivo de la Ley de Transparencia, López ha indicado que se propondrá que la Cámara de Cuentas, a través de una herramienta informática, haga un informe anual de seguimiento de recomendaciones de los informes que haga el año anterior.

   Otra medida que propondrán y que deberá valorar el Parlamento andaluz es si la futura Ley de Transparencia incorpora un mecanismo "automático" que "permita verificar que los agentes fiscalizados están incorporando esas recomendaciones en sus prácticas y modelos de gestión" y que, de este modo, los "están adaptando de acuerdo a esos informes previos".

La Junta invertirá 18 millones en las obras de emergencia para restituir los trasvases en la comarca del Almanzora

CUEVAS DEL ALMANZORA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acometerá las obras de emergencia para reponer las conducciones que fueron gravemente dañadas por las intensas precipitaciones del pasado mes de septiembre en la comarca almeriense del Almanzora; una actuación en la que se invertirán unos 18 millones de euros y que crearán 278 puestos de trabajo durante el año que duren las actuaciones. 

   Así lo ha explicado este viernes el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, quien ha visitado la presa de Cuevas del Almanzora para detallar las actuaciones ante las autoridades municipales, ya que a través de este pantano se cubre el abastecimiento de agua potable de 150.000 habitantes y el riego de 24.000 hectáreas de terrenos agrícolas.  

   Planas ha indicado que "las conducciones dañadas impiden utilizar el agua de los trasvases Negratín-Almanzora y Tajo-Segura y ponen en riesgo el suministro de agua para el próximo año hidrológico 2013-2014". Así, ha resaltado que "el agua almacenada en este embalse permite abastecer, de forma provisional y precaria, tanto al consumo urbano como a los regadíos; de ahí la importancia de acometer la reparación de estas conducciones dañadas lo antes posible para asegurar el suministro al reincorporar los recursos hídricos externos procedentes de los trasvases".

   A estas actuaciones se suma el arreglo, también con carácter de urgencia, del camino de acceso a la presa, dañado por las lluvias al desprenderse un talud, y, de esta forma, garantizar el funcionamiento de la principal fuente de suministro de agua para la comarca.

   Dichos trabajos consistirán en la sustitución de las tres conducciones afectadas por una de mayor tamaño --1.600 milímetros-- que permitirá llevar el agua necesaria para abastecimiento, riego y los sobrantes del trasvase para su uso posterior.

   En total, se instalarán 18,6 kilómetros de tuberías entre la Rambla de El Saltador hasta el pie de la presa de Cuevas del Almanzora. Esta conducción tendrá la capacidad necesaria para transportar la cantidad de agua que requieren tanto la Estación de Tratamiento de Agua potable (ETAP) del Bajo Almanzora como las comunidades de regantes agrupadas en la sociedad Aguas del Almanzora.

   De hecho, ha destacado el consejero, "estas comunidades de regantes cuentan con importantes producciones de frutales, cítricos y hortalizas al aire libre, como es el caso de la lechuga en el Bajo Almanzora y en Pulpí, líder europeo en producción de esta hortaliza".

   Asimismo, el consejero ha subrayado "la importancia del agua para la agricultura, aún más en Almería, donde contamos con un sector muy dinámico vinculado a la agricultura intensiva de regadío, que aporta prácticamente el diez por ciento del PIB de la provincia".

   A ello se suman las obras de emergencia que ya ha acometido la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde el otoño para reparar las infraestructuras hidráulicas y los caminos rurales dañados por el temporal en el centro y el norte de la provincia de Almería.

   En concreto, se han destinado 1,26 millones de euros para la limpieza y reposición de cauces en las cuencas de los ríos Almanzora, Antas y Aguas y el arreglo del desagüe de fondo de la presa del Almanzora. En cuanto a los caminos rurales, la Consejería ha intervenido en 135, con una inversión de tres millones de euros, que han beneficiado a 6.112 explotaciones agrarias en 29 municipios.

   En este sentido, el consejero ha destacado que "el agua es la principal prioridad presupuestaria del Gobierno andaluz para este año, con más de 380 millones de euros consignados". En el caso de Almería, ha señalado, "las infraestructuras del agua son una prioridad en la provincia en la que menos llueve de Andalucía, donde saben extraer el máximo rendimiento de cada gota".

El Ayuntamiento de Almería firma el convenio colectivo con los tres sindicatos mayoritarios

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería y los sindicatos mayoritarios CSIF, UEMA y CCOO han suscrito este viernes el convenio colectivo de la institución para el periodo trienal 2013-2015, que, según ha destacado el alcalde de Almería, "consolida la mayoría de los derechos adquiridos al tiempo que garantiza el empleo". El convenio cuenta con la oposición de UGT y la Unión de Policía Local y Bomberos de Almería (UPLBA) que lo consideran "regresivo".

   Rogelio Rodríguez-Comendador ha resaltado en el acto de firma "el esfuerzo" realizado para alcanzar un acuerdo, "que es el mejor posible en el marco de una coyuntura económica complicada" y ha subrayado que contempla "mejoras en la estructura de las retribuciones, a través del procedimiento de valoración de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento".

   "En tiempos complicados como los que estamos viviendo todos debemos arrimar el hombro y gracias a acuerdos como éste y a una gestión municipal seria y rigurosa el Ayuntamiento de Almería dispone de una solvencia económica que nos permite atravesar la crisis en unas condiciones razonables. Solo hay que mirar alrededor y ver cómo se encuentran otras administraciones por el nulo control del gasto público", ha señalado.

   En esta línea, ha asegurado que "en los momentos difíciles" hay que saber "estar a la altura de las circunstancias" y ha apelado al "consenso" como "la mejor herramienta para avanzar". 

"A todos nos gustaría que la situación económica hubiera permitido alcanzar más derechos para los trabajadores municipales, pero la situación es el que es y todos tenemos la responsabilidad de remar conjuntamente para que el barco avance", ha apuntillado.

   Paralelamente a la firma del convenio colectivo, se han concentrado en la Plaza Vieja como señal de protesta a la rúbrica dicho acuerdo integrantes de UGT, que considera que está "marcado por los recortes que ha adoptado unilateralmente el equipo de gobierno municipal, incomprensibles --ha añadido-- ya que se trata de un Ayuntamiento saneado que ha saldado las cuentas de 2012 con un superávit 11 millones de euros".

   En este sentido, la secretaria de la Sección Sindical de FSP-UGT en el Ayuntamiento de Almería, Rosa Cobos Cobos ha asegurado que en el seno de la negociación del convenio, han presentado "muchas propuestas viables para que el peso de los recortes no volviera a recaer de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores". 

"El equipo de gobierno no ha entrado a valorar ninguna y actitud ha sido la de imponer y no negociar", ha apuntillado.

   Por su parte, UPLBA ha incidido en que el convenio "recorta" los derechos sociales, económicos y sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento, que, según lamenta, "no ha tenido en cuenta ninguna" de las propuestas presentadas para Policía Local y Bomberos. "Ni las han leído", ha asegurado.

   El presidente del colectivo, José Antonio Funes, ha afirmado que se sienten "nuevamente engañados" y ha criticado que a la "rebaja del sueldo y la pérdida de derechos sociales" se sume la "supresión de algunos derechos sindicales".

 "En lo único que no ha perdido este Ayuntamiento es en asesores y en liberaciones sindicales institucionales", ha concluido.

La deuda andaluza se sitúa en 20.544 millones

SEVILLA.- La deuda de Andalucía se situó en el cuarto trimestre de 2012 en 20.544 millones de euros, el 14,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que supone 3,1 puntos menos que la media de la ratio deuda/PIB del conjunto de las comunidades autónomas, el 17,6 por ciento del PIB.

   Según los datos del Banco de España, hechos públicos este viernes, la deuda andaluza pasó de los 18.495 millones en el tercer trimestre a los mencionados 20.544 del cuarto, lo que supone un incremento del 11 por ciento; mientras que si se compara con el cuarto trimestre de 2011, el incremento es del 43,5 por ciento.

 

   Asimismo, la deuda de las empresas públicas en Andalucía asciende en el cuarto trimestre de 2012 a 719 millones de euros, un 0,2 por ciento más que en el trimestre precedente y un 0,7 por ciento superior a los 714 millones de euros de deuda registrados en el cuarto trimestre de 2011.

   De esta forma, la ratio deuda/PIB se mantiene por séptimo trimestre consecutivo en el 0,5 por ciento, frente al uno por ciento de la media de las empresas públicas de todas las comunidades autónomas.

   Con respecto a los ayuntamientos, según los datos del Banco de España, la deuda del Ayuntamiento de Málaga alcanzó los 748 millones de euros, un 0,1 por ciento menos que en el anterior trimestre y un 0,9 por ciento menos si se compara con el cuarto trimestre de 2011.

   En lo que se refiere al Ayuntamiento de Sevilla, la deuda entre septiembre y diciembre fue de 484 millones de euros, un 9,5 por ciento más que en el tercer trimestre de 2012 y un siete por ciento más que el cuarto trimestre de 2011.

La Junta de Andalucía anima a las familias a exigir que se paralicen los desahucios

SEVILLA.-   La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha exigido al Gobierno central que "se paralicen todos los desahucios de forma inmediata" y que se restituyan los derechos "vulnerados" por estos desalojos "con carácter retroactivo", algo que cree que las familias pueden y deben también exigirlo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   En declaraciones a los periodistas, la consejera ha resaltado la importancia de esta sentencia y ha recordado que en España "se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007".

   Por ello, considera que la sentencia del tribunal europeo dice que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria "no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho humano que tienen las personas".

   Por ello, tras apuntar la existencia de una "responsabilidad política de todos los gobiernos que se levaron las manos y miraron para otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios", Cortés considera que el Gobierno "está obligado a aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, a trasponer la directiva comunitaria para proteger a consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han desprotegido a los consumidores".

   Asimismo, Cortés considera que "tanto la Junta como las propias familias estamos obligados a exigir al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios", algo que, junto al alquiler social "debe ser el punto de partida para el Gobierno central, que está obligado a restituir el derecho humano de la familia a una vivienda, porque aquí se ha ejercido una violencia sobre las familias que han perdido sus viviendas desde 2007 hasta hoy".

   Cortés, que ha recordado que ha habido varios partidos políticos, entre ellos IU, que han venido planteando iniciativas en el Congreso "pero los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo el derecho humano a la vivienda y de proteger a los trabajadores y las familias, pese a esa violencia que se ha venido ejerciendo desde 2004 pero de forma masiva desde 2007, cuando se intensificó la estafa económica que ha provocado los desahucios".

   Para la consejera, "se ha producido una vulneración de un derecho que ha provocado algo tan gordo como que se despoje a las familias de sus viviendas y además el tribunal dice que la ley es ilegal, por lo que esta restitución de derechos tiene que tener carácter retroactivo".

   "Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias", ha aseverado la consejera, quien considera que esas familias "podrán hacer valer esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo y están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma inmediata todos los desahucios, como hemos hecho en Andalucía con el parque público de viviendas".

   Considera que el Gobierno "está obligado jurídica y políticamente a arbitrar la dacion en pago con carácter retroactivo", en insiste en que "cualquier ciudadano desahuciado en los últimos años puede reclamar la restitución de sus derechos con esta sentencia del tribunal europeo, en cuando a todos los desahucios que se hayan producido a partir del 1 de enero de 1995, porque la directiva comunitaria era de obligado cumplimiento y debía estar traspuesta a la normativa estatal el 31 de diciembre de 1994".

   Hay sentencias clarísimas del tribunal sobre las directivas comunitarias que obligan a los estados miembros a trasponer las directivas". Cortes anima a las familias a que "acudan a las oficinas en defensa de la vivienda, donde vamos a seguir defendiendo derechos y ahora con un arma que potencia mucho más esas oficinas, que es esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo".

   Asimismo, Cortés ha recordado que la Junta, en el marco de sus competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores de productos financieros, donde "se exprimirán las competencias del Gobierno andaluz".

   "Para IU es innegociable la defensa de las familias que están en proceso de desahucio y es innegociable la defensa de ciudadanos frente a leyes que implican abusos y eliminar derechos humanos", ha aseverado.

Un juez embarga la concesión del Centro Deportivo de Albox por impagos a la empresa constructora

ALMERÍA.- Un juez ha ordenado el embargo de la concesión administrativa de las instalaciones municipales del Centro Deportivo de Agua y Salud de Albox, así como de cualquier crédito que la empresa 'Servicios Sociodeportivos del Sur' tenga frente al Ayuntamiento albojense por impago de casi 425.000 euros a la empresa constructora Sonobras SL.

   Esta medida preventiva deriva de dos procedimientos cambiarios presentados por Sonobras SL ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Huércal-Overa, que, en sendos autos, el último dictado ayer jueves, acuerda el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor.

   La primera resolución, que daba plazo de diez días a 'Servicios Sociodeportivos del Sur' para satisfacer el pago de tres pagarés por importe de 145.000 euros más 43.500 de intereses antes de proceder al embargo, se ejecutó el 20 de enero sobre los derechos de la concesión administrativa del Centro de Deportivo de Agua y Salud, antiguo Polideportivo Municipal de Albox, que tiene suscritos  con el Ayuntamiento de Albox.

   También se procedió al embargo de las devoluciones pendientes que a favor de la deudora provenientes de la Agencia Tributaria en conceptos de IVA o impuesto de sociedades para, de este modo, satisfacer las cantidades reclamadas.

   El segundo auto, dictado ayer jueves, atiende asimismo la demanda de Sonobras SL, bajo la dirección jurídica de Francisco Alonso, del despacho Alonso y Garrido Abogados, con respecto a seis pagarés por valor de 228.000 euros, más 8.556 en concepto de gastos de devolución y 63.338 en concepto de intereses y costas, y ordena un nuevo embargo preventivo. Alonso ha indicado que se ha oficiado copia de los autos al Ayuntamiento de Albox para que "tenga constancia" de la ejecución de este nuevo embargo.

   En un comunicado, el gerente de Sonobras SL, Pedro Soto, ha indicado que el Centro Deportivo de Agua y Salud de Albox contaba con un presupuesto de alrededor de 4,5 millones de euros de los que "sólo se han ejecutado aproximadamente 1,8, algo menos de la mitad del proyecto".

   Inicialmente, el citado proyecto contemplaba la construcción de cinco pistas de pádel, dos pistas de tenis, una pista de squash, una sala de fitness, un SPA y dos salas para actividades dirigidas, además de un campo de 'Fútbol 7' con césped artificial, una piscina exterior y la dotación de una piscina cubierta así como un área comercial.

   "De todo ello, sólo se ha ejecutado el gimnasio, el área comercial y la piscina cubierta, aunque al día de hoy no ha obtenido el certificado final de obra", según ha señalado Soto, quien ha remarcado que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver en este conflicto, ya que ha cumplido a rajatabla con su compromiso" al tiempo que ha lamentado que "todos los ciudadanos de Albox y de la comarca estemos privados del disfrute de estas instalaciones municipales".

Piden la acumulación de todas las causas penales del caso 'Costurero' contra el exalcalde de Zurgena

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería ha acordado remitir al juzgado instructor la causa por la que el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, se enfrenta a 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por la construcción de 202 viviendas, para que resuelva si procede acumularla junto con el resto de proceso penales en los que esta imputado por presuntos delitos de prevaricación.

   Fuentes judiciales han indicado que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal-Overa deberá dar trámite a un recurso de apelación interpuesto por, entre otros, el letrado que ejerce la defensa de Trabalón, para que se resuelva si procede, tal y como se interesa, la acumulación con las demás causas en torno al conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística.

   Esta decisión llega después de que la juez de lo Penal que debía enjuiciar el caso esta semana estimase una cuestión previa planteada por las defensas. En el procedimiento también están acusados por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras y cinco exediles de la corporación local, para los que el Ministerio Público pide la misma condena que para Trabalón.

   Asimismo están imputados los dos administradores de la mercantil Inmuebles Promurdi SL y el arquitecto que elaboró el proyecto para la construcción de una de 202 viviendas en suelo no urbanizable en la pedanía de 'La Alfoquía' y contraviniendo presuntamente la norma urbanística en cuanto a la altura de las edificaciones.

   Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público. En este caso también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

   El juez instructor de la causa ordenó en enero en un auto, recurrido en apelación, la apertura de juicio oral por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación urbanística, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio y resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.

   El exregidor zurgenero, a la espera de que el Juzgado de lo Penal nº 2 dicte sentencia en un juicio celebrado hace dos semanas por presunta prevaricación, fue absuelto del mismo delito junto al resto de acusados tras el primer juicio ante el Juzgado de Penal nº 4, que consideró que no había quedado acreditado el "carácter no urbanizable" de las parcelas en las que se concedió la licencia de obras en litigio ni que los exconcejales de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas.

El juez suspende los dos desahucios de Roquetas de Mar, según la plataforma de afectados

ROQUETAS DE MAR.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha indicado que los dos desahucios previstos para ayer jueves en un mismo edificio ubicado en la calle Ordesa número 27 de Roquetas de Mar finalmente no se ha producido ya que la autoridad judicial ha suspendido las ejecuciones y no ha llegado a presentarse en el lugar para ejecutar los lanzamientos. 

   Fuentes de la PAH han manifestado su "satisfacción" por que finalmente no se hayan producido los desalojos de dos familias que han sido apoyadas por medio centenar de personas, que se han concentrado a las puertas del edificio durante toda la mañana.

   Los miembros de la plataforma han acudido a frenar dos desahucios en un edificio de viviendas de alquiler con opción a compra situado en un edificio de 36 pisos, 18 de ellos con ocupas como residentes previstos a las 11,15 horas y a las 13,20 horas. Entre los afectados por el desahucio de estas viviendas, ubicadas en un edificio de protección oficial, se encuentran familias con niños pequeños, personas mayores e incluso un enfermo con movilidad reducida.

   En este sentido, han apuntado que si bien desconocen los motivos por los que finalmente se ha suspendido el desalojo, creen que la causa puede residir en un recurso "exprés" presentado con la mediación de la Junta de Andalucía basado en la imposibilidad de poder realojar a las personas que iban a ser desahuiciadas.

   Con esto, desde la plataforma han acogido también con "esperanza" el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   "Se ha trabajado durante mucho tiempo para esto y es una satisfacción ver que se reconoce que se ha vulnerado indiscriminadamente el derecho de las personas", ha puntualizado desde la plataforma en Almería.

El alcalde de Carboneras culpa al gobierno local del PSOE de la gestión en El Algarrobico

ALMERÍA.- El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha asegurado en su declaración ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico por las que se le imputa una presunta prevaricación se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández en 2009 y ha remarcado que, durante el pleno en el que se aprobó la normativa urbanística que lo mantiene como urbanizable, se encontraba en la oposición y votó en contra.

   Hernández, quien ha respondido a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera en ausencia de la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción, ha señalado, con respecto a la imputación de desobediencia, que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramité su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   "Yo me atengo y me atendré siempre a lo que digan los jueces pero si me lo solicita un grupo ecologista, yo respeto su petición, pero es de obligado cumplimiento", ha afirmado el regidor, quien ha expresado estar "tranquilo y bien" tras prestar declaración en sede judicial.

   En esta línea, ha reiterado que el delito de prevaricación que se le imputa "no se me puede atribuir a mi".

 "Habría que pedirle explicaciones al anterior alcalde, Cristóbal Fernández, porque la adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo en un pleno en 2008, bajo su mandato", ha trasladado para, a continuación, remarcar que él "como concejal en la oposición, voté en contra".

   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

   Por su parte, el letrado del regidor carbonero, Simón Venzal, ha indicado que la jueza ha requerido al Ayuntamiento diversa documentación urbanística referente al sector ST-1 que obra ya en los múltiples procedimientos contencioso-administrativo en los que se dirime la legalidad o no del establecimiento hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   Una vez se practique esta diligencia de prueba y a la vista de la declaración prestada por su patrocinado, Venzal ha trasladado que espera que la jueza instructor de la causa proceda a acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico.

   En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411 habitaciones y una veintena de plantas.

   Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

   "A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario", según explicaba el colectivo conservacionista.

El Ayuntamiento de Macael presenta un ERE extintivo sobre 18 empleados para tratar de ahorra 500.000 euros

MACAEL.- El Ayuntamiento de Macael ha presentado ante la Junta de Andalucía una propuesta para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo sobre 18 trabajadores municipales; una medida con la que el Consistorio pretende ahorrar unos 500.000 euros de la partida de personal al no poder hacer frente a las cargas financieras adquiridas por el anterior equipo de gobierno socialista con proveedores y entidades financieras. 

   Así lo ha explicado el propio alcalde de Macael, Raúl Martínez (PP), quien ha lamentado esta decisión que el equipo de gobierno ha adoptado por "responsabilidad" al no poder rebajar más las partidas de gasto corriente tras un año y medio de ajustes en el que, según ha explicado, se han bajado en un 30 por ciento los consumos eléctricos.

   El expediente, que se encuentra en periodo de consultas con el comité de empresa, afecta a un total de 18 trabajadores de todas las áreas municipales, lo que obligará a una reestructuración del Ayuntamiento. En este sentido, y conforme con la legislación, se ha propuesto una indemnización de 20 días por año trabajado para cada empleado.  

   "No nos sobra ningún trabajador y esperamos durante las negociaciones poder recuperar a alguno de ellos", ha indicado el regidor, quien ha incidido en que la decisión es "económica" ya que "tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo".

 "Somos serios y tenemos que cumplir con nuestros compromisos", ha explicado el primer edil macaelense, quien ha apuntado la "agonía" que supondría para los empleados seguir adelante sin saber si cobrarán sus nóminas a final de mes.  

   "Son matemáticas, el objetivo es ahorrar 500.000 euros", ha apostillado el regidor, quien ha dicho además que en un primer momento se propuso un expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) que finalmente fue rechazado por las autoridades laborales.

   Martínez ha explicado que las cargas económicas contraídas por el anterior equipo de gobierno (PSOE) "no se pueden asumir" sin aliviar los costes del Ayuntamiento, que además "cada vez ingresa menos" mediante la recaudación de impuestos debido a la situación de crisis. "Nuestro principal objetivo es ofrecer un buen servicio a los ciudadanos con los medios que tenemos", ha dicho el alcalde.

Crisis en la RTVA, la 'opción Durán' / Pepe Fernández

La dimisión o renuncia de Pablo Carrasco a agotar el año y medio que le queda como Director General de la RTVA, nombrado por el Parlamento, ha pillado por sorpresa a casi todos, también al bipartito. En cambio la menos sorprendida por el inesperado contratiempo en la RTVA ha sido la Consejera de Presidencia, Susana Díaz quien, según algunas fuentes conocedoras de algunos intríngulis del proceso, habría conocido la irrevocable decisión de Carrasco tres o cuatro semanas atrás.

 

En efecto, tan convencido estaba Carrasco de su marcha que cuentan que le llegó a decir por teléfono a la Consejera que haría pública de inmediato, tras aquella comunicación verbal con ella, su decisión de dimitir a través de su cuenta en Twiter. A lo que Díaz pidió tiempo  y calma para estudiar la nueva situación que se iba a plantear, particularmente porque a la hora de votar en el Parlamento a su sustituto el candidato debería ser consensuado, legalmente, solo entre el PSOE y el PP. IU, socia del PSOE en el Gobierno, se queda sin voz y sin voto en esta decisión de tanta trascendencia política.

 

Parece que Carrasco, razonablemente, aceptó el compás de espera y ahí se empezaron a estudiar distintas salidas a la crisis a punto de abrirse. Susana Díaz, según parece, durante semanas se comió en solitario “el marrón”, dando cuenta al Presidente una vez tuvo clara las posibles salidas al laberinto.

 

Descartado nombrar a Joaquín Duran como Subdirector General, asumiendo funciones de firma y decisorias en ausencia o dimisión del Director General, se optó por proponerle formalmente para la Dirección General, propuesta avalada por el propio Pablo Carrasco como garantía de continuidad. Los momentos que se avecinan en el ente público, con una necesaria adecuación del gasto a las necesidades de una TV autonómica en tiempos de crisis, no aconsejaban demasiadas provisionalidades.

 

Claro que la “Opción Durán” va a tener, además de las ventajas de contar con alguien que conoce a fondo la casa y solvente como profesional, un pequeño gran problema para que llegue a buen puerto: el necesario voto del PP en el Parlamento para lograr una mayoría “papal” para poder nombrar un nuevo Director General en la RTVA. Pero la número dos del Gobierno no es mujer que improvise fácilmente sus hojas de ruta. Sabe que el PP tiene cuentas pendientes con la RTVA, con Canal Sur TV particularmente y que, conociéndoles, querrán cobrárselas en este tramo de dura negociación que se avecina. A lo mejor hasta piden cabezas de periodistas, práctica muy utilizada últimamente por el arenismo en otros medios, incluso privados. Un trayecto, todo sea dicho de paso, en la que se quemará en la hoguera de las vanidades a unos cuantos nombres de gentes del sector de la comunicación, la política o la empresa.

-El PP desbloqueo RTVE: cambió la Ley.

Una negociación, concluyo, a la que es difícil augurar éxito y acuerdo final dada la tensión política ambiental entre el bipartito y el líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, en funciones de delegado/defensor político del Gobierno de Rajoy. Y también porque Javier Arenas sigue mandando y, con la que le está cayendo encima con Gürtel/Bárcenas, no le parecerá mal que los focos miren para otros.

 

Midiendo los tiempos según conveniencia política del Gobierno de Griñán no parece que el bipartito esté dispuesto a mantener en la RTVA una larga interinidad a imagen y semejanza de la que se padeció en la RTVE cuando aterrizó el PP en La Moncloa. ¿Qué hacer? Pues exactamente lo mismo que hizo el PP para “evitar el bloqueo de RTVE”, cambiar el artículo de la Ley que exige una mayoría imposible de conseguir en la actualidad. Con la mayoría absoluta basta. Y , de paso, los socios de IU tendrán su sitio en tan importante instrumento de comunicación (Propaganda para el PP).

 

De ahí que esté en manos de Zoido negociar ahora con tacto, pragmatismo, habilidad y sensatez, también con luz y taquígrafos, evitando el final del cuento que ha diseñado Susana Díaz y que les dejaría, una vez más, sin tocar  siquiera la carta de ajuste. Porque al nuevo Director General que salga del 50% no le imagino yendo a tomar cafe al domicilio particular del presidente del PP-A.